Categoría: Policiales

En el día de hoy a las 9:30 hs, se llevó a cabo la solicitud en el sector de celdas de  establecido en Ley 7719.

El procedimiento contó con la presencia de un grupo antidisturbios del Departamento de Infantería, escalón del Departamento COE, el médico policial Dr. Ávalos Adrián y personal de División Prensa.

Durante la solicitud, se procedió a la retención de 20 teléfonos móviles y otros accesorios, los cuales serán eventualmente devueltos a familiares de las personas privadas de libertad.
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No se registraron incidentes ni otras novedades durante la operación

Asimismo, se contó con la presencia del Supervisor a carga del Acc. Zona II Metropolitana, Comisario Inspector de Policía Mauro Cáceres.

Intento llevarse un equipo de música.

Cerca de la 01:30, el personal de la Comisaría Undécima fue alertado que requerían presencia policial en el barrio Jorge Newbery. Al llegar, notaron que sujeto se encontraba retenido por un grupo de personas.

De esta manera, se entrevistaron con un ciudadano de 44 años, manifestando que escuchó ruidos en la parte trasera de su domicilio y sorprendió al sujeto, quien tenía en sus manos un equipo de música marca ORYX y un arma blanca. Al ser sorprendido, el sujeto intentó atacarlo con el cuchillo, siendo retenido con la ayuda de vecinos.
Ante esta situación, identificaron al sujeto tratándose de un hombre de 41 años y fue notificado de su aprehensión en la causa «Supuesto Robo con Arma Blanca», por disposición de la Fiscalía interviniente.

El agresor era el acompañante de una mujer en silla de ruedas. La guardia del hospital estaba colapsada y el tiempo de espera lo sacó de quicio.

Un hombre atacó a golpes, patadas y hasta ahorcó al médico de una guardia de hospital el lunes pasado en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe. El motivo de la agresión fue que se impacientó por la cantidad de tiempo que lo hicieron esperar.

El agresor ni siquiera era la persona que debía recibir atención médica sino que era el acompañante de una mujer en silla de ruedas que llegó a la guardia del Hospital Escuela Eva Perón cuando estaba «atravesando una crisis de angustia».

«Nuestra guardia siempre está abarrotada de gente, nos ingresaba una ambulancia con una paciente de unos 80 años con luxación de cadera y teníamos otro paciente con cáncer adentro», explicó el médico Leandro Giordana, la víctima del ataque.

Como primera medida, el personal médico confirmó que la mujer respiraba bien y estaba estable, y como no había espacio para verla en la sala de urgencias se la sumó a la lista de espera, lo que no dejó tranquilo a su acompañante.

En vez, Giordana explicó en declaraciones televisivas que el agresor invadió la guardia del hospital e increpó a los médicos, por lo que tuvo que ser expulsado por personal de la empresa de seguridad privada que trabaja en la institución.

Una vez afuera del edificio, el hombre fingió tener un episodio de convulsiones para atraer la atención nuevamente. «Dejamos todo lo que estábamos haciendo y nos acercamos. Vimos que solo estaba tirado en el suelo, lo que parecía claramente una actuación», convino Giordana.

Con los médicos a su alrededor, el impaciente reaccionó.

«Nos empezamos a alejar hacia atrás, y ahí es cuando subo la escalera y el tipo viene corriendo y empieza a pegar sin mediar ningún tipo de palabra», recordó Giordana, que se llevó la peor parte del ataque.

«Me pegó varios golpes y después cuando me tiró hacia abajo, me pegó dos rodillazos en la cara. Cuando me incorporo, me ahorcó de atrás. La policía y mi compañero de guardia intentaron reducirlo, pero estuvo más o menos 20 segundos golpeándome», relató el médico, que hizo un fuerte descargo en Instagram a propósito del incidente.

«Ser médico es muchas cosas. Para mí, es una forma de vida, de ayudar a los demás, a quienes necesitan un antibiótico, un yeso o simplemente, que los escuchen; porque quiero ayudar. Soy docente en la UNR -Universidad Nacional de Rosario- hace 14 años, me rompo el lomo formándome como residente no rentado de cuarto año de Terapia Intensiva y estoy haciendo el posgrado de Medicina Legal y Forense. Pero ser médico también se transformó en un laburo con condiciones deplorables», expresó el martes Giordana.

El médico enumeró cuestiones como «salarios de miseria, condiciones inhumanas donde muchas veces no tenemos agua, luz, calefacción o refrigeración, no tenemos ni donde comer o la comida es incomible», y las jornadas laborales «de 24, 36, 48 horas, porque el personal de salud ‘siempre tiene que estar'».

«A esa violencia y precarización que nos someten los de arriba, se le suma la violencia de la población. Y nosotros no tenemos garantías de seguridad para poder cuidar a la población, pero parece que tenemos que seguir; como si nada hubiera pasado, porque nada cambia, nada frena», sentenció.

El imputado fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Un hombre, de 37 años, fue detenido por romper una vidriera de un local y se llevó 24 latas de cerveza, en la ciudad de Mar del Plata.

El hecho ocurrió el viernes a la madrugada, en un local de la avenida Constitución cuando fue aprehendido por el personal policial que recorría la zona, los cuales también le incautaron latas de bebida alcohólica.

Por otro lado, según medios locales, los agentes mencionaron que lo robado estaba valuado en aproximadamente 25 mil pesos.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría séptima, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa.

Por último, el imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.

El líder de la barra de Boca pudo evadir el juicio por el hecho ocurrido en la previa del partido entre Estudiantes por las semifinales de la Copa de la Liga de 2024.

Rafael Di Zeo, consiguió una probation en la causa por tenencia compartida de arma de guerra que se le abrió en 2024 en la previa de la semifinal de la Copa de la Liga ante Estudiantes. De esta manera, logró eludir el juicio, pero no podrá volver por el momento a la Bombonera.

En la audiencia con el juez y el fiscal, el jefe de La Doce acordó una serie de pautas de conductas por dos años y medio que, si las cumple, dará por finalizado el proceso y no le quedará ningún antecedente judicial.

Di Zeo acordó con el juez y el fiscal que se dará por finalizado el proceso si cumple una serie de pautas en los próximos dos años y medio. Ellos son abonarle un resarcimiento a la provincia de Córdoba, un tratamiento psicológico enfocado a cambiar las conductas perniciosas en el marco de la violencia en el fútbol y trabajos comunitarios.

De cumplir con todas las condiciones acordadas, se dará por finalizado el proceso contra el líder de la barra de Boca y no le quedará ningún antecedente penal.

Por este hecho, Di Zeo reingresó a la lista de personas con derecho de admisión y por el momento no podrá ingresar a la Bombonera. Si bien consiguió la probation, la prohibición está vigente por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la titular de la cartera, Patricia Bullrich, había asegurado el año pasado que la sanción era a la perpetuidad.

El proceso comenzó el 30 de abril de 2024, cuando La Doce iba en varios micros hasta Córdoba para ver el partido frente a Estudiantes y, en una requisa en la ruta, en uno de los ómnibus de la caravana se encontraron cuatro armas aptas para el disparo, todas con numeración limada y una con el logo de la Policía Federal Argentina, más 58 municiones. En ese micro viajaba Rafael Di Zeo, según lo declarado por los dos primeros oficiales que hicieron la requisa. Y aún cuando en el momento no logró ser demorado junto al resto de los ocupantes del ómnibus y regresó en una camioneta a Buenos Aires, la fiscal que tomó el caso, Patricia Baulies, lo imputó junto a otros 56 barras por tenencia compartida de arma de guerra, delito que contempla pena de hasta seis años de prisión.

Si bien Di Zeo al momento de su indagatoria negó haber estado en ese micro y ser autor de cualquier ilícito, la Justicia cordobesa siguió adelante con la imputación basándose en la declaración de los miembros de las fuerzas de seguridad y en contradicciones de cuatro barras que viajaban en ese micro. La fiscal parecía que estaba decidida a elevar todo a juicio pero, en una jugada de ajedrez, Di Zeo contrató como abogado en Córdoba al ex fiscal general de la provincia, Darío Vezzaro, quien fuera el jefe de todos los fiscales de la provincia hasta 2012, cuando pasó a la actividad privada. Y como Baulies había trabajado con él, debió apartarse de la causa por amistad manifiesta.

Dos comisarios y un oficial de la Policía bonaerense fueron citados por la justicia de San Isidro para el martes que viene. Hay 290 testigos en la causa.

Dos comisarios y un oficial de la Policía bonaerense fueron citados a declarar el martes que viene ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro en el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona.

Se calcula que hay alrededor de 290 testigos para prestar declaración en el juicio que buscará determinar la responsabilidad del personal de salud que atendió a Diego Maradona en la casa de Tigre donde murió, el 25 de noviembre de 2020.

La fiscalía de San Isidro comandada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren en el juicio propuso a los comisarios Lucas Farías y Lucas Borge, y al oficial Leonardo Mendoza para que den su testimonio el martes desde las 9.30.

El testimonio de los policías es crucial porque fueron los primeros oficiales que entraron a la casa del barrio San Andrés de Tigre y vieron el estado de la casa y del cuerpo de Diego Maradona inmediatamente después de su muerte.

Por de pronto, este jueves se realizó la segunda jornada del juicio que podría durar hasta julio, luego del cual se realizaría un segundo proceso judicial pero contra una sola acusada, la enfermera Daiana Madrid, que enfrenta cargos por «homicidio con dolo eventual» al igual que los siete imputados de este ciclo.

Los acusados son Leopoldo Luque (neurocirujano y médico personal de Maradona), Agustina Cosachov (psiquiatra), Ricardo Almirón (enfermero), Nancy Forlini (médica de Swiss Medical), Mariano Perroni (jefe de enfermeros), Carlos Díaz (psicólogo) y Pedro Di Spagna (médico clínico).

En principio no se espera que los imputados estén en todas las audiencias del juicio a menos de que quieran declarar, pero sí se escucharán los testimonios de peritos judiciales, testigos oculares, expertos convocados por las partes y quizás hasta familiares de Diego Maradona.

«Podrían comparecer primero los familiares y las personas que estuvieron en el lugar del hecho», señaló al respecto el abogado Martín De Vargas, quien hasta este jueves fue representante del enfermero Almirón.

De Vargas fue apartado de la causa junto con el otro representante de Almirón, Rodolfo Baqué, a pedido del abogado Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz.

Ya separado de la causa, al menos «por ahora», De Vargas dijo a los medios que «los responsables son tres: Luque, Cosachov y Díaz», y agregó que Baqué «lo dijo un montón de veces».

«Los asesinos no fueron Mariano Perroni, Gisela Madrid, Almirón, Pedro Di Spagna ni Nancy Forlini», insistió De Vargas, a la vez que calificó de «inentendible» la decisión anunciada por el juez Maximiliano Savarino, presidente del TOC No 3 de San Isidro.

Incautaron unos 51 gramos de dicha sustancia que se encontraba en una bolsa de nylon.

El personal de la Comisaría Décima recibía el racionamiento y otras pertenencias para detenidos en esa dependencia, cuando se acercó un joven de 25 años y dejó una bolsa para un detenido. En ese momento, el llavero en turno, al recibirla, se da cuenta que posiblemente se trataría de marihuana.

Seguidamente, proceden a demorar al ciudadano y solicitar la colaboración del personal idóneo, quien al acudir, realizó la prueba de campo sobre dicha sustancia, arrojando resultado positivo con un peso total de 51 gramos.

Conforme lo dispuesto por la Fiscalía Antidrogas en turno, el mismo fue notificado de su aprehensión en causa “Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737” y fue alojado allí.

Detuvieron a tres personas en allanamientos realizados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

La investigación por el crimen de los líderes de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo, dio un nuevo giro este jueves con la detención de tres personas en varios allanamientos realizados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

Los operativos, que fueron dirigidos por la Tropa de Operaciones Especiales, llevaron a la aprehensión de dos hombres vinculados a la banda “Los Menores”, quienes son considerados los principales sospechosos del doble homicidio ocurrido el 9 de noviembre pasado. Además, una mujer fue detenida por tenencia de drogas.

Los detenidos, identificados como Alejandro Z. y Alejandro V., son conocidos en el mundo de la barra canalla. Ambos tienen lazos cercanos con miembros de la misma barra que se encuentran presos por otros delitos.

En uno de los allanamientos, realizado en una vivienda de Aguzzi al 4000, los efectivos secuestraron 15 panes de marihuana, mientras que en una casa vecina, relacionada con uno de los detenidos, hallaron 48 panes más.

El doble homicidio de Bracamonte y Attardo ocurrió en la salida de un partido entre Rosario Central y San Lorenzo: los dos barrabravas fueron ejecutados a balazos en la madrugada del 9 de noviembre, cuando se encontraban dentro de una camioneta en la esquina de Avellaneda y Reconquista.

«Tiene un fuerte (casi exclusivo) predominio por las relaciones de amistad femeninas», precisó el abogado de la familia de la víctima.
En una nueva audiencia del juicio por jurados populares por el femicidio de Catalina Gutiérrez, la joven de 21 años asesinada en la ciudad de Córdoba, las pericias psicológicas de Néstor Aguilar Soto revelaron que el acusado es «narcisista», «obsesivo» y «compulsivo».

El abogado de la familia de la víctima, Carlos Hairabedián, informó a la Agencia Noticias Argentinas que los peritos oficiales determinaron que el barilochense «tiene un fuerte (casi exclusivo) predominio por las relaciones de amistad femeninas».

Las tres psicólogas y las dos psiquiatras que leyeron el informe señalaron que el imputado «fue agresivo y el obrar para no ser descubierto obedeció al miedo», precisó el querellante.

Una de las peritos descartó la emoción violenta, una característica en la que «sí bien había carga afectiva, no había cargas motoras».

Los especialistas corroboraron que Soto actuó como «obsesivo» ya que «su madre estaba muy atenta a las malas notas en lugar de festejar las buenas, por lo que él necesitaba el control sobre las situaciones, si no sucede como quiere, se frustra».

En tanto, el presunto asesino fue «narcisista» a raíz de que «merecía cosas que no necesariamente se las ganó» y buscaba constantemente el «reconocimiento» y el «afecto».

El acusado también fue «impulsivo» ya que ejecutaba sus acciones con violencia.

Además, prestaron testimonio las médicas que realizaron la autopsia al cuerpo de la estudiante de arquitectura. Las profesionales detallaron que la damnificada sufrió un corte de 2,5 centímetros de ancho en el cuello cuando fue estrangulada.

«Esa fuerza habría sido hecha de forma tal que todo el aparato laríngeo fue llevado hacia atrás rompiendo la cara posterior de la tráquea», detallaron Romina Rufino y Eliana Moretta.

La necropsia reveló que había múltiples golpes de distintos ángulos generados «por un elemento tipo romo, que sería un puño o un palo», al tiempo que Gutiérrez intentó defenderse y luchó para que el femicida no la mate.

Durante la lectura del informe, los padres de Catalina, Marcelo Gutiérrez y Eleonora Vollenewider, se abrazaron en todo momento mientras observaban al sindicado, quien permaneció inmutado y nunca los miró.

Hairabedián indicó que este jueves declararán los últimos cuatro testigos y también comparecería Soto.

Las intervenciones telefónicas y las cámaras de seguridad fueron claves para identificar a los imputados.

Una banda delictiva de falsos policías, acusados de secuestrar en febrero durante cinco días a un comerciante de La Matanza, fue desbaratada tras las intervenciones telefónicas y las cámaras de seguridad y fue ordenaron sus procesamientos con prisiones preventivas.

Seis hombres y dos mujeres fueron detenidas acusadas de conformar una banda que, simulando ser policías, secuestró a un comerciante de nacionalidad boliviana en el partido bonaerense de La Matanza y lo mantuvo cautivo durante cinco días hasta que fue liberado tras el pago de un rescate de $4.800.000.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que los ocho imputados queden procesados como coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado por haber logrado el fin propuesto (cobro del rescate) y por la cantidad de intervinientes, que concursa de forma ideal con el delito de robo agravado por haber sido cometido con armas de fuego -cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada- y en poblado y en banda; figuras que, a su vez, concursan de forma real con la tenencia ilegal de arma de guerra.

Se trata de seis hombres de 22, 37, 41, 42, 48 y 56 años y dos mujeres de 54 y 55 años, una de ellas, vecina de la casa de la víctima.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón, actualmente subrogado por el juez federal Juan Manuel Culotta, ordenó que se disponga el procesamiento con prisión preventiva para los detenidos.

Entre los detenidos también hubo una tercera mujer, de 23 años, que fue liberada por falta de mérito.

Caso

El 20 de febrero pasado, I.M.T., dueño de un negocio dedicado a la venta y reparación de máquinas para costura, y su pareja L.Z.V.A., arribaron a su domicilio, ubicado en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, y fueron interceptados por una camioneta Renault Sandero Stepway.

Según lo reconstruido, tres de los tripulantes de ese vehículo, vestidos con uniformes policiales y armados, “descendieron del rodado y obligaron a las víctimas a bajarse de la camioneta Renault Kangoo en la que se desplazaban, para luego conducir a I.M.T. esposado hacia el habitáculo trasero de la Sandero Stepway, diciéndole que pertenecían a La Brigada”.

Al menos dos de los captores emprendieron la marcha a bordo del Renault Sandero Stepway en el que I.M.T. se encontraba cautivo, mientras que otro de los cómplices se subió a la camioneta Renault Kangoo de la víctima.

De esa forma, huyeron en dirección a la Ruta Nacional N°21 y luego trasladaron al hombre hacia un domicilio en Monte Grande, donde permaneció retenido durante cinco días, hasta el 24 de febrero por la noche.

Durante el secuestro, los captores realizaron múltiples llamados extorsivos a familiares de la víctima donde exigieron el monto de 300 mil dólares como rescate.

“¿Querés volver a tu hermano con vida?, anda juntando plata. Necesito que juntes 300 mil dólares. Nos volveremos a comunicar. No llames a la policía porque nosotros somos la policía”, le dijo uno de los secuestradores a un hermano de la víctima.

El pago del rescate, que se acordó en $4.800.000, se concretó el 22 de febrero por la tarde en Gregorio de Laferrere. A pesar de que los familiares efectuaron el pago de rescate, los secuestradores mantuvieron cautivo a I.M.T. y las llamadas extorsivas a su entorno familiar.

Recién el 24 de febrero, alrededor de las 23.45, la víctima fue liberada a unos 40 metros de la avenida Cristianía del “Barrio 22 de Enero” de Ciudad Evita.

A partir del análisis de las comunicaciones que mantenían los captores a través de las líneas telefónicas intervenidas, las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad y las diversas tareas de campo, se pudo lograr la identificación de todos los responsables.

Como consecuencia de ello, la fiscal Mariela Labozzetta y el fiscal Santiago Marquevich formularon un pedido de allanamientos y detenciones, al cual hizo lugar el juez federal Culotta.

El 27 de febrero detectives de la DDI de La Matanza efectuaron nueve allanamientos en diversas localidades bonaerenses: dos en Villa Bosch, tres en Monte Grande, tres en González Catán y uno en Gregorio de Laferrere.

Los procedimientos culminaron con la detención de todas las personas investigadas, como así también con el secuestro de los rodados involucrados, armas de fuego de grueso calibre y municiones, indumentaria policial, dinero en efectivo, y celulares.

“También se identificó el posible lugar de cautiverio, una casilla de madera de un domicilio de la localidad de Monte Grande, en el sur del conurbano bonaerense, que tal como describió la víctima, tenía en la entrada un contrapiso de mampostería de cemento portland y un suelo con un contrapiso bruto escarpado”, destaca el escrito del MPF.