Categoría: Policiales

La víctima, de 69 años, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continúa internado.

Un nuevo hecho de inseguridad en el conurbano bonaerense tuvo como víctima a un policía federal retirado. Esta vez ocurrió en Castelar, donde un exagente de 69 años resultó baleado por dos motochorros que intentaron robarle. El ataque, que tuvo lugar el pasado 27 de junio, se conoció recién en las últimas horas y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

El hecho se produjo en la calle Pedro Ferré al 4350, cuando Ramón Aureliano Arias, acompañado por su pareja, descendía de su auto. Según informaron fuentes policiales y el portal Primer Plano, dos delincuentes en moto frenaron al verlo y lo atacaron a tiros para concretar el robo. Dispararon varias veces: dos de los proyectiles impactaron al expolicía en el tórax y el brazo izquierdo. Luego escaparon sin concretar el robo.

Un vecino que presenció la escena corrió a asistirlo, lo cargó en el mismo vehículo que había sido escenario del ataque y lo trasladó de urgencia al Hospital Dr. René Favaloro, en Rafael Castillo. Allí, los médicos confirmaron que Arias presentaba dos heridas de bala con entrada y salida. La Policía llegó al hospital alertada por un llamado al 911, y luego inspeccionó el auto de la víctima, donde encontró un impacto de bala en el guardabarros lateral izquierdo.

Arias se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continúa internado. La investigación quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial de Morón, que trabaja para identificar a los agresores.

Se trata del ciudadano italiano Leonardo Bertulazzi, quien ingresó al país en 2002 tras ser condenado y darse a la fuga.
Un ex integrante de las Brigadas Rojas, una antigua organización criminal dedicada a la comisión de actos terroristas en Italia será extraditado por la Policía Federal tras ser detenido en la Ciudad de Buenos Aires, bajo estrictos lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Se trata del ciudadano italiano Leonardo Bertulazzi, cuya situación judicial inició en aquel país europeo cuando las autoridades lo imputaron por integrar las denominadas Brigadas Rojas, una banda con frondosos prontuarios ligados directamente al terrorismo y que operó durante las décadas de 1970 y 1980.

“Dicha estructura de extrema izquierda es recordada por secuestrar y posteriormente asesinar en la ciudad de Roma al entonces ex primer ministro italiano Aldo Moro, hecho ocurrido en mayo de 1978”, destacaron fuentes policiales.

Sin embargo, luego de ser imputado por la Justicia de su país, Bertulazzi se fugó, por lo que se lo declaró en rebeldía. Había sido sentenciado a 27 años de prisión, condena unificada, por diversos delitos ocurridos en 1977 y 1980.

En 2002 ingresó a la República Argentina, pero fue descubierto y, en consecuencia, detenido en Buenos Aires al año siguiente.

“Tras permanecer arrestado por el término de ocho meses, el mismo resultó liberado ya que la ley nacional no preveía la extradición en casos de condena en ausencia. Sin embargo, un año después la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) le concedió asilo en territorio argentino”, sumaron.

Durante los años siguientes las autoridades italianos trataron de repatriar al acusado, pero recién el nombre de Bertulazzi volvió a aparecer en agosto de 2024 cuando la propia CONARE “declaró el cese del status de refugiado de dicho individuo”.

De este modo, el Juzgado Criminal y Correccional N°1 a cargo de María Romilda Servini, ordenó el arresto domiciliario del mismo, el cual oportunamente fue realizado por personal de la PFA.

Transcurrido poco menos de un año, la Justicia convocó al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA “con la finalidad de que sus agentes allanen su domicilio, ubicado sobre la calle Defensa al 600, barrio porteño de San Telmo”.

Este operativo ocurrió días atrás cuando los efectivos federales, en conjunto con sus pares de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento INTERPOL, “irrumpieron en la vivienda, identificando al imputado y procediendo a su captura”.

En el procedimiento también participó personal de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad Nacional, que se encargaron de quitarle el dispositivo de tobillera electrónica.

“El detenido, 73 años, quedó a disposición del magistrado interventor a la espera de la continuación de su debido proceso penal y con fines de extradición”, concluyeron.

Las pericias realizadas en la casa de Villa Devoto donde murieron cinco personas esta semana dan cuenta de una falla en una caldera y de falta de ventilación.

Peritos de la Policía Científica analizaron la casa ubicada en la calle Sanabria al 3700, en el barrio de Villa Devoto, donde el martes de esta semana murieron cinco personas -incluida una nena de 4 años- debido a un escape de gas.

Los primeros resultados de las pericias dan cuenta de la causa de muerte de cinco de las seis personas que estaban alojadas en la casa de Villa Devoto: todas sufrieron intoxicadas por inhalar monóxido de carbono emanado por una caldera que funcionaba mal.

Además de la falla en la caldera, las rejillas y las aberturas del domicilio estaban selladas con cinta y nylon. Ahora se intenta determinar quién tapó de ese modo las vías de ventilación de la casa, que podrían haber minimizado el efecto del monóxido de carbono.

Las víctimas fueron identificadas como Demetrio De Nastchokine, 79 años, y su mujer, Graciela Just, 74; también estaban Andrés De Nastchokine, de 43, y Marie Lanane, de 42, que eran los padres de la quinta víctima fatal, Elisa De Nastchokine, de 4 años.

Andrés, Marie y sus dos hijos habían llegado el lunes de esta semana a la Argentina para visitar a su familia. Un día más tarde, estaban todos muertos menos la menor de las criaturas, que tiene entre dos y tres años.

Quien descubrió el terrible escenario fue Mariana, otra de las hijas de Demetrio y Graciela, porque nadie le contestaba el teléfono y fue a la casa de Villa Devoto a ver qué pasaba.

La mujer se desvaneció apenas abrió la puerta de la casa de sus padres, presuntamente también por la inhalación de monóxido de carbono.

Un vecino observó la secuencia y llamó al 911, lo que dio inicio a un operativo en el que intervinieron 10 ambulancias del SAME y personal de Bomberos y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Al llegar a la casa los efectivos supieron por Mariana De Nastchokine que «se mareó al abrir la puerta principal» de la casa de sus padres.

Luego encontraron los cuerpos: en una habitación del primer piso hallaron a Andrés y Marie, y a su hija más grande, y en otro cuarto dieron con el bebé, que estaba consciente, pero con «síntomas de intoxicación por monóxido de carbono», por lo que fue derivado al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez tras pasar por el Zubizarreta.

En un cuarto del segundo piso se localizó a los dueños de casa, ambos fallecidos.

De manera inmediata personal de bomberos procedió a la apertura de las distintas ventanas y puertas, a fin de ventilar el domicilio. Una vez que el ingreso fue asegurado, personal de SAME constataron las muertes de cinco integrantes de la familia.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, a cargo de Eduardo Rosende.

Los agentes incautaron un taladro y un reel.

Esta mañana, un hombre recupero unos elementos que fue sustraído de su vivienda gracias a la rápida intervención del personal de la Comisaría Primera de Fontana.
El hecho fue denunciado alrededor de las 07 por un vecino del barrio Balastro II, quien manifestó que personas desconocidas habían ingresado a su domicilio y en la parte del depósito, previo forzarlo se llevaron una amoladora marca Black & Decker, herramientas de mano y una caña con su correspondiente reel.
De inmediato iniciaron el rastrillaje, y a los pocos minutos tras recorrer la zona del hecho, avistaron a un sujeto llevando unos elementos.
Éste al notar la presencia policial intenta darse a la fuga, siendo demorado. Allí fue identificado siendo un hombre de 32 años, a quien se le incautó de su poder los elementos mencionados.
La fiscalía interviniente, a cargo de la Dra. Rita Wenner, dispuso que se notifique al demorado su aprehensión en la causa por supuesto robo. Asimismo, ordenó la restitución de los elementos sustraídos al damnificado.

Macarena Ortíz, de 28 años, fue sentenciada a prisión perpetua por asesinar a Tahiel en 2022.
Macarena Ortíz, la joven que fue condenada a prisión perpetua por matar a su hijo Tahiel Moussou en mayo de 2022 en la provincia de Entre Ríos, falleció en la cárcel tras sufrir problemas respiratorios.

La mujer tuvo que ser trasladada en los últimos días desde la Unidad Penal Nº 6 “Concepción Arenal”, donde cumplía la condena, hasta el hospital San Martín por complicaciones en su salud. Allí las autoridades informaron que, después de estar internada, falleció por problemas respiratorios.

El caso

La joven de 28 años fue sentenciada a la pena máxima por matar a su hijo de 2 años y 11 meses el 2 de mayo de 2022.

Aquel día, Ortíz arribó al Hospital Centenario de Gualeguaychú con su hijo en brazos, envuelto en una frazada. Pese a la labor de los médicos, Tahiel falleció.

La autopsia fue clave. La pericia reveló que el niño presentaba un traumatismo encefalocraneano severo, hematomas, escoriaciones y lesiones compatibles con maltrato físico.

A su vez, se pudo constatar que el pequeño ya había estado internado en otras oportunidades por quemaduras y problemas de higiene, que le provocaron infecciones.

De este modo, se procedió a la inmediata detención de la acusada, quien meses después llegó a juicio oral donde se dio a conocer el calvario que había sufrido el menor.

Ortíz fue condenada a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía contra su hijo.

Alfredo Sebastián Ferreyra, padrastro del niño, también había sido detenido por violencia intrafamiliar, pero días después se suicidó en la Jefatura Departamental provincial.

El hombre fue extraditado desde Bolivia y llegó a la Argentina este miércoles a la madrugada.
Damián Reifenstuel, el acusado del crimen de Ivana Garcilazo en 2023 y que fue extraditado desde Bolivia, fue trasladado hasta la ciudad santafesina de Rosario.

El hombre llegó al país este miércoles a la madrugada tras un amplio operativo por parte de efectivos de Interpol de Bolivia y horas después la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, realizó una conferencia de prensa en el que se mostró el momento en el que Reifenstuel fue derivado hasta Rosario en helicóptero.

El acusado quedará alojado en la cárcel de Piñero y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe adelantó que este viernes recibirá la imputación vía virtual.

Bullrich destacó que se trata de «un día muy importante para el país y para los rosarinos» y remarcó que el asesinato de Ivana «fue una agresión en el marco de un espectáculo deportivo» a raíz de que la hincha de Rosario Central recibió un piedrazo en la cabeza cuando circulaba en moto, cerca del estadio Gigante de Arroyito, donde el Canalla le ganó a Newell’s por 1 a 0.

La ministra explicó que el presunto homicida fue detenido el 21 de febrero pasado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra por Interpol y la Policía Nacional de Bolivia, luego de permanecer prófugo durante casi dos años.

«Después fue denunciado por una ex pareja por violencia de género y eso nos dio determinadas informaciones de su paradero», añadió la funcionaria, y afirmó: «Es fundamental que haya justicia y que estos hechos impunes. Estos asesinos no pueden quedar prófugos en otro país como si nada hubieran hecho porque el que las hace las paga».

El gobierno de la provincia de Santa Fe pagó la recompensa de $10 millones a la persona que aportó datos certeros sobre la procedencia de Reinfenstuel.

Sin embargo, Silvina Garcilazo, la hermana de la víctima, criticó que el sindicado “no pisa ni siquiera Rosario” y que “no va a la audiencia presencial tampoco”.

“Así cuidan a un asesino en nuestro país. Es una burla posta. ¿Ahora a él lo cuidan y es la víctima? ¿Y nosotros que seríamos, los asesinos?”, se preguntó Silvina en su cuenta de la red social X, pero luego borró la publicación.

El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, dispuso su inmediata detención en carácter de incomunicado.
El Departamento Federal de Investigaciones (DFI – Policía Federal Argentina) dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, capturó a Gustavo Alejandro Bruzzone, prófugo desde hace casi dos años e integrante clave de una organización criminal desarticulada durante la “Operación Rosario-Dubái”, uno de los mayores golpes al narcotráfico internacional.

La detención fue realizada por la Brigada de la Dirección General de Operaciones Antidrogas de la Hidrovía del Paraná, que lo localizó en la localidad bonaerense de Haedo. Bruzzone fue interceptado mientras intentaba visitar a un familiar y se movilizaba en un Peugeot 208, que fue secuestrado junto a su teléfono celular. El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, dispuso su inmediata detención en carácter de incomunicado.

Bruzzone era colaborador directo de José “Tano” Sofía, condenado a 11 años de prisión por su rol en el intento de enviar más de 1.600 kilos de cocaína desde Rosario a Emiratos Árabes Unidos, con destino final en Europa. Esa operación, descubierta tras seis meses de investigación, fue bautizada “Rosario-Dubái”.

El despliegue incluyó 12 allanamientos simultáneos en el barrio Empalme Graneros, en Rosario, donde se hallaron dos galpones con la droga camuflada en bolsones de alimento balanceado y listos para ser cargados en contenedores con maíz, con destino de exportación a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Participaron en la investigación la AFIP, Aduana y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA). El valor estimado de la droga secuestrada en el exterior superaba los 60 millones de dólares.

Los panes de cocaína presentaban sellos distintivos —algunos con el dibujo de Mickey Mouse— y la organización contaba con recursos logísticos, vehículos de alta gama y armamento, que también fueron incautados.

Se declaró culpable durante una audiencia preliminar celebrada tras un acuerdo entre la fiscal de Violencia de Género, Paula Arana, y la defensa del acusado.
La Justicia de Mendoza condenó a Walter Conna, reconocido entrenador de hockey sobre césped y exintegrante de cuerpos técnicos de Las Leonas, Los Leones y Los Leoncitos, a tres años de prisión en suspenso por seis hechos de abuso sexual simple.

La causa se inició a partir de la denuncia de una joven jugadora que tenía 16 años al momento de los abusos, ocurridos en 2019. Conna se declaró culpable durante una audiencia preliminar celebrada tras un acuerdo entre la fiscal de Violencia de Género, Paula Arana, y la defensa del acusado para cerrar el proceso mediante un juicio abreviado.

El fallo fue dictado por el juez Néstor Murcia, quien determinó además que Conna deberá cumplir con una serie de reglas de conducta estrictas para mantener su libertad.

Entre ellas, tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de la víctima o de su domicilio, contactarla por cualquier medio, incluidas las redes sociales, y deberá someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas, fijar domicilio, abstenerse de consumir alcohol o drogas y presentarse periódicamente ante la Justicia.

Conna, de 52 años, es una figura destacada del hockey mendocino y fue técnico del seleccionado masculino de Mendoza —campeón del último Campeonato Argentino de Selecciones— y participó en diferentes procesos con los seleccionados nacionales.

A raíz de la condena, la Justicia también ordenó notificar la sentencia a las ligas y autoridades vinculadas al deporte en la región, como la Liga Sanrafaelina de Hockey, la Asociación Mendocina y la Municipalidad de San Rafael.

El caso había sido elevado a juicio en abril de este año, y hasta la audiencia de este lunes, Conna se mantenía en libertad con restricciones. Ahora, aunque continuará en libertad, deberá cumplir de forma estricta con las condiciones impuestas, bajo pena de ir a prisión en caso de incumplimiento.

El defensor de Niños, Niñas y Adolescentes adhirió a la formulación de cargos.
La Fiscalía Descentralizada de San Antonio formuló cargos contra una pareja que fue aprehendida ayer por la presunta agresión física a su hijo de tan solo ocho meses de edad.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los hechos habrían ocurrido en una fecha que aún no pudo determinarse con precisión, pero que comprende los días previos al 6 de junio, momento en que el niño fue asistido en el hospital de Las Grutas.

Durante la audiencia, la acusación pública describió las lesiones detectadas en el menor y señaló que la calificación legal provisoria corresponde a lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas contra un descendiente. Esta calificación está prevista en el Código Penal argentino.

Como sustento de la imputación, la Fiscalía presentó diversos elementos de prueba. Entre ellos, figuran el informe médico elaborado por el profesional tratante, las actas de aprehensión de la pareja, las constancias de notificación de derechos, la denuncia penal, un informe de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la orden judicial de internación del niño y las evaluaciones médicas posteriores.

El defensor de Niños, Niñas y Adolescentes adhirió a la formulación de cargos. Por su parte, el defensor penal que representa a los imputados anunció que sostendrá una teoría alternativa de los hechos. Según indicó, explicará cada una de las lesiones en ese marco de defensa.

El juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos contra la pareja y fijó un plazo de investigación preparatoria de cuatro meses, que culminará el 13 de noviembre.

En relación con las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del progenitor. El fiscal argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que todavía deben realizarse estudios médicos al niño y entrevistas mediante Cámara Gesell a otras hijas menores de la pareja.

En el caso de la madre, el Ministerio Público requirió medidas de prohibición de acercamiento y contacto. A pesar de la oposición de la defensa, el juez hizo lugar al planteo fiscal. En consecuencia, ordenó la prisión preventiva del hombre por un plazo de dos meses.

Respecto de la mujer, el magistrado dispuso que fije un domicilio y prohibió todo contacto con su hijo, excepto cuando resulte indispensable garantizar la continuidad de la lactancia. En esos casos, el juez estableció que se realizará un acompañamiento institucional.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) quedará a cargo del control de estas situaciones. Mientras tanto, el niño permanecerá bajo el cuidado de su grupo familiar ampliado.