Lanzan el Registro de Trabajadores de la Economía Popular

Gildo Onorato, dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, indicó que a partir del Registro «se reconoce la diferencia entre trabajo y empleo» y se reconoce «una nueva relación social, la de trabajadores que se inventan su propio trabajo, sin patrón».

El gobierno nacional presentará este miércoles el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica (Ratepsb), a través del cual buscará dar «más representatividad» a las organizaciones sociales y permitirá canalizar en forma más ágil las demandas de esos movimientos.

La presentación -que encabezará el ministro de Trabajo, Claudio Moroni- se desarrollará este miércoles a partir de las 15, en la sede del Ministerio de Trabajo, confirmaron fuentes oficiales a Télam.

«La creación del registro de asociaciones de trabajadores de la economía popular abre el camino para consolidar un sector olvidado del trabajo y la producción, para darle representación y mecanismos institucionales para afrontar la lucha por más derechos laborales», dijo a Télam Gildo Onorato, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita y dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep).

Además, el dirigente agregó que, a partir del Registro «se reconoce la diferencia entre trabajo y empleo y reconoce también una nueva relación social, la de trabajadores que se inventan su propio trabajo, sin patrón».

Del encuentro participarán, junto a los funcionarios de la cartera laboral, los referentes de la Utep, integrada por el Movimiento Evita, el Movimientos Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras.

«El registro también brindará una protección jurídica bajo el paraguas de una personería social», adelantaron a Télam voceros de los movimientos sociales.

El Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica tendrá como propósito brindarles a las organizaciones sociales un «marco jurídico a nuevos sujetos que actúen como interlocutores que ejerzan su representación y que permitan canalizar en un ámbito de legalidad, las peticiones y las iniciativas para el desarrollo».

La iniciativa oficial atiende una de las exigencias históricas de las organizaciones sociales, tanto las que surgieron al calor de la crisis de 2001 como las más recientes: contar con herramientas jurídicas y una estructura administrativa reconocida por el Estado para encarrilar sus demandas.

En ninguna repartición pública cuentan en la actualidad con un padrón de miembros de movimientos sociales pero reconocen que son centenares de miles las personas organizadas en los movimientos populares.

Dina Sánchez, referente nacional del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), dijo a esta agencia: «Para las trabajadoras y trabajadores de la economía popular estamos ante un hecho histórico porque después de mucho tiempo logramos dar pasos en el reconocimiento de nuestro sector y avanzamos para la construcción de un sindicato de primer grado de los movimientos sociales».

«Durante la pandemia -destacó- hemos demostrado que llevamos adelante una tarea esencial, que va desde la producción de alimentos, la confección de barbijos hasta las tareas de cuidado y de alimentación a nuestros vecinos y vecinas. Con esta resolución del Gobierno podemos avanzar formalmente en la constitución de un gremio y como tal discutir las reivindicaciones para los trabajadores de la economía popular», destacó la dirigente social.

Fuente Telam

Salud evalúa adoptar nuevas medidas en las fronteras por el coronavirus

La cartera nacional, junto a sus pares provinciales, participaron de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud y analizaron nuevas medidas en las fronteras y desalentar los viajes a zonas con circulación de nuevas cepas.

El Ministerio de Salud evaluó, junto con las carteras provinciales, la posibilidad de adoptar nuevas medidas en las fronteras y desalentar los viajes a zonas con circulación de nuevas cepas de coronavirus, ante el riesgo de una segunda ola de Covid-19 en el país, informaron fuentes oficiales.

A través de una videoconferencia, autoridades sanitarias de la cartera a cargo de Carla Vizzotti participaron de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) y analizaron también la adopción de controles para los transportistas que ingresen al país.

En ese contexto, coincidieron en la necesidad de reforzar los controles de cumplimiento del aislamiento de los viajeros para mitigar el impacto de la introducción cepas de mayor transmisibilidad, como las brasileñas de Manaos y Río de Janeiro, la británica y la sudafricana.

A lo largo del debate, los referentes de las distintas jurisdicciones plantearon que es importante mantener los casos estabilizados, dado que todas las provincias se encuentran abocadas a escalar la vacunación contra el coronavirus en los grupos priorizados, añadieron las fuentes de la cartera de Salud.

Hasta el lunes, los casos nuevos de Covid-19 por millón de habitantes en Argentina y la región ascienden a 2,6 millones y se observa un aumento del siete por ciento en relación a la semana anterior.

De acuerdo a la distribución mundial, la región de las Américas representa un 6%; Europa el 9%; la región del sur y este de Asia un 9% y el Mediterráneo oriental un 14%.

En la actualidad, la Argentina continúa con sus fronteras cerradas para los extranjeros, salvo que ingresen en viajes autorizados para desarrollar alguna actividad esencial, mientras que los argentinos no tienen ninguna restricción para ingresar o salir del país.

La reunión estuvo encabezada por la jefa de Gabinete de Salud, Sonia Tarragona, y contó con la presencia de la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado; el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina; la directora nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud, Analía Rearte, y Claudia Madies, directora nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, había anticipado que el Gobierno nacional implementará nuevas medidas para evitar contagios de coronavirus, como restringir la salida de turistas hacia zonas de fuerte circulación de las variantes más peligrosas y establecer cuarentena para unos 7 mil viajantes que deben regresar a la Argentina desde esos destinos.

 Gollán planteó durante una conferencia de prensa que encabezó en La Plata junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, que «hay 7 mil turistas que tienen que regresar al país desde estos lugares» y añadió que «en el decreto que hay que cambiar el día 12 (de marzo)», cuando venza una nueva etapa del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo) «respecto de las medidas que se toman para afrontar la pandemia, se tomará la decisión de restringir fuertemente la salida de nuevos turistas hacia las zonas de circulación del virus».

Y remarcó que «quienes regresen, tendrán un sistema de cuarentena», lo que implica que «cumplan diez días de aislamiento y tengan un alta con PCR o 14 días de cuarentena para evitar que se disperse el virus en el país».

«Existe preocupación por tres variantes: la sudafricana -que no circula comunitariamente en la región-, la inglesa -sobre la que hubo cinco detecciones en el país-, y la Manaos -esa está muy extendida en Sudamérica; Brasil y países aledaños-, pero en Argentina se contuvieron los casos», precisó el ministro de Salud bonaerense.

«Hasta el momento no hay circulación comunitaria de ninguna de esas variantes en Argentina, pero hay preocupación porque en Chile, Paraguay y Uruguay los casos están aumentando», completó.

Fuente Telam

Un nuevo tratamiento contra el coronavirus que se prueba en Argentina generó esperanzas

Hay más de 20 estudios en curso en el mundo con la nitazoxanida, entre ellos el de la revista European Respiratory Journal y en Estados Unidos, que buscan demostrar su eficacia antiviral en esta patología.

El Hospital Universitario Austral, en conjunto con la Clínica del Pilar de Ciudadela, se encuentra realizando un estudio clínico piloto sobre la aplicación del fármaco anti infeccioso conocido como nitazoxanida en pacientes con coronavirus.

El trabajo se realizó en 135 pacientes, asignados al azar, con diagnóstico confirmado de Covid-19 y síntomas desde leves a moderados, quienes alcanzaron al séptimo día de tratamiento una disminución de la carga viral de al menos un 35%, en una proporción significativamente más alta que aquellos tratados con placebo.

El médico hepatólogo Marcelo Silva, investigador principal del estudio y presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de Enfermedades del Hígado (ALEH), explicó que «la reducción de la carga viral tendría potencialmente dos importantes beneficios: por un lado, la enfermedad sería menos severa en el organismo del paciente infectado y, por el otro, el portador tendría menos chances de infectar a otros individuos».

«Estamos muy entusiasmados con los resultados obtenidos hasta ahora y con la posibilidad de contar con una alternativa terapéutica que podría ser eficaz para un grupo de pacientes con síntomas leves a moderados de Covid-19», expresó Silva.

Hay más de 20 estudios en curso en el mundo con la nitazoxanida, entre ellos el de la revista European Respiratory Journal y en Estados Unidos, que buscan demostrar su eficacia antiviral en esta patología.

La nitazoxanida es una medicación anti infecciosa utilizada contra distintos tipos de parásitos, virus y bacterias. Presenta escasos efectos adversos, generalmente leves y pasajeros, de tipo gastrointestinales. Se administra a través de comprimidos o en suspensión (líquido) y presenta un amplio margen de seguridad.

«Tolerancia Cero»: presentan proyecto de ley que prohíbe manejar tras consumir alcohol, a nivel nacional

En la actualidad, la legislación establece una tolerancia de alcohol en sangre es de 0,5 gramos por litro de sangre, aunque hay provincias en las que está estrictamente prohibido el consumo.

Un proyecto de ley para que no se pueda conducir vehículos luego de haber tomado alcohol y para prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas en horarios de protección al menor y en espectáculos multitudinarios fue presentado hoy en la Cámara de Senadores de la Nación.

La iniciativa modifica dos leyes: la Ley Nacional de Tránsito y la de Lucha contra el Alcoholismo.

El proyecto prohíbe la conducción de vehículos tras haber consumido alcohol, lo que se considera “Tolerancia Cero”.

En la actualidad, la legislación establece una tolerancia de alcohol en sangre es de 0,5 gramos por litro de sangre, aunque hay provincias en las que está estrictamente prohibido el consumo.

Por otro lado, la iniciativa presentada en el Senado prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en horario de protección al menor o durante eventos deportivos; e incrementa y actualiza las penas vigentes.

“El problema del consumo de alcohol en exceso ha venido creciendo en el último tiempo, sobre todo entre los jóvenes, y es por ello que creemos que es necesario fortalecer la lucha contra el alcoholismo”, dijo el autor de la iniciativa, el representante de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck.

El legislador aliado del oficialismo también alertó sobre un “fuerte crecimiento en el consumo de alcohol por parte de los jóvenes, algo que es especialmente preocupante”.

«La reforma del monotributo aliviará la carga de los contribuyentes»

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, aseguró hoy que el proyecto de reforma del monotributo permitirá aliviar «la carga de los contribuyentes que son excluidos del régimen y que al pasar a ser autónomos acumulan deudas fiscales muy difíciles de afrontar”.

La funcionaria formulo estos conceptos al brindar un informe ante el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que analiza las reformas del Monotributo y del Impuesto a las Ganancias.

El proyecto de ley, agregó, permitirá «abordar distintas problemáticas estructurales y coyunturales experimentadas por los monotributistas”.

«Las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo apuntan a armonizar la transición entre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General (RG), tanto en términos administrativos como en los montos de las obligaciones que deben afrontar los monotributistas», explicó

Tres grandes grupos

Durante su intervención, la titular de la AFIP identificó tres grandes grupos de beneficiarios del proyecto de ley.

En primer lugar, «a todos los monotributistas porque establece un régimen permanente que hace menos gravoso pasar del Régimen Simplificado al Régimen General», dijo.

Añadió que en segundo lugar «ofrece un alivio para aquellos monotributistas que hubieran sido excluidos de este impuesto durante 2020 y se los ‘perdona’ por única vez y, finalmente, «al Estado, ya que la administración tributaria va a disponer de mucha más información sobre las operaciones entre monotributistas y responsables inscriptos de IVA, porque se incrementa el control por oposición»

«Estamos trabajando con otras áreas para ver cómo el monotributo vuelve a ser una forma de inclusión tributaria y financiera dentro de un segmento muy marginado de la economía popular», dijo la funcionaria al referirse a las modificaciones que evalúa el Gobierno.

En los operativos Detectar se realizan entre 60 y 80 testeos diarios

Así lo aseguró el coordinador, Carlos Fernández, quien indicó que la positividad se mantiene entre el 18 y el 22% de las personas que llegan al camión. «Hoy por hoy, no hay tanto temor y tampoco se estigmatiza a los casos positivos, con lo cual, la predisposición a involucrarse con los cuidados es mayor», expresó. Sin embargo, llamó a «no relajarse» y puso especial énfasis en los espacios compartidos con compañeros de trabajo. 

El coordinador de los operativos del Plan Detectar, Carlos Fernández, destacó que en los camiones que realizan las tareas diarias se analizan entre 60 y 80 muestras por día, mientras que la positividad se mantiene estable «entre el 18 y 22%» de la gente que accede a los testeos. El profesional participó desde el inicio de la pandemia en las distintos operativos de intervención territorial que fue implementando el Ministerio de Salud de la provincia. Desde aquel recordado bloqueo del foco en el barrio Toba, que luego se trasladó al MAPIC y al Cacique Pelayo, en Fontana; hasta la recorrida por amplios sectores del Área Metropolitana del Gran Resistencia, en busca de personas sintomáticas o contactos estrechos con confirmados.

Después de casi un año de trabajo constante, en diálogo con Radio Provincia el especialista aseguró que notó «un cambio en el comportamiento de las personas». «En determinado momento, la gente comenzó a cuidarse más, a respetar las distancias y usar el tapabocas; hasta llegar a estos días en los que las personas comprenden mejor de qué se tratan las pruebas y los tiempos que requieren», apuntó. 

En este sentido, remarcó que «hoy por hoy, no hay tanto temor como al principio y tampoco se estigmatiza a los casos positivos, con lo cual, hay una mayor predisposición para acercarse a los camiones y a involucrarse con los cuidados». No obstante apuntó que es necesario seguir haciendo hincapié en la necesidad de adoptar hábitos que contribuyan a evitar los contagios: «Muchas veces, las personas hacen todo el recorrido a sus trabajos teniendo en cuenta estas pautas, pero luego existe cierta relajación cuando se está entre los pares, pero si tenemos en cuenta que la instituciones fueron pensadas para la prepandemia nos vamos a dar cuenta que los espacios son pequeños y la ventilación no siempre es óptima», expresó. 

En consecuencia, llamó a «no relajarse, tanto en la atención al público sino también cuando comparten espacios comunes con sus compañeros de trabajo». 

Diferencias entre las pruebas

Este martes, el operativo del Plan Detectar, coordinado por la subsecretaria de Salud Comunitaria, Carolina Centeno, hizo pie en el barrio Don Santiago, donde se realizaron hisopados a pacientes con distinta sintomatología. En función de estos síntomas, se resuelve si se hace una detección de antígenos (test rápido) o se manda la muestra al laboratorio para que se analice con técnicas de PCR. «El operativo se enfoca en personas que estén con síntomas o contactos estrechos de casos confirmados», subrayó. 

El especialista aclaró que el hisopado es la técnica de obtención de la muestra, en este caso es nasofaríngeo pero podría se una herida o el oído, por caso. Luego, en el análisis específico de la muestra está la diferencia: el test rápido busca antígenos y se procesa en el camión, a través del equipo de bioquímicos y demora 15 minutos; en cambio el PCR busca la reacción en cadena de polimerasa, y se realiza en el laboratorio para detectar el ARN del virus. 

Para dilucidar qué tipo de test realizar en cada caso, se tiene en cuenta la cantidad de días de inicio de los síntomas, para la detección de antígenos deben existir dos o tres síntomas característicos de la enfermedad. También depende del tiempo que haya pasado, ya que después del séptimo día la concentración de antígenos cae y puede arrojar resultados negativos sin que esto signifique que no esté presente la infección.

En cambio, cuando la persona demora más de 7 días con los síntomas, al confundirlos con los de una gripe o producto de la alergia; se realiza la PCR, al igual que cuando las personas son contactos estrechos aunque cuenten con síntomas más difusos. «Ambas técnicas tienen sus limitaciones, pero la prueba de oro es la PCR», explicó Fernández. 

Los síntomas que son considerados suficientes para realizar los hisopados son fiebre, dolor de garganta, tos, pérdida del gusto y olfato; entre otros. «Si una persona manifiesta una anosmia de aparición brusca, debe hisoparse aunque sea el único síntoma; así como el análisis contextual cuando hay fiebre», explicó. También existe los estudios que permiten determinar los dosajes de anticuerpos contra Sars-Cov-2, que se realizan en el Laboratorio Central con una orden, para constatar si el virus ha pasado por ese organismo y se ha desarrollado la inmunidad. 

Fernández busca reemplazante: confirmó que Losardo le pidió «dejar el cargo» en Justicia

El Presidente ratificó que, de todos modos, quiere que la ministra de Justicia «siga trabajando» en el equipo de Gobierno. Un repaso por los principales temas que abordó durante una entrevista televisiva.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que los femicidios son el «resultado de un problema cultural, donde los hombres se sienten superiores a otros géneros y reaccionan castigando a personas de otros géneros».

En declaraciones al canal C5N, Fernández señaló además que en muchos casos de femicidios hay «un problema de funcionamiento institucional, de la Justicia y la Policía».

Por otro lado, el mandatario afirmó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se excusó de asistir a la firma del Acuerdo Federal para prevenir la Violencia de Género en la Casa Rosada por «problemas de agenda», y no por no querer compartir la actividad con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, como indicó públicamente el mandatario capitalino.

De todos modos, Fernández destacó que «lo importante» fue que Rodríguez Larreta «adhirió al acuerdo» impulsado por el Gobierno nacional.

Sobre la Justicia

El Presidente afirmó que no toma como una «amenaza» a los dichos del fiscal Carlos Stornelli, quien había advertido que hablaría de «hombre a hombre» con el mandatario cuando dejara el cargo, debido a que lo considera «poco serio y está demasiado desacreditado el amenazador».

Remarcó, además, que «confía» en que la Cámara de Diputados avanzará con la puesta en marcha de la Comisión Bicameral que tiene como objetivo analizar el funcionamiento del Poder Judicial.

Por otra parte, el jefe de Estado consideró que el juez Gustavo Hornos «debe explicar» los motivos de sus reuniones con el expresidente Mauricio Macri cuando el fundador de Cambiemos ejercía el poder.

«No soy quien pone y saca jueces, pero es una cosa que supera todo lo imaginable», dijo Fernández y añadió: «No me asusta que los poderes hablen, que un juez hable con alguien del Poder Ejecutivo o el Congreso, pero es muy sintomático esto, y la explicación que da es que era amigo personal del entonces presidente».

La renuncia de Losardo

El mandatario nacional confirmó, además, que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le pidió la semana última «dejar el cargo», por lo que anticipó que deberá encontrar un «reemplazante» para ese puesto.

«Me ha planteado la semana pasada su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud», reseñó Fernández pero ratificó que, de todos modos, quiere que Losardo «siga trabajando» en el equipo de gobierno.

Su relación con la vicepresidenta

Fernández descartó por completo que las diferencias en el Frente de Todos puedan provocar una ruptura de la alianza oficialista, al advertir: «Yo acá llegué con Cristina y me voy con Cristina».

«Llegué con Cristina, con Máximo (Kirchner) y con Sergio (Massa). No voy a romper esa unidad. Cuando se rompió esa unidad llegó (Mauricio) Macri, y ya sabemos lo que pasó», enfatizó.

Precios

El Jefe de Estado indicó que la administración a su cargo hará un «seguimiento permanente de los precios y del suministro de los bienes» y advirtió a los sectores «especuladores» que retienen productos que será «inflexible» para aplicar la Ley de Abastecimiento.

«No se puede permitir, en una economía que se está recuperando rápidamente, que se especule de este modo en perjuicio de la gente», alertó.

El ritmo de vacunación «va a acelerarse»

El Presidente anticipó que el ritmo de vacunación contra el coronavirus «va a acelerarse» y afirmó que instruyó a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para que se abrieran «todos los centros» vacunatorios posibles.

«Hemos logrado con Rusia fijar un cronograma de entrega que todas las semanas nos permita contar con vacunas», consignó el mandatario y añadió: «Hemos comprado 3 millones de vacunas adicionales a Sinophram, y en lo que queda de marzo tendrían que estar entrando 580 mil dosis de AstraZeneca».

Sólo uno de cada dos femicidios es calificado así en las sentencias judiciales, revela la UFEM

Los datos surgen del relevamiento del estado de las investigaciones de muertes violentas de mujeres en la ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2019 presentado este lunes por la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Mariela Labozzetta.

La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, Mariela Labozzetta, dijo este lunes que «solo 1 de cada 2 femicidios es calificado como tal en las sentencias judiciales», al presentar un relevamiento del estado de las investigaciones de muertes violentas de mujeres en la ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2019. «Dimos grandes pasos, falta mucho», tuiteó Labozzetta, al referirse al «Relevamiento del estado de las investigaciones por muertes violentas de mujeres y otras identidades femeninas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (años 2015-2019)» de la UFEM.

Las cifras

De acuerdo al Relevamiento, entre 2015 y 2019 se registraron 114 víctimas de homicidios dolosos con identidades femeninas, que tramitaron o tramitan en 109 expedientes judiciales dentro de los fueros Nacional en lo Criminal y Correccional y Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

«Sobre este total de homicidios, un 59 por ciento fueron clasificados con los indicadores de la UFEM como femicidios/transfemicidios (67 casos)», se indicó.

En cuanto al estado de las causas judiciales, el informe indicó que «el 61 por ciento del total de las causas por homicidios dolosos de personas con identidad femenina -sean o no femicidios- iniciadas en el periodo analizado se encuentra aún en trámite, en distintas instancias del proceso penal».

Y analizó: «De ese universo, en 46 causas se emitió sentencia: 41 fueron condenatorias y 5 absolutorias. Otras 33 causas -lo que representa el 30 por ciento- están en investigación o a la espera de juicio, mientras que 29 expedientes fueron reservados o archivados, ya sea porque no se pudo identificar al autor o por sobreseimiento del imputado por salud mental o fallecimiento».

Las demoras en las causas

El trabajo también dio cuenta de grandes demoras entre los hechos y la sentencia de primera instancia.

«En promedio, transcurren 22 meses entre los hechos y la sentencia en primera instancia. Si se habla de tiempos, debe apuntarse que el 78 por ciento de las sentencias fueron recurridas a la Cámara de Casación Penal, que emplea -en promedio- otros 24 meses para resolver desde la presentación de los recursos de revisión», se precisó.

En la actualidad hay 18 sentencias en esa instancia que aún no tienen resolución y «ocho de ellas llevan más de dos años» mientras que «otras 13 causas están en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de haberse rechazado en instancia de Casación los recursos extraordinarios presentados».

Muertes por razones de género

La UFEM explicó que utiliza su instrumento de indicadores para determinar cuáles, del total de homicidios dolosos de personas con identidad femenina, son efectivamente muertes violentas por razones de género (femicidios/transfemicidios/travesticidios).

«Del subuniverso de crímenes por razones de género -es decir, del grupo de los casos que en función de la aplicación de los indicadores se categorizaron como femicidios– se aplicó el agravante específico de violencia de género sólo en 16 de los 32 hechos que ya cuentan con sentencia», precisó el informe.

Entre los casos clasificados por la UFEM como femicidios, el nivel de identificación de autores (92 por ciento) es mayor que entre los casos definidos como otros homicidios dolosos de personas con identidad femenina (67 por ciento).

Se identificaron posibles autores en 8 de cada 10 investigaciones judiciales por las muertes dolosas de mujeres ocurridas entre 2015 y 2019, denotando una alta tasa de identificación de perpetradores de violencia letal contra mujeres, contabilizó el informe.

De acuerdo al trabajo, eso se explica principalmente por «el alto grado de conocimiento y vínculo previo entre víctima y victimario en los casos de femicidios/travesticidio» ya que siete de cada diez tenían vínculos de pareja o familiares previos.

Además, de las 64 causas clasificadas por UFEM como femicidios para el período 2015-2019, se contabilizaron 35 sentencias: 31 condenatorias, tres absolutorias y una pendiente de imposición de pena; pero ninguna tuvo veredicto durante 2020.

El estudio, de 48 páginas, reportó que entre 2015 y 2019 murieron 114 personas con identidad femenina en homicidios dolosos en la Ciudad de Buenos Aires. «Aunque es fluctuante, en los últimos 5 años se observa una leve tendencia en descenso de la cantidad de homicidios dolosos de personas con identidad femenina, que acompaña el comportamiento más general del fenómeno, reflejado en la baja en los homicidios dolosos en general (todo tipo de víctima) en la Ciudad de Buenos Aires», se analizó.

A la hora de evaluar la importancia de este trabajo, Labozzetta dijo a Télam que «la particularidad que tiene este informe, que hicimos nucleando la información de los últimos 5 años, es que es de desempeño institucional, de seguimiento de los casos, de tiempos judiciales». «Como son relativamente nuevos los registros de violencia de género, entonces tener un tiempo de 5 años y mirar la película más largamente permite sacar conclusiones más contundentes» que cuando se analizan datos anuales, consideró, «sobre todo porque nuestros informes son de la ciudad de Buenos Aires, que son pocos casos». Y continuó: «Estamos mirando los hechos y el desarrollo de las investigaciones, lo cual es bien oportuno por el momento en que estamos viviendo en que hay una interpelación tan fuerte al sistema de justicia».

Empezó la junta médica de Maradona y piden recaratular a «homicidio doloso»

Veinte peritos oficiales y de parte se reunieron hoy por primera vez para dar inicio a la junta médica clave que definirá si la muerte de Diego Armando Maradona se pudo haber evitado y si hubo mala praxis, y dos de los abogados manifestaron que la causa debería caratularse como «homicidio doloso».

Pasadas las 10, los distintos abogados y peritos comenzaron a arribar este lunes a la sede de la Superintendencia de Policía Científica de la policía bonaerense, ubicada en avenida 52 y 118, de la ciudad La Plata.

Dos de los fiscales que firman el expediente, el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, fueron los dos representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) que encabezaron la reunión donde se definieron las pautas de trabajo.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que hoy se acordó dividir el trabajo de los profesionales en dos grupos: por un lado, lo vinculado a la medicina clínica, sanitarista y cardiológica; y por el otro, lo psiquiátrico y psicológico.

También definieron que no todas las reuniones serán presenciales, sino que se juntarán de manera virtual a través de la aplicación Zoom u otras plataformas similares, y ya se acordó para el próximo viernes la primera reunión virtual.

«Además, para evitar cualquier tipo de filtración de materiales audiovisuales o sensibles, los peritos deberán asistir de manera presencial a la Fiscalía General de San Isidro, con previo aviso, cuando requieran ver videos, fotografías y algún documento en papel», explicó a Télam uno de los investigadores judiciales.

Al término de la primera reunión, el abogado Mario Baudry, que representa como particular damnificado al hijo de su pareja Verónica Ojeda, Dieguito Fernando Maradona, el menor de los hijos del «10», se mostró conforme con la selección de especialistas que hicieron los fiscales y explicó que por ello, él no presentó peritos de parte.

«Estoy muy conforme con las preguntas que se hicieron, son muy claras, muy concretas y buscan hechos muy puntuales. Si los médicos responden esas preguntas es suficiente. La instrucción que yo tengo de Verónica es saber la verdad y la verdad es más dura de lo que uno sospechaba», comentó a Télam el abogado.

Al ser consultado sobre si la carátula debería ser pasar de «homicidio culposo» –tal como por el momento definieron los fiscales- a un «homicidio doloso», Baudry contestó: «Yo vengo diciendo desde el primer día que a Diego lo mataron».

«Cuando ustedes escucharon los audios y WhatsApp entendieron lo que uno sentía. Yo represento a Dieguito, a un nene que perdió a su papá, no que perdió a Maradona. Yo creo que este delito es doloso, de mínima hay un abandono de persona agravado que es de 5 a 15 años (de cárcel), pero puede ir al homicidio por omisión», opinó Baudry.

Otro de los abogados que habló hoy de la calificación es Rodolfo Baqué, quien defiende a Dahiana Gisela Madrid, la enfermera que estaba presente al momento del fallecimiento del DT de Gimnasia.

«Sigo sosteniendo que hay un homicidio simple con dolo eventual o un abandono de persona en los términos del (artículo) 106 del Código Penal, que es el que pone en riesgo la salud o la integridad física de una persona», señaló Baqué.

El defensor coincidió con Baudry en que los médicos que integran la junta médica «son de excelentísimo nivel» y que no puso peritos de parte por ello y porque, según dijo, «al tenor de las preguntas claramente se desprende que hay una ausencia de participación de los enfermeros» en la muerte del Maradona.

Más temprano, Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra imputada Agustina Cosachov, aseguró que de la junta médica que se inició en la ciudad de La Plata «se va a saber si había algún tipo de reproche» para los profesionales que atendieron al exfutbolista y anticipó que su clienta podrá «justificar cada uno de sus actos como médica psiquiatra».

Son 24 puntos de pericia que los fiscales formularon para que los expertos contesten cuál era el estado cardiológico de Maradona, si sus médicos debían conocerlo, si estaba bien o mal medicado, si la neurocirugía a la que fue sometido era necesaria, si la casa del barrio San Andrés de Tigre donde falleció el 25 de noviembre era el lugar adecuado para una internación domiciliaria y si el equipo a cargo de su salud aumentó, por sus acciones u omisiones, los riesgos para el «10».

Los peritos oficiales son Carlos Cassinelli, Federico Corasaniti, Agustín Grimoldi Vázquez y Javier Grubisa -los cuatro legistas de la autopsia-; el cardiólogo Gustavo Di Niro; los psiquiatras Enrique Gallego y José Luis Covelli; el toxicólogo Carlos Damin; el nefrólogo Hernán Trimarchi y el hepatólogo Fernando Cairo.

Los siete profesionales de la salud imputados en la causa son el neurocirujano Leopoldo Luque (39); la psiquiatra Cosachov (35); el psicólogo Carlos Daniel «Charly» Díaz (29); los enfermeros Madrid (36) y Ricardo Omar Almirón (37); la médica coordinadora Nancy Forlini (52); y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni (40).

Algunas de sus defensas presentaron como peritos de parte a Antonio Martín Maya y Antonio José Maya (por Luque); el psiquiatra Aníbal Areco y al cardiólogo Ricardo Iglesias (por Cosachov); la psiquiatra Blanca Graciela Huggelmann (por Díaz); Mariana Flichman y Guillermo López Ávila (por Forlini); y las psicólogas Karina Catanzariti y Laura Fusca (por Perroni).

Por el lado de las querellas, las hijas Dalma y Gianinna Maradona, nombraron como peritos de parte al cardiólogo Sergio Víctor Perrone y a Mario Schiter, quien actuó como veedor de la autopsia y ya había tenido como paciente a Maradona.

Radiografía de Formosa: la provincia que Gildo Insfrán gobierna desde 1995

Durante la pandemia, la provincia de Formosa quedó en el centro del debate a raíz de la polémica por las condiciones en los centros de aislamiento para pacientes con coronavirus y, más recientemente, por la represión a una protesta realizada contra la decisión del Gobierno provincial de volver a la Fase 1 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en la ciudad de Formosa, tras la detección de 17 casos positivos de coronavirus.

La Provincia es gobernada por el Partido Justicialista desde el año 1983, cuando retornó la democracia al país, y el Ejecutivo provincial está a cargo de Gildo Insfrán (Frente de Todos), quien gobierna ininterrumpidamente desde el año 1995 y cursa actualmente su séptimo mandato.

Chequeado.com presentó una radiografía de algunos indicadores socioeconómicos de la Provincia, una de las más relegadas del país, para dar contexto a la manifestación y represión ocurrida el viernes último.

Pobreza e indigencia

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el primer semestre de 2020 en la ciudad de Formosa el 42,4% de las personas eran pobres; y el 8,8%, indigentes. Esto significó un incremento en la pobreza de 2 puntos con relación al mismo período del año 2019. La indigencia, en tanto, se incrementó 1 punto en el mismo período.

Mortalidad infantil y materna

Formosa es la segunda provincia detrás de Corrientes con el mayor índice de mortalidad infantil, con 11,3 casos cada mil nacimientos, según los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes a 2018. En tanto, la provincia encabeza el ranking nacional de mortalidad materna, con 14,4 casos cada 10 mil nacimientos.

Empleo público y privado

En la ciudad de Formosa, la desocupación en el tercer trimestre de 2020 -último dato disponible- fue del 3,7%, una de las más bajas de los 31 conglomerados urbanos medidos por el INDEC, sólo superada por Río Gallegos (3,1%) y Viedma-Carmen de Patagones (3,4%).

Esta situación se sostiene por un alto nivel de empleo estatal: según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior de la Nación, en 2017 había 167 empleados públicos por cada 100 trabajadores privados en la provincia. A nivel nacional, esa proporción es de 35 públicos cada 100 privados.

Este último dato podría explicarse por el bajo número de empresas registradas: 5,2 cada mil habitantes, cuando el promedio nacional es de 14,5, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en 2017.

Coronavirus

Según los datos oficiales, en la Provincia se detectaron 1.475 casos de coronavirus y 20 muertes desde la llegada de la enfermedad al país hace un año atrás. Actualmente hay 212 casos activos, de los cuales 108 se encuentran en la capital provincial, donde el Gobierno decretó desde el 4 de marzo la vuelta a la Fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud de la Nación, Formosa es la provincia argentina con menor cantidad de casos de coronavirus detectados, seguido por Catamarca (8.360) y Misiones (8.905).