Autor: rodrigo

La Secretaría de Energía dispuso un aumento del 21%, retroactivo al 1° de marzo, de los precios máximos de referencias de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos para fraccionadores, distribuidores y venta al público, así como el butano y el propano para los productores adheridos al programa Hogar.

La medida se formalizó a través de la Resolución 168/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, que actualiza los montos vigentes desde enero que se habían establecido en la resolución 15/2023.

Por otra parte, por medio de la resolución 167/2023 se autorizó una asistencia de $ 351.968.724,86 para once empresas productoras, con el propósito de asegurar el suministro de garrafas en hogares de bajos recursos.

De esta forma, el precio máximo de referencia para la garrafa de 10 kilos pasó a ser de $ 667 para los fraccionadores y $ 1.171 para los distribuidores, en tanto el de venta al público quedó en $ 1.229.

En el caso de las unidades de 12 kilos, los precios máximos pasaron a ser de $ 800, $ 1.405 y $ 1.475 y en las de 15 kilos de $ 1.000, $ 1.756 y $ 1.844, respectivamente.

El precio máximo de referencia por tonelada de butano y propano para los productores es de $ 35.672, de acuerdo con lo establecido en los anexos de la resolución.

En los considerandos de la medida se indicó que «los precios máximos de referencia cumplen un rol primordial para poder dar efectivo cumplimiento a los objetivos trazados en la Ley 26.020»,de Régimen de Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Entre esos objetivos «se destaca, principalmente, el de asegurar el suministro económico de GLP a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes», agregó.

La última actualización de precios se produjo el 19 de enero y la Secretaría de Energía consideró necesario un incremento, «teniendo en cuenta la variación experimentada en los valores asociados a la producción de GLP, así como en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista», aunque «siempre manteniendo la protección de los usuarios vulnerables a través del Programa Hogar».

Los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 9 y cuyos haberes no superen los $58.665 podrán cobrar hoy el beneficio correspondiente a marzo en las sucursales bancarias por ventanilla.

El haber incluye el aumento del 17,04% que se aplica desde este mes previsto por la Ley de Movilidad, a lo que se debe sumar un bono de refuerzo de $15.000 para quienes perciben un haber mínimo que decrece hasta $7.000 para quienes cobran dos beneficios mínimos.

Este bono -que se pagará también en abril y mayo- permitirá que ninguna jubilación quede por debajo de los $73.665.

También hoy cobran los beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar con documentos finalizados en 9, y las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documento concluido en 7, indicó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La Anses recordó que, si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

Prohibieron las exposiciones y el movimiento de aves hacia comercios para la venta minorista.

El gobierno de Alberto Fernández estableció una serie de nuevas medidas sanitarias de emergencia para limitar la expansión de casos de gripe aviar en todo el país, entre las cuales figuran la prohibición de exposiciones y del movimiento de aves hacia comercios para la venta minorista.
Se trata de la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a las aves domésticas como a las silvestres. Según las últimas cifras oficiales, hasta el momento se detectaron 55 casos de gripe aviar en el país.
Ahora, a través de la Resolución 230/2023 publicada este martes en el Boletín Oficial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) adoptó nuevas disposiciones para combatir a esa enfermedad.
Así, prohibió la realización de exposiciones, ferias, eventos y actividades recreativas que impliquen concentración y movimiento de aves de las especies domésticas (gallinas, gallos, pollos, pavos, gallinetas, faisanes, codornices, patos y gansos), por cualquier motivo y finalidad. También prohibió el movimiento de aves hacia comercios agropecuarios para la venta minorista de animales y entre establecimientos.
El SENASA dispuso que ante la ante la falta de la documentación sanitaria que ampara el movimiento de aves vivas por cualquier motivo y/o finalidad, se realizará su intervención en cumplimiento de la normativa vigente para tal fin, pudiendo procederse al decomiso inmediato.
Asimismo, estableció medidas extraordinarias para la autorización de ingreso de genética aviar a la Argentina y su traslado dentro del país, independientemente de la situación sanitaria del país exportador.
Con relación a los parques o reservas naturales nacionales o provinciales, señaló que ante la notificación de aves con sintomatología compatible o casos confirmados de IAAP dentro de estas áreas, se establecerán las medidas sanitarias necesarias que permitan minimizar la dispersión de la enfermedad, de forma conjunta con la Administración de Parques Nacionales o las autoridades provinciales correspondientes.
El organismo solicitó a las autoridades de fauna provinciales que se arbitren los medios necesarios para reducir la difusión del virus de IAAP a través de la fauna silvestre, en aquellas actividades que favorezcan la dispersión de las aves y el contacto entre aves silvestres y personas, como las actividades de caza de las especies más susceptibles en zonas de alta concentración de granjas de producción avícola.
El 12 de diciembre pasado se declaró el estado de alerta preventiva sanitaria en todo el territorio nacional con motivo de la presencia de brotes de IAAP, tanto en aves de corral como en aves de traspatio y silvestres, en América del Norte y su actual dispersión hacia América del Sur a través de las rutas migratorias.
A mediados de febrero se confirmó el primer caso de la enfermedad en aves silvestres de la especie Huallata o Ganso Andino, a partir de una notificación en Laguna de Pozuelos, al noroeste de la provincia de Jujuy. A raíz de ello, ese mismo mes se declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el país y se establecieron medidas sanitarias extraordinarias, que ahora se ampliaron.

Los operativos se realizaron en Paso de los Libres y Villa Olivari (Corrientes), General Mansilla (Formosa) y en el puente General Belgrano (Chaco).

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó 420 toneladas de granos en una serie de controles de ruta en diversos puntos del país.
Los agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto detectaron en todos los casos que la mercadería tenía un origen dudoso, por lo que procedieron a interdictar las cargas de los 14 camiones en donde eran transportadas.
En los operativos también participaron miembros de Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad.
En la región del noreste argentino, inspectores de la AFIP llevaron adelante operativos en Paso de los Libres y Villa Olivari (Corrientes), General Mansilla (Formosa) y en el puente General Belgrano (Chaco).
En esos puntos se realizaron tareas de validez de origen de los granos transportados y cotejo documental y registral. Las tareas de fiscalización y control permitieron comprobar que tanto remitentes como destinatarios de los granos carecían de capacidad operativa, económica y financiera para producirlos o comercializarlos.
Como resultado del procedimiento, se interdictaron 220 toneladas de soja, 28 toneladas de maíz, 30 toneladas de cártamo y 12 toneladas de avena, equivalentes a la carga de 10 camiones, con un valor de mercado que ronda los $ 23.230.000según la cotización de la Bolsa de Cereales de Rosario.
Por razones de logística y resguardo y en cumplimiento de una orden judicial, se resolvió el traslado de los granos para su interdicción, secuestro y descarga en un acopio de la localidad chaqueña de Barranqueras, a quien se designó depositario legal.
Por otro lado, en la localidad fronteriza de Aguaray, provincia de Salta, la AFIP incautó 60 toneladas de trigo valuados en $3,3 millones. La mercadería era trasladada en 2 camiones con destino a la zona limítrofe con Bolivia. El personal del organismo constató que la carga tenía una procedencia dudosa, entre otras irregularidades, por lo que se procedió a su interdicción. El operativo consistió en un control de tránsito sobre la ruta nacional 34 y contó con la colaboración de Gendarmería Nacional.
Por su parte, en la localidad de Achiras, en la zona sur de Córdoba, la DGI incautó 70 toneladas de maíz que eran transportadas en dos camiones por un valor de $3,5 millones**. Los agentes verificaron que la supuesta documentación respaldatoria en rigor era fraudulenta.
El trabajo coordinado desde la AFIP se focaliza en desarticular maniobras de evasión y elusión fiscal, el contrabando, los abusos en materia de subfacturación del comercio exterior, la comercialización de mercadería no declarada, y frenar operaciones de empresas truchas.
En ese sentido, el trabajo coordinado entre la DGI, la Aduana y las distintas áreas especializadas del organismo, junto con la implementación de nueva tecnología desarrollada por la AFIP en conjunto con otras dependencias del Gobierno, fortalece la capacidad de fiscalización y control del organismo sobre el sector.
La AFIP optimizó su capacidad de fiscalización del sector agrícola a partir de la utilización y procesamiento de imágenes satelitales así como con la implementación de la carta de porte electrónica.