Categoría: Policiales

El dramático caso ocurrió en Gualeguaychú. La mamá no pudo explicar los signos de violencia que tenía en el cuerpo.

Este lunes cerca de las 8 de la mañana una mujer llegó con su hijo de dos años en brazos y envuelto en una frazada a la guardia del Hospital Centenario en la ciudad de Gualeguaychú. Las maniobras que intentaron los médicos no lograron reanimarlo, pero los signos evidentes de violencia que presentaba en el cuerpo pusieron en alerta a los profesionales y el caso terminó en la justicia.

 «La versión que da la mamá no se condice con lo que se ve en el cuerpo, no dio una explicación racional del estado del menor», indicó el fiscal a cargo de la investigación, Mauricio Guerrero. Es por eso que tanto la mujer como su pareja, padrastro de la víctima, quedaron detenidos bajo la peor sospecha: El homicidio.

Los indicios que sostienen esa hipótesis son concluyentes. «Se encontraba frío, pálido, sin presentar signos vitales, con un cefalohematoma frontal biparietal bitemporal, presentando signos de sangrado en oído derecho y nariz, un hematoma bipalpebral (en ambos párpados) bilateral, un hematoma en tórax izquierdo de aproximadamente cuatro centímetros, también dos hematomas en región anterior miembro inferior izquierdo y pequeñas lesiones ulceradas generalizadas a predominio de sus cuatro miembros», reveló una fuente cercana a la causa.

Además de la tortura por los golpes que se manifestó claramente durante la operación de autopsia, la historia clínica del menor sumó todavía más horror a la trama de violencia detrás de su muerte. El nene había sido internado anteriormente por infecciones originadas por la presencia de sarna en su organismo, quemaduras por agua caliente y una derivación a servicio social por alto riesgo social debido al mal estado de higiene y la carencia de vestimenta y calzado.

Ante tanta evidencia, señalaron, la madre se mostraba tranquila pero no fue capaz de explicar de manera coherente lo que le había ocurrido a su bebé. «La hipótesis principal del caso es una muerte violenta agravada por el vínculo, sin descartar la posibilidad de imputar alevosía», precisó Guerrero, quien dio intervención a la Defensoría y al Ministerio Pupilar, como así también al Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos) por la gravedad del caso.

Por último, el fiscal pidió la detención de la mujer y del padrastro de la víctima. Poco después, el Juzgado de Garantías, a cargo del juez Ignacio Telenta, autorizó el allanamiento a la vivienda ubicada en el barrio La Cuchilla como así también la correspondiente muestra de sangre y orina para detectar la posible presencia de estupefacientes en ambos detenidos, ya que por declaraciones de vecinos «ambos adultos estaban inmersos en una situación de consumo problemático».

Se cumple un mes del homicidio ocurrido en el bar ubicado en Avenida 1 y calle 18 de Sáenz Peña y la policía no ha podido dar con el principal sospechoso de haber disparado y matado a José Luis Barrios, y herido a tres personas más.

Miguel Fernando González, conocido como «Chupachichi», es la principal persona de interés por el ataque con un arma de fuego que le costara la vida a José Luis Barrios, de 42 años de edad, también con un frondoso prontuario. Luego de ese episodio, González huyó del lugar y desde entonces está en calidad de prófugo.

Tras la muerte de Barrios, el fiscal en turno, Cristian Arana, dispuso en forma inmediata una serie de medidas tendientes a esclarecer el crimen y dar con el o los supuesto autores del hecho, pero también con los testigos que fueron presentándose en la fiscalía.

Se realizaron varios allanamientos en torno a este homicidio, uno de ellos el 6 de abril que arrojó como resultado la detención de dos personas vinculadas al prófugo González.  Otro de los procedimientos se llevó adelante el 8 de abril, donde solo se secuestró droga, y otro se hizo el 19 de abril con la detención de dos personas más. El último allanamiento se concretó hace poco días, el pasado 27 de abril, donde se detuvo al propietario de la vivienda identificado como A.F.M. alias «Papu», allegado al supuesto autor del asesinato, Miguel González («Chupa Chichi»).

«En cada uno de los allanamientos siempre se encontró algo que nos relacionaba con el supuesto autor», señalaron fuentes cercanas a la investigación. 

La detención de «Papu» fue dispuesta por la Fiscalía Investigaciones Penal N° 1, a cargo Dr. Cristian Ignacio Arana por ser supuesto coautor del «Homicidio Agravado En Grado De Tentativa».

El hecho

El fiscal Cristian Arana, en conferencia de prensa tras el tiroteo en el kiosco/bar, había explicado que «todo comenzó con una feroz discusión que finalizó luego con disparos, una persona fallecida y tres personas heridas». 

A las pocas horas, la Policía del Chaco había logrado identificar a las personas que se encontraban en el bar y al atacante, incluso a la persona que habría disparado contra Barrios: Miguel González, alias «Chupachichi».

Ambas personas intercambiaron empujones, discutieron hasta que uno extrajo un arma de fuego y disparó contra Barrios, a quien mató de un disparo en el pecho. Luego de eso se retiró del lugar en una camioneta Toyota color bordó.  El fiscal había ordenado distintas actuaciones, como el secuestro del arma y de la camioneta, utilizados en el lamentable episodio.

Ariel Alejandro Pusch, alias “Arielito”, fue detenido por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) del citado distrito por el homicidio de Tomás Pliego, tras un allanamiento solicitado por el fiscal Ricardo Silvestrini.

Un joven fue detenido acusado de ser uno de los sospechosos de haber asesinado a otro que fue hallado golpeado en la cama y con una sábana enrollada en un pie en la habitación de una vivienda familiar deshabitada y desordenada en localidad de Villa Galicia, en el partido de Lomas de Zamora.

Se trata de Ariel Alejandro Pusch, alias “Arielito”, quien fue detenido en su vivienda ubicada en la calle José Vasconcellos al 400, en la localidad bonaerense de Banfield, en el mencionado partido del sur del conurbano bonaerense.

Fuentes policiales indicaron a Télam que Pusch fue apresado en el marco de la investigación por el homicidio de Tomás Valentín Pliego (22), quien fue atacado a golpes con un objeto contundente y hallado muerto la noche del lunes 18 de abril por su mamá en una habitación de una casa familiar deshabitada, situada en General Campos, entre Pintos y Miguel Cané, de Villa Galicia.

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora lo detuvo tras un allanamiento solicitado por el fiscal Ricardo Silvestrini, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 del Departamento Judicial de dicho distrito.

El procedimiento se efectuó luego de que un familiar declarara el domicilio en dónde se encontraba el sospechoso junto a su familia.

El personal policía también apresó a los padres del joven acusados tenencia ilegal de arma de fuego y de estupefacientes.

Es que en la vivienda se incautó un revólver calibre .32; un arma de utilería; casi un kilo y medio de marihuana; cuatro teléfonos celulares y tres tarjetas Sube, que serán peritadas.

En tanto, por la misma causa hay otro joven prófugo, identificado como Kevin Nahuel Gómez, alías “Stunt”, quien los investigadores cree que participó del hecho junto a Pusch.

El fiscal Silvestrini le tomará declaración indagatoria a Pusch por el delito de “homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado”, indicaron las fuentes.

Pliego fue asesinado a golpes dentro de una habitación de una casa familiar deshabitada donde el joven vivía y utilizaba para reunirse con conocidos y amigos para escuchar música hasta la madrugada.

Según explicaron las fuentes a Télam, el joven presentaba varios golpes en el pómulo derecho, la frente, hematomas en el lado derecho de la cadera y escoriaciones en los labios y en la espalda, aparentemente aplicados con un palo.

En base a dichos de testigos que escucharon y vieron movimientos en la zona, se cree que el domingo 17 de abril a la noche Pliego realizó una fiesta en esa casa, a la que asistieron amigos y conocidos suyos.

Aún resta determinar si los homicidas estaban entre los participantes de la fiesta o si irrumpieron en otro momento con fines de robo debido a que la puerta de entrada no estaba violentada con su llave del lado de adentro.

Se cree que las personas que atacaron al joven, luego se apoderaron del auto de la víctima, de su teléfono celular y de un televisor, detallaron los informantes.

La madre del joven fue la última persona de la familia que lo vio con vida el domingo de Pascuas a la noche cuando comieron juntos y, al no tener noticias suyas desde entonces, fue a buscarlo el lunes a la casa donde lo encontró asesinado.

Los pesquisas hallaron en la casa una balanza de precisión y envoltorios que en apariencia serían de drogas.

El informe de autopsia sobre el cuerpo de Pliego arrojó el mecanismo de muerte «traumatismo encéfalo craneano grave producto de un objeto contundente como un palo o un caño con data de muerte de 6 a 12 horas tras el hallazgo del cadáver».

Así lo apuntó la fiscal María Virginia Toso, quien analiza agravar la imputación, tras escuchar también le testimonio de las víctimas, que relataron que les pidieron dinero por tener un vidrio semipolarizado en el auto y presentar el registro de conducir en una app. 

La fiscal que investiga a dos policías bonaerenses acusados de cobrar una coima a través de un medio de pago digital confirmó este lunes que la «operación ilícita» quedó registrada y que analiza agravar la imputación luego de que esta mañana declararan las víctimas y confirmaran que les pidieron dinero por tener un vidrio del auto semipolarizado y presentar la licencia de conducir mediante una app en el teléfono.

«Es sorprendente y completamente anómalo lo sucedido. Es la primera vez que tengo una causa de este estilo donde la operación ilícita quedó completamente registrada a través de un medio de pago digital», aseguró la fiscal María Virginia Toso.

Si bien por decisión de Auditoría general de Asuntos Internos de la policía bonaerense son tres los policías que de manera preventiva fueron separados de su cargo, la fiscal confirmó que en el hecho en sí participaron «solo dos oficiales».

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Don Torcuato explicó que le tomó declaración testimonial al matrimonio víctima del pedido de coima y allí el conductor y su esposa pudieron explicar cuál fue el motivo por el que los policías les exigieron dinero.

Según la fiscal, la pareja se dirigía rumbo a la zona de Zárate y Campana en una Renault Kangoo y fue retenida en «un control vehicular de rutina en el peaje», donde un primer policía le pide al conductor la documentación de rutina necesaria para circular.

«El hombre exhibió la documentación a través de la aplicación Mi Argentina en su celular y el policía le dijo que no servía. Pero además, le hizo una segunda observación con respecto al semipolarizado que tenía el parabrisas», explicó Toso.

La fiscal contó que el conductor le dijo que «si estaba en infracción le hiciera la multa, pero el policía nunca le dio esa posibilidad y llamó a otro oficial que aparentemente era un superior jerárquico que de manera intimidante les dijo que iban a secuestrar el vehículo».

Siempre según lo declarado hoy por los damnificados, fue en ese momento cuando ese policía «les exigió alguna manera de arreglar», dijo Toso.

«La víctima no contaba con efectivo y les dijo que lo único que tenía eran 3.000 pesos en su cuenta de Mercado Pago, y los policías aceptaron esa vía de pago y el hombre realizó la transferencia electrónica hacia el policía que ostentaba de superior o encargado del operativo», señaló la fiscal.

Luego de escuchar a las víctimas, Toso analizaba esta tarde agravar la calificación a «exacciones ilegales agravadas bajo la figura de la concusión», que el artículo 268 del Código Penal castiga con pena de dos a seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, «al funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones».

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, afirmó hoy a radio La Red que se trató de una maniobra «rudimentaria» y «tan torpe» que refleja una «sensación de impunidad tremenda» y «la corrupción que se enquista permanentemente en las instituciones».

El funcionario explicó que la investigación se inició porque «el involucrado, la víctima, era conocido» de su mujer, la diputada nacional Agustina Propato, a quien le envió un mensaje con lo que le había sucedido, por lo que de inmediato él lo reenvió al «jefe de policía».

«Automáticamente no solo desafectamos al efectivo, sino a su compañero que no puede estar ajeno a esto y obviamente a su jefe, que debería haberlo controlado», señaló.

El titular de la cartera de Seguridad provincial afirmó que «de este tipo de denuncias» tienen «varias por semana», y resaltó la importancia de «la participación ciudadana, no solamente en la generación de seguridad sino también en el control».

Berni explicó que los tres policías involucrados «fueron separados el mismo día», que ahora se inició «un proceso administrativo» que va en paralelo a la causa judicial y que «se espera el trámite judicial para después exonerarlos».

El hecho se registró el sábado por la mañana, cerca de las 9.30, en el peaje ubicado a la altura del kilómetro 34,500 del ramal Escobar de la autopista Panamericana, donde se realizaba un operativo para prevención de delitos.

En el contexto de dicho procedimiento, los oficiales detuvieron la marcha de un automóvil y, según la investigación, le solicitaron un pago de 3.000 pesos para continuar su camino.

El hombre, según consta en la denuncia, le transfirió el dinero a través de la aplicación de Mercado Pago a uno de los oficiales, quedando constancia de su nombre, CUIL y código de la operación.

Al ser conocido de la diputada Propato, esposa del ministro Berni, el damnificado le envió un mensaje contándole lo sucedido, que motorizó la intervención de Asuntos Interno y el inicio de la causa penal. .

«Hola compañera Agustina. Sé que no estás para estas cosas. Mirá, me acaban de coimear en el peaje de Pacheco en un operativo de Policía Bonaerense. No es mi costumbre ‘chapear’ y no lo hice, pero son tan idiotas que me permitieron pagarles la coima por Mercado Pago. Si le sirve a Sergio, estoy a disposición de él», decía el mensaje, según indicaron las fuentes.

La fiscal Toso dispuso la intervención de Prefectura Naval, solicitó el libro de guardia de los policías, la constancia de Mercado Pago de la transferencia realizada y se les secuestró el teléfono celular a los efectivos denunciados.

También mandó a secuestrar los videos de cámaras de seguridad del peaje que hayan podido captar alguna secuencia de interés para la causa.

A raíz de una corrección respecto de la ubicación exacta del peaje donde ocurrió el hecho, la fiscal Toso podría declarar se incompetente en las próximas horas y remitir las actuaciones al departamento judicial San Martín, ya que sería jurisdicción de una fiscalía de Malvinas Argentinas.

Juan José Alajarín recibió dos disparos al ser asaltado por dos «motochorros», cuando acompañaba a su hijo a tomar el colectivo en la madrugada. 

Un oficial retirado de la Policía de la Ciudad fue asesinado este lunes de al menos dos balazos en el tórax al ser asaltado por dos «motochorros» que intentaron robarle cuando acompañaba a su hijo a tomar el colectivo en la localidad bonaerense de Glew, partido de Almirante Brown, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.30 de esta madrugada en las calles Teniente Craig y Pedro Belou, de la mencionada localidad del sur del conurbano, a una cuadra de donde la víctima, identificada como Juan José Alajarín (59), residía junto a su familia.

Según las fuentes, dos efectivos del Comando de Patrullas de Almirante Brown que recorrían la zona en tareas de prevención fueron alertados por un llamado al 911 sobre unos disparos producidos en esas calles donde habría un hombre malherido, por lo que se trasladaron hasta allí.

Una vez en el lugar, los policías hallaron a Alajarín tendido en el suelo y baleado; al tiempo que se entrevistaron con el hijo de 23 años de la víctima que les contó que su padre lo acompañaba a tomar el colectivo cuando fueron abordados por dos «motochorros» en un rodado negro.

De acuerdo al joven, los asaltantes los amenazaron con fines de robo, ante lo cual, Alajarín se identificó como personal policial y extrajo su arma, una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros.

En esas circunstancias, el policía retirado recibió al menos dos impactos de bala en el tórax efectuados por uno de los delincuentes, que escapó con su cómplice sin concretar el robo.

Las fuentes señalaron que el hijo de la víctima les indicó que los «motochorros» escaparon por la calle Craig hacia Monroe y en dirección a la vecina localidad de Guernica, por lo que los efectivos fueron a buscarlos por las inmediaciones, aunque sin resultados positivos.

A su vez, personal de una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó a la escena del crimen y constató que Alajarín estaba muerto a raíz de las heridas sufridas.

A su vez, el hijo de la víctima entregó a los policías bonaerenses la pistola de su padre, la cual tenía siete municiones intactas en su cargador.

En tanto, un transeúnte les acercó a los efectivos una mochila que había encontrado tirada y que contenía distintos objetos personales y de valor.

Además, a unos 50 metros de la escena del crimen, por la calle Craig, los pesquisas encontraron otros elementos tirados, principalmente ropa, dinero y documentación.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores que todos estos objetos habían sido robados por los «motochorros» y que estos los descartaron en la huida.

En la pesquisa interviene personal de la comisaría 7ma. De Almirante Brown y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Javier Gramajo, quien dispuso tomarle declaración al hijo de la víctima y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad particulares y municipales en busca de pistas sobre los «motochorros».

El fiscal inició actuaciones por «homicidio» y aguarda para las próximas horas los resultados de la autopsia al cuerpo de Alajarín, quien se había retirado de la Policía de la Ciudad el 1 de enero de 2019, siendo su último destino fue en el Grupo Auxiliar de Oficiales Superiores (GAOS).

El crimen de Alajarín generó consternación en el barrio donde varios vecinos se salieron esta tarde a la calle a exigir mayor seguridad.

«No se puede vivir así. Le podía haber tocado a cualquiera», se quejó en declaraciones al canal C5N una mujer de nombre Brisa, quien pidió más cámaras presencia policial.

Otra mujer del barrio, en tanto, recordó que su hija y el hijo de la víctima viajaban juntos al trabajo y que el expolicía era «un buen vecino».

El último caso de un miembro de una fuerza de seguridad, activo o retirado, asesinado por delincuentes en una salto cometido este año en el Área Metropolitana de Buenos Aires ocurrió a principios de abril en la localidad de José C. Paz.

En esa ocasión, Hugo Daniel Báez (33), cabo del Cuerpo de Guardia de la Infantería de la Policía Federal Argentina (PFA), murió tras recibir dos balazos efectuados por un delincuente que lo abordó con intenciones de robo cuando se encontraba en una parada de colectivos en el cruce de la avenida Derqui y Somellera, en ese partido del noroeste del conurbano.

Se trata de Cristian Chimenti, director de la Región Sur del área de Criminalística de la AIC, y de los subcomisarios Oscar Rodríguez y Hugo Mendieta, jefes de la Sección Balística de la misma agencia.

El hermano de la jefa de la Policía de Santa Fe y otros dos subcomisarios de la Sección balística de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la fuerza provincial fueron separados este lunes de sus cargos mientras se lleva adelante la investigación por el robo y posterior venta de 11 armas y 107 municiones que estaban bajo custodia policial, informaron fuentes oficiales.

Se trata del subcomisario Cristian Chimenti, hermano de la Jefa de la Policía de Santa Fe, Emilce Chimenti, y director de la Región Sur del área de Criminalística de la AIC, y de los subcomisarios Oscar Rodríguez y Hugo Mendieta, jefes de la Sección Balística de la misma agencia.

Según la información oficial suministrada por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, los tres jefes policiales fueron «apartados de sus funciones en forma provisoria y preventiva, mientras dure la investigación y fueron puestos a disposición del área de Personal».

La medida, dispuesta por la Agencia de Control Policial que depende del Ministerio de Seguridad santafesino, se tomó en «procura de no entorpecer la investigación en curso», señalaron los voceros consultados, y agregaron que hasta ahora “no existe prueba” que incrimine al hermano de la jefa de Policía.

El fiscal que lleva adelante la investigación, Matías Edery, ordenó en las últimas horas el secuestro de los teléfonos de 25 policías que trabajan en la sección Balística de la Policía de Rosario.

“Secuestramos los teléfonos celulares de todo el personal de Balística, que son cerca de 25 personas. Eso está en proceso de pericias para ver si existió una responsabilidad mayor y si fueron estas once armas o si hubo más que salieron de allí y quedaron en manos de civiles”, dijo Edery días atrás.

También explicó que al allanar Balística, luego de advertir que las 11 armas y 107 municiones encontradas durante un procedimiento en un “aguantadero” debían estar bajo custodia judicial, los investigadores se encontraron “con una situación muy preocupante, con falta de inventarios”.

“No había controles en un lugar donde debería haber datos concretos de cuántas armas había. Estamos haciendo un inventario para ver cuántas armas hay y después sacarlas de allí y llevarlas a un lugar que cuenta con las medidas de seguridad necesarias”, abundó Edery.

El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Andrés Rolandelli, admitió cierto desorden en la sección Balística, pero explicó que lo que deber ser “un laboratorio” para pericias terminó convirtiéndose en un “depósito” de armas, puesto que los del Poder Judicial están atestados.

“Habría que hacer algunas aclaraciones. Criminalística es un laboratorio, no es un depósito”, dijo hoy Rolandelli, para agregar: “La pregunta es por qué se convirtió en un depósito”.

En esa línea, explicó que “toda arma que está en el marco de una investigación corresponde a la órbita del Poder Judicial. No deberían estar en manos de la Policía”.

“Esas armas –dijo el funcionario en declaraciones radiales- se fueron acumulando en el depósito porque se generó un cuello de botella”.

Rolandelli sostuvo que “no pasaron al depósito judicial porque allí tampoco tienen lugar, y ¿por qué?, porque no las retira la Anmac (Administración Nacional de Materiales Controlados), única institución encargada del destino final de estas armas y eventual destrucción”.

En el marco de esa causa que lleva adelante el fiscal Edery, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y Narcocriminalidad, están imputados hasta el momento un suboficial de la sección balística de la AIC, identificado como Juan Carlos Belotti (21), y dos civiles, Lautaro G. y Stéfano A, a quienes el policía les dio las armas a cambio de una motocicleta Honda Tornado XR, color roja.

La investigación

La investigación comenzó el pasado 20 de abril, cuando efectivos de la AIC allanaron la vivienda de uno de los imputados, Lautaro G., ubicada en la calle Garzón 900 bis del barrio Empalme Graneros, donde se encontraron 11 armas y 107 municiones que debían estar bajo custodia en el Sección Balística, debido a que habían sido secuestradas en distintos procedimientos.

En ese allanamiento también fueron secuestrados varios frascos con marihuana.

El tercer involucrado, quien fue imputado el pasado viernes con prisión preventiva por 90 días, identificado como Stéfano A., resultó ser el cuñado de Lautaro G. y dueño de un gimnasio al que concurría el policía Belotti, quien para el fiscal Edery actuó de «intermediario» en esa transacción delictiva.

En cuanto a Chimenti, el subsecretario Rolandelli dijo a la radio “LT8” que por el momento no hay información «de que Chimenti tenga alguna responsabilidad en este hecho en concreto”.

“A nosotros no nos consta que estas personas tengan algo que ver con el delito en cuestión. Pero para favorecer la investigación, decidimos pasarlo a (división) Personal de la AIC hasta tanto avance la causa judicial que llevan adelante los fiscales”, finalizó.

Ocurrió en General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires. Los uniformados le pidieron 3000 pesos a un conductor y éste transfirió el dinero por la aplicación. La constancia de la operación quedó como la prueba que complicó a los agentes.

Tres efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron desafectados e imputados acusados de coimear a una persona cuando circulaba por la autopista Panamericana a la altura de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre, quien abonó con una transferencia por la aplicación de Mercado Pago, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

El hecho se registró ayer por la mañana, cerca de las 9.30, a la altura del kilómetro 33.700 de la Autopista del Sol, a metros del peaje de la calle Henry Ford, en la localidad de General Pacheco, en el mencionado partido del noroeste del Gran Buenos Aires.

Según expresaron las fuentes a Télam, en dicho lugar se realizaba un operativo para prevención de delitos en el cual estaban destinados un oficial subayudante, un subteniente y un oficial de la Policía bonaerense.

En el contexto de dicho procedimiento, los oficiales detienen la marcha de un automóvil y, según la investigación, le solicitaron un pago de tres mil pesos para continuar su camino. El hombre, según consta en la denuncia, le transfirió el dinero a través de Mercado Pago a uno de los oficiales, quedando constancia de su nombre, cuil y código de la operación.

Aprovechaba cuando su empleador dormía y durante la noche se dirigía a un cajero automático para retirar dinero de la Caja de Ahorro, con la que se compró las indumentarias.

Agentes de la Policía del Chaco de la división Delitos Económicos y Leyes Especiales, tomaron el caso en sus manos y lograron dar con la detención de la joven y el secuestro de las prendas que había comprado. El jueves, un hombre de 71 años se comunicó a la división dependiente de Investigaciones Complejas para comentar que constató faltante en su caja de ahorro y pedía sí podrían concurrir a su domicilio, ya que posee una incapacidad motriz.

Los investigadores fueron a la finca ubicada en Comandante Fontana al 500, aproximadamente, donde le tomaron la denuncia y comenzaron la investigación por “Supuesta Estafa”. Como primera medida, solicitaron a Red Link, el estado de cuenta del denunciante y pudieron establecer que entre el 27 y 28 de abril, se realizaron 12 extracciones, siendo desconocidas estas operaciones por el ciudadano, se informó desde la fuerza policial.

Los agentes pidieron las imágenes de esos días y horarios a la entidad bancaria, siendo identificada una mujer como la autora de los retiros monetarios, quien “sería la empleada doméstica del denunciante y quien residía en el mismo domicilio”. Tras este aviso, procedieron a la detención de la ciudadana de 27 años y al secuestro de una cartera y un par de botas, que se habría comprado con el dinero sustraído, además de las prendas de vestir con las que se las ve en las imágenes de los cajeros automáticos, concluye el comunicado policial.

Los menores tienen entre 2 y 13 años y ya fueron separados de su madre. La mujer fue denunciada por una testigo que grabó videos de los maltratos.

Una mujer fue denunciada por maltrato infantil tras ejercer violencia física contra sus cinco hijos, de entre 2 y 13 años, a quienes los ataba, no los alimentaba ni los llevaba al colegio. El hecho fue denunciado ante el Servicio de la Niñez de La Plata gracias a los videos grabados por una testigo.

El caso de maltrato infantil se conoció luego de que Jésica, la denunciante, fuera testigo en primera persona de los reiterados episodios de violencia que ejercía la mujer contra sus hijos.

Según contó Jésica a C5N, le había prestado una habitación a la mujer, de quien era conocida, para que pudiera quedarse con sus hijos, debido a que estaba en situación de calle.

“Estuvo tres meses en mi hogar. Al principio en nene de 10 años comentaba que la mamá lo golpeaba y no le daba de comer. Ella me decía que no era verdad y que el nene no la quería”, contó Jésica.

“Comprobé que no les cocinaba, no los bañaba, no los llevaba al colegio ni al médico, siendo que el nene de 2 años tenía una pérdida importante de pelo en la cabeza”, agregó.

En uno de los videos que pudo grabar la testigo, se la escucha a la madre acusada gritarle a uno de sus hijos más chicos: “Callate porque están durmiendo”, mientras lo zamarrea.

La mujer, incluso, “les ponía una media en la boca para que no lloraran”.

Jésica describió también varios de los episodios de violencia que sufrieron los menores. “Una tarde, después de una golpiza, el bebé convulsionó. Un móvil policial lo llevó hasta la salita y yo volví a cuidar a los otros hermanos porque ella fue al hospital y estaba solos. Después de unas horas me pidió que la fuera a buscar porque no lo iban a dejar internado y eso me pareció raro”.

“A la noche era una tortura. Ella se iba y los dejaba en la habitación. Se iba todas las noches”, aseguró Jésica: “Los golpes eran muy fuertes. Ató al nene de la reja de la ventana de la habitación con un bretel del corpiño”.

“Ellos querían que yo los adoptara, querían tener una mamá, me decían que para sus cumpleaños lo único que querían era un saludo, una torta, que ella nunca les había hecho una. Que querían ir a la escuela. Decían que preferían vivir en un hogar”, contó.

Ayer por la tarde, los efectivos de las Divisiones Microtráfico y Operaciones de esa localidad realizaban tareas preventivas en Machagai y en la termal. Sorprendieron llevando droga a una adolescente y a un hombre de 33 años.

Alrededor de las 19, los antinarcóticos se encontraban en la Ruta Vieja a 500 metros aproximadamente de la Ruta 95 de Sáenz Peña, cuando observaron que una moto con dos ocupantes femeninas se acercaba al lugar, quienes al observar la presencia policial detuvieron su marcha.

Inmediatamente, los agentes se dirigieron hacia donde éstas estaban, ya que intentaron cambiar de rumbo para darse a la fuga por una zona boscosa. Una de ellas fue demorada y la restante emprendió huida y se perdió de vista.

Los policías solicitaron a la joven de 15 años que exhiba sus pertenencias, en su poder tenía 465 gramos de marihuana, la cual se encontraba distribuida en envoltorios como así también un trozo compacto.

Posteriormente la Magistrada interviniente dispuso que la joven sea entregada a su progenitora.

Simultáneamente, efectivos de la División Operaciones se encontraban apostados en Ruta Nacional 16 y acceso a Machagai, donde recibieron información de que un automóvil marca Chevrolet Ónix blanco estaría próximo al control y se encontraría cargado de estupefacientes.

Los antidrogas visualizaron un vehículo de similares características por lo que procedieron a detenerlo para la identificación de los ocupantes. Constataron que era conducido por un hombre de 33 años, acompañado por su esposa de 46 y su hija de 12.

Se verificó de manera visual el motor como también así el baúl del rodado, donde hallaron en la zona delantera dos bultos que se encontraban envueltos en trapos de piso.

Es por ello que, al inspeccionar los paquetes, notaron que tenían una sustancia vegetal que tras la prueba de campo resultó ser marihuana con un peso de 1.999 gramos. Todo fue secuestrado en el lugar.

Finalmente, el hombre de 33 fue detenido y notificado en una causa por Supuesta Infracción a la Ley 23.737, en tanto que la mujer y la menor fueron puestas en libertad.