Los gendarmes argentinos que integraron el primer comando Alacrán desplegado en Bolivia en 2019 tras el golpe de Estado contra Evo Morales comenzarán a declarar como testigos la semana próxima en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando agravado de municiones desde Buenos Aires hacia La Paz en noviembre de 2019.
Se trata de los gendarmes que viajaron a Bolivia a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, que llevaba en su carga municiones anti-tumulto, granadas de gas lacrimógeno y otros pertrechos represivos que fueron a parar a manos de la policía y la Fuerza Aérea de ese país, según surge de la denuncia que dio origen a la causa judicial.
La ronda de testimoniales dispuesta por el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania comenzará el martes y se extenderá hasta el 20 de mayo, según surge de la resolución en la que se dispuso la convocatoria a diez gendarmes.
El magistrado citó, concretamente, a «prestar declaración testimonial al personal que integró la misión de la Gendarmería Nacional que fuera desplegada en el Estado Plurinacional de Bolivia entre el 12 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020», según surge de la resolución a la que accedió Télam.
El jueza Catania citó a 10 de los 11 gendarmes que integraron aquella primera misión que se desplazó a Bolivia: quedó afuera de la nómina el comandante del contingente, Martín Hidalgo, quien declaró en un sumario interno del Ministerio de Seguridad que no se hicieron trámites aduaneros al llegar al aeropuerto boliviano de El Alto.
En este expediente ya declararon los gendarmes que cumplieron funciones en La Paz entre el 10 de enero y el 1° de marzo del 2020, como también aquellos que integraron el contingente apostado en suelo boliviano entre el 28 de febrero y el 20 de junio del mismo año.
En esta investigación se busca reconstruir el destino de las municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos para ser usadas en la represión a los manifestantes del Movimiento al Socialismo que se oponían al golpe.
En la primeras dos rondas testimoniales los gendarmes confirmaron que no utilizaron las municiones trasladadas a Bolivia y que no realizaron prácticas de tiro, por lo que desacreditaron la hipótesis de que ese podría haber sido el motivo por el cual el material represivo no regresó a la Argentina, informaron fuentes con acceso al expediente.
En la primera tanda de testimoniales, los gendarmes de lo que fue el tercer contingente declararon que se trasladaron a Bolivia en vuelos comerciales, que no llevaron armas y que las que portaron en ese país -que les fueron entregadas allá- estaban almacenadas en un lugar de guardado de no más de dos metros cuadrados, por lo que allí no hubieran entrado, por ejemplo, las 70.000 balas de goma cuyo destino se investiga.
A partir de una investigación interna de la propia Gendarmería se pudo saber que las municiones transportadas a Bolivia no fueron utilizadas por los gendarmes que fueron desplazados a ese país, por lo que se presume que ahora el juez llegará a la misma información, pero en el marco del expediente judicial.
La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto; por lo que aún espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente, porque fueron aportados por los denunciantes.
Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En el expediente se encuentran imputados el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).
En el expediente fue asimismo imputado el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.
En la investigación paralela que lleva adelante la Justicia boliviana, el 30 de marzo declaró ante el Ministerio Público Fiscal un ciudadano de ese país que durante los últimos 20 años trabajó en la embajada argentina en La Paz y que para la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de Seguridad de la representación diplomática; información que fue revelada por el diario Página/12.
En calidad de testigo, Jorge Bernardo Salinas Berros contó cómo fue la descarga de aquel avión de la Fuerza Aérea Argentina en el que fueron trasportadas las municiones.
«Me llamó la atención que varias personas, cuatro o seis, alzaban las cajas que aparentemente no eran grandes. Curiosamente pregunté qué es lo que hay adentro para que pesen tanto y me dijeron los policías que estaban cargando que los gases y las municiones eran pesados», relató.
Salinas Berros detalló también que, para bajar todas las municiones, se debió recurrir a montacargas y que una parte de aquel cargamento se lo llevó la policía de Bolivia y otro la Fuerza Aérea de ese país, información que coincide con la denuncia.
