La Unión Tranviarios Automotor (UTA) levantó el paro previsto para mañana, el miércoles y el jueves en procura de llegar a un acuerdo mañana durante la audiencia de conciliación que mantendra con las camaras empresariales. A un acuerdo definitivo aun no se habría arribado, trascendió.
Finalmente empresarios de transporte urbano del interior del país enrolados en Fatap y los trabajadores representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvieron a reunirse este lunes y llegaron a un principio de acuerdo aunque acuerdo definitivo no existe aún.
Se supo que el levantamiento del paro por parte de la UTA, responde a una demostracion de buena fe y la voluntad de llegar a un acuerdo concreto mañana cuando se vuelvan a reunir coferes y empresarios en el marco de la conciliación.
El juicio a dos ejecutivos que operaban en una cooperativa desmantelada tras una investigación por el montaje de un banco clandestino y lavado de activos, comenzó hoy en la provincia de Corrientes, informaron fuentes judiciales.
Rodolfo Siviero (52) y Ana Karina Alonso (48) comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal (TOF) correntino, luego de que los jueces Víctor Antonio Alonso y Fermín Ceroleni rechazaron los planteos de nulidad efectuados por la defensa técnica de ambos contra el requerimiento de elevación a juicio.
Debido a la extensión de la audiencia de hoy, se postergó hasta la semana próxima el inicio de la ronda de declaraciones testimoniales durante la que diez personas brindarán detalles de la investigación a la cooperativa Pyramis, referida al ofrecimiento de servicios de intermediación financiera sin autorización del Banco Central de la República Argentina.
Los otros tres imputados en este juicio, Mario Argentino Boschetti (78), Lisandro Boschetti (46) y Carlos Contrera (42) firmaron juicios abreviados con el fiscal Carlos Schaefer, que interviene junto a la fiscal Tamara Pourcel y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Laura Roteta y Diego Velasco.
El grupo está acusado, además de la intermediación financiera clandestina, de lavado de activos que se canalizaron a la economía formal a través de inmuebles y vehículos de alta gama.
Según se desprende del expediente del caso, entre 2012 y 2015 obtuvieron alrededor de 68,5 millones de pesos de personas ajenas a la entidad y capitalizaron más de 9,5 millones en intereses, con al menos 212 clientes confirmados.
Alonso y Siviero, que junto a Contrera operaban una oficina externa de la cooperativa, aparentemente participaron en las maniobras sospechadas mediante la compra venta de autos de alta gama de diversas marcas, así como con una importante inversión inmobiliaria en edificios de zonas privilegiadas de Corrientes capital.
En tanto, la Prefectura Naval Argentina, a través de una orden del juez Juan Carlos Vallejos y en una investigación orientada por el fiscal Flavio Ferrini, allanó en octubre de 2015 las oficinas de Pyramis y halló una fuerte suma de dinero, incluso, atesorada en cajas de seguridad que ofrecía como servicio a sus clientes.
Entre otros clientes, se encontraban el ex director del PAMI en Corrientes durante la gestión de Fernando De la Rúa, Marcelo Laslo, así como el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pedro Cassani, quien atesoraba allí 1.109.400 pesos y 578.771 dólares no declarados, monto por el cual fue llevado a la Justicia ordinaria en una investigación en curso por presunto enriquecimiento ilícito.
El juicio oral al que llegan acusados integrantes de la Cooperativa Pyramis, desactivada en 2015 y que funcionó al menos desde 2012, por los supuestos delitos de intermediación financiera ilegal y lavado de activos, dará inicio a las 8.30 y estará a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes.
Un hombre y una mujer comenzarán a ser juzgados desde mañana como acusados de integrar un esquema acusado de montar un banco clandestino a través de una cooperativa y del supuesto lavado de las ganancias con la adquisición y venta de inmuebles y vehículos de alta gama, informaron hoy fuentes judiciales.
El juicio oral al que llegan acusados integrantes de la Cooperativa Pyramis, desactivada en 2015 y que funcionó al menos desde 2012, por los supuestos delitos de intermediación financiera ilegal y lavado de activos, dará inicio a las 8.30 y estará a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes.
Si bien el inicio del debate estaba previsto para el jueves 13 de octubre, se postergó hasta mañana debido a que los acusados Mario Argentino Boschetti (78), Lisandro Boschetti (46) y Carlos Contrera (42) aceptaron firmar juicios abreviados con el fiscal del caso, Carlos Schaefer, que interviene junto a su colega Tamara Pourcel y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Laura Roteta y Diego Velasco.
De ese modo, llegan a instancia oral Rodolfo Siviero (52) y Ana Karina Alonso (48), acusados de integrar, mediante una oficina externa, el esquema investigado por el montaje de un banco clandestino en el que se ofrecían servicios financieros que les permitieron obtener alrededor de 68,5 millones de pesos de personas ajenas a la entidad y capitalizado más de 9,5 millones en intereses, con al menos 212 clientes confirmados.
Ese caudal económico, según se desprende del expediente al que tuvo acceso Télam, habría sido canalizado a la economía formal a través de inversiones inmobiliarias y la compra venta de vehículos de alta gama, entre los que se tiene registro de al menos 25 de marcas tales como BMW, Ferrari, Porsche, Audi y Mercedes Benz, entre otras.
El TOF está integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y el subrogante Manuel Moreyra, en tanto que la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante.
En la investigación, que en primera instancia estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Flavio Ferrini, se señala que Pyramis se dedicaba puntualmente a «la captación y colocación del dinero del público sin autorización” y que “se materializó a través” del cambio y descuento de cheques; plazos fijos; cuentas corrientes, créditos y préstamos; y la prestación de servicio de caja de seguridad».
En tanto que, desde una oficina externa, Siviero, Alonso y Contrera, «se dedicaban al cambio de cheques, compra y venta de moneda extranjera, y al otorgamiento de préstamos de dinero entre otras actividades ilegales (…) en forma conjunta y articulada con la cooperativa de crédito Pyramis».
Entre otros clientes de esta cooperativa se encontraba el actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, Pedro Cassani (JxC), que, como consecuencia del hallazgo de una caja de seguridad a su nombre con 1.109.400 pesos y 578.771 dólares, fue llevado a la Justicia provincial donde se tramita una causa por supuesto enriquecimiento ilícito.
Fue como resultado de tareas investigativas llevadas a cabo por personal de la Fuerza, las mismas estarían vinculadas con maniobras ilícitas a través de “prestas nombres”. Los funcionarios incautaron 101.700.000 pesos argentinos, 8.000 dólares estadounidenses, un arma de fuego, 77 vehículos y documentos de interés para la causa.
Efectivos de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paso de Los Libres”, “Corrientes” y “Goya” en coordinación con integrantes de los Escuadrones 57 “Santo Tomé”, 7 “Paso de Los Libres” y 48 “Corrientes” desplegaron un operativo en el marco de una causa que estaría vinculada al lavado de activos, cuyas pesquisas anoticiaban posibles maniobras ilícitas como poner en circulación bienes en el mercado a través de “prestas nombres”, que habrían sido adquiridos con ganancias de otros delitos.
Los gendarmes, con autorización del Juzgado Federal y Fiscalía Federal de Primera Instancia de Paso de Los Libres, llevaron a cabo ayer siete allanamientos (en viviendas y comercios) en la provincia de Corrientes. Como resultado de los registros, los funcionarios secuestraron 101.700.000 pesos argentinos, 8.000 dólares estadounidenses, un arma de fuego, 77 rodados y documentos de relevancia para la causa. El Magistrado dispuso el decomiso de la totalidad de los elementos hallados, por encontrarse en presunta infracción a la Ley N° 25.246 “Lavado de Activos”.
Con motivo de la XXII Peregrinación de la Comunidad Universitaria hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, bajo el lema “En el Centenario de la proclamación de la Virgen de Itatí como patrona y protectora”, comenzó ayer un dispositivo de seguridad en rutas correntinas organizada por la Policía de Corrientes. “Están participando al menos 400 personas”, confirmó Hernán García, director general de Seguridad Vial a El Litoral. Los peregrinos hicieron base por la noche en el paradero de la capilla Virgen del Rosario de San Luis del Palmar. Además, explicó que reanudaron su caminata a las cuatro de la mañana para llegar alrededor de las 9 a la localidad de Itatí. Cabe destacar que posteriormente cada uno regresará por su cuenta. En tanto, según confirmó el equipo de prensa de la Basílica de Itatí, a las 11 es la misa central y la presidirá monseñor Andrés Stanovnik. El operativo de seguridad, que culminará a la llegada de los integrantes de la comunidad universitaria, desplegó a 40 efectivos de la Policía de Corrientes en ruta. “Además tenemos otra movilización que se lleva adelante que son los integrantes de la primera cabalgata de Riachuelo”, explicó García. Al menos 100 jinetes partieron ayer por la mañana e hicieron base por la noche en el Parador del Peregrino sobre la ruta. Retomaron además su viaje a la Basílica a las 9 de la mañana.
La artista pop se presentará en el Estadio de Boca Unidos (sobre ruta 12) el próximo 19.
Lali Espósito se presentará en la ciudad de Corrientes con su gira “Disciplina Tour” el próximo 19 de noviembre, en el Estadio de Boca Unidos (sobre ruta 12).
Las entradas pueden adquirirse, por el momento, sólo de manera online en
https://www.paseshow.com.ar/#/ hasta el martes 11 de octubre.
Los valores de tickets y sectores son los siguientes:
Platinum: (sillas numeradas) $10.000
Gold: (sillas numeradas) $7.000
Plata: (sillas numeradas) $4.000
General (tribuna): $2.000
Lali es actriz, cantante y compositora argentina. Comenzó a actuar desde muy pequeña en diversas producciones de Cris Morena como “Rincón de luz”, “Floricienta” y “Chiquititas”. Además, interpretó el personaje de Marianella Rinaldi en “Casi Ángeles” e integró la banda pop derivada de la serie, Teen Angels.
Desde 2013 desarrolla su carrera como cantante solista, en paralelo a su trabajo actoral. Su primer disco “A bailar”, contiene una mezcla de pop y R&B con influencias de dance, electropop, dubstep y hip hop. “Soy” mantiene la esencia pop/R&B, más influenciado por el reggae, góspel, funky y hard pop electrónico y artistas como Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna y Nicki Minaj. Los siguientes dos álbumes, “Brava” y “Libra”, se enfocan más en el pop latino y suman fusiones y bases de reguetón, urban y trap latino.
Desde 2021, junto a Soledad, Ricardo Montaner y Mau & Ricky, integra el jurado de “La voz Argentina”, programa que se emite por Telefé.
«Me di cuenta que me equivoqué. El resultado no fue el deseado. No estoy arrepentido, pero sí cometí un error. No logré el objetivo deseado», admitió el docente Gustavo Piaggio, quien está en el ojo de la tormenta luego de entregar un polémico cuestionario relacionado con la educación sexual en una escuela de Esquina. «No era el grupo para tratar éste tema con éstos términos», dijo.
«Cuando se dio a conocer me di cuenta que había cometido el error» dijo el profesor Gustavo Piaggio. Ayer fue apartado de su cargo tras plantear un cuestionario sexual a sus alumnos de la Escuela Normal de Esquina. Asegura que actuó de buena fe pero «el resultado no fue el deseado».
«Si dañe a alguien le pido perdón. Cometí un error, me equivoque» reconoció el docente.
«No logre que yo deseaba, las palabras no eran las correctas para la edad, es un error mío. Aparte es un tema es muy delicado que no se habla mucho, los chicos lo piden» expresó.
Apartado de su cargo
Ayer la rectora de la Escuela Normal «Dr. J. Alfredo Ferreira», profesora Ana Daviccino, mediante Resolución N°12/22 dispuso apartar del cumplimiento de sus tareas en las horas de cátedra a su cargo al docente Gustavo Piaggio por su desenvolvimiento en las asignaturas que dicta en esa unidad educativa.
De igual manera determinaron que dicho docente «pasará a desempeñar tareas administrativas dentro del establecimiento mientras se resuelva su situación laboral» que quedó muy complicada con el test realizado a sus alumnos con alto contenido sexual.
Con el apoyo de la Universidad Nacional del Nordeste, vendedores de diarios, revistas y afines de Corrientes, avanzan en su proyecto de creación de una planta de reciclado de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, como alternativa laboral frente a la crisis del sector que potenció la pandemia. Integrantes del Centro de Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE), de la nueva Coordinación en Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica de la UNNE, brindaron un taller de capacitación sobre el desarmado de los RAEE, su valoración, posibilidad de reutilización y de venta en el mercado.
“Este es un día histórico para nosotros. Porque es una muestra de cómo se ensambla la academia con la comunidad, en la búsqueda de soluciones, que en nuestro caso es generar otra fuente de trabajo”, dijo Luis Ortíz, referente de la Cooperativa “Familias de Canillitas Unidas del Taragüí” Ltda, que reunió a unas 40 familias que antes integraban el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas delegación Corrientes (SIVENDIA-Ctes).
A partir del “Programa para el Desarrollo de la Economía Circular”, buscan una opción laboral para quienes durante años trabajaron como “canillitas”, pero se vieron seriamente afectados por la incesante disminución del nivel de venta de diarios, revistas y afines; y la pandemia Covid19.
Con el proyecto de “Recuperación y Reciclado de los RAEE y la Revalorización de los plásticos”, se proponen trabajar en la recolección, acopio, separación y tratamiento de los RAEE, de los cuales se buscará obtener los materiales valiosos, para su venta a un creciente mercado regional.
Pero la iniciativa tiene otro gran propósito: el de responsabilidad ciudadana y compromiso social y ambiental, a partir del aporte que harán a reducir significativamente el impacto ambiental negativo que genera la gestión inadecuada de los RAEE en la Ciudad y la Provincia de Corrientes.
En ese marco se inscribe el apoyo de la UNNE. Puntualmente desde el CEGAE, donde hace unos 10 años se viene trabajando en la temática RAEE. Por ejemplo con el programa “ECO-Compus”, que se impulsa junto a la Facultad de Ingeniería, y desde el cuál se promueve el recupero de equipos informáticos en desuso, de las distintas áreas de la UNNE; y la donación (de aquellos que pudieron ser recuperados), a escuelas, centros culturales, bibliotecas, comedores comunitarios y demás instituciones de la región que lo requieran.
Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que no pueden ser recuperados, son clasificados y almacenados como aparatos en desuso, para luego ser trasladados a centros de disposición final ubicados en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires.
El equipo del CEGAE también avanza en una línea de investigación para el diseño de una planta de tratamiento de RAEE, en el marco de la cual se elaboró un “Manual Operativo para la Instalación de una Planta de RAEEs Municipal”, que hoy resulta de utilidad para los “canillitas”.
Así, a partir del conocimiento y experiencia acumulada, las y los profesionales integrantes del Centro, asesoran y capacitan a quienes integran la cooperativa.
El pasado lunes 26 de septiembre se realizó un nuevo encuentro de trabajo. Una decena de ex “canillitas” llegaron hasta el Campus Resistencia de la UNNE, donde aprendieron “cómo identificar partes de equipos informáticos, desarmarlos y solucionar algunos inconvenientes”, explicó el magister Lucio Chiozzi, quien tuvo a su cargo el taller.
El magíster Luis Pellegrino y Verónica Ramírez, también aportaron sus conocimientos y experiencia. Desde la Coordinación en Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica de la UNNE, el magister Mario Berent dió la bienvenida a los presentes y ratificó “todo nuestro apoyo, nuestra colaboración desde la UNNE”.
“Lo que hacen ustedes es un ejemplo”, dijo y los felicitó por la iniciativa y las ansias de superación. “Estamos muy contentos de recibirlos, de poder ayudarlos, y espero que puedan aprovechar esta jornada”, agregó para dejar abierto el espacio de trabajo.
“Vinimos con muchas ganas de aprender y emprender. Y qué mejor que una universidad nos brinde este soporte formativo, y también para articular acciones, no sólo trabajar sino también promocionar, difundir la importancia de lo ecológico”, aseguró Ortíz.
“Les agradezco en nombre de toda la familia canillita”, agregó emocionado y transmitió el deseo de que “esto sea sólo dejar la semilla para una próxima acción, que permita seguir fortaleciendo el tema ambiental”.
La mujer que fue encarcelada después de que perdió un embarazo contó que sufre la estigmatización del pueblo en el que vive.
Ana, la mujer que fue criminalizada, encarcelada y liberada en agosto pasado luego de haber tenido un aborto espontáneo, contó a Télam que no sale de su casa de Corrientes por miedo al estigma en su pueblo, un testimonio que pone voz a la de otras 1.532 con causas penales por la misma situación.
Hubo diálogos previos con ella vía WhatsApp hasta que aceptó hacer la entrevista telefónica con Télam.
«Es que ayer fue mi cumpleaños, y no estaba muy bien por todo lo me pasó», se excusa en el inicio del diálogo.
Lo que «le pasó» fue que estuvo ocho meses presa en una comisaría de su ciudad, en Corrientes, después de tener un aborto espontáneo.
Nunca hubo pruebas que dijeran lo contrario, por eso, luego de atravesar un juicio fue liberada por la justicia el 5 de agosto de este año.
Lo que «le pasó» fue que estuvo esposada un día entero luego de haber sido intervenida en un hospital donde no le explicaron la práctica médica, sin saber porqué estaba detenida, en medio del maltrato verbal de un enfermero, y con un custodio varón.
«Policías y médicos hablaban entre ellos y no me decían nada», contó en el primer reportaje que dio a Clarise Sánchez Soloaga, editora de Género del diario República de Corrientes, donde relató en detalle sus días privada de libertad.
Ahora, en el inicio de su nuevo año, luego de su cumpleaños 31, la charla es sobre su presente y sus planes.
«Estoy mejor, pero desde que salí -de la cárcel, palabra que nunca nombrará en la entrevista- no salgo de casa, no voy a caminar, no salgo a la calle», cuenta.
Nació y vivió toda su vida en la misma ciudad correntina. Es ese, su lugar, ella dice: «No me siento para salir, siento que todos me miran».
¿Alguien te hizo comentarios que te molestaron, te lastimaron?, es la pregunta, a la que ella responde: «No, pero nunca salgo. Hubo gente que me ayudó, pero otras dijeron cosas que no son, repitieron cosas que no son».
Es que, una vez libre, su hija de 11 años llegó de la escuela llorando por «lo que decían de su mamá» algunas de sus compañeras y compañeros de clase.
Entonces, la mamá de Ana fue a hablar con las maestras de la escuela donde también estudia su hijo de 6 años.
«Se portaron bien, hicieron una reunión con los padres para que se cuiden de lo que dicen, porque los chicos repiten lo que escuchan en la casa», reflexiona Ana.
Su criminalización injusta también le impide ir a la plaza con su hija y su hijo.
«Tengo miedo que digan algo; si me enfrentan a mí no me importa, pero no quiero que mis hijos pasen por eso», dice.
Ella, junto a su hija, su hijo, su mamá, su papá, sus dos hermanos adolescentes, sus hermanas y sus amigas atraviesan el estigma, el mismo que viven, al menos, otras 1.532 mujeres que tienen causas penales por aborto y otras 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas, según el último informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de 2020.
Belén es otra de las mujeres que fue criminalizada. La joven tucumana, quien estuvo injustamente presa por un aborto espontáneo, deseaba en una entrevista con Télam publicada el 9 de diciembre de 2020, cuando se debatía en el Parlamento el proyecto que se convirtió en la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que «ninguna mujer tenga que pasar» por lo que ella pasó.
Lo que «le pasó» es que tuvo un aborto espontáneo en su casa en 2014, fue con su mamá al hospital y de allí a la cárcel, donde quedó detenida hasta 2017.
La abogada feminista Soledad Deza la conoció en el penal, se transformó en su nueva defensora, logró que la situación sea bandera de movimientos de mujeres y feministas nacionales e internacionales y que la Corte Suprema de Tucumán la absolviera.
Deza aporta ahora, en contacto con Télam, que «el caso de Belén, el de Clara (ambos en Tucumán) y el de Ana ahora develan el uso estratégico de figuras penales más graves para castigar eventos obstétricos que no son delito o que siéndolo, tendrían una pena excarcelable».
Para la profesional «esta maniobra conservadora une a los saberes biomédicos (cuerpos forenses) al Ministerio Público y al Poder Judicial en una cruzada contra las mujeres. Una nueva alerta para viejas persecuciones. Por eso hicimos un pedido de información pública a la Corte tucumana (Expte Nro 11115/22) donde buscamos todas las causas con victima «recién nacido» porque advertimos que el homicidio puede así caratular y ocultar abortos».
«Más del mismo patriarcado judicial, pero sofisticando la capacidad de dañar», asegura Deza.
Otro testimonio que publicó Télam el 22 de febrero de 2022 es el de AG, la joven que generó el denominado fallo F.A.L. de la Corte Suprema que determinó que las mujeres violadas embarazadas pueden acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE).
«Me robaron parte de mi infancia y adolescencia, y siento ese peso, ese dolor», relataba, y afirmaba que «ninguna víctima tiene por qué pasar por una odisea judicial como yo».
Ellas, con sus particularidades, demuestran lo que pasa en las vidas de estas mujeres luego de ser criminalizadas.
Desde Corrientes, Ana espera terminar la entrevista con Télam para comenzar a hacer pastelitos con su mamá. Es el trabajo que tiene ahora, el hacer comida para vender, con eso se sostiene, paga una psicóloga y sueña con tener su propia casa junto a su hija y su hijo.
«Quiero hacer una nueva vida, me pone mal estar acá, donde pasó todo», comparte.
Valora y agradece el apoyo de organizaciones de mujeres, como Libres las Queremos.
La trabajadora social Leticia Gauna, militante de la Fundación Derechos Humanos Equidad y Género (FunDheg) acompañó a Ana y dice a esta agencia que «es fundamental el trabajo en red para visibilizar y generar empatía. Ahora, lo importante es que ella pueda recomponer sus vínculos comunitarios para continuar con su vida después de todo el daño que este sistema patriarcal le ha provocado».
Ana hace silencio para pensar una última reflexión y aporta que aprendió «muchas cosas, me enteré de cosas que no sabía. Las mujeres necesitamos más información, más ayuda, porque te maltratan en el hospital, en la policía, en la Justicia, entonces tenemos miedo de pedir ayuda. Eso tiene que cambiar».
