La actividad se desarrollará en el predio del ex Sefecha (avenida Las Heras y Franklin) de 9 a 12.30, siguiendo todos los protocolos sanitarios vigentes en el marco de la pandemia por Covid-19.
El Ministerio de Producción, Industria y Empleo realizará este viernes 9 en Resistencia, un nuevo operativo de Vamos Nosotros y Cabras para todos, ambos programas de comercialización de alimentos chaqueños a precios promocionales. La actividad, que se desarrollará en el predio del ex Sefecha (avenida Las Heras y Franklin) de 9 a 12.30, siguiendo todos los protocolos sanitarios vigentes en el marco de la pandemia por Covid-19.
Habrá bolsones de verdura, cortes cárnicos vacunos, dulces y conservas, panificados y gas envasado, todo a precios acordados. En tanto que Cabras para Todos ofrecerá a los consumidores una amplia variedad de cortes cárnicos congelados (caprinos y ovinos) envasados en bolsas con etiqueta informativa indicativa sobre las características, procedencia y peso del producto.
El programa es impulsado por la cartera productiva con la finalidad de promocionar la actividad caprina y ovina de productores de El Impenetrable, acercando a los consumidores la posibilidad de adquirir carnes alternativas a precios accesibles y de muy buena calidad. Vamos Nosotros, acerca alimentos chaqueños al área Metropolitana mientras avanza con una sostenida expansión en el interior. A través de este esquema de trabajo, se abre un canal de venta directa al público, sin la participación de intermediarios, lo que permite establecer precios más accesibles para consumidores y con una mayor rentabilidad para el productor.
Cortes y precios
Los cortes ovinos que se comercializarán, por kilogramo: cordero, 480 pesos; pernil, 480 pesos; costilla, 480 pesos; paleta, 480 pesos; y estofado 480 pesos.
En tanto que los cortes caprinos disponibles, por kilogramo, serán: cabrito, 480 pesos; pernil, 410 pesos; costilla, 410 pesos; paleta, 350 pesos; y estofado, 300 pesos.
En el marco del plan Chaco Reactiva, se lanzaron las Políticas Sociales para la Contención Psicosocial y la Reactivación Económica. En la oportunidad se entregaron herramientas para emprendedores locales.
“Desde Taco Pozo reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo chaqueño por su desarrollo social y económico”. Así lo aseguró el gobernador Jorge Capitanich al presentar hoy en el marco del plan Chaco Reactiva, las Políticas Sociales para la Contención Psicosocial y la Reactivación Económica. En la oportunidad se entregaron herramientas para emprendedores locales.
Se trata de un plan estratégico que contempla la promoción y protección de los derechos en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, políticas de cuidado para personas adultas mayores y fortalecimiento del Emprendedurismo Social. A su vez, garantiza como eje transversal las políticas vinculadas a la Seguridad y Soberanía Alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad: “Es un plan de carácter social que implica invertir 11 mil millones de pesos para llegar a casi 110 mil personas”, destacó el mandatario provincial a través de sus redes sociales.
La proyección para este 2021
El Ministerio de Desarrollo Social Chaco tiene 125 dispositivos sociales y atiende a 35 mil personas en forma diaria. “Este año proyectamos satisfacer directamente a 522 mil personas por un monto de transferencias directas equivalentes a 70 mil millones de pesos en el año. Eso es inclusión social”, ponderó Capitanich.
“Chaco Reactiva es un puente entre el presente y el futuro, es la semilla que sembramos hoy para cosechar mañana. Contamos con un equipo sensible que todos los días trabaja y abraza con afecto a las personas que más lo necesitan.
No vamos a renunciar a nuestro objetivo de poner al Chaco y a la Argentina de pie. No vamos a renunciar a la esperanza de construir la grandeza de nuestra patria y la felicidad de nuestro pueblo”, concluyó.
De la presentación también participaron el ministro Santiago Pérez Pons (Planificación, Economía e Infraestructura), la ministra María Pía Chiacchio Cavana (Desarrollo Social); el secretario Rodrigo Ocampo (Municipios); intendente de la zona y demás funcionarios provinciales.
La vicegobernadora de la provincia, Analía Rach Quiroga y el director financiero Fundación Chaco Solidario, Juan Ignacio Costilla, entregaron insumos médicos a la Asociación Lucha Contra el Cáncer (Alcec) de Machagai que permitirán la apertura de un nuevo consultorio en la localidad.
“Este es un compromiso asumido por la vicegobernadora que hoy podemos hacerlo realidad”, dijo Costilla quien destacó además que los elementos fueron adquiridos por la Fundación Chaco Solidario.
Los insumos adquiridos son pack de espéculos grandes, medianos y chicos, estetoscopio, tensiómetro Aneroide, otoscopio con linterna, gel neutro, termómetro infrarrojo, oxiómetro de pulso, rollos V. Printer y guantes para examen que totabilizan una inversión de superior a los 42 mil pesos.
Costilla valoró el trabajo de la ALCEC desde sonde contribuye a la lucha contra el cáncer cooperando a la obra científica, aportando recursos para investigaciones y divulgación para conocimientos sobre cáncer a fin de propender a la prevención, al diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación de pacientes.
Se firmó un convenio de colaboración y se fijó una tarifa social para la remuneración del trabajo de los agrimensores. La acción forma parte del Plan de Ordenamiento Territorial que la Secretaría lleva adelante en toda la provincia.
La Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente firmó un convenio con el Consejo Profesional de Agrimensores del Chaco para trabajar en los procesos de regularización dominial que viene impulsando la cartera y que involucran mensura y división de lotes. La iniciativa forma parte del Plan de Ordenamiento Territorial que la cartera lleva adelante en todo el territorio provincial.
El convenio permite establecer igualdad de oportunidades para las y los profesionales que estén interesados en llevar adelante los trabajos de regularización dominial que impulsa la Secretaría. “El Consejo de Agrimensura del Chaco llamará a licitación a las y los profesionales habilitados para las funciones específicas o puntuales que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente requiera”, detalló la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente Marta Soneira.
Además de poner a disposición del Estado una nómina de profesionales habilitados por el Consejo para los diferentes tareas de mensura y loteo, establecerá una tarifa de carácter social. «Para que no exista disparidad ni diferencias de criterios a la hora de presupuestar los trabajos que se llevarán adelante”, aclaró el subsecretario de Ordenamiento Territorial Alan Strusiat.
De esta manera se posibilita y garantiza que se realice la mensura de la totalidad de las parcelas que requieren los diferentes municipios. «Esto permite dar un paso más para la entrega del título de propiedad y poner en valor esta política de Estado de dar una solución a las familias acerca de la tenencia de su tierra», concluyó subsecretario.
La modelo y conductora está en plena batalla judicial con Claudio Contardi, el padre de sus dos hijos.
En octubre de 2019, Julieta Prandi habló por primera vez de lo que había sufrido durante su matrimonio con Claudio Contardi y denunció al empresario por ejercer violencia familiar, psicológica y económica, argumentando que no solo la había alejado de sus amigos y familiares, sino que se quedó con un departamento que ella misma había comprado antes de casarse y que debía una gran suma de dinero de la cuota de alimentos de sus hijos. Desde entonces, la modelo se encuentra en una batalla judicial con su exmarido y al no obtener la respuesta que esperaba por parte de la Justicia, recurrió a los medios en más de una oportunidad con la esperanza de conseguir algo mejor.
Sin embargo, según reveló Carlos Monti en «Nosotros a la mañana», la Justicia decidió multar a Prandi y a su abogada, Ana Rosenfeld, con 50 mil pesos por hacer público su conflicto con el empresario, algo que consideran que podría afectar a los menores. «El juez -el doctor Hernán García Lázaro- acaba de prohibir a los medios hacer declaraciones públicas acerca de pormenores que tenga que ver con la relación de los chicos con el papá», explicó el periodista.
“No podemos nombrar al juez… Acaba de cortar con Julieta, realmente está muy mal porque hoy mandó a sus hijos al colegio después de tantos días y el señor Contardi se apareció en el colegio a las 10:30 de la mañana y no dejó que sus hijos participen de las clases. Hace 15 días que no estaban yendo al colegio. Ahora está reunido el menor con el padre. Es una locura total. Como los miércoles es el día de visita de él se los quiere llevar y Julieta no quiere”, reveló la doctora María Alejandra Bellini, quien también representa a la conductora, y aseguró que también le pusieron «un bozal legal».
Y agregó: «Nos dimos cuenta de que en la justicia civil no iba a tener respuesta porque a él solamente le dicen: ‘Señor Contardi haga las cosas bien’. Julieta tiene que trabajar porque hace dos años que no le pasa alimentos. Ella trabaja en la radio todos los días, pero a su vez está asustada y preocupada porque hoy cuando lleva a los chicos al colegio se encuentra que estaba el señor Contardi en el colegio. No permitiendo que sus hijos tengan el normal desenvolvimiento que tiene que tener cualquier criatura. Ellos le tienen miedo a su papá”.
A fines de marzo, Prandi denunció a Contardi por corrupción de menores. «En 2019 me enteré de que la persona que vivía con mi ex, a la que a mí me decían que era la niñera, dormía en la cama matrimonial con él y mis hijos. Además, los obligaba a llamarme ‘la puti…’ y ‘la tilinga’ dentro de la casa, y cuando se comunicaban conmigo por teléfono estaban obligados a decirme lo que el padre quisiera que me dijera», contó en una entrevista con Viviana Canosa, junto a Rosenfeld. Y aseguró que al año siguiente pasó algo aún peor: «Es tremendamente mucho más terrible. Hay una causa penal por corrupción de menores. No voy a entrar en detalles porque es la privacidad de mis hijos. Es muy grave. Mateo no quiere ver a su papá, le tiene miedo, fue amenazado muchas veces. Los chicos dijeron de todo».
Este jueves se conoció un nuevo informe epidemiológico de la provincia de Corrientes donde se confirmaron 343 nuevos casos positivos detectados en las últimas 24 horas, a la vez que se registraron un total de seis nuevos fallecidos con diagnóstico de la enfermedad. Por otra parte, el gobernador anunció que otra localidad volverá a “Fase 3” por dos semanas.
En cuanto a los nuevos contagios, en el informe detallaron que 97 pertenecen a personas de Corrientes capital, 63 en Curuzú Cuatiá, 50 en Goya, 33 en Mercedes, 15 en La Cruz, 9 en Esquina, 9 en Paso de Los Libres, 9 en Santo Tomé, 7 en Virasoro, 7 en Mocoretá, 7 en Monte Caseros, 6 en Bella Vista, 6 en Concepción, 5 en Caá Catí, 5 en Ituzaingó, 4 en San Luis del Palmar, 3 en Saladas, 2 en Paso de la Patria, 1 en 9 de Julio, 1 en Pando, 1 en Santa Lucía, 1 en Mariano Loza, 1 en San Lorenzo y 1 en San Roque.
Hasta la fecha la provincia cuenta con 33.460 casos acumulados, de los cuales 31.295 recibieron el alta médica, 554 personas son los fallecidos y 1.611 pacientes se encuentran activos. A su vez, precisaron que hay 155 personas internadas con diagnóstico de COVID-19, 41 en de ellas en terapia intensiva.
Goya retrocede
Minutos antes del anuncio del nuevo parte epidemiológico, el gobernador Gustavo Valdés informó desde su cuenta personal que la localidad de Goya volverá a Fase 3 por un período de dos semanas frente al incremento de contagios.
“Prorrogamos la Fase 3 en #Goya por 15 días más. Tras una reunión entre el Comité de Crisis y el intendente Ignacio Osella, decidimos que la ciudad permanezca en ese estadio para prevenir los contagios y que la circulación continúe siendo mínima”, comunicó Valdés.
Este retroceso se suma al informado ayer para la localidad de La Cruz, donde también se retornó a Fase 3 por 15 días con objetivo de “disminuir la movilidad ante el aumento de casos de COVID-19”, según explicó el mandatario.
El informe epidemiológico que brinda el Hospital Regional indica que la ciudad de Goya detectó hoy 50 nuevos casos positivos. La cantidad de activos ascendió a 262 activos. Seis pacientes fueron derivados al Hospital de Campaña. Por otro lado, la localidad de Esquina sumó 20 casos nuevos de coronavirus y ya son 118 los activos. En tanto hay 708 personas aisladas en forma preventiva, y 10 internados en el Hospital de Campaña.
El Colegio Secundario del Barrio Fray José de la Quintana de la Ciudad de Corrientes permanecerá cerrado por 48 horas (jueves 8 y viernes 9) tras confirmarse un caso positivo de coronavirus en un personal de la institución.
El Colegio emitió un comunicado en las últimas horas tras confirmarse un caso positivo de coronavirus en uno de los empleados de la institución.
De acuerdo a lo detallado, el establecimiento permanecerá cerrado los días jueves 8 y viernes 9 por tareas de desinfección.
El retorno de las actividades escolares, así como la organización de los mismos se informarán en los próximos días.
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura continúa cerrando acuerdos paritarios con distintos sectores del Estado. En este caso, con la salud pública, un sector clave por la situación sanitaria que atraviesa el país. El titular de la cartera, Santiago Pérez Pons, anunció un aumento salarial, compuesto por tres medidas centrales.
Tras la apertura de sobres de licitación para la construcción del centro de salud de Colonia Benítez, Pérez Pons precisó que la medida incluye un aumento en la escala de bonificaciones del sector de la salud de 30%. En una primera etapa, la suba será del 10% en abril; luego otro incremento del 10% en agosto, y un tercer 10% en noviembre.
A ello se debe sumar un incremento de la bonificación por el denominado «riesgo de salud», que pasará del 25% al 35%, “sobre la base de bonificaciones”, aclaró el titular de la cartera económica provincial.
El tercer componente del anuncio de aumento salarial está relacionado con el incremento de las horas guardia, que comienzan con una mejora del 15% en abril y otro 15% en el segundo semestre del año.
En el Día Mundial de la Salud, Pérez Pons destacó que “estas medidas tendrán un impacto sustancial sobre el poder adquisitivo” de profesionales, trabajadoras y trabajadores de la salud pública.
Así, para un médico o profesional el aumento sobre el salario será de $6.300 en abril, $11.500 en agosto y de $17.000 en noviembre. Para un enfermero o administrativo, el incremento sobre el salario será de $3.750 en abril, $6.800 en agosto y de $10.200 en noviembre.
Y para un agente sanitario o administrativo la suba sobre el salario será de $2.150 en abril, $3.485 en agosto y de $5.000 en noviembre.
Estos aumentos “significan un adicional a la pauta general salarial” “Se trata de una recomposición que se verá reflejada en el bolsillo de todas y todos los trabajadores en 2021”, manifestó Pérez Pons.
Asimismo, precisó que, en términos fiscales, “tiene una implicancia de $95 millones mensuales para comenzar a recomponer el salario de todo nuestro personal de salud, que tan necesario y valorado es siempre, pero sobre todo en este momento de pandemia”.
Este acuerdo salarial fue posible en el marco de las mesas técnicas habilitadas por el Gobierno provincial con los sindicatos estatales, como en el caso de UPCP, que permitió avanzar en esta agenda conjunta.
A través de este acuerdo histórico, el Estado chaqueño reconoció su responsabilidad en el caso, ocurrido en 1992, e implementará políticas de derechos humanos para evitar su reiteración. De esta manera, se busca reparar la dolorosa etapa vivida por la familia de Amanda Encaje, atravesada por una trágica pérdida, y por procesos de impunidad y fallas en la investigación.
El gobernador Jorge Capitanich, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, y miembros de la familia Encaje firmaron el acta compromiso para una resolución amistosa del histórico caso, que será posteriormente homologada por el Gobierno nacional.
Se trata de la tercera solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que llega el gobierno argentino por hechos cometidos en la provincia del Chaco. El acuerdo, implica la disposición del estado argentino y chaqueño de no controvertir las denuncias por violaciones de derechos humanos e implementar políticas públicas efectivas para evitar su reiteración.
«La lucha valió la pena. Esto significa que más temprano que tarde la justicia llega de la mano de un Estado que a partir de la percepción de sus funcionarios ha identificado la sensibilidad de este tema. Quiero manifestar mis más profundos respetos por la lucha que llevaron adelante”, expresó el mandatario.
El documento fue firmado por el gobernador Capitanich, la vicegobernadora Rach Quiroga, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez, familiares de Amanda Encaje: su hija Andrea Martínez, su hermana Silvia Encaje, y los abogados familiares Carlos Bermejo y Marcos Molero. Acompañaron también los otros hijos de la víctima, Pablo y Nicolás Martínez.
“El dolor es intransferible y la vida insustituible. La reparación en materia de justicia después de tantos años nos obliga a una reflexión desde el punto de vista del funcionamiento del sistema judicial. En ese sentido, la persistencia y la voluntad férrea de la familia indujo a que hoy podamos llegar a buen puerto”, valoró Capitanich.
Al respecto, el gobernador chaqueño aseguró que “el primer hito fue el reconocimiento de la responsabilidad por denegación de justicia de la provincia del Chaco en los hechos. Ha sido una actitud firme, clara y contundente del poder Ejecutivo que indujo a tomar una decisión por parte del Poder Judicial”.
Andrea Martínez: “Nos sentimos verdaderamente reconfortados”
La hija de Amanda Encaje, Andrea Martínez, expresó con satisfacción que la firma de este documento “es el corolario de un proceso largo, doloroso que empezó en 2008” cuando la familia presentó un documento ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) “Con este proceso, buscamos dejar cambios para que el sistema no repita lo que nos pasó” agregó Martínez.
Agradeció también la labor de funcionarios provinciales, nacionales y en el marco de un nuevo aniversario del crimen, destacó el trabajo conjunto entre las familias y “un Estado que demostró gran sensibilidad para construir un mejor futuro para la ciudadanía. La solución amistosa significa poder dejar mejoras en el sistema” finalizó Martínez.
Solución amistosa para garantizar la reparación a las víctimas
La firma del acuerdo persigue tres objetivos fundamentales: reparar social y públicamente el daño sufrido por la familia Encaje; evitar posibles reiteraciones de este tipo de hechos; y generar e implementar una serie de políticas públicas para el fortalecimiento institucional y la defensa de las víctimas tendientes a lograr un mayor nivel de eficiencia en la investigación de crímenes similares, evitando así la impunidad de quienes resulten victimarios.
El documento estipula seis puntos fundamentales para lograrlo: un homenaje para las víctimas y sus familias en su larga lucha por justicia; analizar la viabilidad de la reapertura de la causa penal de los homicidios de Amanda Encaje y Néstor Vivo; la creación del cargo de Defensor Oficial de Víctimas, con dedicación exclusiva de las Personas Víctimas de Delitos; la creación del Observatorio de víctimas de delitos, la sanción de protocolos para la preservación de la escena del crimen y garantizar la cadena de custodia de pruebas en la investigación de causas penales complejas, y la implementación del Banco Genético Provincial.
De esta manera y entendiendo que las víctimas y la sociedad en su conjunto deben gozar del derecho a la verdad y a la justicia, el Estado chaqueño reconoció la gravedad institucional de los hechos vividos por la familia Encaje, motivo por el cual el mandatario efectuó un pedido de disculpas públicas en nombre de la provincia.
Además, como medida de reparación hacia la familia de Amanda, el Estado asumió el compromiso de emplazar una escultura en homenaje a las víctimas de femicidio y sus familiares, así como también de generar una serie de reformas, como son la creación de la defensoría de víctimas del delito y un observatorio de víctimas que llevará el nombre de Amanda.
De esta manera, el Estado chaqueño reafirmó su compromiso con los Derechos Humanos a través de la puesta en práctica de medidas de reparación hacia las víctimas, como así también con el impulso de políticas públicas que cuenten con perspectiva de géneros y derechos humanos tendientes a mejorar las prácticas orgánicas e institucionales. Participaron de la firma la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch; los asesores legales, Roxana de los Santos y Kevin Nielsen; y representantes de las áreas de Seguridad y Justicia y de Planificación, Economía e Infraestructura.
Además, participaron como veedores vía Zoom Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Javier Salgado, director de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Silvana Pérez: “Acta en tiempo récord
La secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez señaló que esta firma representa el trabajo con la Cancillería, el Gobierno Nacional y Provincial, y familiares que se inició en el 2020 y que conllevó la posibilidad de “arribar en tiempo récord a la firma de esta solución amistosa. Agradezco el trabajo de abogados, familiares por todo el tiempo que llevan en esta lucha y agradecer la confianza del espacio de trabajo que llevamos durante este año” manifestó Pérez.
Nayla Bosch: Pedido de perdón
La subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch celebró la firma de esta acta compromiso entre el pueblo chaqueño y la familia Encaje y se refirió a alguno de los puntos del documento rubricado. “Es clave decir y reiterar el pedido de perdón del Ejecutivo y remarcar que uno de los principales puntos del acta era la aceptación del gobierno de la denegación de Justicia a los familiares y la vulneración de derechos humanos. De esta forma, poder iniciar un proceso de reparación de un hecho difícil, doloroso y que el Estado y sus poderes deben emprenderlo con compromiso, revisar protocolos para que estos hechos no vuelvan a ocurrir” afirmó.
Por último, Bosch dijo que este proceso de trabajo entre todos los entes del Estado permitirá “que podamos decir nunca más en delitos de lesa humanidad y vulneraciones de Derechos Humanos del Chaco” y agregó que, con este acuerdo, “el Estado acepta los errores cometidos en el pasado, consolida la reparación a las víctimas y busca fortalecer institucionalmente todos los mecanismos de prevención para que estos tipos de hechos no vuelvan a suceder”, concluyó Bosch.
El hecho
El 8 de abril de 1992, Amanda Graciela Encaje fue asesinada en las instalaciones de la empresa Supercemento S.A., ubicada en la ciudad de Resistencia, lugar donde se desempeñaba como secretaria. Su cuerpo fue encontrado junto con el de Néstor Blas Vivo, quien era director de dicha empresa, ambos fueron golpeados y torturados. Amanda además fue víctima de agresión sexual, según una de las autopsias realizadas.
