La Municipalidad de Resistencia realizó una nueva presentación ante la Justicia para exigir que se garantice el derecho a la libre circulación en la capital chaqueña, teniendo en cuenta las interrupciones sistemáticas en el tránsito vehicular que se reiteran en todas las jornadas, sobre todo en el microcentro de la ciudad.
En el escrito judicial presentado se detalla que cerca de 300 personas cortaron la intersección de las calles Marcelo T. de Alvear y Mitre, otros 100 manifestantes marcharon utilizando carros de tracción a sangre desde el juzgado de Faltas de la Provincia, ubicado en avenida Italia al 55, hasta interrumpir la circulación en el cruce de la avenida San Martín y la calle Juan B. Justo, y aproximadamente 20 personas impidieron el tránsito sobre la avenida 9 de Julio, a la altura del mástil mayor.
Desde el la gestión municipal de Resistencia se tiene conocimiento de las preocupaciones de las organizaciones de la ciudad, y se garantiza que las más de 60 presentaciones judiciales que se realizaron no son en contra ni de los movimientos sociales ni de sus dirigentes y mucho menos de los reclamos que se hacen, sino que no se puede permitir la vulneración al derecho a circular libremente por la ciudad.
Se recalcó también que no se pone en tela de juicio los respectivos reclamos que se llevan adelante ni de la representación que los referentes hacen de los vecinos y sectores vulnerables, pero el método de protesta de cortar calles no puede normalizar, y desde el Gobierno de Resistencia se garantiza la predisposición para solucionar desde el diálogo los reclamos por otras vías, que no repercutan negativamente en la vida de la ciudad.
LA DENUNCIA
El documento jurídico especifica que, en todos los casos, los manifestantes se presentaron con “pancartas identificativas y elementos de percusión, aglomerándose una gran cantidad de personas ocupando las calle y avenidas de la ciudad ‘circulando y/o marchando’ impidiendo el tránsito”, y se agrega que se ejecutaron “actitudes no pacíficas y provocadoras, impidiendo el acceso a la zona del centro de la ciudad, la libre circulación y acceso a los locales comerciales, oficinas públicas, entidades bancarias, recreación, actividades turísticas o las viviendas particulares, paralizando el acceso a zonas neurálgicas de nuestra ciudad. Impidiendo la regularidad y eficiencia de los servicios públicos y vehículos particulares a que circulen por las vías que corresponden”.
En igual sentido, se destaca que “a los comerciantes se les ocasiona un grave daño a sus actividades, al verse significativamente disminuida asistencia de clientes a sus locales y, por ende, afectando sus ingresos y rentabilidad; provocando además una evidente y manifiesta alteración del orden público y de la paz social”.
Asimismo, se remarca que “el hecho obstructivo descrito, si bien inicialmente es una contravención y estaría amparado por el derecho de protesta, situación que no son los hechos que se denuncia y configuran en una conducta delictiva”, y se amplía diciendo que “el centro de la ciudad permanece sitiado por la cantidad de manifestaciones sociales que impidieron la circulación de transeúntes, automóviles y transporte público”.
En una misma sintonía, se indica que “el Municipio pretende garantizar la libre circulación de los ciudadanos, ante los derechos constitucionales afectados, el derecho a la libre circulación, trabajar, ejercer toda industria lícita, comerciar y estudiar, ante las consecuencias que se sufren por los habitantes al no poder desplazarse hacia su trabajo, a centros de salud, organismos oficiales, a los comercios, personas de vacaciones o recreación, o turista, circular a sus vivienda o hacia donde lo deseen”.
También se sostiene que “no se desconocen los derechos a estas agrupaciones a la libre expresión, protesta, reclamos o manifestación ante las autoridades, sino crean dentro de la ciudad un ámbito de igualdad y garantizar la circulación libre de todos sus habitantes”, y se finaliza afirmando que “a este reconocimiento se le agrega el argumento de que no existen derechos absolutos, que todo derecho se encuentra limitado de alguna forma por los que les corresponden a los restantes ciudadanos, cuya compatibilización se sustenta en el bien común y el interés general que debe primar por sobre el de un sector de la sociedad”.
