Autor: rodrigo

Se trata del caso en el que el empresario Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión, acusado de haber lavado unos 65 millones de dólares a través de la financiera conocida como «La Rosadita».

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió sobreseer a la vicepresidenta Cristina Krichner en la causa conocida como «La ruta del dinero K».

Se trata del caso en el que el empresario Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión, acusado de haber lavado unos 65 millones de dólares a través de la financiera conocida como «La Rosadita».

Tras el pedido de Marijuan, es el juez federal Sebastián Casanello quien debe decidir sobre la situación de la titular del Senado.

Marijuan había sido quien imputó a Cristina Kirchner, basado entre otras cuestiones en la declaración del financista arrepentido Leonardo Fariña, quien había dicho que Báez le había contado que que la ex presidenta le había advertido que la Embajada de Estados Unidos estaba preocupada por sus maniobras de lavado de dinero.

En la etapa de instrucción, ante la Cámara Federal insistió en varias ocasiones para que el juez citara a indagatoria a la vicepresidenta y también la procesara, algo que finalmente nunca pasó.

Ahora, el propio Marijuan consideró que la relación entre Báez y Cristina Kirchner está probada pero no encontró evidencia de que el dinero le perteneciera. En su dictamen, el fiscal nombró los negocios entre el empresario y la vicepresidenta, además de más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notificó a 5.780 contribuyentes para que incluyan la compra de moneda extranjera en su presentación de declaraciones juradas determinativas y el pago del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales.
El organismo conducido por Carlos Castagneto identificó a un grupo de personas que adquirieron en su conjunto más de US$ 1.100 millones por medio de títulos públicos durante el período fiscal 2022, que deben ser informado en las declaraciones impositivas correspondientes.
Por medio de esta iniciativa, las áreas especializadas de la AFIP buscan «evitar diversas situaciones que podrían derivar en incumplimientos fiscales», indicó el organismo en un comunicado.
Las bases de datos del organismo permitieron advertir transacciones de compraventa de moneda extranjera mediante adquisición y liquidación de bonos en cuentas locales y en el exterior, popularmente conocidas como «dólar MEP» y «contado con liquidación» (CCL).
Como resultado de dicha tarea, identificó a 5.780 contribuyentes que, durante el período fiscal 2022, concertaron operaciones por montos individuales que superaron los US$ 50.000.
El total de divisas que adquirieron por esta vía asciende a US$ 1.160 millones, lo que representa $ 205.310 millones al tipo de cambio oficial de cierre del año pasado y deberían verse reflejadas en las declaraciones juradas correspondientes.
La AFIP remitió notificaciones electrónicas a los sujetos involucrados, con el objeto de que consideren correctamente tanto el origen de los fondos utilizados para realizar dichas operaciones, así como su íntegra declaración y correcta valuación, de cara al vencimiento de junio de la presentación de las declaraciones juradas determinativas y el pago de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.

Sostuvieron que «es fundamental una investigación a fondo que no descarte ninguna hipótesis hasta tener la totalidad de la información».

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el colectivo de Periodistas Argentinas exigieron hoy «justicia y una investigación transparente al Poder Judicial» para el esclarecimiento del asesinato de la periodista correntina Griselda Blanco.

«Más allá del deseo de justicia y que se aclare rápidamente este hecho, hay muchísimas cuestiones que no se pueden dejar afuera que tienen que ver con el trabajo de Griselda como periodista y sus denuncias a diversos sectores de poder de los cuales recibió hostigamiento y amenazas», dijo la periodista Silvia Martínez Cassina en conferencia de prensa.

Martínez Cassina explicó que la colega correntina asesinada trabajaba precarizada desde su casa efectuando denuncias, puntualmente sobre «casos de corrupción en la Policía local», entre ellos, de una «alta autoridad de esta fuerza de la que tenía información de denuncias de abuso» y que acababa de ser trasladada a su ciudad, Curuzú Cuatía.

«Hay audios de ella donde expresa que es víctima de hostigamiento y amenazas que la inquietaban, al igual que los últimos mensajes a sus hijos donde los alertaba y les decía que si le llegaba a ‘pasar algo’ debían contactarse con su abogada Silvia Casarrubia», relató Martínez Cassina.

A continuación, pudo escucharse uno de los audios que Blanco le envió a su abogada días antes de ser asesinada, donde le pedía ayuda y decía: «Yo no tengo miedo, pero a mí siempre me están amenazando por informar la verdad, lo único que hago es mi trabajo que es comunicar y siempre con la verdad, pero recibo mucha presión, muchas amenazas».

Según informaron durante la conferencia, la periodista trabajaba con dos celulares y «uno desapareció misteriosamente». «Ella además estaba muy preocupada por sus fuentes y que haya desaparecido su teléfono quiere decir que esas fuentes deben ser protegidas e investigar dónde está ese celular», advirtió la referente de Periodistas Argentinas Claudia Acuña.

Asimismo, las voceras de las organizaciones de periodistas presentes solicitaron que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituya como querellante en la causa como garantía para tener un «mayor seguimiento sobre el expediente» y de «cada paso de la causa», dada su «trayectoria en la lucha por los derechos humanos, contra la impunidad y la violencia institucional en el país».

«Estamos muy preocupadas por las ‘Griseldas’ de este país, en todas las provincias que están ejerciendo la profesión en condiciones de mucha exposición», expresó Acuña, y reafirmó la necesidad de estar «más unidas y organizadas que nunca para cuidar a cada compañera».

En este sentido, la secretaria General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Carla Gaudensi, sostuvo que «el rol de Griselda muestra la violencia política y económica que sufrimos las mujeres y las diversidades», en tanto «era una trabajadora precarizada» con un «marco de mayor indefensión frente a estas situaciones».

«Esto pasa en distintos puntos del país y tiene que ver con el poder real del patriarcado sobre nosotras. Esa presión de los poderes económicos, políticos y policiales sobre una sola es mucho más fuerte, por lo que tenemos que estar cada vez más organizadas para enfrentarlo en conjunto», argumentó Gaudensi.

Sobre el caso

Blanco (44) fue hallada estrangulada, con una soga en el cuello, tirada en el piso, con golpes en el rostro y heridas de arma blanca en su casa de la calle Juan Pujol, de Curuzú Cuatiá, la noche del pasado sábado 20.

Hasta ahora el único imputado es su expareja, Armando Jara quien se encuentra detenido como autor del femicidio de la mujer, mientras que la abogada de la familia de la víctima, Andrea Tribbia, dijo ayer que aportaron a la fiscal «información sobre otra persona» que podría estar entre los sospechosos. Y al referirse a Jara, la letrada dijo en diálogo con Radio Dos que si bien no lo descartan como sospechoso «tampoco está en la lista de los prioritarios».

En línea con lo expresado hoy durante la conferencia de prensa, la querellante mencionó una situación que consideró deben tener en cuenta los investigadores y que es el hallazgo, por parte de uno de los hijos de la víctima, de una captura de pantalla que ella le envió y que era preocupante.

«No era habitual en ella preocupar a sus hijos. Su actitud era de confrontar, de pasar por alto amenazas, ella se reía de eso», detalló sobre esa prueba Tribbia y añadió: «Son muchas las personas que la amenazaron, no sabemos la naturaleza del vínculo, pero la reacción por ese mensaje no era habitual en ella.» La mujer era trabajadora de prensa radial y producía transmisiones en vivo de programas dedicados al periodismo local.

Además de la denuncia contra el comisario de la Policía provincial por supuesto abuso sexual, la periodista curuzucuateña también denunció un caso de mala praxis en el hospital «Dr. Fernando Irastorza», donde murió una amiga, y advirtió sobre «los vínculos de la conducción del centro de salud con el poder político y policial».