Categoría: Corrientes

La Justicia de Corrientes la negó hoy el beneficio de la prisión domiciliaria a Leonardo Cositorto, principal imputado por presuntas estafas piramidales de la organización Generación Zoe, en la audiencia que se realizó en la ciudad de Goya, donde fue denunciado por casi un centenar de damnificados.

La defensa de Cositorto había solicitado la «revocación o sustitución de la medida de coerción interpuesta», tras haber sido aprobada la prisión domiciliaria a los tres ejecutivos de la firma en Goya, que estaban detenidos en una Comisaría de la ciudad distante a 230 kilómetros al sur de la Capital provincial.

En la audiencia, el juez de Garantías Lucio López Lecube, desestimó el pedido de prisión domiciliaria para Cositorto e hizo lugar a la oposición planteada por Fiscalía y la querella respecto del beneficio. En defensor del líder de Generación Zoe, Miguel Ángel Pierri participó por videoconferencia y de manera presencial, su abogado local, Víctor Scófano Pruyas, mientras por la querella, estuvo presente el doctor Pablo Fleitas, en representación de 98 personas que denunciaron estafas. Además, estuvieron presentes tres de los damnificados, “le pidieron al juez que Cositorto permanezca en la cárcel y contaron cómo resultaron afectados por la estafa”, relató Fleitas en declaraciones a Télam.

“Uno de ellos perdió una mano en un accidente de trabajo y entregó todo el dinero de la indemnización a Generación Zoe y expuso su situación en la audiencia”, detalló el querellante. También habló una mujer que colocó en la financiera que lideraba Cositorto, “gran parte de lo que había cobrado en la indemnización por el cierre de Massalín Particulares, empresa en la que trabajaba”.

“Casi el 70 por ciento de los ex trabajadores de la tabacalera de Goya que cerró sus puertas en 2019, invirtió su indemnización en Generación Zoe”, precisó a Télam el abogado. El juez de Garantías, Lucio López Lecube, firmó la prisión domiciliaria a Nicolás y Javier Medina y Lucas Camelino en el último mes, quiénes eran ejecutivos de Zoe en Goya y por eso intentaron que Cositorto tenga la misma suerte, pero hoy le fue negado el beneficio”, concluyó Fleitas.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE realizará esta charla el primer sábado de octubre a las 10 en el Salón Auditorio del Campus Deodoro Roca de Av. Libertad 5470, de la ciudad de Corrientes.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE realizará el próximo sábado 7 de octubre a las 10, en el Salón Auditorio del Campus Deodoro Roca de Av. Libertad 5470 de la ciudad de Corrientes, la jornada inaugural de las Clases Preparatorias para el Curso Nivelatorio destinado a aspirantes al ingreso 2024. El cursado es abierto a la comunidad. Ivan Vuckovic, secretaria de Asuntos Académicos, dio detalles a Chaco TV sobre la charla que se llevará a cabo.

En este sentido, explicó que “el objetivo es ayudar a las y los aspirantes de la carrera de abogacía a prepararlos de alguna manera, liberar los conocimientos provenientes del secundario, acercarlos y ambientarlos a lo que va a ser la vida universitaria”. Cabe destacar que, si bien es la charla es libre, los interesadas e interesados deben inscribirse y para ello pueden acceder a la inscripción a través del formulario https://forms.gle/xGHKJbVF4QK5rdjN7.

Las Clases Preparatorias, que también iniciarán en las Extensiones Áulicas, están destinadas a preparar a estudiantes, para los módulos que componen el Curso Nivelatorio de la carrera, que tiene el objetivo de nivelar los conocimientos provenientes del secundario. Lectura y Comprensión de Textos Universitarios, Contexto Histórico y Economía Política de la Democracia Argentina, Derecho y Organización Jurídica y Elementos de lógica, son los módulos incluidos para el cursado que se desarrollará desde octubre a diciembre.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso prolongar hasta el miércoles el juicio a 15 acusados de conformar una red de explotación sexual de víctimas de trata en la ciudad de Paso de los Libres, luego de que este lunes concluyera la instancia de réplicas y dúplicas, informaron fuentes judiciales.

Los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Moreyra, dispusieron abrir el miércoles en el TOF de Corrientes la posibilidad de que los acusados en el juicio por trata y explotación sexual de víctimas dieran sus últimas palabras antes de una sentencia.

Luego de esa etapa los magistrados pasarán a deliberar para dictar una sentencia a quienes llegaron acusados de montar una red de locales nocturnos y un hotel donde fueron explotadas sexualmente 36 víctimas de trata, todas personas vulnerables y traídas, en su mayoría, de otras provincias.

En la audiencia de este lunes concluyó sus alegatos y pidió absoluciones para los nueve imputados que representa el defensor oficial Enzo Di Tella, a lo que siguieron dúplicas con las que concluyó la audiencia en el TOF Correntino.

La fiscalía encabezada por Carlos Schaefer y la querella, a cargo de la abogada del Ministerio Público de la Defensa, Rosana Marini, tienen depositadas sus expectativas en condenas de entre 5 y 12 años de prisión, así como en una reparación a las víctimas por una cifra superior a los 300 millones de pesos.

De acuerdo con la acusación, esta red está sospechada de haber funcionado desde el año 2010 hasta 2016, cuando fue desbaratada al tiempo que se produjo la renuncia del fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, quien en esta causa fue procesado acusado de brindar protección a la organización.

El exfuncionario finalmente fue apartado del proceso por deterioro cognitivo.

Fuente: Télam

Este martes, finalizará el juicio en el que hay 15 personas acusadas de integrar una red que explotó sexualmente a 36 víctimas de trata en la frontera con Brasil.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes abrió este lunes la etapa de alegatos de las defensas en el juicio a 15 personas acusadas de integrar una red que explotó sexualmente a 36 víctimas de trata en la frontera con Brasil, y que culmina este martes, informaron fuentes judiciales.

Las defensas de los principales acusados en el juicio que intenta esclarecer un circuito de explotación sexual de víctimas de trata en la ciudad correntina de Paso de los Libres respondió este lunes ante los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel Moreyra los alegatos que la semana pasada presentaron la querella y el Ministerio Público Fiscal.

Alegará este martes el defensor oficial Enzo Di Tella, quien representa a nueve acusados, luego de que en una audiencia desarrollada durante la mañana rechazaran los pedidos de condenas los abogados de los empresarios Ricardo y Ricardo Gustavo Aguirre, Ramona Clelia Espada y el comandante principal de Gendarmería José María Viero (ya retirado de la fuerza), así como de Juan Manuel Schell.

Mientras que, para Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre y Viero, fueron reclamadas penas de 12 años de prisión, para Espada –pareja de Aguirre padre- y Schell, el fiscal Carlos Schaefer y la querellante Rosana Marini coincidieron en requerir ocho años de prisión.

El juicio intenta determinar el grado de responsabilidad que tuvieron los acusados en la explotación de una serie de prostíbulos, así como de un hotel alojamiento que funcionaron al menos desde 2010 hasta 2015.

En el marco de este proceso también fue procesado, pero debió ser apartado del debate por deterioro cognitivo, el exfiscal federal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, quien está acusado de brindar protección a la red investigada, en el marco de una serie de lazos de amistad y parentesco con la estructura.

En sus alegatos, los representantes del Ministerio Público Fiscal plantearon la necesidad de una reparación a las víctimas por una cifra superior a los 300.000.000 de pesos.

En este proceso fueron oídas mujeres captadas por esta red en Entre Ríos, Chaco, Formosa, Córdoba, en la misma ciudad de Paso de los Libres e incluso de Paraguay y República Dominicana, todas con carencias económicas y educativas.

Al menos una de ellas era menor de edad al momento de ser iniciada en el circuito de explotación sexual, según se ventiló en los alegatos.

La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, Carolina Macarrein “hizo lugar al pedido de compensación económica de una mujer que sufrió violencia de género mientras duró la relación, tuvo que abandonar el hogar y quedó en situación de gran vulnerabilidad”, detalla el informe que estableció el monto de acuerdo de acuerdo al Salario Mínimo Vital y Móvil (MVM).

Un fallo con perspectiva de género en Corrientes dispuso que un hombre abone 36 salarios a su expareja, por haberle impedido estudiar y trabajar durante los nueve años que duró la relación entre ambos, informó hoy el Poder Judicial de la provincia.
La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, Carolina Macarrein “hizo lugar al pedido de compensación económica de una mujer que sufrió violencia de género mientras duró la relación, tuvo que abandonar el hogar y quedó en situación de gran vulnerabilidad”, detalla el informe que estableció el monto de acuerdo de acuerdo al Salario Mínimo Vital y Móvil (MVM).
De acuerdo al fallo, si el pago se efectuara el mes de septiembre de 2023, según el salario MVM, establecido en 118.000 pesos (ciento dieciocho mil), el condenado debería abonar la suma de 4.248.000 pesos (cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil).
Respecto del caso, se mencionó con el nombre ficticio de María a la demandante y precisó que la mujer “llegó al Juzgado cansada de vivir en casa de familiares y amigos durante tres meses, además de una situación de alta vulnerabilidad”.
“Decidió poner fin a una relación de muchos años marcada por la violencia y restricciones a su libertad, quedó sin posibilidades de pagar un alquiler y tuvo que dejar el hogar compartido porque no era de su propiedad”, detalla en el escrito el Poder Judicial provincial.
Asimismo, mencionó que la mujer había denunciado a su expareja, un efectivo retirado de la Prefectura Naval Argentina, por violencia de género, y que el mismo Juzgado había dispuesto una restricción de acercamiento.
Para establecer la compensación económica, la magistrada tuvo en cuenta que “el hombre posee un sólido ingreso económico, respaldado por la experiencia y desarrollo curricular y, por el contrario, la mujer, a lo largo de la vida en común, no trabajó nunca porque su pareja se lo impedía o le dificultaba esa posibilidad”.
“El desequilibrio patrimonial de María se ha ido consolidando a lo largo de la unión convivencial y se ha acentuado a extremos casi de inhumanidad luego de la ruptura”, afirmó la doctora Macarrein.
En tanto, sobre la ex pareja de María, la titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4 de Corrientes, dijo: «Fue en detrimento de su independencia individual, que generó su actual situación de desempleo, de desamparo habitacional, de salud y de libertad”.
Finalmente, dadas las consecuencias negativas en el presente de María, debido a la situación planteada, la doctora Macarrein consideró en su fallo que corresponde abonarle la suma de 36 salarios del MVM.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE sede de la conferencia “La regulación de la prestación de ayuda para morir en el Derecho Comparado”. La jornada tendrá lugar este jueves 7 a las 18 en el Salón Azul del Edificio Histórico de la Facultad de Derecho (Salta 459, Corrientes).

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) será sede de la conferencia “La regulación de la prestación de ayuda para morir en el Derecho Comparado”. La jornada que se centrará especialmente en la situación de España y Argentina, la cual tendrá lugar este jueves 7 de septiembre a las 18 en el Salón Azul del Edificio Histórico de la Facultad de Derecho (Salta 459, Corrientes).

En medio del debate legislativo que se da en el Congreso de la Nación, en torno a la temática de la “muerte digna”, se realizará esta actividad gratuita, destinada a la comunidad académica y público en general. La disertación estará a cargo del doctor Sergio Romeo Malanda, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (España), en el marco de la cátedra libre de Derecho de la Salud.

Debate Nacional

A nivel país, hace años se da el debate sobre la aplicación del derecho a morir dignamente, es decir, la posibilidad de que un paciente que padece una enfermedad incurable e irreversible pueda solicitarle a un médico la interrupción de su vida. Hasta agosto del año pasado, el Congreso contaba con seis iniciativas que buscan dar un marco normativo a la eutanasia, de las cuales cuatro de ellas se encontraban en la Cámara de Diputados y dos en el Senado.

Tres de ellas son conocidas con los nombres de “Interrupción voluntaria de la vida”, “Ley Alfonso” y “Ley de la buena muerte”. Hubo una solicitud de diputadas de diferentes partidos para comenzar a tratar en la Comisión de Salud de la Cámara baja los proyectos impulsados por la Unión Cívica Radical (Buena muerte) y el Frente de Todos (Ley Alfonso). Prevén la alternativa de aplicar la “muerte asistida” que, a diferencia del procedimiento en el que el médico suministra la droga eutanásica al paciente, se limita a proveérsela para que este último se la administre por su propia cuenta.

En ese contexto, este jueves disertará el doctor Romeo Malanda quien realizará un análisis en torno a la temática.  A lo largo de su trabajo, se destaca la siguiente línea de investigación:

– Bioderecho: criminalidad genética, la prueba de ADN en el proceso penal, responsabilidad penal médica, delito de aborto, minoría de edad en biomedicina, utilización de materiales biológicos de origen humano (trasplantes de órganos y tejidos, investigación con materiales biológicos, biobancos, etc.).

La capital provincial oficializó el incremento en el transporte público de pasajeros que se hará en dos tramos. Desde este viernes cuesta $170.

La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes oficializó la suba en la tarifa del transporte público de pasajeros a $200. Se realizará en dos tramos: a partir de este viernes 1 de septiembre costará $170 y desde el 1 de noviembre volverá a subir hasta $200, según informaron fuentes oficiales.

El incremento fue autorizado por el Concejo Deliberante de la capital correntina en una sesión desarrollada el día de ayer, en la que la ordenanza impulsada por el Ejecutivo Municipal logró 12 votos favorables, todos correspondientes al oficialismo local de la alianza Encuentro por Corrientes que adhiere a Juntos por el Cambio.

Así, se avaló el pedido de las empresas concesionarias del servicio urbano de transporte de pasajeros de elevar de los precios actuales de 96,50 pesos a 170 pesos en forma inmediata y a 200 pesos en noviembre.

La ciudad de Corrientes pasará a tener la tarifa del transporte urbano más alta del país, por encima de Rosario, donde el costo es de 120 pesos, según indicaron fuentes del cuerpo deliberativo municipal.

En medio de manifestaciones en las afueras del edificio, el Concejo Deliberante de la capital de la vecina provincia avaló el incremento, en una ordenanza que establece, además, que en noviembre el valor del pasaje será de 200 pesos. 

En medio de una fuerte protesta que se expresó en las afueras del palacio municipal, el Concejo Deliberante de la capital de Corrientes aprobó la ordenanza que ubica en los 170 pesos, el nuevo precio del boleto de colectivos en la ciudad.

La iniciativa contó con el acompañamiento de los ediles de Encuentro por Corrientes, mientras que la oposición no logró los números suficientes para evitar el incremento.

La nueva tarifa comenzará a regir en septiembre, aunque todavía no se confirmó la fecha exacta.

La iniciativa aprobada establece además que  desde el primero noviembre la tarifa se irá a 200 pesos. En ese momento será el boleto más caro de todo el país, precisamente el cuarto.

Con el primer tramo de la actualización el costo del pasaje sólo será superior en  Bahía Blanca, con 192 pesos, Santa Fe, con 185 pesos; y Neuquén con 174 pesos.

Mientras los concejales desarrollaban la sesión, cientos de personas se manifestaban en contra por calle 25 de Mayo, pero un vallado policial los mantuvo a una distancia considerable del palacio municipal. A pesar de la decisión de los ediles, no se produjeron incidentes entre los manifestantes y la policía.