Categoría: Policiales

El operativo, resultado de una denuncia municipal y reclamos vecinales, culminó con el rescate de víctimas y la detención de los encargados.
Un operativo conjunto entre la Fiscalía 14 y la Policía Federal desmanteló una red de explotación sexual en el Nuevo Cine Ciudadela, en Tres de Febrero. 

Todo comenzó con una denuncia de la Municipalidad de Tres de Febrero. En la noche del sábado, un operativo conjunto entre la Fiscalía 14 y la División de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina allanó el Nuevo Cine Ciudadela, ubicado frente a la estación de tren de la línea Sarmiento.

Este establecimiento venía generando desde hace años una fuerte controversia en el barrio y con la Municipalidad debido a la proyección de películas pornográficas y las actitudes sospechosas de sus visitantes a cualquier hora del día. 

Durante la intervención, las autoridades hallaron víctimas de explotación sexual que trabajaban en condiciones muy precarias y procedieron a la detención de los encargados del lugar.

El procedimiento, realizado en la tarde del sábado, se llevó a cabo a petición de la Municipalidad de Tres de Febrero, en coordinación con el Ministerio de Seguridad nacional, bajo la dirección de Patricia Bullrich. La acción fue una respuesta a los intensos reclamos de los vecinos por el funcionamiento clandestino del lugar. 

«Hace tiempo que veníamos trabajando con la justicia para cerrar este lugar y hoy lo hemos conseguido, saldamos una deuda pendiente con los vecinos de Ciudadela», destacó Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. Tras el operativo, el Nuevo Cine Ciudadela quedó clausurado y bajo la custodia de la Municipalidad.

El misterioso hallazgo se dio a conocer el sábado y ahora la Justicia investiga a expolicía condenado e inquilino de la vivienda.
La Justicia de Córdoba avanza en la investigación tras el macabro hallazgo de un cuerpo dentro de un ropero sellado con cemento en un departamento céntrico de esa ciudad.  

Los esfuerzos se centran en identificar a la víctima, establecer la fecha de la muerte y determinar la posible implicación del inquilino, un expolicía con un historial de homicidio.

El caso salió a la luz el sábado, cuando dos albañiles que realizaban refacciones en un edificio de calle Buenos Aires al 300 detectaron un fuerte olor proveniente de una puerta sellada. Al retirar las maderas, descubrieron un armario cerrado con cemento que contenía un cuerpo envuelto en mantas, atado con cables y en posición sentada.

El departamento 3°B, donde se encontraba el cadáver, era alquilado por Horacio Antonio Grasso, un exagente de la Policía de Córdoba previamente condenado por el crimen de Facundo Novillo Cancinos (6) en 2007 en Salta. 

El encargado de la obra reveló a la policía que había sido contratado por Javier Grasso, hermano del expolicía.

Sospechas sobre el inquilino, con prisión domiciliaria

Las primeras pericias indican que el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, lo que impide hasta el momento determinar el sexo o una edad aproximada, aunque los investigadores sospechan que podría tratarse de una mujer. 

Los forenses estiman que el cadáver podría llevar al menos dos años oculto, y un análisis más preciso de la data de muerte será crucial para cotejar con denuncias de personas desaparecidas. 

Al momento del hallazgo, Horacio Antonio Grasso no se encontraba en el departamento, ya que había sido trasladado al penal de Bouwer días antes por violar las condiciones de su prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

La Justicia, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Distrito N° 1 (subrogada por Florencia Espósito), investiga si Grasso tenía conocimiento de la existencia del cuerpo o si participó, directa o indirectamente, en su ocultamiento. 

Los trabajadores que hicieron el descubrimiento habían sido contratados por el hermano del expolicía para realizar arreglos en el lugar, y trascendió que el armario estaba en una habitación oculta tras una puerta tapiada con listones de madera. Hasta el momento, Grasso no ha sido imputado en esta nueva causa, pero su situación procesal es objeto de análisis.

Debieron evacuar el edificio.
Una amenaza de bomba tuvo lugar en la estación Retiro del tren Mitre y debieron evacuar el edificio.

Desde Trenes Argentinos informaron que los tres ramales del tren Mitre, Tigre, Suárez y Bartolomé Mitre, están interrumpidos por amenaza de bomba.

Respecto al inicio del operativo, indicaron que una empleada de una panadería ubicada dentro de la estación Bartolomé Mitre recibió una amenaza de bomba telefónica, lo que generó la inmediata evacuación de la estación.

Frente a esta situación, la línea C de subte se encuentra habilitada para quienes no puedan circular o tengan que salir de la zona.

Se realiza la correspondiente evaluación por parte de los efectivos de la Policía Federal.

Hay una pelea entre los abogados de los adolescentes asesinados en Varela. Uno cree que fue un robo, pero el otro apunta a una congregación religiosa.
El abogado de la madre de Paloma Gallardo, la adolescente de 16 años que fue encontrada asesinada en un descampado del partido bonaerense de Florencio Varela, denunció que el representante legal de la familia de Josué Salvatierra, la otra víctima, «quiere llevar la investigación para el lado religioso».

Aníbal Osorio, patrocinante de Alicia Pita, conversó con la agencia Noticias Argentinas y sostuvo que «no se pone de acuerdo en un trabajo conjunto» con Carlos Dieguez «porque las dos partes sostenemos diferentes teorías».

El letrado consignó que el patrocinante de los padres de Josué, de 14 años, pidió un allanamiento a un galpón lindero al descampado en el que se descubrieron los cuerpos de los damnificados, donde presuntamente funcionaba la sede de una congregación religiosa conocida como «Familias Sanas».

La finalidad del procedimiento era detectar «manchas de sangre en objetos y los celulares de los dos chicos», pero el resultado fue negativo.

«Él quiere llevar la investigación para el lado de la religión y nosotros creemos que Paloma y Josué fueron víctimas de un hecho de inseguridad», resaltó el abogado.

En este sentido, Osorio afirmó que los informes de la autopsia, las pericias y los estudios criminológicos coinciden en que los autores de los crímenes «no llegaron por azar», sino que «frecuentaban y conocían la zona»: «Esa es la verdad que seguimos sosteniendo, por las víctimas y por el derecho de sus familias a obtener justicia».

«El esclarecimiento del caso exige que se investigue a fondo a las personas que concurrían al predio, ya sea por adicción, situación de calle, actividades ilícitas o incluso conocimiento previo de los damnificados», añadió.

El asesor jurídico, que renunció al patrocinio de Omar Gallardo -padre de Paloma- por «discrepancias», reclama que «las huellas del territorio hablan y no pueden ser ignoradas».

Las condiciones del lugar, como, por ejemplo, la basura, alta vegetación, baja iluminación, signos de ocupación por parte de marginales, carencia de vigilancia y ocultamiento eran «óptimas» para la perpetración de los homicidios, al tiempo que los peritos concluyen en que Josué y Paloma eran jóvenes ajenos al delito.

Los hechos

Paloma y Josué desaparecieron el 27 de febrero a la tarde, cuando presuntamente iban a un gimnasio, pero nunca llegaron, ya que 48 horas después encontraron sus cuerpos en el descampado de Bosques.

El informe forense reveló que la adolescente de 16 años falleció a causa de una «lesión cerebral» provocada por una «fractura de cráneo» y un «traumatismo encefalocraneal grave».

El menor de 14 años murió como consecuencia de una «hemorragia cerebral», también con «fractura de cráneo» y“traumatismo encefalocraneal grave».

La causa se encuentra caratulada como homicidio criminis causa (matar para cubrir otro delito).

La acusada ingresó a la Sala 6 de Maternidad vestida con un uniforme de enfermera. Allí tomó al bebé, que había nacido el día anterior, y lo ocultó entre sus ropas.

La Justicia dictó prisión preventiva para la mujer de 27 años que intentó sustraer un bebé recién nacido de la en la Sala 6 de Maternidad del «Hospital 4 de Junio Dr. Ramón Carrillo” de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. El hecho supone una pena de 5 a 15 años de cárcel.

El suceso ocurrió el pasado 11 de junio alrededor de las 18:30 cuando la acusada, identificada como María Belén Silvestre, ingresó a la Sala 6 de Maternidad vestida con un uniforme de enfermera. Allí tomó al bebé, que había nacido el día anterior, y lo ocultó entre sus ropas.

La mujer nunca llegó a salir del hospital, ya que un familiar de la madre del bebé alertó de inmediato al personal de seguridad. Gracias a las cámaras internas, encontraron a Silvestre en uno de los baños. Se había cambiado de ropa pero seguía escondiendo al menor entre sus prendas.

Según informó la Policía Sanitaria, la mujer se encontraba en un estado de nerviosismo, no pudo explicar por qué tenía al bebé y tampoco mostrar documentación que lo justificara. El menor fue recuperado y entregado a las enfermeras, que lo llevaron nuevamente junto a su madre.

Silvestre quedó bajo custodia policial y, tras ser sometida a un examen médico-legal, la trasladaron a la Comisaría 4ta de Sáenz Peña. Se comprobó que la mujer tiene domicilio registrado en el barrio Nala de esa localidad y es madre de tres hijos menores de edad.

En un primer momento, la Policía también detuvo a la pareja de Silvestre, quien la esperaba en un vehículo afuera del hospital. Sin embargo, la Justicia le dictó la falta de mérito porque no pudo hallar elementos que lo vincularan directamente con la sustracción del bebé, aunque sigue ligado a la causa.

La División de Investigaciones descartó la existencia de una red de trata o secuestros. Las autoridades se mostraron sorprendidas por el caso, al que calificaron de «raro» ya que los sospechosos «no tienen la capacidad ni la logística para robar un chico».

El fiscal Marcelo Soto indicó que Silvestre todavía no declaró y aún no se pudieron establecer los motivos que la llevaron a robar el bebé. Está imputada por el delito de sustracción de menores agravado por tratarse de un niño menor de 10 años, que prevé una pena de 5 a 15 años de prisión.

En la madrugada de este sábado, una mujer de 34 años denunció haber sido víctima de agresiones físicas por parte de su pareja en un hecho ocurrido en el barrio La Ralera. El agresor fue demorado y permanece detenido por orden judicial.

La denuncia fue radicada cerca de la 1:45 en la División de Violencia Familiar y de Género de La Leonesa. La víctima, relató que durante la noche del viernes, alrededor de las 23:30, mantuvo una fuerte discusión con su pareja de 35 años, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. La denunciante expresó que no es la primera vez que se producen episodios de violencia, aunque sí la primera en que decide hacer una denuncia formal.

Por disposición del fiscal de Género N.º 4, Dr. Cáceres Olivera, se ordenó la inmediata aprehensión del agresor, la entrega de un botón de pánico a la víctima, y la intervención de la Línea 137, especializada en asistencia a víctimas de violencia familiar y sexual.

Luego, el presunto autor fue demorado por personal de la División junto a la comisaría local y trasladado al hospital para revisión médica antes de quedar alojado en la Comisaría de La Leonesa, donde fue notificado de su situación legal.

La causa fue caratulada como “Lesiones en contexto de violencia de género”, y continúa bajo investigación judicial.

Todo comenzó el 30 de junio, cuando el menor fue interceptado por un hombre en la esquina de Viamonte y San Lorenzo.

Todo comenzó el 30 de junio, cuando el menor fue interceptado por un hombre en la esquina de Viamonte y San Lorenzo. Bajo amenazas, el agresor le exigió una transferencia de $20.000, y luego lo obligó a caminar con él durante más de 20 minutos. En ese trayecto, el ladrón le robó otras pertenencias de su mochila, incluido un iPhone 11.

Días más tarde, el joven reconoció su celular publicado en redes sociales, a nombre de un usuario identificado como “Maxi”, que lo ofrecía por $250.000. Sin dudarlo, el joven se contactó con el supuesto vendedor, fingió estar interesado en comprar el equipo y alertó a la policía.

Con el aval del fiscal Luis Ferreyra, titular de la UFI N°12, se organizó un operativo encubierto en una estación de servicio YPF ubicada en Tucumán y Juan B. Justo, donde se pactó el encuentro.

El viernes a las 13:30, José Jorge Maximiliano Telechea (22) llegó al lugar con el celular robado y, en ese momento, agentes de civil del Gabinete de Delitos Extorsivos de la DDI lo interceptaron y procedieron a su detención.

El arresto fue filmado por un testigo y duró apenas unos minutos. En el video se ve cómo el sospechoso se acerca al supuesto comprador antes de ser reducido por los efectivos.

El fiscal ordenó la restitución del teléfono al adolescente y el secuestro del celular del imputado como prueba. Telechea quedó detenido a disposición de la Justicia y será investigado por robo y extorsión.

Tiene 34 años y es conocido en la zona por sus andanzas delictivas.

Esta siesta, personal del Servicio Externo de la Comisaría Segunda de Fontana circulaba por calle Perú, cuando al llegar a la intersección con Guido Spano, quisieron demoraron a un sujeto que llevaba varios elementos en sus manos.

El individuo, vio a los efectivos y dejo lo que trasladaba para ingresar a un monte, donde logró escapar.

En el lugar, el personal policial incautó una conservadora, un caminador, una hidrolavadora, un monopatín, una sierra caladora y un parlante, los que habían sido sustraídos en la jornada de ayer.

A continuación, al terminar las actuaciones por este hecho, a unas cuadras del lugar, en el Asentamiento Pinar, solicitaron la presencia policial, por lo que concurrieron de inmediato.

Al llegar, observaron al sujeto que se había escapado instantes antes, que estaba demorado por unos vecinos, quienes lo atraparon cuando salía de una casa con varios elementos.

Por ello, lo trasladaron a la unidad junto con todos los elementos incautados, donde notificaron al detenido en las dos causas por “Supuesto Hurto”.-

Esta mañana alrededor de las 10 horas, efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad lograron la detención de dos hombres relacionados con un robo a mano armada el pasado 10 de marzo en la ciudad de Fontana. En ese hecho, la víctima fue sorprendida al llegar a su domicilio y despojada bajo amenaza con arma de fuego de más de 19 millones de pesos.

Los detenidos habrían utilizado una motocicleta Yamaha modelo FZ para escapar tras el ilícito. Además, el automóvil Chevrolet modelo Joy, empleado durante el hecho, fue secuestrado tras confirmarse que tenía un pedido activo de secuestro. La Fiscalía ordenó el traslado del vehículo para su resguardo.