Autor: rodrigo

La hermana de Santiago Nahuel López Monte (20), asesinado de dos cuchilladas en una esquina del partido bonaerense de Lanús, insistió este jueves con que su familiar padecía múltiples maltratos de parte de su novia, de 16 años, acusada del crimen y prófuga en el marco de la causa.

“Ella era tóxica, no lo dejaba a mi hermano estar con su familia. Le molestaba porque claramente no tenía ese tipo de relación con su familia. Le decía que era una mariquita, una ‘pollerita’ de mamá;  pero no era así”, aseguró la joven, llamada Macarena.

La mujer, en declaraciones a radio Mitre, sumó: “Los vecinos nos contaron que ella le pegaba y le sacaba la llave de la moto. Él se quedaba en la esquina por horas, hasta que ella se decidía a abrirle la puerta”.

Detalles del caso

El crimen de López Monte fue cometido en cerca de la medianoche del martes último en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania, de la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Su novia llamó al 911 y sostuvo que su pareja se había lastimado al saltar una reja, para luego detallar que creía que estaba sin signos vitales.

Agentes de la comisaría cuarta de Lanús llegaron al lugar a los pocos minutos, al igual que a una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El personal sanitario confirmó la muerte del joven y dejó constancia de la naturaleza de las lesiones, que no se correspondían con la mencionada por la sospechosa, quien preguntó dónde iban a trasladar al cuerpo pero luego escapó.

Los profesionales de la salud precisaron que las heridas eran compatibles con cuchilladas: una debajo de la tetilla izquierda y otra más abajo.

En un primer momento, intervino en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso preservar la zona para la realización de las pericias.

Luego, el expediente pasó al fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.

Un individuo de 34 años fue detenido por los pesquisas policiales al hallarse sospechado de haber violado a su cuñada. El dramático suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y la víctima, que es discapacitada, quedó embarazada.

Voceros judiciales revelaron a cronica que el sujeto resultó apresado días pasados en la manzana N° 34, en un barrio situado en las cercanías del cruce de Antofagasta y Juárez Celman.

Según agregaron los informantes, el procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Especial N° 2.

Trascendió que el hecho se descubrió el 29 de mayo, luego de una denuncia radicada por una vecina de la víctima, quien, mediante señas, le narró que se hallaba embarazada y que tenía dolores en la región del vientre.

Por tal motivo, a la damnificada se la condujo a un hospital, donde los médicos, tras revisar a la paciente, certificaron que cursaba en esos momentos un embarazo de seis meses de gestación.

Testimonios

Al comenzar a investigar esta situación, los efectivos policiales comprobaron, en base a los datos aportados por testigos al expediente, que la víctima había sido violada por su cuñado.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Abuso sexual con acceso carnal reiterado”, el Juzgado de Garantías N° 2 de los tribunales de dicha jurisdicción.

Como consecuencia de razones legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

La mujer acusada de matar a su hija de 9 años continuará internada en un Centro de Salud Mental. Así lo determinó La Justicia de Santiago del Estero. En las últimas horas se conoció su confesión: “La maté porque le hacían bullying».

El crimen de Diana se produjo a fines de octubre en la ciudad de La Banda. La investigación determinó que la madre, María de los Ángeles Russo, de 28 años , le suministró cuatro pastillas de clonazepam a la víctima y luego la asfixió.

La mujer, quien posee antecedentes psiquiátricos, permanece desde ese momento internada en el Centro de Salud Mental El Polear. Se determinó que antes de matar a su hija había dejado de tomar la medicación. 

Russo sostuvo tras su detención que su hija le había dicho que «ya no quería vivir». La imputada reiteró su argumento ante las autoridades judiciales. “Yo la salvé a mi hija, yo la maté a mi hija para protegerla del daño, todos querían hacerle daño y yo la salvé”, sostuvo.

Tras el crimen, la mujer intentó suicidarse, pero no se concretó debido a que sus padres llegaron a la casa y encontraron a la nea muerta.

Cuando le preguntaron qué podían hacer por ella en el lugar de internación, la imputada aseguró que “quiere morirse”.  También  manifestó la presencia de ruidos y sombras que no la dejaban dormir. “Me da lo mismo estar aquí (el centro de salud mental) o en una celda”, afirmó.

La decisión de la Justicia

El fiscal Mariano Gómez solicitó que la acusada sea detenida con prisión preventiva, aunque ratificó la necesidad de que continúe internada en el Centro de Salud Mental. La defensa rechazó la prisión preventiva y requirió la inimputabilidad de su defendida.

La jueza de Control y Garantías de Banda y Robles, Roxana Menini , determinó que la mujer continúe con la internación. La magistrada se opuso a la solicitud del fiscal de la preventiva y a la del abogado de la acusada sobre declararla inimputable.

La inimputabilidad se podrá evaluar únicamente cuando se conozca el informe completo de las pericias psiquiátricas. Hasta el momento, la causa judicial se investiga bajo la carátula de “homicidio calificado por el vínculo”.

El informe médico deberá determinar si Russo estaba o no en condiciones de comprender la gravedad de sus actos.

Un masajista engañó a una adolescente con una falsa oferta para trabajar como su ayudante en departamentos del barrio porteño de Recoleta. Fue condenado 15 años de prisión por abuso sexual y promoción de la prostitución.

En el juicio para evitar cruzarse con el ahora condenado, la joven declaró a través de videoconferencia desde una sala contigua al tribunal, acompañada por una psicóloga.

Walter Barrientos García, de 60 años, fue encontrado responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado, en dos ocasiones, en concurso real con la promoción de la prostitución de una menor de edad, agravada por haber mediado engaño. La víctima, en aquel entonces una adolescente de 16 años, había sido contactada por el victimario bajo la falsa promesa de un puesto como su ayudante en departamentos que utilizaba como consultorios.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°6, integrado de manera unipersonal por el juez Adrián Grünberg. La misma pena que había solicitado la fiscal general Gabriela Baigún, a cargo de la Fiscalía General N°3, durante la etapa de alegatos de cierre.

La defensa del condenado había intentado un último recurso al plantear que se declarase extinta la acción penal por prescripción, pero este argumento fue rechazado por el tribunal.

Antes de escuchar el veredicto el acusado hizo uso de sus últimas palabras: «Mis abogados ya dijeron todo lo que tenía que decir. Es todo lo que puedo decir. Con todo respeto, muchas gracias y bendiciones para todos ustedes».

Barrientos García fue regresado al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz después de que se leyera el veredicto en su contra. Se espera que los fundamentos completos de esta sentencia se den a conocer el próximo miércoles 3 de diciembre.

Los hechos

La investigación comenzó en 2021 partir de una crucial denuncia anónima efectuada a través de la Línea 145. Ahí detallaba el contexto de abuso y prostitución que operaba bajo el disfraz de una oferta laboral.

Tras la denuncia, se activó la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y la víctima pudo ampliar su testimonio en Cámara Gesell. Su relato, ratificado durante el juicio, fue clave para la condena. 

Según la declaración de la joven, su primer contacto con Barrientos fue en noviembre de 2012, cuando se encontró con el imputado en un departamento de la calle Arenales al 2400, luego de responder a un aviso laboral publicado en internet.

El primer abuso sexual fue ese día bajo una supuesta «capacitación» sobre técnicas de masajes que terminó con el victimario obligando a la adolescente a desnudarse. El segundo abuso ocurrió en el mismo lugar, sumando la participación de una pareja de clientes del establecimiento.

La investigación logró acreditar que el ataque y la explotación sexual contra la víctima se prolongaron por aproximadamente tres meses. Se determinó que, además de la joven, Barrientos explotaba sexualmente a otras cuatro mujeres, de entre 20 y 30 años, en los dos departamentos que alquilaba en el mismo edificio.

En ese tiempo, la adolescente era forzada a realizar hasta tres “pases” por día, y solamente recibía 500 pesos, cuando el valor total de los encuentros sexuales que mantenía con varones adultos era de 1.200 pesos.

Hace más de un año, la ciudad de Alta Gracia, Córdoba, fue escenario de un macabro hallazgo, los cuerpos de dos adolescentes con severas discapacidades en una vivienda. Tras un largo proceso de investigación y pericias, la Justicia cordobesa resolvió sobreseer a la mamá de las víctimas. La mujer convivió durante meses con los cadáveres. Según el fallo, su salud mental estaba completamente afectada.

Todo se supo el 22 de abril de 2024, después de que familiares de la mujer alertaran a la Policía local. Al ingresar los efectivos encontraron muertos a los dos adolescentes de 15 y 17 años, quienes padecían graves discapacidades que los hacían completamente dependientes de un tercero para subsistir.

Los cuerpos  fueron encontrados en el sillón, en un estado de descomposición avanzado, casi esquelético, y cubiertos con una bolsa de nylon. La mamá se encontraba rezando junto a ellos en ese momento. 

El juez Claudio Lasso, del Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas de Alta Gracia, determinó que la conducta de la acusada fue «atípica». El fallo se basó en que la mamá actuó bajo una alteración psicótica que anuló completamente su capacidad de entender y dirigir sus actos. Por este motivo, la Justicia la declaró inimputable.

Inicialmente, la mujer había sido detenida e imputada bajo la figura de omisión impropia por presuntamente haber descuidado a sus hijos, lo que habría derivado en el trágico desenlace.

Uno de los puntos clave considerados en el fallo fue el profundo deterioro psicológico que sufrió la mujer a causa de la sobrecarga por el cuidado de sus hijos. El fallo la describe como «una madre abnegada» y «dedicada exclusivamente» a la atención de los jóvenes.

El fallo sostiene que resulta «impensado imaginar un escenario en el que maliciosamente pudiese haber acabado con la vida de sus hijos». Por el contrario, el deceso de las víctimas se produjo como «consecuencia de la falta de cuidados brindados a sus hijos a razón de su grave estado de salud mental».

Además de la extenuante carga de cuidados, el Tribunal tuvo en cuenta que la mujer sufría un «fanatismo religioso exacerbado», en parte, por el aislamiento que trajo la pandemia. Incluso, la mamá manifestaba que el padre de los chicos tenía «el demonio adentro», motivo por el cual él se separó del hogar, aunque continuó brindando ayuda económica. El hombre había denunciado ante la Justicia que hacía un año que no podía ver a sus hijos porque la mujer se lo impedía y lo amenazaba.

El juez Lasso concluyó que, debido a su estado psicótico, la ausencia total de apoyo y la carga absoluta del cuidado de dos personas con discapacidad severa, la madre no tenía «posibilidades reales y concretas» de evitar la trágica muerte de los menores.

En su resolución, el magistrado remarcó la importancia de analizar el contexto estructural de género y la falta de políticas públicas de apoyo para el cuidado de personas con discapacidad. El caso concluye con el sobreseimiento de la mujer, sobre quien no se aplicó una medida de seguridad al no encontrarse internada y seguir un tratamiento de forma voluntaria.