Un abogado,de 48 años, quedó a un paso del juicio oral tras ser acusado de llevarse su auto del playón de infractores sin pagar el acarreo. El hecho ocurrió en septiembre del año pasado en un predio del gobierno porteño en Recoleta.
El fiscal nacional Leonel Gómez Barbella solicitó la elevación a juicio de la causa, donde el letrado está imputado por el delito de «defraudación por sustracción».
El hecho ocurrió el 9 de septiembre de 2025, cuando el hombre retiró su vehículo de un playón sin abonar el traslado ni la infracción.
La investigación determinó que todo comenzó cuando una grúa de la Ciudad detectó un auto mal estacionado en un espacio exclusivo para personas con discapacidad sobre la calle Libertad. El vehículo fue remolcado hasta el depósito de la firma Dakota S.A., ubicado detrás de la Facultad de Derecho.
Cerca de las 9:30 de la mañana, el abogado llegó al predio de la calle Eduardo Couture al 2200. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, el hombre no pasó por la ventanilla de pagos. En lugar de eso, subió a la camioneta, que está a nombre de su hija pero él tiene autorización para conducir, y esperó el momento justo.
Cuando una de las grúas salía del playón y se abrieron los portones, el imputado aceleró y salió detrás del remolque a toda velocidad, eludiendo cualquier control administrativo. El supervisor del playón notó el faltante minutos después y realizó la denuncia ante la Comisaría Vecinal 2A.
A pesar de que el autor no fue identificado en el momento, el fiscal Gómez Barbella ordenó una serie de medidas a la División Investigaciones Comunales 2. El cruce de datos de las cámaras de seguridad con el RENAPER fue clave: los rasgos fisonómicos del hombre que escapaba en el video coincidían plenamente con los del abogado, quien además vive a pocas cuadras de donde se originó la infracción.
Aunque el abogado se negó a declarar ante la jueza Vanesa Peluffo, las pruebas en su contra son contundentes. Incluyen los registros fílmicos, los testimonios de los empleados y el acta de infracción original.
Ahora, el letrado podría enfrentar una pena que va de un mes a seis años de prisión por haber intentado ahorrarse el costo del acarreo y la multa por obstruir una rampa para personas con discapacidad.
