Categoría: Policiales

Danilo Iván Barrientos fue sentenciado a tres años y dos meses de prisión. También se lo inhabilitó para ejercer cargos públicos de forma perpetua.
Un ex comisario de Santa Fe fue condenado por explotar, administrar y organizar un sistema de juego clandestino. Danilo Iván Barrientos fue sentenciado a tres años y dos meses de prisión y también se lo inhabilitó para ejercer cargos públicos de forma perpetua.

El juicio oral se llevó a cabo en Reconquista y este jueves el juez Martín Gauna Chapero dio a conocer la condena contra Barrientos por ser considerado autor del delito de explotación, administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización competente, cohecho pasivo y concusión.

El fiscal Nicolás Maglier, que representó al Ministerio Público de Acusación en el debate, se expresó luego de conocer el veredicto y valoró que “la pena que recibió Barrientos es cercana a la de tres años y seis meses de prisión que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Conforme a la investigación, Barrientos, de forma continua y habitual, “explotó junto con otras personas un sistema de captación de juegos de azar por apuestas de dinero, sin contar con la autorización pertinente”.

Al respecto, el fiscal puntualizó que “los ilícitos fueron cometidos al menos entre noviembre de 2018 y el mismo mes de 2019”, momento en el que era comisario de la localidad de Fortín Olmos, en el departamento santafesino de Vera.

“En reiteradas oportunidades, el condenado omitió cumplir sus deberes públicos de control para facilitar el desenvolvimiento de la estructura de juego clandestino de la que obtenía rédito económico”, detalló Maglier.

Por otro lado, aseguró que el ex jefe policial también “abusó de su cargo para cobrar dádivas” y añadió que, a sabiendas de que no estaba permitido, “aceptó que un integrante del gobierno de la comuna de Tartagal (departamento Vera), le pagara por servicios de seguridad que él brindó sin estar habilitado”.

El menor de 7 años fue asesinado en La Matanza y el policía acusado se encuentra en libertad.
Distintas pericias se realizaron en el expediente del crimen de Thiago Correa Medina, el niño de 7 años que fue asesinado por un policía federal durante una balacera que se produjo mientras esperaba el colectivo en el partido bonaerense de La Matanza, a la vez que el fiscal pidió prorrogar la investigación.

Carla Ocampo, una de las abogadas de la familia de la víctima, dialogó con la agencia Noticias Argentinas y señaló que se llevó a cabo un peritaje sobre las prendas de vestir secuestradas en la escena a los delincuentes, los cuales son juzgados en otra causa por la tentativa de robo al oficial Facundo Aguilar Fajardo.

“El análisis determinó que las lesiones halladas en la ropa correspondían a los orificios de ingreso y egreso del paso de un proyectil, a excepción de uno que no se logró constatar”, resaltó la letrada que integra la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.

Ocampo expresó que el estudio da cuenta de que uno de los ladrones recibió “un número significativo de disparos por la espalda”, motivo por el que “no había un riesgo significativo” para que el oficial de 21 años siguiera con el tiroteo.

En este sentido, la representante legal de los padres de Thiago agregó que en la etapa de instrucción se implementó un peritaje dinámico mediante el cual la defensa buscaba demostrar que el damnificado sufrió el impacto de un balazo que “primero rebotó en una superficie y se desvió”: “Los especialistas pidieron más tiempo para dar a conocer las conclusiones”.

“Esto no se puede probar porque el proyectil no se incautó en el cuerpo de Thiago, entró y salió”, añadió Ocampo, quien sostuvo que en dicho análisis se intentó corroborar la letalidad del disparo.

Aguilar Fajardo se encuentra en libertad por el delito de “homicidio culposo” tras la revisión de la carátula de la causa hecha por el juez de Garantías de La Matanza, Roberto Ochipinti.

“La fiscalía había solicitado la prisión preventiva cuando el agente estaba detenido, los defensores se opusieron y el magistrado le concedió el beneficio porque entendió que el crimen no era un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y una tentativa por el uso de arma en legítima defensa. Consideró que el policía actuó de forma negligente y cumplió una norma de cuidado”, señaló.

Según la abogada, la decisión del juez constituye una “indiferencia criminal” a raíz de que el imputado efectuó 11 disparos en una avenida transitada: “Al padre y a la víctima los lleva al hospital una persona que pasaba con el auto”.

Ocampo insistió en que Aguilar Fajardo “no estaba tirando piedras” sino disparos y recalcó que es un “profesional” a pesar de que hacía poco tiempo se graduó en la fuerza.

Sin embargo, la letrada destacó que el fiscal solicitará la elevación a juicio por el homicidio agravado de Correa Medina: “Probablemente se lleve a cabo un debate por jurados populares”.

Uriel Alexis Montenovo (21), Uriel Emanuel Leyva (21) y Joaquín López Otto son los tres ladrones implicados en el intento de robo al policía.

La defensa presentó un recurso de queja al considerar que los jueces valoraron de forma arbitraria el agravante por violencia de género.
La Justicia ratificó la condena a prisión perpetua contra Esteban Rojas Almada, el prestamista que asesinó a balazos a Ferni Ayala en la Villa Zavaleta.

La defensa había presentado un recurso de queja ante la Cámara de Casación Penal, cuyos jueces lo desestimaron al considerar que “la teoría del caso” sostenida por los abogados del culpable “no compite con los sólidos indicios que permiten reconstruir, sin fisuras, la versión de cargo”.

El hombre recibió la máxima pena en diciembre de 2024 tras ser declarado penalmente responsable de los delitos de femicidio agravado por haber mediado violencia de género, por la relación de pareja con la víctima y por la utilización de un arma de fuego; y tenencia de arma de guerra sin la autorización correspondiente.

El 19 de febrero de 2023, entre las 7:44 y las 9:15, el implicado le disparó a la damnificada con una pistola 9 milímetros a una distancia de entre 5 y 15 centímetros, al tiempo que Ayala intentó defenderse de un ataque.

Ferni presentó lesiones en los brazos, cabello, manos, muñecas, antebrazos, piernas y cuello, a la vez que durante esa madrugada la pareja concurrió a un boliche del barrio porteño de Constitución para luego ir al local bailable “La Sirenita”, donde Rojas Almada mantuvo una discusión con uno de los amigos de Ferni.

Los novios se fueron del lugar en el Volkswagen Vento del asesino en dirección a la vivienda del Barrio 21-24, en el que las imágenes de las cámaras de seguridad captaron a la víctima entrar a la finca y después el agresor hizo lo propio.

En el interior del domicilio se produjo el femicidio; el prestamista se fugó a Paraguay, permaneció prófugo durante cinco meses hasta ser detenido por efectivos de Interpol y se realizó su extradición.

Para los defensores, los magistrados encargados del proceso en contra de Almada Rojas valoraron de manera arbitrarias las pruebas por creer que implementaron erróneamente el agravante por violencia de género y que en el traslado hacia la Argentina se incumplió el tratado de extradición que las autoridades nacionales tienen con el país limítrofe.

El involucrado pidió “perdón” y afirmó que “no mató” a su pareja en su testimonio: “Traté de sacarle el arma, forcejeamos y no sé cómo se disparó. La vi tirada, la quise reanimar pero se fue al instante”.

El hombre consideró que “no es un asesino” y que “no sabe qué pasó con el arma, y agregó que se limpió la sangre porque tenía miedo y o quería salir a la calle de esa manera.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires lo sentenció a condena perpetua.

Se lo acusa de formar parte de una banda que vendía dólares de manera ilegal a través de casas de cambio clandestinas montadas con la fachada de joyerías.
El ex jefe de la Policía Federal en Mendoza fue condenado por el delito de cohecho y asociación ilícita. Se lo acusa, junto con otras dos personas, de formar parte de una banda que vendía dólares de manera ilegal a través de casas de cambio clandestinas montadas con la fachada de joyerías.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°1 de Mendoza condenó a 6 años de prisión al ex comisario Dino Enzo Rossignoli, quien se desempeñaba como titular de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza de la mencionada fuerza federal-

A su vez, tribunal sentenció a un año de prisión en suspenso a Ezequiel Fernández, empleado de una de las joyerías utilizadas, como partícipe necesario de cohecho activo.

En el caso de la contadora María José Degregorio Flores, la pena fue de 2 años y 3 meses de cárcel en suspenso.

“En procesos de juicios abreviados, el mismo tribunal había condenado en abril pasado a los líderes y demás integrantes de la misma organización tras un acuerdo con la fiscalía. En aquella oportunidad, en total fueron nueve condenas, con penas que fueron entre los 3 años de prisión en suspenso y los 6 años de cárcel efectiva, y multas que en algunos casos ascendieron a los 106 millones de dólares”, informaron desde el portal Fiscales.

La acusación formal detalla que entre 2020 y 2022 existió una asociación ilícita integrada por los acusados Rossignoli y Degregorio junto a otras personas, que tuvo por objeto la comisión de distintos delitos, principalmente operar en el mercado de cambio de divisas sin la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina.

Para concretar el delito, la organización instaló en la ciudad de Mendoza distintos locales que, bajo la apariencia de supuestas joyerías, comercializaban divisas.

Se describe que, para poder abastecer de dinero a estas casas de cambio, “se contaba con un grupo de camioneros que habrían contrabandeado oro y joyas desde Argentina hacia Chile, mediante la maniobra de ocultamiento, que luego comercializaban por dólares o euros a compradores del país trasandino, para después retornar a la Argentina con el dinero obtenido oculto en los mismos camiones”.

En la causa se detalla que las ganancias obtenidas por estas operaciones de cambio “eran puestas sistemáticamente en circulación en el mercado, mediante la adquisición de bienes muebles registrables e inmuebles, la producción de eventos musicales y el alquiler de inmuebles en los que se instalaron locales comerciales que tuvieron como finalidad ‘blanquear’ este dinero”.

El Ministerio Público Fiscal señala que el ex comisario tuvo como rol el de proteger a la organización al no cumplir con la función de prevención y persecución de los delitos cometidos por la asociación ilícita teniendo conocimiento de su existencia.

Al mismo tiempo, les alertaba cuando iban a realizarse allanamientos sobre los locales comerciales de su propiedad u otros sitios cercanos para que ese día no se efectuaran operaciones.

El bien fue devuelto a su propietario

A primera hora de esta mañana, personal de la División Patrulla Preventiva, cuando intentaba llevarse pertenencias de un vehículo estacionado.
Pasada las 7, los efectivos que se encontraban patrullando por calle Cocomarola Sur, avistan a un sujeto dentro de un automóvil. Este al notar la presencia policial se da a la fuga, siendo interceptado metros más adelante. Allí fue identificado siendo un joven de 24 años, quien tenía en su poder un estéreo con pantalla, el cual sería del rodado.
Finalmente conforme a lo dispuesto por la magistratura, el demorado fue trasladado a la comisaria Novena por razones de jurisdicción donde fue notificado de su aprehensión en la causa “Supuesto Robo en grado de tentativa”.

Personal del Servicio Penitenciario realizó tres allanamientos en celdas de la cárcel de Bouwer.
Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico lograron desbaratar una organización dedicada al narcomenudeo y detuvieron a seis personas mayores de edad al incautarles estupefacientes en las ciudades de Córdoba y Villa Carlos Paz.

Según el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los grupos operativos e investigadores de la Fuerza cerraron tres puntos de venta en barrio Argüello de la capital cordobesa y un búnker en Villa Carlos Paz (B° Los Algarrobos).

Se supo que se secuestraron varios envoltorios de cocaína, dinero con un total de $442.900 y diferentes elementos aparentemente relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

La organización desbaratada era manejada por una mujer que está cumpliendo condena en la cárcel de Bouwer. Ella coordinaba las ventas, tanto en el búnker como en los puntos de comercialización.

Simultáneamente, personal del Servicio Penitenciario libraron tres allanamientos en celdas de la cárcel de Bouwer, además, se secuestraron varias dosis de marihuana y quedaron imputadas dos mujeres (una de ellas la líder) y un hombre.

Por último, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz ordenó la remisión de los elementos incautados y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Los gendarmes revisaron minuciosamente la zona y hallaron 47 paquetes tipo “ladrillo”.
Dos hombres fueron detenidos cuando viajaban desde Salta hacia Buenos Aires con 47 kilos 972 gramos de cocaína ocultos en un automóvil Peugeot 408 y el procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 1.545, sobre la intersección de las Rutas Nacionales N° 9/34, a la altura de Cabeza de Buey.

Efectivos de la Sección Seguridad Vial “Cabeza de Buey”, dependiente del Escuadrón 45 de Gendarmería, hicieron detener la marcha del rodado para un control de rutina. Durante la inspección, percibieron un fuerte olor a pegamento proveniente del torpedo del vehículo,

Además según el Ministerio Público Fiscal de Salta, ante la sospecha de estar frente a un ilícito, los gendarmes revisaron minuciosamente la zona y hallaron 45 paquetes tipo “ladrillo” que contenían una sustancia blanquecina.

El personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de campo Narcotest, que confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total cercano a los 48 kilos.

La Unidad Fiscal Federal de Salta dispuso el decomiso del vehículo, el secuestro de dos celulares y dinero en efectivo, además de la detención de ambos ocupantes, quienes quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Tres hombres, de 32, 39 y 56 años, llegan al juicio como coautores del delito de homicidio criminis causa en perjuicio de Adrián Pérez.
El primer caso de juicio por jurados de la ciudad salteña de Tartagal será por el crimen de Adrián Pérez, un cobrador de bingos que fue asesinado en julio de 2024. Al debate llegan acusados tres hombres, de 32, 39 y 56 años.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió en las últimas horas el juicio por jurados contra los tres sujetos por ser considerados coautores del delito de homicidio criminis causa en perjuicio de Pérez.

El asesinato sucedió el martes 2 de julio de 2024 cuando, en el camino alternativo que desemboca en el basural de General Mosconi, se reportó la aparición de una camioneta incinerada con un cuerpo en la caja.

Desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia detallaron que, de las tareas investigativas desplegadas por la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, como el relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad y comunicaciones, se logró individualizar a los acusados.

Se indica que los hombres hirieron mortalmente a la víctima con un arma blanca y luego incendiaron el rodado con el cuerpo allí dentro.

El resultado de la autopsia fue clave debido a que se pudo conocer que la causa del deceso de Pérez fue una “lesión con arma blanca en uno de sus pulmones y que los efectos del fuego sobre el cuerpo se habrían producido cuando ya se encontraba sin vida”.

Pérez vivía en la ciudad de Cerrillos y se dedicaba a la cobranza de bingos, por lo que con frecuencia viajaba al norte provincial.

El 30 de junio de ese año sus familiares denunciaron que habían dejado de tener contacto con la víctima, motivo por el cual se dio inicio así a una investigación por averiguación de paradero.

Todo cambió cuando días después Pérez fue hallado asesinado dentro de una camioneta, la cual fue encontrada cerca del basural de General Mosconi.

La hipótesis de la fiscalía es que los acusados, conociendo la actividad que desplegaba y el manejo de importantes sumas de dinero que tenía, “lo habrían matado y luego sometido a los efectos del fuego, para apoderarse de la recaudación y asegurarse la impunidad”.

Con la captura de “Pequeño J”, y su mano derecha, ya son nueve los apresados por la masacre. Conocé el rol que se le atribuye a cada uno en la trama criminal.
La investigación por el brutal triple crimen de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela dio un giro decisivo con la captura en Perú del presunto autor intelectual, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», y su mano derecha. Con estas detenciones, la lista de implicados bajo arresto asciende a nueve personas, cada una con un presunto rol específico en la planificación y ejecución de la masacre.

A continuación, el detalle de quién es quién en la trama del triple homicidio con sello narco que conmociona al país.

El presunto cerebro y su ladero (capturados en Perú)

1. Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J»:

Rol: señalado como el autor intelectual de la masacre. Narco peruano de 20 años con un historial familiar ligado al crimen organizado en su país.

Captura: fue detenido este martes en Lima, Perú, en un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía Nacional Peruana. Se espera su extradición.

2. Matías Agustín Ozorio:

Rol: considerado la «mano derecha» de «Pequeño J».

Captura: cayó en el mismo operativo que su jefe en Lima. También será extraditado a la Argentina.

Los primeros detenidos en la escena del crimen

3. Magalí Celeste González Guerrero:

Rol: inquilina a cargo de la propiedad de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos de las tres jóvenes.

Situación: se negó a declarar y fue imputada, entre otros delitos, por homicidio calificado. Está detenida en la prisión de Melchor Romero.

4. Miguel Villanueva Silva:

Rol: pareja de Guerrero y también propietario de la casa del horror.

Situación: al igual que su pareja, se negó a declarar y enfrenta la misma imputación. También está alojado en Melchor Romero.

5. Daniela Ibarra:

Rol: fue encontrada por la policía en la escena del crimen, intentando lavar manchas de sangre.

Situación: se negó a declarar y comparte la misma imputación y lugar de detención que los dueños de la casa.

6. Maximiliano Parra:

Rol: detenido junto a Ibarra mientras limpiaba la sangre de la vivienda.

Situación: misma imputación y lugar de detención que los tres anteriores.

La red de apoyo y encubrimiento

7. Lázaro Víctor Sotacuro:

Rol: sospechoso de conducir el Volkswagen Fox blanco que sirvió de vehículo de apoyo a la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a las víctimas.

Captura: fue detenido el viernes pasado en un hostel de Villazón, Bolivia, tras haber cruzado la frontera por un paso ilegal.

8. Ariel Giménez:

Rol: acusado de una de las tareas más macabras: cavar el pozo donde enterraron los cuerpos de las jóvenes.

Captura: fue detenido el sábado pasado durante una serie de allanamientos en Florencio Varela.

9. Florencia Ibáñez:

Rol: sobrina de Lázaro Sotacuro. Se cree que viajaba en el auto de apoyo junto a su tío la noche del crimen.

Captura: fue detenida este lunes por la Policía de la Ciudad y la Bonaerense cuando salía de los estudios de A24 en Palermo, a donde habría ido a dar una entrevista.

La víctima estaba en un campo junto a un conocido cuando apareció el dueño del lugar y le disparó. Fue detenido momentos después junto con un joven por intentar encubrir lo que pasó.

El hecho ocurrió en la noche de ayer en una zona rural conocida como Colonia Mixta y sacudió a la localidad chaqueña, un hombre de 47 años mató a otro de 30 con un disparo de escopeta, en medio de un conflicto que, según vecinos, venía de larga data.

El cuerpo fue hallado a la vera del campo por personal de la comisaría local, que llegó junto a efectivos de la División Delitos Contra las Personas, el Gabinete Científico y la Fiscalía N°13. Allí se supo que entre el agresor y la víctima había problemas desde hacía tiempo, e incluso una orden judicial que le prohibía al detenido acercarse al fallecido.

Dos personas que estaban cerca del lugar, de 27 y 25 años, declararon que los conflictos eran constantes y que el autor del disparo ya había dicho que quería hacerle daño a la víctima.

Horas después, el presunto autor fue demorado por los efectivos. Además, otro joven de 26 años que estaba con la víctima en el momento del ataque también quedó detenido, ya que habría dado declaraciones contradictorias y se sospecha que intentó encubrir lo ocurrido.

En la casa del agresor se hizo un allanamiento. La policía secuestró un revólver calibre 32 y un rifle calibre 22 con mira telescópica, pero no encontraron la escopeta que habría sido usada en el homicidio. Además, se retiraron las tarjetas de memoria de las cámaras de seguridad del lugar para analizar las imágenes.