Autor: rodrigo

La progenitora se encuentra imputada por el delito de intimidación pública agravado por la participación de un menor. 

La mamá de un adolescente que realizó amenazas en una escuela de la provincia de Mendoza fue detenida y se encuentra imputada por el delito de intimidación pública agravado por la participación de un menor. Para las autoridades, que el chico haya llevado una réplica de arma de fuego a la institución educativa reviste de un “mayor reproche penal”.

En el escrito del Ministerio Publico Fiscal de Mendoza, se detalla la mujer había sido imputada el viernes 17 de abril por el delito de instigación a la intimidación pública, sin arresto, pero ahora su situación procesal se agravó tras el pedido de detención preventivo.

A la luz de lo antedicho y teniendo en cuenta que la naturaleza del hecho requiere de un mayor reproche penal, se decidió que ahora el encuadre esté dentro del artículo 211 del Código Penal (Intimidación Pública, realizar comportamientos que puedan generar intranquilidad pública) agravado por la intervención de un menor, según art 41 quater del C.P., por lo que se prevé una pena de tres a ocho años de prisión.

“En ese marco, es que el fiscal a cargo de la investigación, Juan Manuel Sánchez, ha ordenado la detención de la progenitora de manera preventiva y su alojamiento en Penitenciaria Provincial”, indica el documento.

En la explicación se destaca que, al momento de la ejecución del hecho, “ya era de público y de notorio conocimiento, no sólo en las comunidades educativas, sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando”.

A su vez, se valoró la particular situación de instigar a un adolescente del cual resulta ser progenitora, sumado a la severidad de la escala penal del delito endilgado, todo lo cual se traduce en una expectativa de pena de cumplimiento efectivo.

NA

Desde la oposición denuncian que la liberalización absoluta de los precios de las prestaciones por Discapacidad conducirá a reducciones drásticas de coberturas.

Uno de los proyectos de ley que comenzará a tratarse en el Senado en el corto plazo es la iniciativa del Ministerio de Salud “contra el fraude de pensiones por invalidez” laboral para depurar las listas de beneficiarios, que además avanza drásticamente en la flexibilización absoluta de los valores de las prestaciones para personas con discapacidad.

En la Cámara alta, el oficialismo cuenta con una mayoría cómoda para blindar la aprobación, pero el murmullo de algunos sectores aliados por el alcance regresivo de las reformas no pasó desapercibido y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, garantizó un esquema de trabajo razonable, sin apurar los tiempos.

Por un lado, la revisión del régimen de pensiones no contributivas por invalidez le impone al Poder Ejecutivo un reempadronamiento de todos los beneficiarios en un plazo de 90 días hábiles, con una prórroga posible de 30 días adicionales.

En ese lapso, los titulares de las pensiones deberán completar el trámite para la actualización de datos médicos y socioeconómicos, caso contrario la autoridad de aplicación procederá a la suspensión inmediata del pago del beneficio hasta la regularización de la situación.

Si bien se mantiene el monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, el ahorro fiscal para el Gobierno se explica por el recorte sustancial en la cantidad de pensiones, a partir del endurecimiento de los requisitos respecto al grado de invalidez (que debe ser total y permanente) y la situación de vulnerabilidad económica del solicitante.

Sobre esto último, se establece la incompatibilidad entre tener trabajo formal (ya sea en relación de dependencia, monotributo o autónomos) y cobrar la pensión por invalidez.

El argumento del Poder Ejecutivo para avanzar en este ajuste es que desde el 2003 hasta el 2023 se multiplicó 16 veces la cantidad de pensiones pagadas por el Estado, pasando de 76 mil beneficiarios y 1.2 millones, incluyendo una gran cantidad de casos de fraude por incompatibilidad.

“Numerosas publicaciones han destacado que ni siquiera países que han atravesado guerras han tenido semejante incremento en su población de personas con invalidez», se indica en los fundamentos del proyecto. 

«De este modo, la magnitud de la situación descripta ha generado una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados; sospecha que ha sido confirmada a partir de diversas investigaciones realizadas -incluso judiciales- que han detectado una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales. Los procesos de auditoría y verificación implementados por esta Administración, han permitido identificar un conjunto significativo de irregularidades en el acceso y percepción de dichas prestaciones, incluyendo situaciones de domicilios inexistentes, así como también casos en los que no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos, lo que pone en evidencia la existencia de desvíos que afectan la correcta asignación de los recursos», se agrega.

Según señalaron fuentes parlamentarias de Unión por la Patria, el planteo oficialista a favor de depurar las listas de beneficiarios de pensiones por invalidez, es un “caballo de troya” que esconde un objetivo “perverso”: la liberalización absoluta de los precios de las prestaciones por Discapacidad, lo que podría provocar reducciones drásticas de coberturas al servicio de la recomposición de la renta de empresas de medicina prepaga.

Hasta ahora, es la Superintendencia de Servicios de Salud el organismo encargado de fijar aranceles universales para cada tipo de prestación por Discapacidad.

Las obras sociales y prepagas no pueden pagar a las instituciones médicas cualquier arancel por las prácticas que proveen ya que los precios están atados al nomenclador.

Con la reforma propuesta, se terminan los precios fijos y habilitaría a cada prepaga u obra social a eventualmente congelar aranceles, lo que podría traer aparejado la repetición traumática de la crisis que vivió el sector de discapacidad el año pasado, con la paralización de coberturas.

El desencadenante de aquel conflicto fue el congelamiento de las prestaciones desde octubre del 2024, situación que la ley de emergencia en Discapacidad aprobada con mayoría opositora vino a corregir con un mecanismo de compensación e indexación automática. 

NA