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El jefe de Gabinete de la Nación aseguró que si bien “la ley no permite privatizarla”, lo que sí pueden hacer es “achicar el gasto”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que podrían cerrar la Televisión Pública, sin embargo, por el momento, sólo le van a cambiar el nombre. Asimismo, recordó que aunque “por ley está prohibido privatizarla», desde el Poder Ejecutivo tienen la potestad de “achicarla lo más que se pueda”, con el fin de no generar más gastos.

“Hay que hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener que privatizarla. Está la chance de cerrarla, podríamos bajarle la llave, pero por ahora le vamos a cambiar el nombre», aseguró el funcionario libertario en un streaming.

En la misma línea, dio la “primicia” sobre el cambio de nombre de la señal, ya que no se va a llamar más TV Pública, porque consideran que, en esta nueva etapa, “y a través de retiros voluntarios y de determinados procedimientos que no vienen al caso”, pueden mostrar “un cambio simbólico” acerca del camino que quiere tomar La Libertad Avanza (LLA).

En la entrevista que brindó a Infobae, el funcionario señalo que es posible que el actual nombre suene “kirchnerista” y, remarcó que, desde la asunción del presidente Javier Milei, «todo lo que sea cartelería con contenido ideológico» tiene la orden de ser retirado.

La situación actual de los empleados de la TV Pública atraviesa un proceso de profunda reestructuración bajo la intervención estatal, que ha sido prorrogada recientemente, debido a que el Gobierno Nacional oficializó la continuidad de la intervención en Radio y Televisión Argentina (RTA), que incluye a la TV Pública y Radio Nacional, según el Decreto 79/2026. Este proceso se extendió hasta el 1º de febrero de 2027. 

Por otra parte, el plan de retiros voluntarios al que se refirió Adorni en la entrevista, busca reducir la plantilla de los medios públicos en aproximadamente 500 puestos de trabajo, un 20% del total actual de 2.400 empleados, y que afecta a periodistas, productores y también personal administrativo, no sólo de la TV Pública, sino también de las 50 emisoras de Radio Nacional.

Tal como lo dejó claro el jefe de Gabinete, esta gestión considera «excesiva» la dotación actual de trabajadores, y donde en la TV Pública, particularmente, asciende a casi 1.300 empleados. __IP__

Con respecto a los salarios, los gremios como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo, denuncian una pérdida significativa del poder adquisitivo, debido a que los sueldos estuvieron prácticamente congelados desde agosto de 2024, lo que ha llevado a muchos por debajo de la línea de pobreza.

Al mismo tiempo, los trabajadores del la TV Pública rechazan fuertemente la reforma laboral y advierten que podría causar un «daño irreversible» a los medios públicos. 

El cambio en la conducción del organismo se da en medio de la polémica por la postergación del cambio de medición de la inflación.

El Gobierno formalizó este lunes la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el nombramiento de Pedro Lines en su reemplazo, mediante el Decreto 91/2026 publicado en el Boletín Oficial.

En primera instancia, en el texto oficial firmado por el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se acepta a partir del 2 de febrero de 2026, la renuncia presentada por el licenciado en Economía Marco Lavagna al cargo de Director del INDEC.

La salida del funcionario, que estuvo seis años a cargo del organismo, se dio en medio de la polémica por la aplicación de la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que tendría que haberse comenzado a aplicar en enero y fue pospuesta sin fecha.

Lavagna había asumido en la presidencia de Alberto Fernández y fue ratificado en el comienzo de la gestión libertaria. Ante su dimisión, en el decreto se agradeció “al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo».

Al mismo tiempo, se designó a partir del 4 de febrero de 2026, en el cargo de Director del INDEC al licenciado en Economía Pedro Ignacio Lines, quien se desempeñaba como segundo de Lavagna en la función técnica.

Lines es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Trabaja como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del país. También coordina el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.

De acuerdo a sus redes sociales, es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).

Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina.

Desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de Qatar.

También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Lines comenzó su carrera en Cuentas Nacionales, trabajando en las estimaciones del año base de 1993 de Argentina, donde participó en la recolección, validación y análisis de datos. Más tarde, en esa misma oficina, fue responsable de la consistencia final y el tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997.

Estaba a cargo de los estimados de consumo privado e inversión bruta interna fija para Argentina. Entre otras tareas, ha sido responsable de un modelo de simulación macro-económica que permitió la formulación de un programa financiero a mediano y de desestacionalizar las series económicas.Durante su carrera, adquirió experiencia en la recopilación, compilación, clasificación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un profundo conocimiento en software estadísticos.

El abogado Sebastián Robles se lo confirmó a la Agencia Noticias Argentinas.

La Justicia brasileña ordenó la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que fue imputada por realizar gestos racistas.

Así lo confirmó el defensor Sebastián Robles en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. La joven había sido trasladada a una comisaría en la ciudad de Río de Janeiro.

De esta manera, se revocó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal y Páez volverá a tener arresto domiciliario con tobillera electrónica en el marco de la causa que la investiga por el delito de injuria racial, cuya pena contempla entre dos a cinco años de prisión, según las leyes brasileñas.

A través de un video, difundido este jueves, Páez consideró que “se están vulnerando” todos sus derechos, habida cuenta que en todo momento mostró su predisposición ante las autoridades brasileñas, pero al mismo tiempo advirtió que está “muerta de miedo”.

“Necesito ayuda. Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se me vulneren todavía más mis derechos, sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no son tenidos en cuenta sólo para perjudicarme. Espero que todo se aclare“, añadió.__IP__

Si bien la abogada no lo dijo explícitamente su reacción se habría producido en respuesta a una serie de burlas obscenas por parte de un grupo de hombres que estaban en el bar.

Un hombre fue detenido acusado de haber sido quien violó a una adolescente en Miramar a fines de enero, lo que provocó una intensa investigación debido a la falta de información y de cámaras de seguridad en la zona de la calle 33 y Costanera, lugar donde ocurrió el ataque.

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, se trata de R.G.D. quien fue detenido “tras el relevamiento de las cámaras de seguridad, inspecciones oculares sobre lugar del hecho y zona aledañas, búsqueda de testigos y recepción de testimonios que fueron armando las secuencias antes del hecho y posterior al mismo, luego de haber obtenido un reconocimiento fotográfico del presunto autor del ilícito”.

La violación ocurrió el pasado 29 de enero a la madrugada cuando la víctima se encontraba con un amigo y cerca de la playa fueron abordados por un hombre, de 40 años, quien los amenazó con un cuchillo.

Según indica la denuncia, el agresor les ató los pies y, mediante intimidación, los obligó a despojarse parcialmente de sus prendas de vestir, para luego cometer los actos de violencia sexual contra la menor.

Los dos adolescentes lograron huir del ataque tras repeler la agresión y allí el sujeto les sustrajo el celular, para luego darse a la fuga. Ambos menores pidieron ayuda policial en la vía pública y desde ese momento se dio a la exhaustiva investigación a cargo del fiscal Rodolfo Moure de la UFI Descentralizada de Miramar.

TAREAS DESARROLLADAS EN LA CAUSA

Durante los días posteriores los investigadores indicaron que se trataba de un caso difícil debido a la falta de cámaras de seguridad en el lugar del hecho.

Aun así, tras el rápido relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, sumado a inspecciones oculares sobre lugar del hecho, búsqueda de testigos y recepción de testimonios, se logró obtener un reconocimiento fotográfico del presunto autor del ilícito por parte de un testigo entrevistado que aportó información de interés para el esclarecimiento del hecho.

Con la autorización del Juez de Garantías interviniente, se realizó el operativo donde se concretó la captura del atacante en el barrio Marines de Miramar, a pocos metros de la casa de sus padres.

Un dramático momento protagonizado por una jubilada, de 86 años, terminócon un final feliz. Un grupo de delincuentes le había robado los ahorros de toda su vida, tras engañarla con el falso secuestro de un familiar. Sin embargo, los estafadores que la habían contactado por teléfono terminaron detenidos tras el rápido accionar de la policía de Entre Ríos.

Fuentes investigativas indicaron que el hecho ocurrió en el barrio Arenales de la ciudad entrerriana de Paraná, en donde el martes pasado la mujer fue víctima de una estafa telefónica y entregó 800 mil pesos, 900 dólares y 875 euros.

Luego de ocurrido el episodio, la policía se centró en un sector conocido como «La Vieja del Agua», y el operativo incluyó un cerrojo en las inmediaciones e intervención del sistema de videovigilancia, lo que permitió rastrear los movimientos de los sospechosos.

En tanto, la investigación, dirigida por el Ministerio Público Fiscal bajo la Fiscalía de Sofía Patat, se centró en esclarecer los detalles del engaño y recuperar el dinero sustraído a la víctima.

¿Cómo fue la estafa telefónica?

Por otra parte, el jefe de la División Delitos Económicos, comisario Marcelo Hoffman, brindó detalles sobre el modus operandi utilizado. La víctima recibió una llamada telefónica cerca de las 15.30 de ese martes, cuando una voz femenina se hizo pasar por su hija y, bajo amenaza de muerte, le exigieron la entrega de una suma de dinero.

Conmocionada, la mujer reunió 800.000 pesos, 900 dólares y 875 euros, montos que entregó tal como le indicaron, saliendo al frente de su vivienda y dejando el dinero en la puerta.

Esta acción fue aprovechada por los delincuentes, quienes se presentaron en el lugar yse llevaron el botín antes de huir en un Volkswagen que ya había sido detectado en la zona por la Policía.

Tres detenidos en el caso

El funcionario destacó que el accionar policial fue clave para identificar a los responsables, ya que gracias al monitoreo decámaras urbanas y un rápido despliegue, se logró individualizar a tres hombres, cuyas edades oscilan entre 19 y 35 años, todos oriundos de la provincia de Buenos Aires.

La fiscal Sofía Patat dispuso la intervención inmediata y el secuestro preventivo del vehículo utilizado en la maniobra, que permanece retenido mientras avanzan las diligencias judiciales. Finalmente, los sospechosos fueron demorados a la espera de que la Fiscalía decida su situación procesal.

Un abogado,de 48 años, quedó a un paso del juicio oral tras ser acusado de llevarse su auto del playón de infractores sin pagar el acarreo. El hecho ocurrió en septiembre del año pasado en un predio del gobierno porteño en Recoleta.

El fiscal nacional Leonel Gómez Barbella solicitó la elevación a juicio de la causa, donde el letrado está imputado por el delito de «defraudación por sustracción». 

El hecho ocurrió el 9 de septiembre de 2025, cuando el hombre retiró su vehículo de un playón sin abonar el traslado ni la infracción.

La investigación determinó que todo comenzó cuando una grúa de la Ciudad detectó un auto mal estacionado en un espacio exclusivo para personas con discapacidad sobre la calle Libertad. El vehículo fue remolcado hasta el depósito de la firma Dakota S.A., ubicado detrás de la Facultad de Derecho.

Cerca de las 9:30 de la mañana, el abogado llegó al predio de la calle Eduardo Couture al 2200. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, el hombre no pasó por la ventanilla de pagos. En lugar de eso, subió a la camioneta, que está a nombre de su hija pero él tiene autorización para conducir, y esperó el momento justo.

Cuando una de las grúas salía del playón y se abrieron los portones, el imputado aceleró y salió detrás del remolque a toda velocidad, eludiendo cualquier control administrativo. El supervisor del playón  notó el faltante minutos después y realizó la denuncia ante la Comisaría Vecinal 2A.

A pesar de que el autor no fue identificado en el momento, el fiscal Gómez Barbella ordenó una serie de medidas a la División Investigaciones Comunales 2. El cruce de datos de las cámaras de seguridad con el RENAPER fue clave: los rasgos fisonómicos del hombre que escapaba en el video coincidían plenamente con los del abogado, quien además vive a pocas cuadras de donde se originó la infracción.

Aunque el abogado se negó a declarar ante la jueza Vanesa Peluffo, las pruebas en su contra son contundentes. Incluyen los registros fílmicos, los testimonios de los empleados y el acta de infracción original.

Ahora, el letrado podría enfrentar una pena que va de un mes a seis años de prisión por haber intentado ahorrarse el costo del acarreo y la multa por obstruir una rampa para personas con discapacidad.

Será en las prendas secuestradas e hisopados a la víctima.

Las pericias en búsqueda de material genético en el caso por la violación a una adolescente en Miramar comienzan hoy y las mismas están a cargo de personal de Policía Científica. Por el momento no hay indicios de quién podría ser el agresor sexual y el caso genera hermetismo en la ciudad balnearia.

Este martes se inician las pericias en busca de material genético las prendas secuestradas e hisopados realizados en el hospital local a la víctima con la idea de obtener un posible cotejo de ADN.

dichas muestras se incorporarán al Banco Nacional de Huellas Genéticas para que el ADN quede registrado en el listado a nivel nacional.Otro punto expuesto es que también se abrieron nuevas líneas investigativas, lo que permitiría una apertura de la pesquisa.

Mientras avanza la parte pericial, los investigadores continúan con el análisis de las cámaras de seguridad aledañas al lugar del ataque para dar con algún sospechoso

El niño de 8 años permanece internado en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en terapia intensiva tras el accidente ocurrido entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la ciudad balnearia de Pinamar, fue operado por séptima vez.

Según sostiene el último parte médico, la intervención quirúrgica, cuyo resultado fue «satisfactorio», se realizó para «optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo».

«Se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural», detalla el documento.

Bastián recibió asistencia respiratoria mecánica y se mantuvo estable bajo los parámetros clínicos y hemodinámicos durante su internación en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Además, es monitoreado de forma constante por equipos interdisciplinarios, a fin de analizar su evolución clínica.

Fuente: NA.

Así lo indica el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) publicado en enero de 2026.

Argentina registra la tasa más alta de la historia de presos en cárceles, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) publicado en enero de 2026. Dicho documento también aborda el aumento del encarcelamiento, la evolución de los niveles de ocupación por jurisdicción, las características judiciales y sociodemográficas de la población, así como la situación de las personas privadas de la libertad con medidas de seguridad por razones de salud mental.

Al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario registraba 121.443 personas privadas de la libertad (PPL), lo que equivale a una tasa de 258 PPL cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia.

Esa tasa resultó elevada luego de que cinco provincias la hayan superado ampliamente: Córdoba encabeza la lista, con casi 377 PPL cada 100.000 habitantes; y le siguen Mendoza, con 308; Buenos Aires, con 305; Santa Fe, con 286 y Salta, con 267.

Durante los últimos 25 años, el encierro en prisiones creció a un promedio anual del 6 %, con la única excepción de 2020, cuando descendió a raíz de la pandemia. En 2024, el aumento fue aún mayor y alcanzó el 7,1 %. Aunque se incrementó la cantidad de plazas carcelarias, esto no logró reducir los niveles de sobrepoblación.

Desde la CNPT explican que, a nivel nacional, el conjunto de los sistemas penitenciarios funciona al 130,2 % de su capacidad, lo que implica que hay 130 personas alojadas donde caben 100.

En la última década, la cantidad de personas alojadas en establecimientos penitenciarios del país creció un 67,7 %. No obstante, las tendencias de esta evolución presentan un comportamiento dispar a nivel jurisdiccional. Santa Fe registró el incremento más pronunciado (244,8 %), seguida por Santiago del Estero (138,2 %) y Córdoba (116,6 %). Estas tres jurisdicciones duplicaron su población carcelaria entre 2015 y 2024.

Acerca de la ampliación de plazas, señalan que en 2024 diversos poderes ejecutivos provinciales incrementaron la capacidad de alojamiento penitenciario, entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

“Buena parte de esos nuevos centros penitenciarios recibieron a personas que estaban alojadas en comisarías. Esto generó un aumento del encarcelamiento, pero no logró reducir la cantidad de personas detenidas en el ámbito policial, que apenas se estabilizó”, sostienen.

Asimismo, el informe analiza en detalle, entre otros puntos, la situación procesal y los tipos de delitos de la población encarcelada. En la actualidad, el 62,0 % de la población carcelaria se encuentra condenada, mientras que el 37,3 % permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva.

La situación procesal presenta marcadas diferencias entre las distintas jurisdicciones del país. Neuquén registra el mayor porcentaje de personas condenadas, con un 99,6%. Chaco, Chubut y San Juan también superan el 90 % de población con condena. En contraste, algunas jurisdicciones superan la media nacional de personas encarceladas sin condena, entre ellas Formosa (51 %), Córdoba (49 %), Buenos Aires (43 %) y Misiones (39%).

En cuanto a los tipos de delitos se observa que la mayor proporción corresponde a los delitos contra la propiedad, que representan el 36,4 % del total, es decir, casi cuatro de cada diez personas. Le siguen contra las personas, que alcanzan el 21,7 %, y contra la integridad sexual, con un 20,5 %.

NA