Denuncias por malversación, enriquecimiento ilícito y posibles irregularidades rodean al funcionario, mientras el Gobierno sale en bloque a respaldarlo.
La polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo judicial. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió un expediente preliminar para investigar tanto el traslado de su esposa a Nueva York en el avión presidencial como el vuelo privado que el funcionario utilizó para viajar con su familia a Punta del Este. El foco está puesto en determinar si existieron irregularidades o incluso delitos vinculados al uso de recursos públicos.
El organismo, encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez, inició la pesquisa de oficio luego de que los hechos tomaran estado público y se presentaran denuncias penales en los tribunales federales. Según fuentes judiciales, la investigación busca establecer si el accionar del funcionario pudo constituir un incumplimiento de los deberes de funcionario público u otras figuras penales vinculadas al manejo de fondos estatales.
La investigación se concentra en dos episodios que quedaron bajo la lupa. El primero es el viaje a Nueva York en el que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, integró la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei durante un evento destinado a captar inversiones. Angeletti, que no ocupa ningún cargo en el Estado y se presenta profesionalmente como coach ontológica y especialista en desarrollo organizacional, viajó en el avión presidencial y se alojó junto al resto de la delegación oficial.
En medio de la controversia, Adorni defendió públicamente la presencia de su esposa y negó que se hayan utilizado recursos públicos para su traslado. «Se trata de un viaje que fue afrontado con gastos familiares», sostuvo. Días antes, en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann, había explicado que durante la gira iba a estar «deslomándose una semana en Nueva York y quería que me acompañe mi esposa».
La polémica se amplificó cuando comenzaron a circular imágenes del funcionario viajando con su familia a Punta del Este en un avión privado durante el feriado de Carnaval. Ese episodio derivó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, integrante de La Libertad Avanza, y en pedidos de informes impulsados por el bloque de Unión por la Patria en el Congreso.
El episodio sumó un elemento explosivo cuando Marcelo Grandio, amigo de Adorni y ex conductor de la TV Pública que lo alojó en Uruguay, intentó defenderlo en una entrevista televisiva. En su explicación sobre los costos del vuelo privado, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: «Pagó con plata del Estado». La declaración, realizada en LN+, reavivó las sospechas sobre el financiamiento del viaje.
El vuelo en cuestión, de apenas 35 minutos entre Buenos Aires y Punta del Este, tiene un costo estimado de unos 10.000 dólares. Paralelamente, el propio Adorni aseguró que su esposa había comprado un pasaje para viajar a Nueva York por 5.438 dólares -presuntamente en primera clase- pero que finalmente no pudo utilizarlo. Con ese telón de fondo, la PIA resolvió avanzar con una investigación preliminar que abarcará ambos episodios.
Según fuentes judiciales, el proceso comienza con la verificación de los hechos y podría derivar en distintas resoluciones: desde el archivo del expediente si no se detectan irregularidades hasta la presentación de una denuncia penal si se reúnen elementos suficientes. En paralelo, la controversia ya llegó a los tribunales de Comodoro Py. Una de las denuncias, por presunta malversación de caudales públicos vinculada al viaje a Estados Unidos, recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas y quedó delegada en la fiscal Alejandra Magnano, quien deberá determinar si existen indicios suficientes para impulsar la acción penal.
Otra denuncia, presentada por Pagano por presunto enriquecimiento ilícito en relación con el viaje a Punta del Este, quedó bajo la órbita de la jueza federal María Servini. En ambos casos, las investigaciones se encuentran en etapas iniciales y todavía no hay imputaciones formales. La ofensiva judicial también incluye presentaciones del abogado Gregorio Dalbón, quien denunció supuestos delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Mientras tanto, el Gobierno salió a respaldar de manera cerrada al jefe de Gabinete. Tanto el presidente Milei como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo defendieron públicamente al funcionario frente a lo que calificaron como una «operación». El propio Adorni se alineó con esa postura y denunció que las críticas forman parte de «operaciones de prensa, campañas sucias y fake news» destinadas a opacar el evento en Nueva York orientado a atraer inversiones. Sin embargo, la intervención de la Procuraduría -un organismo especializado en investigar irregularidades y casos de corrupción dentro de la administración pública nacional- abrió un frente institucional que excede la disputa mediática. Entre las medidas que podrían adoptarse figura incluso un análisis patrimonial del funcionario para determinar si existe correspondencia entre sus ingresos y los gastos asociados a los viajes. Por ahora, la causa transita su etapa más preliminar.
