Ocurrió en la escuela secundaria Rigby, cerca de Idaho Falls. La agresora, que fue desarmada por una maestra, asiste a sexto grado y tiene entre 11 y 12 años.
Una alumna de sexto grado sacó una pistola de su mochila y disparó dentro de una escuela situada en el estado de Idaho, en el noroeste de Estados Unidos, lo que causó heridas a tres personas, informó la Policía.
La agresora fue desarmada por una maestra. La estudiante de la escuela secundaria Rigby, cerca de Idaho Falls -cuyo nombre permaneció reservado- asiste a sexto grado y tiene entre 11 y 12 años, según informó la agencia AFP.
La niña «sacó una pistola de su mochila, disparó múltiples rondas dentro y fuera de la escuela», indicó el alguacil del condado de Jefferson, Steve Anderson.
El alguacil dijo que las lesiones sufridas por dos estudiantes y un miembro del personal de la escuela no amenazan sus vidas.
«Durante el tiroteo, una maestra desarmó a la estudiante y la retuvo hasta que la policía la puso bajo custodia», agregó Anderson en una conferencia de prensa. El hecho es investigado por el FBI y a nivel local.
Estados Unidos ha sufrido una serie de tiroteos masivos en las últimas semanas: uno en una instalación de FedEx en Indianápolis, otro en un edificio de oficinas en California, además de un ataque en una tienda de comestibles en Colorado y otro en varios spas en Atlanta.
El mes pasado, el presidente Joe Biden calificó la violencia armada en Estados Unidos como una «epidemia» y una «vergüenza internacional».
El año pasado hubo más de 43.000 muertes relacionadas con armas en el país, incluidos suicidios, según Gun Violence Archive.
Francia y Rusia se sumaron a Estados Unidos y apoyaron una exención de las patentes de las vacunas contra el coronavirus para ayudar a países pobres a conseguir más dosis y acelerar la inmunización en medio de un agravamiento de la pandemia.
El giro del Gobierno de Estados Unidos de apoyar un alivio a las reglas de propiedad intelectual de las vacunas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) cayó como una bomba en medio de un debate que se remonta a varios meses.
Organizaciones humanitarias celebraron la nueva postura de Estados Unidos, que hasta ahora se había alineado con países desarrollados que rechazaban la idea propuesta por India y Sudáfrica en octubre pasado, pero la industria farmacéutica puso el grito en cielo.
El apoyo de Estados Unidos y Francia, dos países con grandes compañías de biotecnología y Rusia, una potencia estatal en el desarrollo de vacunas, es importante, pero todavía quedan muchos obstáculos por superar para concretar la iniciativa.
El papa Francisco ya había dado su bendición a la idea, y el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, monseñor Vincenzo Paglia, dijo hoy a Télam que el Vaticano celebraba la sabia decisión del presidente estadounidense, Joe Biden.
La atención está centrada en las naciones más ricas, sobre todo de la Unión Europea (UE) y Francia, que fue la primera en manifestar su apoyo.
«Estoy completamente a favor de la liberación de la propiedad intelectual», dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, al visitar un centro de vacunación contra el coronavirus en París.
En Moscú, el presidente ruso, Vladimir Putin, también dio su espaldarazo a la idea.
«Por supuesto, Rusia apoyaría una idea así», dijo Putin en una reunión consagrada a la pandemia y retransmitida por televisión, en la que pidió al Gobierno ruso estudiar esta posibilidad.
Sin embargo, Macron también expresó sus dudas -así como hicieron las grandes compañías farmacéuticas- de que la idea sea la panacea.
Incluso con una exención de las patentes, las compañías productoras de medicamentos de países como los de África no están equipadas como para hacer vacunas contra la Covid-19, así que por ahora se debería priorizar las donaciones, dijo Macron.
Otro escollo más importante es el hecho del consenso que requieren todas las decisiones de la OMC, que pueden ser bloqueadas por cualquiera de los 164 Estados miembro del organismo de comercio de la ONU, que tiene su sede en Ginebra.
La presidenta de la Comisión Europea (CE), el Ejecutivo de la UE, dijo que el bloque de 27 países estaba listo para discutir la propuesta de Estados Unidos, pero no llegó a respaldarla expresamente.
«Estamos dispuestos a discutir cómo la propuesta de Estados Unidos de una suspensión temporal de la protección de la propiedad intelectual de las vacunas contra al Covid-19 podría ayudar» a superar la crisis sanitaria mundial, dijo en un video.
«En el corto plazo, sin embargo, llamamos a todos los países productores de vacunas a permitir las exportaciones y evitar medidas que afecten la cadena de abastecimiento», agregó, informó la agencias de noticias Europa Press.
Sus declaraciones se hacen eco de las de la industria farmacéutica global, que insiste en que una solución más a la mano es que los países ricos donen a los pobres las vacunas que tienen almacenadas.
La industria insiste en que la producción de las vacunas es muy complicada y que no puede aumentarse solo aliviando las leyes de propiedad intelectual.
En cambio, dice que reducir los obstáculos en la cadena de suministro o la escasez de insumos para la producción de vacunas son ahora cuestiones que requieren una solución más urgente.
«Una exención es una respuesta simple pero equivocada a esta situación compleja», dijo en un comunicado la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (Ifpma).
«No incrementará la producción de vacunas y no aportará las soluciones prácticas necesarias para combatir esta crisis sanitaria global», agregó la nota.
Luego del anuncio de Biden, Evve Goddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional para la UE, llamó a Europa a «poner la salud y los derechos humanos de todos antes que la ganancia de los privados» y a apoyar la exención de las patentes.
El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó ayer la decisión de histórica, y sumó su apoyo el jefe para África del organismo de salud de la ONU.
«Una exención de patentes de vacunas y medicamentos para #COVID19 podría cambiar el juego en África, al desbloquear millones de dosis y salvar incontables vidas», dijo Matshidiso Moeti, director de la OMS África, en Twitter.
Apenas un poco más de 20 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus han sido aplciadas en África, un continente de 1.300 millones de habitantes.
Gavi, la alianza para las vacunas que coauspicia la iniciativa Covax de la ONU para distribuir vacunas entre países pobre, también dio la bienvenida al cambio de posición de Estados Unidos, así como la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF).
El jefe de salud de la Unión Africana (UA), John Nkengasong, dijo hoy a periodistas: «Creemos que cuando se escriba la historia de esta pandemia, se recordará la decisión de Estados Unidos como la correcta en el momento justo».
Ante la escasez de inyecciones letales, la última vez que Carolina del Sur ejecutó a un prisionero fue hace diez años.
Los diputados de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur votaron este miércoles, por 66 a 43, a favor de añadir el fusilamiento entre las opciones del método de ejecución en ese estado estadounidense, informa AP.
En marzo, el proyecto de la ley fue apoyado por los senadores locales. El gobernador, Henry McMaster, también ha respaldado la iniciativa y ya afirmó que firmará la ley.
Ante la escasez de inyecciones letales, la última vez que Carolina del Sur ejecutó a un prisionero fue hace diez años. Actualmente, en el corredor de la muerte se han acumulado 37 personas, de las cuales tres ya no pueden apelar.
Hasta el momento, los presos pueden elegir entre la inyección letal y la silla eléctrica como forma de ejecución sin embargo la inyección es el método predeterminado que se aplica cuando un condenado se niega a hacer una elección ya que no pueden ser ejecutados por electrocución a menos que hayan elegido ese método.
A partir de esta nueva ley, el fusilamiento como método para aplicar la pena de muerte después de Utah, Oklahoma y Misisipi convirtiéndose en uno de los nueve estados que utilizan la silla eléctrica.
Se trata de una versión monodosis de la vacuna basada en adenovirus humanos Sputnik V, que requiere dos administraciones con un intervalo de 21 días.
Las autoridades rusas aprobaron el uso de la vacuna de una dosis contra el coronavirus Sputnik Light, anunció el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas inglesas), que comercializa el inmunizante.
«El Ministerio de Sanidad de Rusia, el Centro de Investigación de Epidemiología y Biotecnología Gamaleya y el RDIF anuncian el registro de la vacuna monocomponente contra el coronavirus Sputnik Light», aseguró el comunicado difundido por la agencia de noticias rusa Sputnik.
La nota destacó que «la eficacia de la vacuna monodosis Sputnik Light es de 79,4 por ciento desde el día 28 después de su aplicación».
Se trata de una versión monodosis de la vacuna basada en adenovirus humanos Sputnik V, que requiere dos administraciones con un intervalo de 21 días para la inmunización completa y cuya eficacia alcanza el 91,6%.
El director del Centro Gamaleya, Alexandr Guíntsburg, subrayó que «Sputnik Light puede impedir la propagación del coronavirus gracias a una inmunización más rápida de los grupos de población grandes», en el comunicado del RDIF.
Asimismo, sostuvo que la vacuna permite «mantener altos niveles de inmunidad a las personas que superaron el coronavirus».
«Sputnik Light es un buen instrumento tanto para la primera aplicación como para la segunda, y además para aumentar la eficacia (de la vacunación) a la hora de combinar las vacunas», apuntó.
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, aseguró este jueves que la Unión Europea está «dispuesta a discutir» la idea de levantar de manera temporal la protección que ofrecen las patentes sobre las vacunas desarrolladas contra el coronavirus.
Así lo expresó luego de que el miércoles el Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden apoyara la exención de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, un pedido que hasta ahora las principales potencias del mundo y fabricantes de los inoculantes rechazaban en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
«La Unión Europea está dispuesta a discutir toda propuesta dirigida a afrontar la crisis de manera efectiva y pragmática», indicó este jueves la jefa del Ejecutivo comunitario durante un discurso en el que se refirió al anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según consignó la agencia DPA.
En este sentido, Úrsula von der Leyen afirmó: «Estamos dispuestos a discutir cómo la propuesta para una suspensión temporal de la protección de la propiedad intelectual de la vacunas contra al Covid-19 podría ayudar a lograr ese objetivo».
Este gesto supone un cambio en la dinámica europea que hasta ahora se ha resistido a abrir la reflexión sobre la liberalización de las patentes de los sueros contra el virus porque, según Bruselas, no sería una respuesta efectiva.
El miércoles, la representante comercial estadounidense Katherine Tai había señalado en un comunicado que «se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de Covid-19 exigen medidas extraordinarias».
«El Gobierno (de Estados Unidos) cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero, en aras de poner fin a esta pandemia, apoya la exención de esas protecciones para las vacunas contra el Covid-19», aseguró la representante comercial estadounidense.
Los resultados demostraron que el ADN del arma pertenece en realidad a otro hombre que hasta el momento no se ha identificado.
Las ejecuciones de prisioneros suelen ser un tema complicado en la justicia, y antes de hacerlas es necesario realizar una investigación profunda, ya que pueden suceder equivocaciones como la de Ledell Lee, quien fue ejecutado en 2017.
El sujeto, fue sentenciado por un asesinato en 1993, y su ejecución fue muy comentada por ser la primera en Arkansas, luego de varias décadas. Según el medio The Hill, a pesar de la muerte de Lee, su familia continuó apelando ante la corte para probar su inocencia.
Y este año finalmente obtuvieron una prueba de su inocencia, al analizar nuevamente el ADN que se obtuvo de la pistola usada en el crimen, así como una camiseta en la que se envolvió, probablemente para ocultarla.
Los resultados demostraron que el ADN del arma pertenece en realidad a otro hombre que hasta el momento no se ha identificado.
De acuerdo a The Hill, aunque no hay nada que se pueda hacer para enmendar la decisión de las autoridades, la familia de Ledell Lee está feliz de poder probar que él era inocente.
La pareja no ha dado a conocer públicamente sus planes de divorcio financiero, aunque han enfatizado que cooperarán para continuar con sus proyectos filantrópicos.
Bill y Melinda Gates eran, hasta su divorcio el pasado lunes, una de las parejas más ricas del mundo con una fortuna calculada alrededor de los 120 mil millones de euros (146 mil millones de dólares).
La separación de su patrimonio, que incluye propiedades en cinco estados de Estados Unidos, un jet privado, una asombrosa colección de arte y una flota de autos de lujo, ya se habría realizado en un acuerdo de separación, según publica TMZ.
Los documentos de divorcio obtenidos por el citado medio revelan que la pareja no había firmado ningún tipo de acuerdo prenupcial, que Melinda no ha solicitado ningún apoyo económico ni pensión tras el divorcio y que es casi seguro que el caso se resuelva sin juicio por medio de algún acuerdo privado. Hay que tener en cuenta que la hija menor de los tres hijos de la pareja ya ha cumplido la mayoría de edad.
La riqueza de los Gates se originó en Microsoft, pero las acciones del fabricante de software ahora probablemente representan menos del 20% de sus activos.
La pareja no ha dado a conocer públicamente sus planes de divorcio financiero, aunque han enfatizado que cooperarán para continuar con sus proyectos filantrópicos.
El anuncio del lunes de que la pareja se está separando tras 27 años de matrimonio en cierto modo tiene el poder influir en la industria de la tecnología, y en los ámbitos de cooperación en los que contribuían como la salud global, la política de cambio climático y los problemas sociales, incluida la igualdad para las mujeres.
Este es el segundo divorcio entre las fortunas más prominentes del planeta tras la separación de Jeff Bezos y MacKenzie Scott en 2019. Pero para Bill y Melinda Gates, separar los activos plantea potencialmente un desafío mayor que dividir la fortuna de Bezos, que se concentraba principalmente en las acciones de Amazon.
El ministro de Turismo italiano, Massimo Garavaglia, dijo a Télam que Italia habilitará desde mediados de mayo un certificado para garantizar la «movilidad segura» dentro del territorio a personas ya vacunadas o recuperadas del coronavirus, como parte de un plan para revitalizar la industria del sector, que representa casi el 13% de la economía del país.
«El certificado ha sido aprobado en el Consejo de Ministros y, en la medida de lo posible, buscamos que permita una movilidad segura y el regreso de las reservas de los extranjeros en nuestro país», planteó Garavaglia en Roma.
El plan, dado a conocer por el premier Mario Draghi en las últimas horas, busca anticiparse al denominado pasaporte verde europeo que el bloque continental pondrá en práctica desde los primeros días de junio para consentir los desplazamientos dentro de los 27 miembros sin necesidad de test o cuarentenas.
«Lo primero que hay que hacer es volver a la facturación, que es el primer auxilio para el sector. Con el reinicio del turismo se ayuda sobre todo al trabajo de las mujeres, los jóvenes, y sobre todo en el sur» del país, agregó Garavaglia.
En ese marco, el ministro de la cartera creada por Draghi a mitad de febrero adelantó que habrá «otras medidas particulares a corto plazo que también se refieren a los métodos para reiniciar el empleo de la manera más sencilla y ordenada posible en un sector que por definición necesita cierta flexibilidad».
Italia, que presentó las medidas en el marco de una reunión de turismo del G20, del que tiene la presidencia, planteó en un comunicado que en 2020 hubo una caída de llegadas de turistas internacionales de un 73% a nivel mundial e impactos sin precedentes en los grupos vulnerables y pequeñas y medianas empresas.
«No tengo dudas de que el turismo volverá más fuerte que antes», planteó Draghi al lanzar el plan que describió como «una ayuda a una industria que fue tan dañada durante este cierre tan prolongado» a causa de la pandemia y las restricciones afrontadas para frenar la difusión del coronavirus.
Dentro de Italia, las 14 de las 20 regiones del país catalogadas como «zona amarilla», o de riesgo epidemiológico medio, ya permiten los desplazamientos internos y entre ellas, más allá de las revisiones semanales de los índices de contagios.
Con 121.738 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia, Italia mantiene por el momento el toque de queda nocturno a nivel nacional, de 22 a 5, y los restaurantes pueden servir en las mesas al exterior.
Según las últimas disposiciones del Gobierno, la reapertura de los bares y restaurantes dentro de los locales iniciará el 1 de junio en las zonas que sean catalogadas como «amarillas».
Mientras tanto, dentro de la coalición de Gobierno, la derechista Liga de Matteo Salvini y la centrista Italia Viva (IV) del expremier Matteo Renzi intensificaron en las últimas horas sus pedidos para flexibilizar las restricciones horarias.
«Hace falta estirar los horarios de los bares y restaurantes y permitir que los restaurantes ya abran para la atención al interior», planteó en declaraciones televisivas el diputado Ettore Rosatto, de IV.
«El toque de queda nocturno es un daño a la salud», había planteado Salvini horas atrás al reclamar la eliminación de la restricción.
Hasta el momento, 6.522.822 personas completaron el ciclo de vacunación en Italia, mientras el Gobierno espera mantener un ritmo de 500.000 aplicaciones diarias hasta el verano.
A nivel económico, la pandemia provocó que la economía cayera 8.8% en 2020, golpeando especialmente al sector del comercio, incluidas actividades como la gastronomía y el alojamiento, en el que se perdieron 1,5 millones de puestos de trabajo, según la organización Confcommercio.
Si bien el presidente Duque retiró la resistida reforma, prometió redactar otra y que el ministro de Haciendo presentó su renuncia, el Comité Nacional del Paro redobló este martes la apuesta.
Pese a la concesión del Gobierno y a casi una semana de la sangrienta represión, el movimiento de protestas no aflojó hoy en Colombia con manifestaciones en diferentes puntos del país, crecientes denuncias dentro y fuera del territorio por el «uso excesivo de la fuerza» de la policía y la convocatoria para mañana de una nueva gran movilización en todo el territorio.
Estudiantes, trabajadores, indígenas y otros grupos de la sociedad civil participaron en manifestaciones y piquetes en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y la caribeña Barranquilla, en una señal de que la convulsión social desatada por la reforma tributaria del Gobierno no terminó, según reportó el diario El Tiempo.
Todo pese a que Duque anunció la creación de una mesa diálogo nacional que incluirá a los sectores y actores del país en busca de soluciones al descontento ciudadano.
«Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones. No deben mediar diferencias ideológicas, sino un profundo patriotismo. Es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, los gobernadores, los alcaldes, y los líderes de la sociedad civil», subrayó el mandatario, en un mensaje que replicó su cuenta de la red Twitter.
Las reuniones comenzarán este miércoles mismo con presencia de «las Cortes, los entes de control, la Fiscalía, los presidentes de Senado y Cámara, y también representantes de la sociedad civil, los gobernadores, alcaldes, asociaciones, el sector privado y a quienes están en las Juntas de Acción Comunal, entre otros», explicó el mandatario.
En paralelo, el frente social convocó a marchar este miércoles porque «la gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria» y lanzó un nuevo pliego.con nuevas reivindicaciones, entre ellas el retiro del proyecto de reforma de salud, un mejor manejo de la pandemia y una renta básica acorde a la canasta de alimentos.
Los nuevos pedidos son claros: desmilitarizar las ciudades, castigar a los responsables de agresiones contra manifestantes, retirar un proyecto de ley que pretende reformar la salud local en tiempos de crisis por la pandemia y disponer de una renta básica más alta.
«La reforma tributaria fue el motivo para que explotaran todas las inconformidades que tienen las comunidades de este mal Gobierno», explicó a Télam la concejala de la fuerza de izquierda Polo Democrático en Cali, Ana Eroza.
En esa ciudad de 2,2 millones de habitantes, capital del departamento del Valle del Cauca y epicentro de las protestas, se registraron anoche nuevas escenas de represión policial y algunos disturbios, que dejaron al menos tres muertos, según informó la Policía Metropolitana de Cali.
Esta nueva represión fue condenada este martes por la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas.
«Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida», declaró en Ginebra Marta Hurtado, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Incluso la comisión humanitaria, integrada por funcionarios de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la ONU, fueron «acosados y amenazados», subrayó.
También Estados Unidos instó a las fuerzas del orden en Colombia a la «máxima moderación» para evitar más muertes durante las protestas e hizo un llamado al «diálogo político».
Ante estos llamados, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que anoche se registró «una delicada situación de orden público» en Cali y las actuaciones de los agentes se desarrollaron «con base en el respeto de los derechos humanos».
«Nuestra fuerza pública tiene la misión de proteger a los ciudadanos que se movilizan en las marchas sociales, pero tienen que ser implacables con aquellos que usan el vandalismo y acciones de terrorismo que buscan destruir ciudades y afectar la estabilidad en algunas regiones», argumentó.
El Gobierno anunció, asimismo, que enviará más de mil hombres de las Fuerzas Militares y el Ejército para reforzar la seguridad en Cali, militarizada por la fuerte represión y los disturbios que ésta generó desde el inicio de las protestas.
Una respuesta que desde la oposición ven como una estrategia para «deslegitimar la movilización social» y «una toma de la ciudad por parte del uribismo ante un Gobierno local que se ha planteado alternativo», denunció Eroza, en referencia al sector de derecha más dura que encabeza el exmandatario y aliado del actual presidente, Álvaro Uribe.
«Hemos vivido noches de zozobra, mucha represión de la fuerza policial, una violación extrema de los derechos humanos con confrontaciones directas y disparos contra los manifestantes, con un saldo de más de 20 personas que han sido asesinadas en nuestra ciudad», sostuvo.
No obstante, para algunos sectores del oficialista Centro Democrático, fundado por Uribe, la militarización es insuficiente para hacer frente a los disturbios de los últimos días.
Varios congresistas oficialistas pidieron a Duque declarar la denominada conmoción interior -que otrora se conocía como el Estado de sitio-, contemplada en la Constitución en caso de «una grave perturbación del orden público o institucional» que no pueda ser superada con “el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía”, reportó el diario El Espectador.
En cambio, para la legisladora de Cali, la única forma de terminar con las protestas es si el Gobierno dialoga con los líderes de la movilización social para entender «la situación nacional».
«No hay otra forma porque el país está cansado del uribismo, que toda la respuesta sea sobre todo militar y, en ese sentido, la gente está super firme en darle continuidad al paro, así se estén arriesgando las vidas» afirmó.
«Los jóvenes han perdido todo, perdieron hasta el miedo y, por eso, están enfrentándose en la calle porque lamentablemente no tienen nada que perder», sentenció.
En total, 18 civiles y un policía murieron desde el inicio de las protestas contra la reforma fiscal y 89 habrían desaparecido, según un balance de la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos hablan de un número mayor de víctimas, como la plataforma Grita, que cifra en 1.181 los casos de violencia policial entre el 28 de abril y el 3 de mayo, de los cuales 142 fueron de violencia física, 26 de violencia homicida, 56 de disparo de armas de fuego y nueve de violencia sexual por parte de la fuerza pública.
«Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria», dijo la vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ONU y la Unión Europea (UE) condenaron el uso «desproporcionado» de la fuerza en las protestas en Colombia contra el proyecto de reforma fiscal -ya retirado- del presidente, Ivan Duque, que dejaron casi una veintena de muertos.
«Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida», declaró en Ginebra Marta Hurtado, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Hurtado lanzó además un llamado a la calma antes de una nueva jornada de manifestaciones, prevista para el miércoles.
«Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali», dijo Hurtado.
«Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali»
La vocera agregó que los «defensores de derechos humanos también informaron que fueron acosados y amenazados».
«Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamado a la calma», declaró Hurtado.
«Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica», agregó la vocera.
«Resaltamos también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones», subrayó.
Hurtado concluyó que «las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves».
En total, 18 civiles y un policía murieron desde el inicio de las protestas contra la reforma fiscal, según un balance de la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, el Ministerio de Defensa informó de 846 heridos, de los cuales 306 son civiles.
La escalada de la violencia obligó a Duque a retirar el proyecto el domingo pasado, lo que le costó la renuncia de su ministro de economía, que ya fue reemplazado por José Manuel Restrepo, hasta ahora titular de Comercio, Industria y Turismo.
Pese a la marcha atrás, el Comité Nacional del Paro (CNP), que agrupa a unas 40 organizaciones, redobló la apuesta y convocó a marchar mañana porque «la gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria», y lanzó un nuevo pliego de pretensiones.
En ese sentido, llamaron a desmilitarizar las ciudades, castigar a los responsables de agresiones contra manifestantes y retirar un proyecto de ley que pretende reformar la salud local en tiempos de crisis por la pandemia y disponga una renta básica más alta.
Duque propuso redactar un nuevo proyecto de reforma que descarte los principales puntos de discordia: el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes y la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto de renta.