Categoría: Policiales

El fallo se dio en momentos de tensión entre la Ciudad y la Nación por la situación de los detenidos porteños.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 23 ordenó que
los presos condenados que están alojados en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires sean trasladados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El fallo hizo lugar a un habeas corpus que presentó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante la situación de superpoblación de detenidos en las comisarías porteñas.

El juez Norberto Circo ordenó que los presos con condena que estén alojados en comisarías de la Ciudad sean trasladados a la brevedad al SPF.

La medida alcanza a unos 411 reclusos que actualmente están en dependencias porteñas. De ese número, 181 ya tienen sentencia firme, mientras que el resto tiene condena de primer instancia.

«Si bien toda persona que ingresa como detenido en el ámbito penitenciario/carcelario encuentra restringidos sus derechos en relación a aquellas que se hallan gozando de su libertad, ello no puede significar en ningún caso, la situación descrita en las presentes, bajo ningún propósito, la implementación de tratos o medidas que vulneren su dignidad, o importen tratos inhumanos o degradantes», expresó la resolución judicial.

Actualmente, en 37 comisarías y 41 alcaidías de la Ciudad se encuentran alojados 2.455 personas, más del doble de las que esas instalaciones están preparadas para contener.

La situación de los presos porteños se convirtió en las últimas semanas en un foco de tensión entre el gobierno de la Ciudad y la Nación, con cruces por el destino de los detenidos. Además, se dieron varias situación de revueltas y escape de presos.

«Considero que existen fundamentos sólidos para abordar el presente caso como una acción colectiva, más allá de que cada detenido se encuentre bajo la jurisdicción de distintos magistrados. Asimismo, esta perspectiva permite garantizar una respuesta integral a la problemática planteada, asegurando la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad en la Ciudad de Buenos Aires», expresó el juez.

Cerca de las 4, el personal de la Sección Rural local se apostó en un camino vecinal lindante a las vías férreas, donde demoró el paso de una motocicleta tipo cross donde se movilizaban dos ciudadanos de 29 y 34 años. Al momento de la detención, el que oficiaba de acompañante poseía una bolsa de nilón color negra, por ello, los agentes le solicitaron la apertura de la misma y en su interior llevaba, un tatuaje sin vida, una escopeta calibre 12/70 con cinco cartuchos, una linterna y un cuchillo de unos 25 centímetros de hoja.

Por ello, procedieron al secuestro de la totalidad de lo transportado y conforme lo dispuesto por la Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, el de 34 fue notificado por “Supuesta Infracción a la Ley N° 1429- R” continuando ambos en libertad.

Ayer por la tarde, los vigiladores de las cámaras de la ciudad se encontraban controlando las patentes de las motocicletas estacionadas en el microcentro. Mediante ello, una que se encontraba sobre la calle José María Paz al 120 presentaba un Pedido de Secuestro.

Es así que dieron aviso a sus pares de la División Caminantes, quienes acudieron al lugar y procedieron al secuestro del rodado, como también de un casco que se encontraba en la motocicleta y un candado.

Finalmente procedieron a su trasladado hasta la Comisaría Tercera Metropolitana por razones de jurisdicción.

La Aduana incautó productos tecnológicos por 2,8 millones de dólares en Buenos Aires, incluyendo dispositivos Flipper Zero, ingresados de forma ilegal.
La Aduana realizó secuestros masivos de productos de tecnología y telefonía valuados en 2,8 millones de dólares, que habrían ingresado al país de manera ilegítima.

De acuerdo con un comunicado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en un domicilio en Belgrano, se incautaron de productos valuados en US$2,2 millones.

Había dispositivos Flipper Zero, viralizados recientemente por ser capaces de abrir automóviles y hackear redes de WiFi.

Toda la mercadería ilícita carecía de la debida documentación respaldatoria. Se presume que fue ingresada al país en forma ilegítima, informó ARCA.

En un operativo conjunto realizado por funcionarios de ARCA, agentes de la Dirección General de Aduanas y Dirección General Impositiva detectaron numerosos ilícitos en materia de comercio internacional en diversos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios de CABA y tres locales de un reconocido centro comercial de la localidad bonaerense de Tortuguitas.

Las inspecciones fueron llevadas a cabo en forma conjunta por la Secretaría de Comercio de la Nación.

El centro neurálgico del procedimiento fue un departamento ubicado en Libertador y Olazábal, en el barrio porteño de Belgrano.

Allí, entre otros productos de tecnología, la Aduana secuestró casi 2.500 dispositivos, entre los cuales había numerosos Flipper Zero, desarrollados para interactuar con sistemas de control de acceso.

A los responsables podrían caberles penas de hasta 3 años de prisión y multas mínimas de US$8 millones por el delito de encubrimiento de contrabando.

Asimismo, las inspecciones llevadas a cabo en el centro comercial de Tortuguitas resultaron en la clausura preventiva de dos locales dedicados a la venta de productos de telefonía celular y accesorios.

El personal de la Aduana constató la tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero, dada la carencia de documentación respaldatoria de los productos en exhibición a la venta. 

Entre los 818 productos de tecnología secuestrados se destacan 88 smartwatches y más de 190 teléfonos celulares de primeras marcas como Apple y Samsung. 

El valor de las mercancías en infracción supera los US$500 mil, por lo que, en términos de los artículos 986 y 987 del Código Aduanero, podrían caber multas de hasta US$2,5 millones. 

De ese modo, el valor combinado de la mercadería secuestrada en los procedimientos es de 2,8 millones de dólares.

En la tarde de este viernes, los policías de la División Operaciones Drogas Interior llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado por el barrio Cambalache de esa localidad, por una supuesta venta de estupefacientes.
En el lugar, secuestraron 16,7 gramos de cocaína, 201 gramos de marihuana, una balanza digital, una planta de Cannabis Sativa, un celular, varios recortes de nailon y tres tijeras.
La Fiscalía Antidrogas N°1 dispuso que las tres ciudadanas sean notificadas de aprehensión en la causa por “Supuesta Infracción a la Ley N°23.737 de Estupefacientes”.

Esta mañana, alrededor de las 10:20, efectivos de la Comisaría Segunda de Resistencia se dirigieron a la calle La Rioja y Wilde por un presunto accidente de tránsito. Los involucrados son un Ford Focus y una Ford Ranger, donde el conductor del segundo vehículo sufrió lesiones al impactar con viviendas del lugar.

Luego de ser verificado por personal médico, el ciudadano fue dado de alta en el lugar.

En el transcurso de esta mañana, alrededor de las 11:30, efectivos de la Comisaría Tercera de Barranqueras lograron atrapar a un hombre de 41 años, en la intersección de avenida España y calle Boggio.

El procedimiento se llevó a cabo luego de investigar la ubicación del ciudadano, quien presentaría un pedido de captura por “Supuesta Desobediencia Judicial con Violación de Domicilio”. Luego de su detención, fue trasladado a la unidad.

Por el hecho, una pareja murió y cinco personas resultaron heridas.
Dos obreros y el dueño de una pensión que se incendió en la provincia de Córdoba, donde una pareja murió y cinco personas resultaron heridas, fueron imputados.

La fiscalía informó que el lugar, ubicado en el barrio San Martín, no contaba con habilitación municipal ni certificación de Bomberos, motivo por el cual el dueño fue imputado por el delito de estrago culposo agravado.

La misma acusación recae contra dos trabajadores que minutos antes del inicio de las llamas realizaban tareas de soldadura, accionar que habría provocado el incendio.

Pese a las imputaciones, la cual prevé una pena de uno a cinco años de prisión, por el momento no serán detenidos.

Medios locales detallaron que con el avance de la investigación se pudo constatar que en la pensión de tres pisos vivían 28 personas y que la estructura era endeble, lo que generó que el fuego la consuma en minutos.

Por el incendio, dos personas fallecieron. Las víctimas fueron identificadas como Gonzalo Iván Contreras, de 29 años, y María Florencia Rodríguez, de 37.

Asimismo, otras cinco personas, dos policías y tres vecinos, debieron ser puestas a salvo y trasladadas a diversos hospitales.

Una mujer de 36 años activó el botón antipánico otorgado por un caso de violencia de género, lo que permitió a los efectivos localizar al sospechoso en la vereda de su domicilio.

El hecho ocurrió en avenida Alvear al 1800, donde personal de la Comisaría Undécima intervino tras la alerta del sistema de emergencia.

Según la denuncia radicada el 19 de febrero en el Departamento de Violencia Familiar y de Género, la víctima denunció a su expareja, de 32 años, por hechos de violencia.

Alrededor de la 1:30 de la madrugada, los agentes fueron alertados mediante la activación del botón antipánico sobre la presencia del sospechoso en la vereda de la vivienda de la víctima, violando la medida cautelar de prohibición perimetral ordenada por la justicia. Al notar la llegada de la policía, intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente demorado.

Por disposición de la justicia, el sujeto fue trasladado a la División Medicina Legal y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

El líder de Generación Zoe fue encontrado culpable, junto con otros tres acusados más. Dos quedaron absueltos.
Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, fue hallado culpable del delito de estafa y asociación ilícita. La pena fue otorgada por el Tribunal de Goya, Corrientes, en una audiencia acalorada por gritos y la expulsión de la sala del acusado.

En minutos se espera que se realice la audiencia de cesura donde se conocerá el monto de la pena, la cual abarca un mínimo de cinco años de prisión por el delito de estafa en continuado y asociación ilícita.

Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino fueron también hallados culpables, mientras que Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron absueltos.

Ahora resta que los acusados enfrenten procesos en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires. Sobre este último, Pablo Fleitas, abogado querellante, informó que la próxima semana llamarían a Cositorto y al grupo a indagatoria.

Antes del dictamen de culpabilidad, el presidente del Tribunal Ricardo Carbajal, dio cuenta de los hechos que tienen por acreditados tras los casi cuatro meses de juicio.

Mencionó los hechos, viajes y fechas en las que la organización se instaló en la localidad de Goya y el esquema de reconocimiento de jerarquía para acreditar la existencia de esta organización: “Está comprobado documentadamente que se instalaron en la localidad de Goya y que la asociación ilícita y el dolo por estafa existió desde el principio”.

En la fundamentación mencionó que “se sostuvo como maniobra el uso de pantallas mediáticas y medios de comunicación y la ostentación mostrando viajes de lujo para construir el engaño”.