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Analizan si hubo sobreprecios y licitaciones direccionadas, y reconstruyen la posible ruta de coimas.
La Justicia federal avanza en la investigación de más de 600 contratos firmados entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina SA, vinculada a la familia Kovalivker, durante la actual gestión de Javier Milei. El fiscal Franco Picardi analiza si hubo sobreprecios y licitaciones direccionadas, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, concentra su tarea en reconstruir la posible ruta de coimas.

Los contratos bajo sospecha

Según fuentes judiciales, desde comienzos de 2024 hasta la fecha se firmaron centenares de contratos para la provisión de medicamentos, que en total representarían más de 55.000 millones de pesos. La documentación secuestrada incluye facturas, correos electrónicos corporativos y expedientes licitatorios que habrían beneficiado de manera recurrente a la droguería Suizo Argentina, controlada históricamente por Eduardo Kovalivker y actualmente manejada por sus hijos, Emmanuel y Jonathan.

Los investigadores sospechan que la empresa fue favorecida mediante mecanismos internos de contratación directa que rigen desde 2017, lo que habría facilitado la concentración de compras de la ANDIS en manos de la firma.

La hipótesis judicial

El fiscal Picardi trabaja en dos líneas:
1. Posibles irregularidades en las contrataciones públicas: adjudicaciones direccionadas y precios por encima del mercado.
2. Un circuito paralelo de sobornos: pagos ilegales a funcionarios para garantizar negocios con el Estado.

Si se corroborara que las contrataciones fueron parte de un entramado de corrupción, ambas hipótesis quedarían directamente vinculadas.

Denuncias y nombres en la causa

La denuncia penal apunta contra Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Diego Spagnuolo (ex titular de la ANDIS) y Eduardo Kovalivker, señalado como facilitador de las operaciones sospechadas. Todos ellos fueron acusados de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública.

En el expediente constan además los audios filtrados de Spagnuolo que originaron la causa, en los que se mencionan directamente a Lule Menem y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Un jubilado de Mendoza presentó una demanda judicial por más de $152 millones contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca, tras alegar que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como efecto adverso de la vacuna contra el COVID-19. 

El caso, que podría sentar precedente, se enfrenta a un escollo legal: la Ley 27.573, sancionada durante la gestión de Alberto Fernández, que exime a las farmacéuticas de responsabilidad civil.

La normativa, promulgada en octubre de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria, habilitó al Gobierno a firmar contratos confidenciales con laboratorios internacionales, incluyendo cláusulas que impiden demandas directas por efectos secundarios. En su lugar, los damnificados deben acudir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo que ofrece compensaciones limitadas y solo en casos graves, científicamente comprobados.

El demandante, que logró costear estudios médicos y asesoría legal, reclama una indemnización por:

Daño físico y moral

Gastos médicos (daño emergente)

Incapacidad permanente

Pérdida de oportunidades laborales y recreativas

Daño punitivo, como sanción ejemplar contra AstraZeneca

Según la presentación judicial, las secuelas le impiden realizar tareas cotidianas como operar maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar. A diferencia de otros afectados, el jubilado pudo financiar los peritajes exigidos por la ley, que coloca toda la carga probatoria sobre la víctima.

Además del reclamo económico, el caso busca impugnar la constitucionalidad de la Ley 27.573, lo que podría abrir un debate sobre el derecho a la reparación integral en situaciones vinculadas a campañas de vacunación masiva.

En paralelo, casos similares se registran en otras jurisdicciones. En España, un tribunal de Barcelona reconoció como accidente laboral los efectos adversos sufridos por un docente tras recibir la vacuna de AstraZeneca, marcando un hito en la jurisprudencia europea. En Argentina, también se tramitan demandas por secuelas graves, como el síndrome de Guillain-Barré y púrpura trombocitopénica.

El laboratorio, por su parte, ha reconocido públicamente la existencia de efectos secundarios raros como la trombocitopenia trombótica inmune, aunque sostiene que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos.

La causa del jubilado mendocino podría convertirse en un caso testigo, no solo por el monto reclamado, sino por el intento de abrir una vía judicial directa contra una farmacéutica amparada por legislación especial.

La sesión especial del Congreso está convocada a las 13, en una jornada en la que el Garrahan estará de paro.
Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales realizarán mañana la tercera Marcha Federal frente al Congreso para protestar contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

Partidos opositores, la CGT, las dos CTA y movimientos sociales nutrirán las columnas de manifestantes que se concentrarán desde el mediodía frente al parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos en momentos en que adentro del recinto de Diputados se estará sesionando para tratar ese tema.

«Esta CGT estará en el Congreso acompañando a las organizaciones de la salud, a la comunidad universitaria, sindicatos, movimientos sociales, y fuerzas políticas en el reclamo colectivo a favor de la salud y la educación pública. Ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de nuestra sociedad, por eso instamos a las diputadas y diputados a que insistan en la validez de las mismas», sostuvo la CGT en la previa.

Por su parte, el titular de la CTA de los Trabajadores y diputado kirchnerista, Hugo Yasky, sostuvo: «Coincidimos y estamos juntos en la lucha, apoyando reclamos como el del Hospital Garrahan, que necesita recursos para seguir funcionando, y acompañando a los jubilados en defensa de sus derechos».

La sesión especial del Congreso está convocada a las 13, en una jornada en la que el Garrahan estará de paro desde las 7 hasta el jueves a la misma hora. Paralelamente, el sindicato del sector APyT convocó a una concentración, ese mismo día, a las 12:30hs., desde la puerta del hospital (Combate de los Pozos 1881) para marchar hacia el Congreso.

La marcha se definió después de que el presidente Javier Milei vetara, el jueves pasado, la ley que fijaba la actualización mensual por inflación de los sueldos y los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, además de la recomposición salarial de docentes y no docentes retroactiva a diciembre de 2023.

Diputados buscará ahora insistir con el proyecto, como ya hizo en el caso de la ley de emergencia en discapacidad.

En tanto, la mayoría de los sectores que se manifestarán consideraron insuficiente el anuncio del mandatario quien, en su discurso en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026, dijo que se le asignará 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales, con un aumento del gasto en educación de un 8% por encima de la inflación y un incremento de fondos para salud de un 17%, también por arriba del costo de vida. 

La Corte Suprema habilitó la subasta de bienes de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Falló a favor de los acreedores de la quiebra.
La Corte Suprema de Justicia resolvió un conflicto de competencia y habilitó que un juzgado comercial avance en la subasta de bienes de Austral Construcciones SA, la empresa insignia del empresario Lázaro Báez, declarada en quiebra.

El máximo tribunal respaldó la actuación del juez comercial frente al reclamo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF5), que lleva la causa Hotesur-Los Sauces, donde están procesados la ex presidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner. El TOF5 había solicitado frenar los remates para preservar activos que eventualmente podrían ser decomisados en caso de una condena.

La Procuración General, en línea con lo resuelto por la Corte, sostuvo que no existe prioridad de la pretensión penal por sobre los derechos de los acreedores en un proceso de quiebra. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron en que los bienes no pueden quedar fuera del régimen universal de la ley de Concursos y Quiebras.

Austral Construcciones, que tuvo a su cargo gran parte de la obra pública en Santa Cruz, fue declarada en quiebra en 2018 y desde 2023 sus bienes comenzaron a ser rematados para cancelar deudas con la AFIP, el Banco Nación y cubrir honorarios del proceso.

La causa Hotesur-Los Sauces, reabierta en 2023 por la Cámara de Casación tras haber sido cerrada en 2021, aún no tiene fecha de inicio de juicio oral.

«Se lo vio en su rol de líder: serio, circunspecto, firme y sin exabruptos», opinó la estratega en imagen pública Daniela Aruj.

El presidente Javier Milei emitió el lunes a la noche un discurso leído por cadena nacional grabado, en el que «llevó un mensaje explícito a cada sector que lo puso en jaque, siendo muy puntual, al aclarar que su prioridad y la de su gobierno es el capital humano», sostuvo este martes la estratega en imagen pública Daniela Aruj.

Le habló particularmente a las universidades públicas, jubilados, salud, discapacidad, educación, empresas, e incluso a su público meta que se había alejado al menos temporalmente: los jóvenes, cuando dijo que «vamos a inundar al mundo exportando talento».

«También tuvo un mensaje para sus adversarios, estimulando la polarización, cuando claramente enfrentó dos modelos: uno que nadie vivo pudo presenciar, y es el del equilibrio y superávit fiscal, versus el del déficit fiscal. En ese punto, resaltó particularmente los últimos 15 años con un claro mensaje al kirchnerismo», agregó Aruj.

Este punto fue varias veces destacado como «innegociable» por el Presidente, que sólo tocó de forma muy sutil a la casta, diciendo que desde que asumieron, los sueldos del Poder Ejecutivo están congelados. «No hubo referencia alguna a las acusaciones de corrupción», aclaró la analista.

Dejó una promesa: «Por este camino en 30 años, seremos potencia mundial». Se despidió sin excesos y evitando su característico grito «viva la libertad, carajo», destacó Aruj.

Eduardo Kovalivker, empresario y poeta, posee una 365 GTC de 1968, y se lo ha visto exhibirla en competencias de autos clásicos como las 1000 Millas Sport.
Más allá del escándalo de ANDIS y su reciente hermetismo en redes sociales, el patriarca de los laboratorios Suizo Argentina y poeta Eduardo Kovalivker es conocido en ciertos círculos por su pasión por los autos de alta gama, y en particular, por los vehículos de colección. Entre los modelos más destacados de su garaje, se encuentra una Ferrari 365 GTC de 1968, un verdadero clásico valuado en más de medio millón de dólares.

Kovalivker fue visto públicamente con dos modelos emblemáticos de la marca italiana. La Ferrari 365 GTC de 1968, en particular, figura en listados oficiales y en coberturas de las prestigiosas 1000 Millas Sport en la Patagonia argentina, una competencia de regularidad en la que participó en varias ediciones, teniendo como copiloto a Gustavo Gallo.

La historia de un clásico: Ferrari 365 GTC de 1968

La Ferrari 365 GTC de 1968, uno de los 168 ejemplares producidos. Una similar se vendió en una subasta en Monterey, California, por US$588.000. Este modelo es un reemplazo del 330 GTC, con un motor SOHC V-12 de 4.390 cc y 320 bhp, lo que le permitía alcanzar los 100 km/h en 6,3 segundos y una velocidad máxima de 243 km/h. Además, fue el primer Ferrari de carretera en contar con suspensión totalmente independiente y una distribución de peso 50/50 gracias a la integración de la caja de cambios con el diferencial.

Actualmente, este tipo de vehículos se presenta en excelentes condiciones de manejo, listo para ser disfrutado en largos viajes. La 365 GTC es considerada por muchos como una de las Ferraris de producción más raras de su época.

El proyecto de Presupuesto anunciado por el presidente Javier Milei contempla un superávit fiscal primario y aumentos en jubilaciones, Universidades y Pensiones por Discapacidad.

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto girado a la Cámara de Diputados son los siguientes:

Plantea equilibrio fiscal y monetario para el 2026

Inflación del 10,1 % anual para el 2026

Crecimiento de la Economía del 5%

dólar 1423 a diciembre del 2026

Gasto total de 148 billones de pesos

Superávit primario de 2,7 billones de pesos

Se asigna 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

Aumento en términos reales por encima de la inflación de las partidas jubilatorias del 5 por ciento

Se incrementa en un 17 % los recursos para salud por encima de la inflación.

Se aumentan en un 8% por ciento los recursos de salud 

Incremento del 5% del monto de las pensiones por discapacidad.

Se espera alcanzar el superávit primario  o al menos equilibrado a fines de diciembre

El nivel de gasto nacional estará por debajo del nivel de gastos de las provincias.

Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.

consumo privado se estima que aumentará 4,9% 

consumo público se incrementará 4,5 %

inversiones aumento del 9,4%

Exportaciones se estima un aumento del 10,6% 

Importaciones se proyectó un incremento del 11,1%

Aseguró que ya tiene el apoyo de 17 gobernadores.
El titular de ARCA, Juan Pazo, defendió la inclusión de la Ley de Inocencia Fiscal en el proyecto de Presupuesto 2026 porque es una norma que busca “que la gente vuelva al sistema”.

La medida, que tiene como objetivo que se usen dólares “guardados en el colchón”, había sido planteada por el gobierno meses atrás pero no prosperó.

“Es para dar garantías al que está usando esa plata, que después no va a venir otro que lo va a perseguir. Para dar garantías a quien adhirió al régimen simplificado de ganancias, que una administración tributaria de un gobierno de un distinto signo político no puede perseguirlo”, señaló Pazo.

En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario subrayó que “ya adhirieron 17 gobernadores” y remarcó que “no solamente va a generar la posibilidad de ingresar fondos a la economía para incentivar la producción, sino que busca instaurar un cambio en la filosofía y la práctica del régimen tributario argentino”.

“El objetivo es abandonar el tipo de régimen persecutorio para pasar a una idea donde todo contribuyente es inocente hasta que Arca demuestre lo contrario. No se tiene que invertir la carga de la prueba donde había una presunción de culpabilidad por parte del contribuyente”, recordó como concepto el titular de ARCA.

Pazo señaló que aunque no haya salido la ley de “Inocencia Fiscal” presentada en su momento, ARCA implementó el régimen simplificado de ganancias al que ya adhirieron 11.000 contribuyentes.

“Lo que hace es que ARCA a partir de ahora lo único que te va a mirar es la información de todas las facturas y los gastos deducibles sin mirar los consumos personales ni el incremento patrimonial. Esto permite que cada uno de los ciudadanos pueda utilizar el ahorro genuino que tuvo durante todos estos años, que lo que intentó fue preservarlo de la falta de moneda, de la inflación, del excesivo control que tuvo el Estado para poder ponerlo a la producción”, agregó.

Pazo precisó que “se disminuye de 5 a 3 años el plazo de prescripción tributaria” y en el caso de “la seguridad social de 10 a 5 años”.

Añadió que “lo más importante es que todos los contribuyentes que hayan presentado su declaración jurada en tiempo y forma, si tiene algún tipo de incumplimiento y es notificado podrá resolviendo, podrá resolver ese problema pagando lo que debe”.

Pazo afirmó que “los grandes beneficiarios de este tipo de proyectos son las provincias, ya que esto genera consumo, genera consumo local y eso es mayor tributación en las provincias, vía ingresos brutos y la coparticipación de IVA”.

El jurado popular consideró que Eduardo Andrada y Analía Morales son inocentes.

El jurado popular absolvió a los dos funcionarios que impidieron el ingreso del padre de Solange Musse a la provincia de Córdoba cuando su hija se encontraba enferma de cáncer de mama durante la pandemia de coronavirus.

El médico y ex director del Hospital de Huinca Renancó, Eduardo Andrada, y la asistente social Analía Morales llegaron al debate acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fiscal Julio Rivero había pedido un año y seis meses de prisión condicional para los implicados, al tiempo que peticionó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El representante del Ministerio Público Fiscal alegó que Solange Musse, Pablo Musse, Teresa Oviedo y Lorena Oviedo deben ser reconocidos como víctimas de violencia institucional.

Por su parte, el abogado querellante Carlos Nayi solicitó una pena de dos años y otros cuatro de inhabilitación para desempeñar funciones en el Estado.

Sin embargo, los miembros del jurado votaron por unanimidad la inocencia de Morales y por mayoría la absolución del facultativo.

El presidente Javier Milei enviará al Congreso el Presupuesto 2026. El oficialismo suspendió su tratamiento por la falta de acuerdo con gobernadores
El Gobierno afronta un escenario complejo en el Congreso para aprobar el Presupuesto 2026 porque el oficialismo perdió la iniciativa en manos de la oposición, que fue la que manejó la agenda parlamentaria en los últimos seis meses.

El presidente Javier Milei explicará los alcances del Presupuesto 2026 que enviará a la Cámara de Diputados como lo establece la ley de Administración Financiera, en un discurso que brindará este lunes a las 21 por Cadena Nacional.

Fuentes opositores señalaron a Noticias Argentinas que este año forzarán el tratamiento del Presupuesto y no descartan que en las próximas semanas establecer en la sesión un cronograma de trabajo con fecha de dictamen, para que no suceda lo mismo del año cuando el oficialismo suspendió el debate y decidió prorrogar por segundo año consecutivo el proyecto de gastos y recursos.

La Libertad Avanza decidió suspender el 19 de Noviembre la discusión del Presupuesto cuando no pudo alcanzar un acuerdo con los gobernadores dialoguistas y como el 20 de Noviembre termina el plazo para emitir dictamen y el Gobierno no lo incluyó en las sesiones extraordinarias prorrogó el Presupuesto 2023.

“Este año tiene que haber presupuesto si o si” señaló un vocero de un bloque mayoritario.

A diferencia de lo que sucedió el 15 de septiembre del 2024 no concurrirá Milei al Congreso Nacional como sucedió el año pasado y es posible que tampoco lo haga el ministro de Economía, Luis Caputo, reacio a exponer ante los diputados como siempre hicieron los titulares de esa cartera para presentar los gastos y recursos previstos por el Gobierno.

En ese contexto, la intención del oficialismo es comenzar el debate en la comisión de Presupuesto-que conduce el libertario José Luis Espert-, con la presencia de funcionarios del equipo económico, y luego de otras áreas sensibles como seguridad, empleo, y jubilaciones.

DIALOGO

Pero a diferencia de lo que sucedía el año pasado cuando había un buen diálogo con los gobernadores hoy ese nivel de negociaciones se ha deteriorado y muchos mandatarios comenzaron a tomar distancia y votar en contra del Gobierno.

Ahora, el Gobierno debe reconstruir los puentes de diálogos con los mandatarios ya que no solo son centrales para los votos en el recinto, sino para tener la mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.  

DICTAMEN 

Ese organismo parlamentario tiene 49 diputados, de los cuales LLA tiene seis miembros y MID dos; el PRO siete; UCR cinco; dos de Encuentro Federal; Democracia Federal dos; Innovación Federal dos; Producción y Trabajo uno; y uno de la Coalición Cívica1; mientras que Unión por la Patria (UxP) tiene 20 y la izquierda uno.

OPOSICION

Desde que se ratificó el acuerdo con Fondo Monetario Internacional, el oficialismo perdió el manejo de la Cámara de Diputados y del Senado-donde siempre tuvo graves dificultades-y se aprobaron leyes que fueron rechazadas por el Gobierno con el argumento que se alteraba el equilibrio fiscal.

Desde Abril la Libertad Avanza sufrió sucesivas derrotas ya que se creó la comisión investigadora LIbra, y se aprobaron las leyes de discapacidad, de emergencia en el hospital Garrahan, aumento de los recursos universitarios y el aumento de los haberes jubilatorios.

A ese lote se suman que el Senado aprobó un proyecto para regular el uso de los DNU, que establece que si no es tratado en 90 días y derogado en algunas de las cámaras pierde su vigencia.

A diferencia del año pasado, el Congreso Nacional dejó firme la ley de Discapacidad y es probable que pase lo mismo con la ley de emergencia de Garrahan votada con los dos tercios tanto en Diputados como en el Senado, y cuyo veto tiene que decidir el Gobierno en las próximas horas.

Solo pudo blindar el veto sobre jubilaciones y que no se avance con el decreto de rechazo a la ley de ayuda en Bahía Blanca.

Mañana el Gobierno tiene que decidir si veta las leyes de Garrahan, ATN, y aumento a las Universidades.

Casualmente, el tema del presupuesto a las Universidades y las discusiones sobre la distribución de los ATN junto con la distribución del impuestos a los combustibles, y la cajas jubilatorios, fueron dos de los temas que impidieron un acuerdo con los gobernadores dialoguistas.

COMBUSTIBLES

Otro punto central de la discusión del año pasado fue la distribución del impuesto al combustible, que es otro de los proyectos que ya fue aprobado por Senado y espera el tratamiento en Diputados y es rechazado por el Gobierno.

El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

En cambio, el dictamen de minoría impulsado por el oficialismo y sus aliados establece que mantiene los recursos del 28,69 % de la recaudación para el Anses, y el resto propone distribuirlo de acuerdo con la ley de coparticipación federal, con lo cual el Gobierno se quedará con cerca del 30 por ciento de los recursos y el restante 41 entre las provincias.