El juez federal Julián Ercolini dispuso las primeras medidas en la causa que involucra al expresidente Alberto Fernández por la contratación de seguros desde ANSES y el Ministerio de Seguridad, en la cual se sospecha el pago de millonarias comisiones a diversos brokers. La imputación abarca a Fernández y al exjefe de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por malversación de fondos públicos.
A solicitud del fiscal federal Ramiro González, Ercolini pidió obtener los registros migratorios de Fernández, su secretaria María Cantero, y otros imputados. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la contratación de «brokers y empresas privadas» para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante el mandato de Fernández.
El juez requirió información a la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, y organismos de control. Además, se solicitó a la Auditoria General de la Nación (AGN) y a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) la remisión de informes de auditoría relacionados con las contrataciones de seguros por parte del Estado Nacional.
Una orden de presentación a la firma Nación Seguros S.A. fue emitida para que la Policía Federal Argentina recoja documentación relevante. Entre otras medidas, se requerirá copia de las contrataciones de seguros entre el Estado Nacional y las actuaciones administrativas de las entidades contratantes relacionadas con las designaciones productores asesores de seguros en ese contexto.
«Dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios», sostiene la denuncia que surgió de una investigación periodística. Y agrega: «Nación Seguros subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales».
