Categoría: Corrientes

El abogado Hermindo González, luego de mantener una reunión con el fiscal Gustavo Robineau confirmó que se avanzará con la imputación de los policías implicados en la muerte de Lautaro Rosé, hallado sin vida en aguas del río Paraná tras una persecución.

“Se trata del decreto de instrucción formal a través del cual el doctor Gustavo Robineau solicita la imputación de los efectivos policiales que habrían participado en la persecución del joven”, afirmó González quien añadió que ese pedido va dirigido a la jueza de Instrucción Nº 3 Josefina González Cabañas. En relación con el hecho sostuvo además que frente al caso, la jueza de la causa deberá resolver la solicitud del representante del Ministerio Público, que “consideró necesario que se avance con la investigación” ante la presunción de la existencia de delito.

En otro orden de cosas, anticipó que “el lunes voy a constituir la formal querella con la acusación correspondiente hacia cada uno de los responsables por la muerte del joven Rosé”, remarcó González.

“Se debería avanzar en identificar a los que cometieron el delito, proceder con la imputación formal y pedir sus detenciones”, ya que “queda claro” que se cometió el delito de “abandono de persona seguido de muerte”, había expresado el abogado.

La autopsia remitida a la Fiscalía 6, a cargo de Gustavo Robineau, señaló que “el cuerpo examinado no presentaba lesiones traumáticas y las primeras conclusiones preliminares se orientan a una muerte originada por asfixia por sumersión”. Por otra parte, el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni expresó que “hay que dejar que la justicia investigue” y remarcó que “se pusieron a disposición de la Justicia todos los medios técnicos y humanos para que se esclarezca el caso”.

El abogado de la familia de Lautaro Rosé, el joven de 18 años hallado muerto hoy en el río Paraná, en la capital de Corrientes, tras arrojarse a las aguas durante una persecución policial, aseguró hoy que testigos afirman que la víctima «pidió auxilio porque no sabía nadar pero los policías no lo socorrieron», además de que antes le habían tirado «con balas de goma» y lo habían «perseguido 500 metros».

«Hay testimonios que acreditan que Lautaro pedía auxilio cuando estaba en agua, porque no sabía nadar, y los policías que estaban allí lo vieron y no lo socorrieron», detalló el letrado Hermindo González.

Y agregó que se trata de un caso de «abandono de persona seguido muerte», ya que la Policía «tiene la carga de garante, debe prestar auxilio cuando alguien lo requiere».

Y en este sentido, reiteró que fueron el amigo que estaba con Lautaro y pescadores malloneros que estaban en la zona, los quienes brindaron esa información sobre la falta de auxilio.

Sobre los hechos que se registraron en la madrugada del lunes, González manifestó que «está plenamente acreditado que Lautaro y su amigo fueron perseguidos 500 metros a los tiros con balas de goma».

«Ahora resta saber si Lautaro se tiró al agua por desesperación, si lo empujaron o si se cayó, porque no sabía nadar», añadió el abogado, integrante de la organización de Derechos Humanos «Marcha Provincial por Justicia».

Por otra parte, adelantó que mañana realizará la petición ante la Fiscalía para que sean las fuerzas federales las que intervengan en la investigación, debido a que son efectivos de la policía provincial los involucrados en el hecho.

Anunció además que mañana se realizará una convocatoria en la plaza Vera, ubicada en el microcentro de la ciudad, «y se marchará a la Fiscalía con ese pedido».

En similar sentido se expresó hoy Justicia Legítima Nordeste, que exige «la inmediata aplicación del Protocolo de Minnesota», «tanto para la realización de la autopsia como para el desarrollo de la causa judicial».

Ese pedido fue realizado con el fin de «garantizar una investigación independiente , pronta, imparcial y efectiva ante una muerte en contexto de violencia policial», remarca el comunicado difundido hoy.

Al respecto, se detalla que «el ‘Protocolo de Minnesota’ es un procedimiento recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para evitar que funcionarios del Estado sospechosos de haber cometido crímenes, puedan actuar o influir en la investigación de una muerte».

El correntino que permanece preso en Buenos Aires recibió la pena de 8 años y 6 meses de prisión por una causa del 2015.

Federico Sebastián “Morenita” sumó su tercera condena por narcotráfico en la región.

El juez Fermin Ceroleni que actuó como subrogante en el Tribunal Federal del Chaco condenó al correntino, que permanece preso en la cárcel de Marcos Paz, a la pena de 8 años y seis meses de prisión.

Sucedió en el marco de un juicio en el que se desempeñó el fiscal Federico Carniel.

Marín fue sindicado como el líder de una organización de narcotráfico junto con otras personas que ya fueron condenadas. Solo faltaba Marín, que no estuvo en el banco de los acusados porque se encontraba prófugo de la Justicia al momento del debate.

El correntino fue condenado por haber sido hallado culpable del delito de transporte de estupefacientes en la modalidad de organizador en una causa del 2015 en la que las fuerzas federales secuestraron más de 3.270 kilos de marihuana de un camión con batea en la provincia del Chaco.

Fue en un operativo de Gendarmería Nacional donde se detuvo la marcha del camión que había partido de Corrientes.

Luego de haber acordado una pena de 12 años de detención en el contexto de la megacausa conocida como Operativo Sapucay, en la que se desarticuló una red de tráfico de drogas que operaba desde la localidad correntina de Itatí, el supuesto jefe narco también fue condenado hace un mes por haber sido hallado culpable del delito de transporte de estupefacientes en la modalidad de organizador.

Los hechos por lo que se condenó a la banda lidera por Marín ocurrieron en 2018.

Según la pieza acusatoria, Elías Noel Gómez, Miguel Núñez, José David Botello Da Silva, Rubén Darío Princigalli, Jonathan Duarte, Edilio Centurión, Claudio Oscar Olmedo, Arnaldo Ramón Alegre y Sergio Augusto Botello Da Silva, participaron el 10 de septiembre del 2018 en el trasladado de 387,500 kilos de marihuana desde Paraguay a la provincia de Corrientes. Estos 460 paquetes de la droga estaban divididos en 32 bultos y 28 de ellos fueron encontrados al pie de unos árboles existentes en la costa del río Paraná, dos bultos en el interior de una embarcación en la costa del mismo curso de agua en Itatí y los restantes dos estaban en el interior de un automóvil Peugeot 307 en la avenida Blas Benjamín de la Vega y Severo Milella de la localidad de Paso de la Patria. Los acusados también serían partícipes del hecho ocurrido el 14 de septiembre del 2018, en el que se incautaron 498 paquetes de marihuana, con un peso total de 410,500 kilos. El estupefaciente se encontraba en el interior del vehículo Fiat Doblo, abandonado por sus ocupantes al haber volcado en un camino de tierra tras una persecución de la Policía Federal en Itatí

El abusador es un ex agente del Servicio Penitenciario Federal que cumple prisión y pasa una cuota alimentaria obligatoria al niño, que nació producto de esos abusos.

Una mujer de 26 años y su hijo discapacitado lograron que la Justicia de Corrientes ordene la transferencia a su nombre de la casa donde ella había sido víctima de violaciones por parte de su padre, un exagente del Servicio Penitenciario Federal que cumple prisión y pasa una cuota alimentaria obligatoria al niño, quien nació producto de esos abusos.

J.B. vive en la localidad de San Miguel, a 166 kilómetros de la capital correntina, donde la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial dictó en diciembre de 2020 un fallo que se reactualiza permanentemente en los tribunales de la provincia, por la mirada humanista que lo atraviesa.

La mujer sufrió el abandono de su madre cuando era pequeña, con lo cual permaneció con su padre, quien de manera constante ejerció violencia sexual contra ella, al punto que, producto de los abusos, quedó embarazada.

Así nació un niño que hoy tiene 11 años de edad y que sufre una discapacidad del 80 por ciento, tanto física como intelectual.

En 2016 J.B. inició el camino por una reparación, y consiguió asesoramiento estatal que le permitió llevar a la Justicia penal a su padre, quien finalmente fue condenado por las violaciones.

Por su edad superior a los 80 años, el abusador cumple prisión domiciliaria en forma efectiva en otro pueblo, Santa Rosa, a casi 65 kilómetros de San Miguel.

Luego de que el hombre recibiera la sentencia a prisión, con el acompañamiento de la asesora de Menores e Incapaces N° 5, Ana Inés Alvira, la víctima fue en busca de un resarcimiento, un alivio para el daño moral sufrido por ella con las violaciones y por su hijo, con la falta de reconocimiento e identidad por parte de su progenitor.

Así, ingresaron en un proceso de filiación y reclamo de daños y perjuicios, que tuvo como principal elemento una prueba de ADN que acreditó la paternidad del violador y alcanzó un punto de negociación en el cual el expediente llegó a la Cámara Civil y Comercial.

Este tribunal citó a una audiencia de conciliación, porque había un ofrecimiento del demandado, aunque las autoridades no entendían si lo que ponía a disposición era la casa donde ocurrieron los hechos o la mitad de ese inmueble, mientras que por parte de la víctima hubo un reclamo que en su origen era por 500.000 pesos.

El demandado, en compensación, ofreció la vivienda, lo cual fue aceptado por la víctima y la Justicia.

 
En el Hospital Zonal de Goya, todas las semanas hay entre 4 a 5 casos de mordeduras de víboras, en su mayoría ponzoñosas, lo que ya alertó a sus autoridades.

En la zona sur de la Provincia, sobre todo en zonas de la cuenca del Santa Lucía, hay alerta entre las autoridades sanitarias por la gran cantidad de mordeduras de yarará a personas que generalmente cumplen tareas rurales. Varias cuestiones se suman para la aparición de los peligrosos ofidios

Son varias las cuestiones que se suman para la inusual invasión de estos reptiles, sobre todo en campos donde se realiza la cosecha de tomates, pimientos y otros productos hortícolas.

En las últimas horas, dos personas fueron atacadas por yarará en campos cercanos a Goya.

Una de ellas trabajaba en una finca tomatera en Yatayti Calle. Tiene 25 años. Le aplicaron 4 dosis de suero antiofídico en Santa Lucía y fue trasladado al Hospital de Goya donde continúa internado. Se encuentra estable.

Días atrás, una mujer de 40 años fue mordida en la mano por una víbora venenosa en un campo de la zona de San Pedro, a pocos kilómetros de la ciudad. Recibió seis dosis de suero antiofídico y continúa internada.

Los fundamentos de la invasión de yarará

«Con los primeros calores las víboras salen y se acercan mucho a las plantaciones de tomates, en los tendaleros. Últimamente sorprende la cantidad de yarará que hay en los campos. Hay que cuidarse mucho. Yo más que nada les sugiero a la gente a cuidarse utilizando botas y guantes», dijo Juan Carlos Peña, encargado del Serpentario de Goya, en diálogo con nuestro periodista Juan Cruz Velásquez.

Y explicó dónde suelen encontrarse habitualmente los reptiles: «en las esquinas de los tendaleros se tiran los cogollos del tomate o de los pimentones. Vienen ratas y aperea (cuis silvestre) a comer. Y ahí les ataca las yarará»

«Además, las carpas tienen buena temperatura y ahí llegan las serpientes», agregó Peña

Corrientes: Hay alerta en zonas rurales por inusitado aumento en mordeduras de yarará

En la zona sur de la Provincia, sobre todo en zonas de la cuenca del Santa Lucía, hay alerta entre las autoridades sanitarias por la gran cantidad de mordeduras de yarará a personas que generalmente cumplen tareas rurales. Varias cuestiones se suman para la aparición de los peligrosos ofidios

En el Hospital Zonal de Goya, todas las semanas hay entre 4 a 5 casos de mordeduras de víboras, en su mayoría ponzoñosas, lo que ya alertó a sus autoridades.

Son varias las cuestiones que se suman para la inusual invasión de estos reptiles, sobre todo en campos donde se realiza la cosecha de tomates, pimientos y otros productos hortícolas.

En las últimas horas, dos personas fueron atacadas por yarará en campos cercanos a Goya.

Una de ellas trabajaba en una finca tomatera en Yatayti Calle. Tiene 25 años. Le aplicaron 4 dosis de suero antiofídico en Santa Lucía y fue trasladado al Hospital de Goya donde continúa internado. Se encuentra estable.

Días atrás, una mujer de 40 años fue mordida en la mano por una víbora venenosa en un campo de la zona de San Pedro, a pocos kilómetros de la ciudad. Recibió seis dosis de suero antiofídico y continúa internada.

La Copa Camet 2 vs 2 contará con la participación de parejas de todo el país y tendrá lugar de 17 a 21 en el parque Cambá Cuá, con acceso libre y gratuito para todo público. Corrientes estará representada por Exe-Póker y Seas, que forma dúo con el chaqueño Ace. Host Taty Santa Ana Dj Pachaone.


La capital correntina será sede este domingo de la final nacional de la Copa Camet 2 vs 2, un torneo de freestyle con artistas seleccionados de todo el país. La competencia tendrá lugar este domingo, de 17 a 21, en el parque Cambá Cuá, con acceso libre y gratuito para todo público.

La organización de la final nacional, que contará con la participación de 17 parejas seleccionadas en finales regionales realizadas a lo largo y ancho del país, es organizada por Muni Joven. La conducción del evento estará a cargo de Taty Santa Ana y el Dj será Pachaone.

Es para destacar que la provincia tendrá tres representantes en esta final Nacional. Ellos son: Exe-Póker y Seas, que conforma dúo con el chaqueño Ace, quiénes lograron ingresar a través de las diferentes instancias clasificatorias, una de las cuales tuvo lugar en agosto último en Corrientes, siendo la primera regional que se llevó adelante fuera de Buenos Aires.

Además de los competidores, el escenario contará con la actuación del rapero Sony, ganador de la Red Bull Nacional Argentina 2014, quien, a su vez junto a Mirna, Kreiluz, Terere y Heckra serán los jurados encargados de decir que dúo se quedará con la copa Camet.

«Estamos muy contentos de que Corrientes sea sede de esta copa que tiene mucho prestigio a nivel nacional, y que nos permita posicionarnos como una sede del freestyle, entendiendo que es una forma de expresión que esta creciendo mucho en los jóvenes, y que Corrientes no es la excepción», destacó el secretario de Coordinación de Gobierno Hugo Calvano.

«También hace a la pluralidad que promovemos desde la gestión del doctor Tassano, pluralidad en lo que refiere a las distintas formas de expresiones y culturales, y creemos que Corrientes y los jóvenes correntinos tienen mucho potencial y esto se enmarca en las políticas que venimos trabajando desde Muni Joven», aclaró el funcionario.

El freestyle es el arte de la improvisación con una base que puede ser musical o beetbox. Es algo que une a todas las clases sociales, principalmente a los jóvenes y adolescentes. Lo destacable de esta disciplina es que solo se necesitan ganas y animarse para poder ser parte.
Se solicita a los asistentes mantener la distancia, no compartir objetos de uso común, y se recomienda la utilización de barbijos o tapabocas y el uso de alcohol en gel o diluido para desinfectar las manos.

Se trata de Andrea Pérez, acusada de matar a su sobrina en una fiesta en donde se celebraba que la madre de la víctima había salido de la cárcel. Ocurrió en junio de 2019.

Esta mañana a las 8 horas inicia la etapa de alegatos y posterior sentencia en el juicio a Andrea Celeste Pérez, de 35 años, juzgada en el Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes por el asesinato de su sobrina Aldana, de 14 años, en medio de una discusión familiar ocurrida en junio de 2019 en uno de los pasillos del barrio Villa Basura de la capital correntina.

El primero en realizar las conclusiones será el fiscal Gustavo Schmitt, quien durante el debate había solicitado la ampliación de la acusación y se le imputó a Pérez el delito de homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego. Podría ser condenada a más de diez años de prisión.

En todo el proceso la acusada se negó a declarar, pero se espera que hoy rompa el silencio antes de que el Tribunal se retire de la sala para deliberar.

El TOP N° 2 está integrado en esta causa por el doctor Juan José Cochia como presidente y los doctores Ariel Azcona y Román Facundo Esquivel como vocales.

La causa

El crimen se produjo el 14 de junio de 2019 alrededor de las 2.30 en uno de los pasillos de calle Rivadavia, entre Brasil y Roca. De acuerdo a la investigación, se llevaba a cabo una fiesta porque la madre de la víctima había obtenido su libertad tras permanecer presa por un delito. El evento tuvo un giro inesperado cuando se desató una discusión que desencadenó en una pelea dentro de los sinuosos pasillos. Durante la gresca, Andrea Pérez buscó un arma de fuego y efectuó varios disparos.

Aldana fue herida en la cabeza y cayó desplomada al suelo, en medio de un charco de sangre. Ratos más tarde, otro hombre llegó al Hospital Escuela con una lesión menor, también de un disparo de arma de fuego, y quedó demorado porque guardaba relación con el caso. La escena se llenó de policías y fueron diez las personas demoradas por el hecho.

En la requisa que se hizo en el lugar secuestraron un revólver calibre 22 que la autora del crimen había arrojado a un basural. Cuando Pérez fue detenida, tenía una beba que quedó al cuidado de su familia.

Se trata de una joven de 19 años que junto a su hija 2 años eran buscadas desde hace dos días. Fueron encontradas deambulando en la vía pública. La mujer habría manifestado que las cargaron a una camioneta.

Sus seres queridos habían iniciado la búsqueda y gracias a una publicación en una red social un vecino les avisó de la presencia de madre e hija deambulando en la vía pública.

Un hermano fue a buscarlas y las encontró esta madrugada. La chica estaba en estado de shock.

La joven dijo que intentaron abusar sexualmente de ella, que fue sometida a agresiones (presenta signos de golpes) y que incluso le cortaron el pelo, aunque no supo precisar en qué lugar supuestamente las tenían contra su voluntad.

La chica y la niña habían desaparecido tras participar de un cumpleaños el día lunes.

Entre otras cosas la muchacha habría manifestado que las cargaron a una camioneta.

Ahora interviene la División de Delitos Sexuales junto a la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción en turno.

En la madrugada de ayer se produjo el despiste y vuelco de un camión cargado con rollizos de maderas, en la Autovía de la Ruta Nacional 14, jurisdicción de la localidad de Juan Pujol, el conductor sufrió algunas heridas y debió ser internado en Monte Caseros.

Ocurrió alrededor de las 5 en el kilómetro 379 del mencionado corredor vial, en cercanías del paraje Piedrita, indicaron fuentes policiales y el protagonista fue un Scania que circulaba en sentido sur-norte.

El camionero fue auxiliado por la policía de la provincia de Corrientes, de la Gendarmería Nacional, tras lo cual fue trasladado en ambulancia al Hospital Samuel Robinson de Monte Caseros. El lesionado fue identificado como Rene Barthe, de 32 años, con domicilio en el barrio Santa Elena de la ciudad de Garupá, Misiones. De acuerdo con el informe médico, no presenta lesiones de gravedad, aunque deberá seguir internado en observación.

Eran los capataces del emprendimiento de hortalizas. En el predio fueron rescatados trabajadores oriundos de Goya. En total eran explotados unos 80 adultos y 19 menores de edad.

Se trata de los encargados del predio de 46 hectáreas ubicado en cercanías de la capital bonaerense. Los detenidos son investigados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y trata de personas por, supuestamente, esclavizar a un centenar de personas y mantenerlas cautivas en condiciones denigrantes.

Los sospechosos fueron identificados como Gerardo Gareca, de 36 años, y Nery Marcial Vera Espinosa, de 39. Los hechos comenzaron a dilucidarse el domingo 24 de octubre, cerca de las 18:00, cuando la policía de Buenos Aires fue alertada sobre dos grupos de jóvenes que corrían por la Ruta Provincial 36, perseguidos por otros hombres.

Además de los paraguayos, también se encuentran detenidos Algarín Jara, Benito Castro, Ricardo Saviola, Calixto Miranda Pérez y Sergio René Ruiz; acusados de haberse desempeñado como colaboradores de la Quinta donde retenían a 47 mayores de edad extranjeros. En su mayoría eran bolivianos y paraguayos, 32 adultos argentinos, casi todos menores de 30 años oriundos de la provincia de Corrientes y 19 menores de edad.

Según el testimonio de las víctimas, habían sido llevadas hasta La Plata con promesas laborales de recibir 2.500 pesos diarios para trabajar la tierra en el campo de 46 hectáreas, que contaba con un cerco perimetral alambrado electrificado y varias garitas de seguridad con personas armadas.

Sin embargo, al llegar al lugar, los trabajadores eran forzados a vivir en una serie de casillas precarias de ladrillo hueco sin revocar que compartían con otras personas, y dormían en colchones sucios sobre el piso al lado de letrinas. Solo tenían permitido salir para trabajar en grupos.

Gareca y Vera Espinosa quedaron a disposición del fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5 de La Plata.

La fiscalía indaga, además, si el principal investigado tiene un antecedente de una causa del año 2016, en la que habría sido condenado por el mismo delito.