Categoría: Policiales

Se trata de dos ciudadanos de 20 y 22 años. El dinero fue sustraído por la madrugada al propietario de un corralón y hallado escondido en un hotel.

En la mañana de este sábado, personal de la División Delitos contra la Propiedad de la Policía del Chaco aprehendió a dos hombres que aparentemente sustrajeron $250.000 de un corralón.

Según el reporte policial, alrededor de las 9:45, los efectivos se dirigieron hasta calle Carlos Hardy al 50, donde se entrevistaron con un hombre de 49 años, hijo del dueño del corralón, quien manifestó que encontró a su padre de 73 años bajo los efectos de alguna sustancia y un faltante de 250.000 pesos en el comercio.

Tras varias averiguaciones realizadas por el personal, fueron demorados dos jóvenes de 20 y 22 años, que compartieron bebidas alcohólicas con una mujer de 22 años y el propietario. El dueño y la mujer se durmieron profundamente hasta hoy.

Luego uno de los jóvenes, pagó una habitación en un hotel por calle Remedios de Escalada, por lo que el personal policial se dirigió al lugar y se entrevistaron con la encargada, quien hizo entrega de $222.900 que fueron encontrados por personal de limpieza.

Finalmente, la Fiscalía en turno a cargo del doctor Villalba Roberto dispuso el secuestro del dinero, la aprehensión en la causa por “Supuesto Robo” a los dos hombres. También, el secuestro del teléfono celular de los tres jóvenes que estuvieron en el lugar.

El 10 de febrero en el barrio William Morris, Nadia Navarro Montenegro (23) discutió con Alejo Oroño (22) y le clavó un cuchillo en el pecho. Frente al fiscal aseguró que se sentía amenazada y que su intención era «sólo asustarlo y no matarlo».

Una joven que se encuentra detenida con prisión preventiva acusada del crimen de su expareja de una puñalada, en medio de una discusión frente a una casa donde había una reunión familiar, en el partido bonaerense de Hurlingham, pidió declarar y aseguró que su intención «no era matarlo, sólo asustarlo» y que el ataque fue «en defensa propia», informaron fuentes judiciales.

En tanto, el Juzgado de Garantías 3 de Morón hizo lugar al pedido del fiscal Javier Ghessi de la Fiscalía 1 del mismo distrito para que recaratule la causa de homicidio simple a homicidio agravado por haberse cometido contra una persona con quien se mantenía una relación de pareja, que prevé prisión perpetua.

El fiscal Ghessi, quien se encuentra trabajando en el cierre de tareas de investigación de instrucción para poder elevar la causa a un futuro juicio oral, entiende que con todas las pruebas reunidas Nadia Navarro Montenegro (23) atacó directamente a su expareja Alejo Oroño (22) a sabiendas de que «podría matarlo con un arma blanca».

Las fuentes judiciales agregaron que la mujer, al ser indagada por primera vez desde que ocurrió el hecho, sostuvo: «No lo quise asesinar, solo quise asustarlo, porque tenía miedo al momento de confrontarlo».

«Ella dijo que estaba cansada de él -por Oroño- porque no dejaba de molestarla a ella, a su madre y su hijo», indicó un vocero.

Versiones encontradas
También agregó que en otro tramo de la declaración indagatoria, que duró cerca de dos horas, ella afirmó que atacó a su ex «en defensa propia porque sentía amenazas de la otra parte», pero en un video que está en la causa se puede ver al joven, que «en ningún momento hizo gestos de ataque contra ella», indicaron las fuentes.

Mientras que la investigación avanza, el fiscal Ghessi solicitó al Servicio Penitenciario bonaerense el traslado de la imputada a un penal y que abandone la Comisaría de Morón, lugar donde estaba alojada hasta su declaración.

Un prima de Oroño declaró en la Justicia que «él -por la víctima- no se animaba a denunciar a Montenegro por vergüenza, por ser hombre y que una mujer le pegue. Ella era muy violenta y maltratadora. Una vez le pegó con un palo», aseguró.

El crimen de Alejo Oroño ocurrió el miércoles 10 de febrero a la madrugada, en la localidad de William Morris, en dicho partido de la zona oeste del conurbano.

Fuentes judiciales informaron a Télam que Oroño mantuvo una discusión en la calle con su expareja.

En ese marco, el muchacho recibió una puñalada en el pecho y cayó al piso gravemente herido, mientras la agresora escapó del lugar.

Oroño fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardino de Hurlingham, donde falleció a los pocos minutos como consecuencia de las lesiones sufridas.

En tanto, efectivos de la comisaría 2da. fueron alertados por el crimen y se entrevistaron con testigos presenciales del ataque.

Tras obtener algunos datos sobre la presunta autora, la policía detuvo a la mujer.

La detención se concretó en la calle 4 de septiembre al 2400, a pocas cuadras de la escena del crimen.

En principio, el fiscal Bernardo Kiper, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Morón, indagó a Navarro Montenegro por el delito de «homicidio simple», aunque la acusada se negó a declarar.

El MPF ahondó, durante su alegato, en cómo un entramado de autoridades públicas de orden municipal, provincial y federal asistía a la asociación ilícita investigada para actuar. La fiscalía consideró que «existía en Itatí una especie de estado policial subterráneo» y que «el tráfico de marihuana estaba naturalizado».

El Ministerio Público Fiscal expuso ayer la segunda parte de su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el juicio que tiene a doce personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la ciudad de Itatí, provincia de Corrientes. En este marco, expusieron ayer el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y el auxiliar fiscal de la dependencia, Martín Uriona, quienes actúan junto al titular de las Fiscalía General N° 4, Juan Patricio García Elorrio. A los imputados se les atribuyen los delitos de asociación ilícita y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio- en calidad de coautores, agravado por haberse servido de menores de dieciocho años de edad y por la intervención de funcionarios públicos.

Iglesias profundizó ayer acerca de la connivencia que la organización narcocriminal poseía con autoridades públicas de orden municipal, provincial y federal. De esta manera, explicitó cómo el accionar de las autoridades habría permitido brindar seguridad a las maniobras ilícitas, vigilar el ingreso al pueblo de personas ajenas, y hasta la reventa del material estupefaciente que obtenían de procedimientos policiales irregulares.

“Existía en Itatí una especie de estado policial subterráneo, en el cual algunas conductas eran merecedoras de investigación o reproche, un homicidio claramente lo era, otras no tanto. Se naturalizaban. El tráfico de marihuana estaba naturalizado. ¿Por qué estaba naturalizado? Porque era un negocio para ambas partes, para quienes desarrollaban las actividades de narcotráfico y también para las autoridades policiales, que obtenían un beneficio económico a cambio dejarlas actuar, de no ser un obstáculo para el funcionamiento de la empresa criminal y si la empresa criminal sufría un percance acudían en su ayuda en su rescate”, explicó Iglesias.

Además, el fiscal citó la declaración de un testigo que advirtió “la existencia de la connivencia policial, de policía provincial, policía federal, Gendarmería, Prefectura. Pero no era solamente policial, sino también connivencia judicial”, en relación a las acusaciones al ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila y a sus secretarios penales Federico Grau y Carlos Molina, a quienes los narcos accedían a través de un grupo de abogados que les servían de intermediarios, según señala la acusación.

En este mismo sentido, Iglesias indicó que es “necesario explicar cómo fue esa connivencia para entender la operatividad que tenía la organización criminal y los motivos por los cuales pudo operar durante tanto tiempo”. Por último, convocó a hacer “un análisis conglobante de la totalidad de los elementos de prueba en la totalidad de los expedientes vinculados a esta organización narcocriminal”.

Por su parte, Uriona analizó en detalle las pruebas vinculadas a cada una de los hechos imputados. “Es relevante señalar que se han registrado una gran cantidad de comunicaciones, tanto llamadas como mensajes de texto, que se encuentran relacionadas a las actividades ilícitas que se la han imputado a estas doce personas acusadas”, sostuvo.

Tras la conclusión de la audiencia, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 12 de mayo, ocasión en la que la fiscalía continuará con la tercera parte del alegato.

Qué se juzga

El juicio contempla tres causas unificadas, que se vinculan a su vez con otras 39 causas conexas y en las cuales se decomisaron entre 2011 y 2017 un total de 18 toneladas de marihuana en 28 procedimientos. 29 acusados celebraron con el MPF ante el tribunal un acuerdo de juicio abreviado en los términos del artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, en los que se pactó condena. Los acuerdos se encuentran pendientes de homologación por parte del tribunal.

Durante las audiencias de debate se expuso que los acusados utilizaban la vía fluvial proveniente de la República de Paraguay para concretar el tráfico de las sustancias ilícitas. El ingreso a la Argentina era instrumentado a través de la ciudad de Itatí de la provincia de Corrientes, para su posterior distribución y comercialización al resto del país, particularmente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca.

Según la acusación, la presunta asociación ilícita concretaba su accionar con numerosos vehículos de pequeño, mediano y gran porte -algunos de los cuales se encontraban circulando con chapas patente apócrifas-, embarcaciones, gran cantidad de teléfonos celulares, armas de diverso calibre y proyectiles.

Este viernes al mediodía, el personal de la División Operaciones allanó un domicilio, luego de investigaciones realizadas por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. Allí, encontraron cocaína, marihuana, 79.790 pesos y detuvieron a un hombre.

El personal policial llevaba a cabo tareas investigativas por la comercialización de drogas en el barrio Atlántico Sur y, luego de semanas de seguimiento, dieron con el domicilio del presunto dealer.

Alrededor de las 13, se dirigieron junto con los agentes del Cuerpo Operaciones Motorizadas (COM) al inmueble ubicado sobre la avenida Alfredo Guerrero, aproximadamente, donde se encontraba el presunto autor, dos mujeres y una menor de edad.

Luego de allanar el domicilio, secuestraron $79.790, un celular Samsung, tijeras y recortes de polietileno, dos balanzas de precisión, 37 envoltorios trasparentes, un trozo compacto de una sustancia positiva en cocaína y 117 envoltorios con un pesaje total de 690 gramos de marihuana.

El ciudadano fue detenido en causa por “Supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes” y alojado en la comisaría.

Por el delito de «homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por violencia de género».

Un joven de 21 años fue condenado hoy en un juicio oral a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su ex novia, Emilce Ayala, la adolescente de 15 años asesinada en agosto de 2019 en una casa en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, informaron fuentes judiciales.

El fallo del Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de La Matanza recayó sobre Luis Tobías Zuchelli (21) por el delito de «homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por violencia de género».

Además, intensificaron los operativos para retirar animales a la vera de la ruta.

En la mañana de ayer, en otro operativo de Prevención y control vial, llevado a cabo en el Puesto Caminero Puente General Belgrano, operadores viales detuvieron la circulación de un vehículo marca Peugeot 207 Compact, color gris, conducido por un masculino de 27 años.

Al momento de realizar el control de documentaciones, los agentes constataron que transportaba varios paquetes.

Se trataba de 20 bultos que contenían 2.387 pares de medias de diferentes colores. El chofer no poseía documentaciones respaldatorias de propiedad y procedencia.

Por ello, se procedió a la interdicción de la mercadería mencionada y a la notificación de las actuaciones en libertad al conductor, en la causa Sup. Inf. al Código Aduanero, Ley N° 22.415.

OTRA MOTOCICLETA RECUPERADA

En horas de la siesta, personal de la Planta Verificadora ubicada en Resistencia, secuestraron una motocicleta con Pedido Activo por una causa de Sup. Hurto.

Su conductor de 20 años, se había hecho presente en la Unidad, con la intención de realizar la verificación vehicular a su moto marca Honda modelo Biz, 125 c.c; color rojo.

Minutos después, constataron que ambas numeraciones de motor y chasis son originales de fábrica y sin signos de adulteración alguna.

Sin embargo, al consultar con el Padrón Unificado de motocicletas sustraídas, descubrieron que tenía Pedido de Secuestro de fecha 10/06/2016, a solicitud de la Cría. 5°, en la causa Sup. Hurto.

Posteriormente, el conductor junto al rodado fue trasladado hacia la Unidad Policial solicitante.

ANIMALES SUELTOS

Cabe resaltar que los operadores viales intensifican controles para prevenir accidentes de tránsito.

Los Operadores Viales sacan animales sueltos de las rutas todos los días y en forma permanente. Luego dan intervención al organismo correspondiente, quienes continúan con las actuaciones de rigor.

Se actúa de inmediato debido al peligro que esta situación genera, para los conductores.

Este tipo de intervenciones, tiene como objetivo garantizar una mejor circulación y evitar siniestros viales.

Las personas que adviertan estos tipos de problemáticas, deben llamar a la línea de emergencia 911, o bien, a la Dirección Gral. Policía Caminera Tel. 4434126, donde se comisionará inmediatamente un equipo de trabajo, a tal efecto.

Las amenazaron con «pintarle los dedos» y les quitaron todas sus pertenencias. Además, les negaron el derecho a un abogado y/o llamado.

Una pareja denunció a la Policía de Córdoba por abuso, violencia de género y homofobia luego de que el pasado 15 de abril las detuvieron, les confiscaron sus pertenencias y las dejaron tres horas junto a otros detenidos que las insultaban.

Ayelén y Paula salieron de un bar y llevaron a dos amigos hasta el Parque de las Tejas, en la capital de la provincia. Tenían el vehículo frenado cuando un patrullero se les acercó y les recriminó el horario de circulación.

Todo transcurría de manera normal hasta que se presentó como novias y la actitud de los agentes cambió , denunciaron ante el Polo de la Mujer. Minutos más tarde llegó un nuevo móvil, la situación se puso más densa y cuando le consultaron «por qué perdían el tiempo con ellas si no hubo hecho nada» las detuvieron por resistencia a la autoridad.

«Las trajimos por hacerse las feminazis. Hola, chiques. ¿Así es el idioma en el que ustedes hablan, no?», Las consiguió el jefe policial del lugar, según consta en la denuncia realizada.

Permanecieron tres horas en la comisaría en un apartado con otros detenidos, en su mayoría hombres, que las insultaron. Además las amenazaron con «pintarle los dedos» y les quitaron todas sus pertenencias, incluido el auto, recuperando todo tres días después.

«Paula se descompensó varias veces más. Ayelén vio cómo se caía al suelo y, para que no hiciera convulsiones, un policía del GES le apretaba con los borceguíes una pierna», explicó el diario La Voz. La pareja nunca tuvo acceso a un abogado y/o llamado.

Desde la Ufai autorizaron que las liberen y explicaron que todo corrió por cuenta de la Policía, sin ninguna autorización. La denuncia, que fue realizada el 26 de abril, está a cargo de la abogada Laura Sesma y fue presentada a la jefa de Policía, Liliana Zárate .

Una tragedia sacudió el pasado jueves 6 de mayo a Santa Rosa, La Pampa: dos adultos, y cuatro menores de edad fallecieron al intoxicarse con monóxido de carbono en una vivienda situada en el barrio Colonia Escalante. En la tragedia también murieron las dos mascotas de la familia.

Según informó el Diario De La Pampa, las víctimas menores tenían 6, 11, 16 y 17 años, mientras que los adultos eran un hombre de 42 años y una mujer de 47 años, identificados como Darío Enrique Rodríguez y Alicia Ortíz. Dos de las menores serían nietas de esta última, y las otras dos restantes serían una sobrina y una amiga.

De acuerdo con las primeras pericias, el hecho ocurrió en la madrugada del jueves, pero los cuerpos fueron hallados a las 13:00, en una vivienda ubicada en la calle Allan Kardec al 2600 entre Corona Martínez y Gaich de la capital pampeana.

También fallecieron las dos mascotas que vivían en la casa, propiedad de Rodríguez y Ortíz.

En el lugar de la tragedia hubo un amplio operativo policial, donde trabajaron la Agencia de Investigación Científica (AIC) y la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos (OAVyT).

En tal sentido, la Justicia y la policía, encabezados por el fiscal Oscar Cazenave, y a través del Laboratorio Forense, iniciaron una investigación para detallar las identidades de las víctimas y otros aspectos vinculados al hecho.

La Justicia imputó por homicidio agravado por el vínculo a una joven de 20 años que a principios de abril llegó a un hospital de Mar del Plata con con el cuerpo de su hijo recién nacido en una mochila.

La autopsia determinó que el chiquito presentaba traumatismos en la zona del cráneo y ese resultado complicó la situación judicial de su madre.

Tras los análisis realizados en el Hospital Materno Infantil, la causa giró en su hipótesis hacia una muerte violenta.

La fiscal Andrea Gómez ordenó el allanamiento de la casa de la mujer y luego pidió su detención.

En tanto, el Juez de Garantías Gabriel Bombinin autorió el operativo en la vivienda de la madre pero no su arresto.

Para avanzar en la causa, la fiscalía solicitó que la mujer se someta a una serie de pericias psicológicas y psiquiátricas.

«Más allá de que los estudios pendientes puedan confirmar otra situación, por el momento se tiene acreditado que el bebé nació vivo y murió en circunstancias dudosas que permiten imputar ese delito», indicó a 0223 una fuente cercana a la causa.

En paralelo la investigación avanza con otras medidas, como la indagatoria al taxista que llevó ese día a la acusada hasta el Centro municipal de Salud 2.

Una adolescente de 16 años habría sido descubierta ayer por la noche en el centro de la ciudad de Resistencia con varios objetos acusados como robados de un local comercial que se ubica en zona de peatonal Illia al 150. La joven terminó notificada por el delito. 

Según explicaron desde la Policía, fue la encargada del local quien alertó a efectivos que recorrían la zona a pie, relatándoles que “una mujer ingresó a la tienda y se llevó varios productos sin abonar”.  

Posteriormente, señalaron que mediante un rastrillaje por la zona pudieron dar con la acusada, quien aseguran identificó la presencia policial e intentó darse a la fuga sin suerte. Tras su detención, descubrieron que la menor contaba en su poder con dos anillos para celular; broches por 10 unidades; dos llaveros; una bolsita con clips; doce aros; un estuche con stras para uñas; una tijera; una pinza para depilar; una brocha de maquillaje; dos luces Led; un borrador; un papel absorbente; un auricular; dos abrochadoras; un sacapuntas; tres cadenas pulsera. 

Ante la situación, aseguraron que la joven fue puesta a disposición de la Fiscalía en turno desde donde la notificaron por “supuesto hurto”.