Autor: rodrigo

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco hizo lugar a un habeas corpus colectivo y correctivo a favor de las personas condenadas que están alojadas en comisarías de toda la provincia y ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia que proponga un plan de readecuación de la política penitenciaria. La decisión respondió a la presentación hecha por defensoras y defensores oficiales de las seis circunscripciones judiciales.

El plan deberá trazarse de acuerdo con las necesidades y particularidades de los establecimientos. Para ello las condiciones edilicias tanto de las dependencias policiales como de las penitenciarías serán adecuadas de modo que cumplan con el marco normativo aplicable y al desarrollo de acciones orientadas a asegurar la vigencia concreta de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Además, la sentencia 135/23 de la Secretaría de Asuntos Constitucionales Nº 3, requirió a Procuración General, Defensoría General, juzgados de Ejecución Penal y cualquier otra autoridad competente que determinen la situación procesal de las personas alojadas en las comisarías provinciales para coordinar los traslados de quienes tengan condena firme a las dependencias correspondientes. Esto se hará con la mayor premura posible, en forma gradual y paulatina con el fin de corregir con celeridad la situación “hasta alcanzar los niveles de equilibrio que garanticen la adecuación a las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos”. También ordenó que estas medidas sean coordinadas entre la Jefatura de Policía y el Servicio Penitenciario Provincial.

Finalmente, el STJ instó a las autoridades y organismos a que continúen trabajando en las mesas conformadas a partir de las sentencias 4/17, 183/18, 52/20 y 238/20.

Fuente: STJ

Un informe elaborado por la consultora Politikon reveló que, en el primer trimestre del 2023, las ventas realizadas a través del programa AHORA 12 en todo el país fueron por $ 575.580,4 millones mostrando una variación nominal del 96% interanual y una caída del 2,8% real interanual al descontar la inflación del período. El resultado acumulado negativo del período se produjo debido a las caídas exhibidas en los meses de febrero y marzo, principalmente este último donde el retroceso fue más fuerte.

El arrastre negativo venía ya desde el segundo semestre del 2022: entre julio y diciembre de ese año las ventas crecieron solamente en julio. Pese a ese período altamente negativo, las ventas totales del 2022 finalizaron en saldo positivo debido a las fuertes subas que habían mostrado en el primer semestre del 2022. Con la profundización del proceso inflacionario, la caída del poder adquisitivo ante salarios reales en baja y un importante crecimiento del endeudamiento personal y familiar, el segundo semestre 2022 fue, como se dijo, negativo (-7,1% de caída promedio mensual) y no fue muy distinto al inicio del 2023, donde solo enero tuvo subas (+1,4%) pero entre febrero y marzo volvió a su trayectoria descendente.

Entre los datos relevantes del informe, se destaca que el distrito que presentó el mayor monto de ticket promedio fue el Chaco con un total de $ 44.718,7, influenciado por el alto peso del rubro de electrodomésticos dentro del total provincial.  Misiones con $ 41.919,7 y Santa Cruz con $ 40.690,3 completan el podio de provincias con el mayor ticket promedio en el período analizado.

En el otro extremo, Jujuy ($ 25.251,4) y Corrientes ($ 21.090,1) exhiben los tickets promedios más bajos del país. El total general nacional se ubicó en los $ 32.254,3.

Desempeño del programa en las jurisdicciones subnacionales

A diferencia del resultado global nacional, las ventas por AHORA 12 en el primer trimestre tuvieron mayormente un desempeño positivo: creció en 20 provincias y cayó en otras cuatro jurisdicciones.

En este periodo, entre CABA y la provincia de Buenos Aires concentraron el 61% del total de la facturación realizada por ventas enmarcadas en el programa. Si se incorpora a Santa Fe, Córdoba y Mendoza, estos cinco distritos concentran el 81,4% del total. Sin embargo, las brechas son importantes: de hecho, Mendoza, en este lote de cinco provincias de participación mayoritaria, concentra solo el 3,6% del total nacional, mientras que Santa Fe y Córdoba lo hacen por encima del 8%. Estos mismos cinco distritos concentran también el 81% de las operaciones.

En el otro extremo, las cinco provincias de menor participación sobre el total nacional (Santa Cruz, La Pampa, Formosa, Catamarca y La Rioja) concentran solo el 1,5% del total país. 

Primer trimestre 2023

En relación con los desempeños contra igual período de 2022, medidos en moneda constante, tres provincias crecen por encima del 25% interanual real: Santiago de Estero (30,3%), Chaco (28,0%) y Jujuy (25,1%). Sin embargo, debe destacarse entre los tres participan apenas del 2,6% de la facturación total nacional.

A su vez, otras nueve provincias registran alzas reales por de doble dígito: Formosa (18,4%), Tucumán (17,9%), San Luis (17,1%), La Rioja (16,3%), Mendoza (15,0%), Tierra del Fuego (14,6%), Chubut (12,6%), San Juan (11,2%) y Salta (10,1%). Entre estas, participaron del 12,2% de la facturación total del país, con predominio de Mendoza y Tucumán.

También con alzas, pero de un dígito, quedaron Neuquén (9,2%), Corrientes (8,8%), Catamarca (7,1%), Santa Cruz (6,3%), Entre Ríos (4,2%), Córdoba (4,0%), Santa Fe (2,0%) y Misiones (1,3%) participando entre estos del 22,6% de la facturación total, con peso significativos de los casos cordobeses y santafesinos.

Finalmente, los únicos cuatro distritos que presentaron descensos reales en sus ventas fueron Buenos Aires (-0,8%), Río Negro (-2,2%), CABA (-15,4%) y La Pampa (-28,9%) . Estos concentran el 62,6% de la facturación total, en su mayoría explicado por los casos porteños y bonaerenses.

Justamente las caídas porteñas y bonaerenses, por su alto peso sobre el volumen total, son las que traccionaron a la baja el total nacional, pese al desempeño positivo en la mayoría de las provincias.

Ventas por rubro, en el país

Los tres rubros con mayor volumen de facturación por ventas durante el primer trimestre 2023 en el total nacional fueron: Indumentaria por $ 158.008 millones (27,5% del total); Electrodomésticos con $ 150.499 millones (26,1% de participación) y Materiales y Herramientas para la Construcción con $ 46.927 millones (8,2% de participación). Entre estos tres rubros, concentraron el 61,8% de las ventas totales en el período.

Más atrás se ubican Neumáticos, accesorios y otros con $ 39.191 millones (6,8%), Calzado y Marroquinería con $ 34.249 millones (6,0%) y Turismo con $ 28.815 millones (5,0% del total).

Los restantes 30 rubros que comprende el programa totalizan, en conjunto, unos $ 117.892 millones en ventas, participando del 20,5% del total nacional.

En términos de operaciones, el total registrado fue de 17,8 millones cayendo 2% interanual y los mismos seis rubros detallados previamente explican el 77,6% de las mismas.

Con ese volumen de operaciones y el total facturado detallado previamente, el ticket promedio de las compras por Ahora 12 en este período de análisis fue por $32.254,3.

La iniciativa propone igualdad de condiciones tributarias en beneficio de las plataformas nacionales de streaming frente a las extranjeras. El objetivo es fomentar las producciones audiovisuales argentinas e incrementar los fondos de financiamiento disponibles para todas las expresiones artísticas del país, generando empleo para miles de hacedores culturales. 

El gobernador Jorge Capitanich ratificó el apoyo del Chaco al proyecto de ley de financiamiento de las industrias culturales mediante plataformas digitales, en beneficio de todas las disciplinas artísticas de alcance federal. La iniciativa fue expuesta en la primera asamblea del Consejo Federal de Cultura, realizada el 19 de abril en Buenos Aires, y presentada este jueves en Casa de Gobierno por sus principales impulsores, entre ellos el diputado nacional por Córdoba, Pablo Carro.

Estuvieron presentes el presidente del Instituto de Cultura, Francisco Romero; la directora de Medios Públicos, Guillermina Capitanich; la diputada nacional chaqueña, Lucila Masin y la diputada provincial Mariela Quirós; el coordinador de la Multisectorial Audiovisual Nacional, Guillermo Tello; la directora de Acción Federal del Ministerio de Cultura de la Nación, Marina Aranda; además del secretario general de SATSAID, Horacio Arreceygor y la cosecretaria de Cultura de la CGT, Belén Ratto, entre otras y otros representantes de la cultura nacional y local.

El proyecto propone igualdad de condiciones tributarias para las plataformas nacionales de streaming frente a las extranjeras, reinvirtiendo y generando trabajo en la diversidad de los territorios. Esta regulación mejora la competitividad de grandes y pequeñas productoras y amplía la oferta laboral de miles de artistas en general, actores, músicos, periodistas, creadores, productores y técnicos argentinos. «El derecho a la cultura tiene que ser un derecho donde el Estado cumpla un rol fundamental, para financiarlo y subsidiarlo. Es parte de la alimentación del espíritu, sin lo cual no se puede sobrevivir en un mundo tan complejo y cambiante como este”, expresó Capitanich, y anticipó que llevará el proyecto a la próxima asamblea de gobernadores del Norte Grande.

«La industria cultural es clave en el país: tiene hoy el tres por ciento del producto bruto interno y genera más de 500 mil empleos, con una gran cadena productiva que incluye a trabajadores de diferentes sectores. Es un gran vector de generación de empleo y crecimiento”, sostuvo el gobernador. Además, aseguró que es posible generar las condiciones de vinculación del mercado de capitales con el sistema financiero para generar un mecanismo de financiamiento para la producción audiovisual. “La Bolsa de Comercio del Chaco tiene una movilización de recursos de entre 3 mil a 5 mil millones de dólares por año y la verdad es que perfectamente se podrían financiar proyectos de las industrias culturales. Si efectivamente tenemos la capacidad de constituir un fondo específico para la colocación en el mercado de capitales, podemos securitizar el flujo y garantizar mecanismos de repagos como lo hacemos para el equipamiento de consorcios camineros”, consideró.

La iniciativa establece que los prestadores de servicios audiovisuales de libre transmisión disponibles en la red de internet abierta, que operen o comercialicen servicios en Argentina, tributen un gravamen proporcional a su facturación bruta correspondiente a publicidad tradicional y no tradicional, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de dichos servicios: del 3% para el caso de servicios extranjeros y del 1,5 % para el caso de servicios nacionales.

El 70% del total de lo recaudado sería destinado por la autoridad de aplicación a co-financiar proyectos de producción audiovisual nacionales y el 30% restante a desplegar proyectos de inversión de infraestructura en localidades que cuenten con servicios de banda ancha con velocidades de transmisión como mínimo dos veces más lenta que el promedio nacional.

“Eso significa descentralizar estrategias de constitución de polos audiovisuales para que tengan un sentido federal. Emprendimientos de esta naturaleza nos pueden permitir acrecentar el volumen de empleo, porque es una cadena de valor extraordinaria”, sostuvo Capitanich, y defendió la idea de fijar un gravamen a las plataformas “ya que el Estado argentino debe tener capacidad regulatoria que ponga límites al afán corporativo y que garantice distribución de ingresos para construir una sociedad abierta, plural y democrática, con distribución equitativa del ingreso”.

“Las corporaciones se apropiaron de los vectores de construcción de identidad y al haber concentración mediática no hay pluralismo ni democracia. Eso se resuelve generando conciencia a través de la creatividad de los contenidos audiovisuales, con una cultura abierta con promoción de valores identitarios”, afirmó, y bregó para que el tratamiento en el Congreso de la Nación avance rápidamente porque «cada día que se pierde es trabajo que no se genera».

Soberanía e identidad nacional

El diputado nacional Pablo Carro indicó que en el país la cultura es “el sexto agregador de valor en la cadena productiva económica, pero actualmente los recursos son escasos”. “La forma en la que miramos películas y escuchamos música cambió, lo hacemos a través de plataformas de streaming, que son empresas trasnacionales que venden un servicio a la Argentina, a quienes pagamos en dólares pero no pagan impuestos”, detalló, y por eso el objetivo es encuadrarlas como un servicio de comunicación audiovisual.

“Así vamos a lograr que tributen en el país y generar fondos para la cultura”, explicó Carro, y agregó que además se les podrá exigir que cumplan con la ley para que haya cuota de pantalla, con producción y estrenos nacionales y de productoras independientes. “Habrá más trabajo para nuestros artistas y producciones independientes; lo que es importante en términos de soberanía e identidad nacional”, expresó, aclaró que lo que se propone no es un nuevo impuesto, sino que las empresas extranjeras tengan las mismas condiciones y obligaciones que las nacionales.

Políticas públicas federales

Francisco Romero destacó que el encuentro fue “sumamente significativo” porque es parte del proceso que hay que hacer para un proyecto de Ley de nuevo financiamiento de política pública cultural en clave federal. “Pretendemos que las plataformas digitales de contenido audiovisual, que son por donde circula hoy el grueso de la producción cultural pero que no dejan las riquezas en el país, tengan un gravamen para financiar políticas públicas culturales federales, que contribuyan a desandar la desigualdad en la redistribución de los recursos”, remarcó.

Guillermo Tello por su parte destacó la importancia de avanzar sobre el desarrollo de fomento para todas las áreas culturales. “Esta experiencia fue muy importante ya que es la primera vez que logramos unir a todos los referentes vinculados al área de la cultura a trabajar, lo cual es una realidad que nunca habíamos tenido y encontramos en esta composición del Consejo Federal de Cultura un compromiso que nunca antes habíamos visto. Hay que creer más en la cultura como desarrollador productivo, pensar en las capacidades no solo de identidad y diversidad cultural para nuestra sociedad sino también que somos capaces de hacer un aporte a la construcción de la patria”, manifestó.

El gobernador Jorge Capitanich ratificó el apoyo del Chaco al proyecto de ley de financiamiento de las industrias culturales mediante plataformas digitales, en beneficio de todas las disciplinas artísticas de alcance federal. La iniciativa fue expuesta en la primera asamblea del Consejo Federal de Cultura, realizada el 19 de abril en Buenos Aires, y presentada este jueves en Casa de Gobierno por sus principales impulsores, entre ellos el diputado nacional por Córdoba, Pablo Carro.

Estuvieron presentes el presidente del Instituto de Cultura, Francisco Romero; la directora de Medios Públicos, Guillermina Capitanich; la diputada nacional chaqueña, Lucila Masin y la diputada provincial Mariela Quirós; el coordinador de la Multisectorial Audiovisual Nacional, Guillermo Tello; la directora de Acción Federal del Ministerio de Cultura de la Nación, Marina Aranda; además del secretario general de SATSAID, Horacio Arreceygor y la cosecretaria de Cultura de la CGT, Belén Ratto, entre otras y otros representantes de la cultura nacional y local.

El proyecto propone igualdad de condiciones tributarias para las plataformas nacionales de streaming frente a las extranjeras, reinvirtiendo y generando trabajo en la diversidad de los territorios. Esta regulación mejora la competitividad de grandes y pequeñas productoras y amplía la oferta laboral de miles de artistas en general, actores, músicos, periodistas, creadores, productores y técnicos argentinos. «El derecho a la cultura tiene que ser un derecho donde el Estado cumpla un rol fundamental, para financiarlo y subsidiarlo. Es parte de la alimentación del espíritu, sin lo cual no se puede sobrevivir en un mundo tan complejo y cambiante como este”, expresó Capitanich, y anticipó que llevará el proyecto a la próxima asamblea de gobernadores del Norte Grande.

«La industria cultural es clave en el país: tiene hoy el tres por ciento del producto bruto interno y genera más de 500 mil empleos, con una gran cadena productiva que incluye a trabajadores de diferentes sectores. Es un gran vector de generación de empleo y crecimiento”, sostuvo el gobernador. Además, aseguró que es posible generar las condiciones de vinculación del mercado de capitales con el sistema financiero para generar un mecanismo de financiamiento para la producción audiovisual. “La Bolsa de Comercio del Chaco tiene una movilización de recursos de entre 3 mil a 5 mil millones de dólares por año y la verdad es que perfectamente se podrían financiar proyectos de las industrias culturales. Si efectivamente tenemos la capacidad de constituir un fondo específico para la colocación en el mercado de capitales, podemos securitizar el flujo y garantizar mecanismos de repagos como lo hacemos para el equipamiento de consorcios camineros”, consideró.

La iniciativa establece que los prestadores de servicios audiovisuales de libre transmisión disponibles en la red de internet abierta, que operen o comercialicen servicios en Argentina, tributen un gravamen proporcional a su facturación bruta correspondiente a publicidad tradicional y no tradicional, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de dichos servicios: del 3% para el caso de servicios extranjeros y del 1,5 % para el caso de servicios nacionales.

El 70% del total de lo recaudado sería destinado por la autoridad de aplicación a co-financiar proyectos de producción audiovisual nacionales y el 30% restante a desplegar proyectos de inversión de infraestructura en localidades que cuenten con servicios de banda ancha con velocidades de transmisión como mínimo dos veces más lenta que el promedio nacional.

“Eso significa descentralizar estrategias de constitución de polos audiovisuales para que tengan un sentido federal. Emprendimientos de esta naturaleza nos pueden permitir acrecentar el volumen de empleo, porque es una cadena de valor extraordinaria”, sostuvo Capitanich, y defendió la idea de fijar un gravamen a las plataformas “ya que el Estado argentino debe tener capacidad regulatoria que ponga límites al afán corporativo y que garantice distribución de ingresos para construir una sociedad abierta, plural y democrática, con distribución equitativa del ingreso”.

“Las corporaciones se apropiaron de los vectores de construcción de identidad y al haber concentración mediática no hay pluralismo ni democracia. Eso se resuelve generando conciencia a través de la creatividad de los contenidos audiovisuales, con una cultura abierta con promoción de valores identitarios”, afirmó, y bregó para que el tratamiento en el Congreso de la Nación avance rápidamente porque «cada día que se pierde es trabajo que no se genera».

Soberanía e identidad nacional

El diputado nacional Pablo Carro indicó que en el país la cultura es “el sexto agregador de valor en la cadena productiva económica, pero actualmente los recursos son escasos”. “La forma en la que miramos películas y escuchamos música cambió, lo hacemos a través de plataformas de streaming, que son empresas trasnacionales que venden un servicio a la Argentina, a quienes pagamos en dólares pero no pagan impuestos”, detalló, y por eso el objetivo es encuadrarlas como un servicio de comunicación audiovisual.

“Así vamos a lograr que tributen en el país y generar fondos para la cultura”, explicó Carro, y agregó que además se les podrá exigir que cumplan con la ley para que haya cuota de pantalla, con producción y estrenos nacionales y de productoras independientes. “Habrá más trabajo para nuestros artistas y producciones independientes; lo que es importante en términos de soberanía e identidad nacional”, expresó, aclaró que lo que se propone no es un nuevo impuesto, sino que las empresas extranjeras tengan las mismas condiciones y obligaciones que las nacionales.

Políticas públicas federales

Francisco Romero destacó que el encuentro fue “sumamente significativo” porque es parte del proceso que hay que hacer para un proyecto de Ley de nuevo financiamiento de política pública cultural en clave federal. “Pretendemos que las plataformas digitales de contenido audiovisual, que son por donde circula hoy el grueso de la producción cultural pero que no dejan las riquezas en el país, tengan un gravamen para financiar políticas públicas culturales federales, que contribuyan a desandar la desigualdad en la redistribución de los recursos”, remarcó.

Guillermo Tello por su parte destacó la importancia de avanzar sobre el desarrollo de fomento para todas las áreas culturales. “Esta experiencia fue muy importante ya que es la primera vez que logramos unir a todos los referentes vinculados al área de la cultura a trabajar, lo cual es una realidad que nunca habíamos tenido y encontramos en esta composición del Consejo Federal de Cultura un compromiso que nunca antes habíamos visto. Hay que creer más en la cultura como desarrollador productivo, pensar en las capacidades no solo de identidad y diversidad cultural para nuestra sociedad sino también que somos capaces de hacer un aporte a la construcción de la patria”, manifestó.