Niegan a un abuelo a tener un régimen de comunicación con sus nietas, víctimas indirectas de femicidio

La madre de las menores fue asesinada por su pareja, padre de las chicas. Ahora están bajo la tutela de su tía materna.
A un abuelo paterno le negaron a tener un régimen de comunicación con sus nietas, quienes son víctimas indirectas del femicidio de su mamá y manifestaron que no quieren tener contacto con él, debido a que no tenían un vínculo afectivo previo.

El Juzgado de Familia N°4 de la ciudad de Córdoba resolvió no otorgar un régimen comunicacional a favor del abuelo paterno de sus dos nietas, de 11 y 13 años. Las niñas habían quedado huérfanas hace dos años como consecuencia del femicidio de su madre. En tanto, su padre, autor del crimen, fue abatido por la policía después del hecho.

Debido a esta situación, ambas niñas están bajo la tutela de una tía materna, quien también manifestó su oposición al régimen comunicacional.

El abuelo paterno, que vive en la provincia de Buenos Aires, manifestó en la solicitud que, antes de la tragedia, mantenía un buen vínculo con sus nietas, y en el escrito también expresó que el contacto fue interrumpido por su tía y tutora por motivos que desconoce.

Sin embargo, en la demanda destacó que, aunque no deseaba perder el lazo con las niñas; aclaró que respetaría su voluntad respecto del régimen que dicte la Justicia, tras lo planteado por las menores.

La tutora de las pequeñas respondió a esa medida solicitada y rechazó el pedido a causa de la “rotunda negativa” de sus sobrinas. Relató que las niñas mantenían contacto con su abuelo por imposición de su progenitor y que sus encuentros en persona fueron escasos.

Además, agregó que sus sobrinas contactaron al abuelo paterno el día del femicidio de su madre y este se limitó a justificar a su hijo, el agresor. Esto, según se describe, “fue una gran desilusión para ellas, debido a que él nunca se disculpó ni ofreció ayuda económica”.

En las idas y vueltas legales, el abuelo manifestó que aceptaría la voluntad de las niñas, pero solicitó que fueran entrevistadas sin la presencia de su tutora. Así, ambas fueron escuchadas por las psicólogas del Cuerpo Auxiliar Técnico Multidisciplinario (Catemu), quienes concluyeron que de la historia familiar de las niñas no surgía vínculo afectivo alguno con el solicitante, por lo que desaconsejaban la fijación de un régimen de comunicación.

En la resolución final, la jueza María Belén Mignon, valoró que las menores presenciaron el ataque de su padre a su madre, lo que generó un gravísimo evento traumático.

“Destacó que, actualmente, gracias a la contención familiar, especialmente de su tía materna, y la asistencia a espacios terapéuticos, han logrado salir adelante y se encuentran en óptimas condiciones”, suma la resolución.

Ante este escenario, la magistrada resolvió rechazar, por el momento, el régimen comunicacional solicitado, en pos de preservar la salud física y psicoemocional de las niñas involucradas.

Se creó el Centro Regional de información para la lucha contra las drogas

Se buscará restringir la oferta ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, comunicó en la Resolución 1038/2025 del Boletín Oficial que se creó el Centro Regional de información para la lucha contra las drogas, en busca de restringir la oferta ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Según el último Informe Mundial de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, publicado el 26 de junio de 2025, “el consumo alcanzó a 316 millones de personas, lo que representa un aumento con respecto a la última década que supera el crecimiento de la población”.

Frente a este panorama, las autoridades nacionales destacaron la rápida expansión del mercado de drogas sintéticas en los últimos tiempos, la cual no muestra signos de desaceleración.

De esta manera, destacaron que es necesario la creación de un Centro Regional de información para la lucha contra las drogas, con especial foco en las drogas sintéticas y las sustancias psicoactivas (NSP).

En la Resolución describen que tendrá como objetivo colaborar, a partir de la consolidación y análisis de la información disponible, con las áreas operativas y forenses de restricción de la oferta ilícita de drogas.

Asimismo, buscará convertirse en una “instancia de cooperación interinstitucional e internacional para la detección temprana de patrones y tendencias delictivas que puedan contribuir con las dinámicas de tráfico ilícito de estupefacientes, con énfasis en drogas sintéticas y NSP, y el desvío de precursores químicos; y para el diseño e implementación de estrategias, políticas y acciones para brindarle una respuesta dinámica y eficaz”.

Las autoridades nacionales señalan en el escrito que se constituye como una herramienta clave en pos de “optimizar el uso de los recursos disponibles y perfeccionar el intercambio de información en un contexto en el que el tráfico ilícito de estupefacientes y, específicamente, el de drogas sintéticas y NSP requiere de respuestas estatales flexibles, adaptables y veloces”

Tenderá también al intercambio de información de carácter no sensible, que no afecten causas judiciales en curso, con otros actores de la Administración Pública Nacional y con otros organismos estatales e internacionales con competencia en la materia a nivel regional.

Acerca de qué estructura dependerá el Centro, confirmaron que será la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, que planteará los lineamientos estratégicos y la coordinación integral del mismo centro.

Dicha Secretaria tendrá como objetivo la “identificación temprana de tendencias y patrones relacionados con el tráfico ilícito de drogas, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas y el desvío de precursores químicos a nivel regional; y el diseño e implementación de estrategias y políticas para brindar una respuesta efectiva a esos problemas”.

Para que se cumpla el dictamen, se deberán respetar los objetivos específicos: 

Centralizar y sistematizar información sobre el tráfico ilícito de drogas, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP), así como el desvío de precursores químicos de carácter no sensible, que no afecte causas judiciales en curso.

Realizar análisis regulares sobre la situación del tráfico ilícito de drogas, focalizándose, fundamentalmente, en las drogas sintéticas y en las NSP en el país y la región.

Identificar y difundir información sobre tendencias, patrones o modalidades delictivas emergentes relacionadas con el tráfico ilícito de drogas, con énfasis en drogas sintéticas y NSP y el desvío de precursores químicos.

Asesorar, técnicamente, para el desarrollo y la actualización de marcos legales y regulatorios que permitan un abordaje efectivo e integral de los desafíos planteados por las drogas, con énfasis en drogas sintéticas, NSP y precursores químicos.

Asesorar técnicamente en la implementación y en la utilización de nuevas metodologías y tecnologías para las áreas forenses, así como también, contribuir en las investigaciones científicas y aportar a la construcción de consensos en el área.

Apoyar técnicamente a la Subsecretaria De Lucha Contra El Narcotráfico en el diseño e implementación del Plan Nacional De Capacitación De Los Recursos Humanos Para La Lucha Contra El Tráfico Ilícito De Drogas dentro del “Plan Federal De Prevención De La Droga dependencia Y De Control Del Tráfico Ilícito De Drogas”.

Apoyar a la Secretaría De Lucha Contra El Narcotráfico Y La Criminalidad Organizada, y sus áreas dependientes, y a las Fuerzas Policiales Y De Seguridad Federales en la promoción de investigaciones relacionadas con el tráfico ilícito de drogas, con énfasis en drogas sintéticas y NSP, y el desvío de precursores químicos.

El «Señor Tabaco» cruzó a Sturzenegger mientras dilata el pago a ARCA de USD 1.400 millones

Pablo Otero le pidió al funcionario que «deje de hablar pavadas». Mientras, la Corte Suprema rechazó su último recurso y lo obliga a pagar una deuda.
El empresario Pablo Otero, conocido como el «Señor del Tabaco», lanzó un duro ataque en redes sociales contra el asesor presidencial Federico Sturzenegger, en momentos en que la Corte Suprema de Justicia le dio un golpe final a su empresa y la obliga a pagar una deuda multimillonaria con el Estado.

A través de su cuenta de X, Otero le exigió a Sturzenegger que se ocupe de sus funciones y lo acusó de favorecer a las tabacaleras multinacionales. «Los que pagamos su sueldo necesitamos que vaya a trabajar y deje de hablar pavadas a favor de sus amigos y de paso deje a las empresas nacionales en paz», disparó el empresario.

La confrontación de Otero se produce justo cuando la Corte Suprema puso fin a una larga batalla judicial al rechazar el último recurso presentado por su empresa, Tabacalera Sarandí. Con este fallo, la compañía deberá afrontar una deuda con la ARCA de más de 1.400 millones de dólares por el impuesto mínimo a los cigarrillos que evitó pagar durante años gracias a una serie de medidas cautelares.

Durante años, Tabacalera Sarandí, que produce marcas más económicas como Master Red y Red Point, utilizó amparos judiciales para no pagar el tributo, argumentando que la medida la perjudicaba frente a la competencia y le permitía ganar una gran porción del mercado.

La Corte no solo declaró constitucional el impuesto, sino que también desestimó las últimas maniobras legales de Otero, calificando su pedido de nulidad como un intento de buscar la «nulidad por la nulidad misma».

Una alimenticia líder descartó aplicar una suba en sus precios por la escalada del dólar

A pesar del alza en el precio de la divisa norteamericana, la compañía negó estar analizando remarcaciones.
Una alimenticia de primera línea descartó de plano aplicar una suba en su lista de precios a raíz de la escalada del dólar en los últimos días, que lo llevó a niveles de $1.400.

Así lo informó una fuente de esa compañía a la Agencia Noticias Argentinas, luego de que la divisa estadounidense experimentó un recalentamiento ante la cercanía de las elecciones bonaerenses.

La alimenticia aclaró que el ajuste en sus listas se realiza de manera trimestral y siempre por debajo de la inflación.

“No tenemos evaluado hacer una lista específica. No ajustamos por dólar”, dijo la fuente consultada por NA.

La tensión sobre los precios surgió luego de que el dólar haya arrancado la semana al alza, producto de los presuntos actos de corrupción del Gobierno Nacional y los problemas económicos que atraviesa la administración.

Es por eso que el martes el Gobierno decidió intervenir en el marcado de cambios para frenar la escalada del dólar.

A través del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, la decisión se tomó con el fin de “contribuir a su liquidez y normal funcionamiento” del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC).

De esta manera, el Gobierno busca poner un freno a la suba del dólar y mantenerlo estable de cara a las próximas elecciones provinciales y nacionales.

Confirman que los mensajes borrados del celular de Spagnuolo no pueden recuperarse

Los mensajes «no podrán ser recuperados por la manera en que se borraron», precisaron a Noticias Argentinas peritos de la DATIP.

Peritos que trabajan en la extracción de datos de los celulares secuestrados en el marco de la causa por supuesto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), confirmaron que los mensajes borrados del teléfono del ex titular del organismo Diego Spagnuolo no podrán recuperarse, revelaron fuentes judiciales.

Se trata de uno de los dos teléfonos entregados por Spagnuolo, del cual se hizo la extracción de datos y se detectaron mensajes borrados, algunos de ellos con el presidente Javier Milei -de quien el ex funcionario fue abogado- y Karina Milei.

Estos mensajes «no podrán ser recuperados por la manera en que se borraron», precisaron a la agencia NA peritos de la DATIP en la causa a cargo del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, que estará bajo secreto de sumario por otros diez días hábiles contados desde hoy.

En un operativo hecho en su casa de Pilar, se secuestró otro celular que no tiene información de interés porque estaba sin uso.

Además en estos días comenzará el estudio de otros celulares incautados, los de los accionistas de la droguería Suizo Argentina Eduardo y Jonathan Kovalivker y el del ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini.

Otro celular, el de Emannuel Kovalivker no pudo peritarse porque es un teléfono de última generación y el investigado no proporcionó la clave de acceso.

Casanello tiene que resolver pedidos de nulidad de la causa presentados por la defensa de los Kovalivker, a cargo del abogado Martín Magram.

Los portales de venta estarán obligados a tener visible «botón de arrepentimiento»

Todos los proveedores que comercialicen bienes y servicios a distancia deberán tener un “Botón de Arrepentimiento” y un “Botón de Baja de Servicios”.

El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dispuso que todos los proveedores que comercialicen bienes y servicios a distancia deberán habilitar en sus páginas web un “Botón de Arrepentimiento” y un “Botón de Baja de Servicios”, de fácil acceso y sin trámites adicionales.

La medida quedó formalizada en la Disposición 954/2025 publicada en el Boletín Oficial, que unifica y actualiza la normativa vinculada a la contratación a distancia y el comercio electrónico.

El “Botón de Arrepentimiento” permitirá al consumidor revocar la aceptación de un producto o servicio dentro de los diez días corridos de realizada la operación, mientras que el “Botón de Baja de Servicios” servirá para rescindir contratos sin necesidad de registración previa ni requisitos adicionales.

La norma fija un plazo de 24 horas para que las empresas informen al usuario el código de identificación de la gestión realizada y efectivicen la baja o revocación. También establece que la atención al cliente por canales telefónicos o digitales no podrá ser inferior a ocho horas diarias en días hábiles.

La disposición contempla modalidades especiales para entradas a espectáculos, eventos deportivos y servicios turísticos con fechas determinadas, que deberán ser canceladas con al menos 24 horas de anticipación. Además, fija excepciones en productos perecederos, bienes consumidos o contrataciones con fines de reventa o producción.

Los proveedores tendrán 60 días corridos para adecuar sus plataformas digitales y el incumplimiento será sancionado bajo lo previsto en la Ley de Defensa del Consumidor (24.240).

Aseguran que una familia tipo necesita casi cuatro salarios mínimos para no caer bajo la línea de pobreza

La estimación de un estudio privado expuso que el dato “revela una situación incluso peor que la del año 2001”.
Una familia tipo en la Argentina necesitó en julio casi cuatro salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica y no caer bajo la línea de pobreza, según reveló un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA).

El último dato disponible de la Canasta Básica Total (CBT) informado por el INDEC, correspondiente al séptimo mes del año, arroja un valor de $1.149.353 para un hogar de cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de julio se ubicó en $317.800, por lo que durante dicho mes hicieron falta casi cuatro salarios para hacer frente a la canasta que contempla el consumo mensual de alimentos más bienes y servicios.

Al analizar el escenario reflejado, desde CIFRA sostuvieron que “la comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso peor que la del año 2001”.

En este marco, cuestionaron la gestión del presidente Javier Milei asegurando que “la brutal devaluación que marcó el inicio de la política económica del gobierno de Milei provocó una pérdida de alrededor de 30% en el poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil”.

En esa línea, el reporte expuso que “la pérdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en agosto de 2025 en un nivel real que resulta 43,4% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 56,7% menor que noviembre de 2015”.

De acuerdo a los cálculos realizados para el estudio, estimó que “si el salario mínimo no hubiese perdido poder de adquisitivo a lo largo de esta década, superaría actualmente los $740.000”.

En este contexto, remarcó que “esta fuerte reducción ha debilitado la relación entre el salario mínimo y los salarios efectivamente pagados: representa en la actualidad menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado”.  

Con este retroceso, desde el área investigativa de la CTA advirtieron que “el valor real del salario mínimo es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de Convertibilidad, marcando un retroceso histórico en su capacidad para reducir la desigualdad”.

Los jubilados hicieron una nueva marcha en el Congreso

Antes dieron una conferencia de prensa en la sede del PAMI. Los reclamos.
Los jubilados realizaron este miércoles una nueva marcha en las inmediaciones del Congreso en reclamo de un aumento en los haberes y contra el veto del presidente Javier Milei a la reforma que establecía una actualización de los ingresos del sector.

Distintas organizaciones de derechos humanos acompañaron en esta oportunidad a los manifestantes, en una movilización a la que se sumaron organizaciones políticas como la CTA Autónoma, UTEP y el Frente de Izquierda, entre otras.

“Acompañamos a las y los jubilados frente al ajuste, la represión y el abandono, y decimos ‘presente’ junto a quienes luchan por una vida digna después de haberlo dado todo”, expresaron los organismos de Derechos Humanos.

Antes de la marcha, que comenzó a las 16, las organizaciones de jubilados dieron una conferencia de prensa en la sede central del PAMI para reiterar el reclamo por jubilaciones dignas y rechazar la quita de medicamentos gratuitos, de tratamientos y de diversos insumos como audífonos, anteojos, sillas de ruedas y pañales.

Ana Valverde, de la Unión de Trabajadores de Jubilados en Lucha (UTJEL), manifestó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que el PAMI “es una fuente de negociados” entre los gobiernos, los prestadores y los proveedores.

“¿Por qué tienen que pagar los medicamentos los jubilados? ¿Por qué tenemos jubilaciones de hambre y miseria? Porque si es menos para nosotros, es más plata para repartirse entre los funcionarios corruptos y las empresas proveedoras de La Libertad Avanza (LLA) en el PAMI. Porque plata para la corrupción hay y también hay para los acreedores del Estado y al FMI”, expresó Valverde.

También se sumó a la movilización el intendente de Esteban Echeverría, el peronista Fernando Gray, candidato a diputado nacional por Unión Federal.

“Mientras muchos miran para otro lado, acá estamos nosotros, codo a codo con las jubiladas y los jubilados, siguiendo su ejemplo de perseverancia y de lucha. Hoy, como todos los miércoles, acompañando su marcha frente al Congreso”, expresó Gray desde las redes sociales.

Los jubilados habían hecho la semana pasada una movilización con radio abierta en las inmediaciones del Congreso, desde donde posteriormente se trasladaron a Plaza de Mayo para culminar la manifestación frente a la Casa Rosada.

La creación de la comisión por el fentanilo se retrasa: mañana hay reunión, pero sin dictamen a la vista

El oficialismo busca dilatar los tiempos del debate. Los proyectos ponen la lupa en el accionar de los organismos de control en la actual gestión.
La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que preside Silvia Lospennato (PRO) se reunirá mañana a las 14 hs para una segunda jornada de debate en torno a las distintas iniciativas que proponen la creación de una comisión investigadora sobre la tragedia del fentanilo contaminado, aunque no se espera la firma de dictámenes.

Esto era así porque la comisión cabecera de estos proyectos es Asuntos Constitucionales, que es presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, quien no tiene ningún interés en acoplarse al trabajo de Peticiones y de Salud.

La mayoría de las iniciativas indagan sobre las desregulaciones y falta de controles institucionales que ocurrieron bajo la actual administración para que los laboratorios salieron al mercado con lotes de fentanilo adulterado.

La sospecha del oficialismo es que la oposición utilizará la comisión investigadora como escenario para salir a golpear al Gobierno por el desguace de los organismos de control (INAME y ANMAT), y por las irregularidades en la habilitación de laboratorios que no cumplían con los estándares fitosanitarios y de higiene para producir medicamentos complejos como en fentanilo.   

Así las cosas, a la oposición no le quedará otra alternativa que obligar a Mayoraz a convocar a Asuntos Constitucionales a través de un emplazamiento votado en una próxima sesión.

Esta herramienta del emplazamiento de comisiones, que en otros períodos se utilizaba de una forma absolutamente excepcional, se convirtió en moneda corriente y único recurso disponible para la oposición a los efectos de tratar proyectos cajoneados o freezados por La Libertad Avanza.

Así sucedió durante todo este tiempo desde que gobierna Javier Milei, tanto para crear la comisión investigadora Libra y la posterior actualización de su reglamento, como para conminar a la comisión de Presupuesto, custodiada con freno de mano puesto por su presidente José Luis Espert, como para dictaminar proyectos sobre financiamiento universitario, emergencia pediátrica, emergencia en discapacidad y aumento de jubilaciones.

En el caso de la comisión investigadora fentanilo contaminado, el tema había sido inicialmente fogoneado por la diputada bullrichista Silvana Giudici con el objetivo de cargar las tintas contra funcionarios del Gobierno anterior por sus vinculaciones con el dueño del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, caído en desgracia y preso en el marco de la causa judicial en curso.

El avance de la causa en el juzgado del magistrado Ernesto Kreplak está demostrando que la masacre, que ya contabiliza más de un centenar de víctimas fatales, se debió a fallas en los controles a los laboratorios y graves omisiones a los alertas bajo la actual administración. 

El impulso inicial que le dio Giudici, quien llevó a familiares de víctimas al Congreso, se convirtió en un tiro en el pie para el oficialismo, que ahora solo atina a dilatar los tiempos con palos en la rueda.

Lospennato, que había prometido un plenario de comisiones para esta semana que nunca se concretará, reclamó la cabecera del debate para la comisión que ella preside, porque es consciente que Mayoraz no va a aceptar el pedido de un trabajo conjunto con Peticiones y Salud.

Pero al margen de los ardides obstructivos y dilatorios del oficialismo, está claro que más tarde o más temprano, la oposición logrará poner en marcha la comisión investigadora.

Por eso, tanto Lospennato como Giudici hicieron un pedido explícito para que en el debate ningún sector intente sacar un rédito político partidario, y que se antepongan los intereses de las víctimas.

La discusión entre los distintos proyectos presentados gira en torno al formato de la comisión: mientras que la iniciativa de Victoria Tolosa Paz propone un esquema bicameral, las demás iniciativas (Giudici, Pablo Juliano, Christian Castillo y Jorge Araujo Hernández) se inclinan por la unicameralidad.