Autor: rodrigo

El abogado Sebastián Robles se lo confirmó a la Agencia Noticias Argentinas.

La Justicia brasileña ordenó la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que fue imputada por realizar gestos racistas.

Así lo confirmó el defensor Sebastián Robles en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. La joven había sido trasladada a una comisaría en la ciudad de Río de Janeiro.

De esta manera, se revocó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal y Páez volverá a tener arresto domiciliario con tobillera electrónica en el marco de la causa que la investiga por el delito de injuria racial, cuya pena contempla entre dos a cinco años de prisión, según las leyes brasileñas.

A través de un video, difundido este jueves, Páez consideró que “se están vulnerando” todos sus derechos, habida cuenta que en todo momento mostró su predisposición ante las autoridades brasileñas, pero al mismo tiempo advirtió que está “muerta de miedo”.

“Necesito ayuda. Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se me vulneren todavía más mis derechos, sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no son tenidos en cuenta sólo para perjudicarme. Espero que todo se aclare“, añadió.__IP__

Si bien la abogada no lo dijo explícitamente su reacción se habría producido en respuesta a una serie de burlas obscenas por parte de un grupo de hombres que estaban en el bar.

Un hombre fue detenido acusado de haber sido quien violó a una adolescente en Miramar a fines de enero, lo que provocó una intensa investigación debido a la falta de información y de cámaras de seguridad en la zona de la calle 33 y Costanera, lugar donde ocurrió el ataque.

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, se trata de R.G.D. quien fue detenido “tras el relevamiento de las cámaras de seguridad, inspecciones oculares sobre lugar del hecho y zona aledañas, búsqueda de testigos y recepción de testimonios que fueron armando las secuencias antes del hecho y posterior al mismo, luego de haber obtenido un reconocimiento fotográfico del presunto autor del ilícito”.

La violación ocurrió el pasado 29 de enero a la madrugada cuando la víctima se encontraba con un amigo y cerca de la playa fueron abordados por un hombre, de 40 años, quien los amenazó con un cuchillo.

Según indica la denuncia, el agresor les ató los pies y, mediante intimidación, los obligó a despojarse parcialmente de sus prendas de vestir, para luego cometer los actos de violencia sexual contra la menor.

Los dos adolescentes lograron huir del ataque tras repeler la agresión y allí el sujeto les sustrajo el celular, para luego darse a la fuga. Ambos menores pidieron ayuda policial en la vía pública y desde ese momento se dio a la exhaustiva investigación a cargo del fiscal Rodolfo Moure de la UFI Descentralizada de Miramar.

TAREAS DESARROLLADAS EN LA CAUSA

Durante los días posteriores los investigadores indicaron que se trataba de un caso difícil debido a la falta de cámaras de seguridad en el lugar del hecho.

Aun así, tras el rápido relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, sumado a inspecciones oculares sobre lugar del hecho, búsqueda de testigos y recepción de testimonios, se logró obtener un reconocimiento fotográfico del presunto autor del ilícito por parte de un testigo entrevistado que aportó información de interés para el esclarecimiento del hecho.

Con la autorización del Juez de Garantías interviniente, se realizó el operativo donde se concretó la captura del atacante en el barrio Marines de Miramar, a pocos metros de la casa de sus padres.

Un dramático momento protagonizado por una jubilada, de 86 años, terminócon un final feliz. Un grupo de delincuentes le había robado los ahorros de toda su vida, tras engañarla con el falso secuestro de un familiar. Sin embargo, los estafadores que la habían contactado por teléfono terminaron detenidos tras el rápido accionar de la policía de Entre Ríos.

Fuentes investigativas indicaron que el hecho ocurrió en el barrio Arenales de la ciudad entrerriana de Paraná, en donde el martes pasado la mujer fue víctima de una estafa telefónica y entregó 800 mil pesos, 900 dólares y 875 euros.

Luego de ocurrido el episodio, la policía se centró en un sector conocido como «La Vieja del Agua», y el operativo incluyó un cerrojo en las inmediaciones e intervención del sistema de videovigilancia, lo que permitió rastrear los movimientos de los sospechosos.

En tanto, la investigación, dirigida por el Ministerio Público Fiscal bajo la Fiscalía de Sofía Patat, se centró en esclarecer los detalles del engaño y recuperar el dinero sustraído a la víctima.

¿Cómo fue la estafa telefónica?

Por otra parte, el jefe de la División Delitos Económicos, comisario Marcelo Hoffman, brindó detalles sobre el modus operandi utilizado. La víctima recibió una llamada telefónica cerca de las 15.30 de ese martes, cuando una voz femenina se hizo pasar por su hija y, bajo amenaza de muerte, le exigieron la entrega de una suma de dinero.

Conmocionada, la mujer reunió 800.000 pesos, 900 dólares y 875 euros, montos que entregó tal como le indicaron, saliendo al frente de su vivienda y dejando el dinero en la puerta.

Esta acción fue aprovechada por los delincuentes, quienes se presentaron en el lugar yse llevaron el botín antes de huir en un Volkswagen que ya había sido detectado en la zona por la Policía.

Tres detenidos en el caso

El funcionario destacó que el accionar policial fue clave para identificar a los responsables, ya que gracias al monitoreo decámaras urbanas y un rápido despliegue, se logró individualizar a tres hombres, cuyas edades oscilan entre 19 y 35 años, todos oriundos de la provincia de Buenos Aires.

La fiscal Sofía Patat dispuso la intervención inmediata y el secuestro preventivo del vehículo utilizado en la maniobra, que permanece retenido mientras avanzan las diligencias judiciales. Finalmente, los sospechosos fueron demorados a la espera de que la Fiscalía decida su situación procesal.

Un abogado,de 48 años, quedó a un paso del juicio oral tras ser acusado de llevarse su auto del playón de infractores sin pagar el acarreo. El hecho ocurrió en septiembre del año pasado en un predio del gobierno porteño en Recoleta.

El fiscal nacional Leonel Gómez Barbella solicitó la elevación a juicio de la causa, donde el letrado está imputado por el delito de «defraudación por sustracción». 

El hecho ocurrió el 9 de septiembre de 2025, cuando el hombre retiró su vehículo de un playón sin abonar el traslado ni la infracción.

La investigación determinó que todo comenzó cuando una grúa de la Ciudad detectó un auto mal estacionado en un espacio exclusivo para personas con discapacidad sobre la calle Libertad. El vehículo fue remolcado hasta el depósito de la firma Dakota S.A., ubicado detrás de la Facultad de Derecho.

Cerca de las 9:30 de la mañana, el abogado llegó al predio de la calle Eduardo Couture al 2200. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, el hombre no pasó por la ventanilla de pagos. En lugar de eso, subió a la camioneta, que está a nombre de su hija pero él tiene autorización para conducir, y esperó el momento justo.

Cuando una de las grúas salía del playón y se abrieron los portones, el imputado aceleró y salió detrás del remolque a toda velocidad, eludiendo cualquier control administrativo. El supervisor del playón  notó el faltante minutos después y realizó la denuncia ante la Comisaría Vecinal 2A.

A pesar de que el autor no fue identificado en el momento, el fiscal Gómez Barbella ordenó una serie de medidas a la División Investigaciones Comunales 2. El cruce de datos de las cámaras de seguridad con el RENAPER fue clave: los rasgos fisonómicos del hombre que escapaba en el video coincidían plenamente con los del abogado, quien además vive a pocas cuadras de donde se originó la infracción.

Aunque el abogado se negó a declarar ante la jueza Vanesa Peluffo, las pruebas en su contra son contundentes. Incluyen los registros fílmicos, los testimonios de los empleados y el acta de infracción original.

Ahora, el letrado podría enfrentar una pena que va de un mes a seis años de prisión por haber intentado ahorrarse el costo del acarreo y la multa por obstruir una rampa para personas con discapacidad.