Categoría: Policiales

Una mujer de 39 años radicó una denuncia este último miércoles en Resistencia por el robo de su computadora (una notebook marca “Lenovo”) y dinero en efectivo, hecho por el cual, según informaron de la Policía, “sospechaba de su hija, ya que anteriormente estuvo involucrada en un hecho similar”.

Luego de la presentación formal de la víctima, desde la Policía relataron que se tomó conocimiento sobre que la computadora sería vendida en el barrio Provincias Unidas cerca de las 22:00. Con la información, señalaron que un grupo de oficiales se presentó en el lugar minutos antes de lo estipulado, contexto en el cual recorrieron la zona y vieron a un hombre “que abandonó un objeto y huyó”.

Precisaron que el objeto descartado se trataba de la notebook en cuestión, la cual habría terminado en manos de su dueña, en tanto informaron que “aún se investiga para dar con los autores y la recuperación del dinero”.

Fue condenada a nueve años de prisión pero estaba en su casa -y en contacto con las víctimas- porque padece EPOC y es persona de riesgo por el coronavirus, pero se ausentó cuatro veces sin permiso.

La Cámara Federal de Casación mandó de regreso a la cárcel a una gitana condenada a nueve años por “reducción a servidumbre” de cuatro de sus nietos, a una de las cuales incluso le concertó un matrimonio cuando tenía 15 años de edad.

La mujer gozaba de prisión domiciliaria desde 2020 porque sufre la enfermedad pulmonar EPOC y es persona de riesgo por la pandemia, pero cuatro veces violó las condiciones de su detención.

Por ello, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dispuso que la condenada, Paulina Aida Macaroff, revocó la prisión domiciliaria y dispuso que la mujer sea alojada en el penal más cercano a su domicilio, en esa ciudad bonaerense.

La defensa de Macaroff apeló el regreso a la cárcel común argumentando que “no se dio adecuado tratamiento y puntual respuesta a una serie de cuestiones esenciales y dirimentes planteadas por la defensa, relacionadas con la valoración particular de contexto, esto es, patrones socio culturales propios de la comunidad gitana, muy diferentes a los del resto de la población”.

“No tomó conciencia de que pudo haber cometido un delito, habiéndole costado mucho esfuerzo a esta defensa interactuar con la imputada para que pudiera comprender los alcances de la acusación”, añadió.

Macaroff fue condenada por haber ofrecido a su nieta, de 15 años de edad, quien vivía bajo su tutela luego de haber sido entregada por su madre a los ocho meses de edad, a un miembro de la comunidad gitana, en 2018 en Bahía Blanca, con la finalidad de concertar un matrimonio forzado y a cambio de una suma de dinero”.

Además, a otros tres nietos los sometió “a su autoridad bajo el empleo de violencia psíquica y física, y forzarlos a trabajar en su beneficio vendiendo objetos en la calle hasta altas horas de la madrugada, desde al menos enero de 2008 hasta el 9 de octubre de 2018”.

El fallo que ordenó su regreso a la cárcel evaluó que “más allá de reiterar la condición de miembro de la comunidad gitana de Macaroff la defensa no fundó los motivos por los cuales sería irrazonable ordenar la privación de la libertad en la unidad de detención más cercana a su domicilio”.

Los jueces Daniel Petrone y Ana María Figueroa subrayaron que “la revocatoria de la prisión domiciliaria busca garantizar los derechos de las víctimas –particularmente, los nietos y nietas menores de edad-, y de este modo respetar el estándar internacional de resguardo del interés superior del niño”.

Ambos allegados -afirma la Policía- fueron detenidos por narcomenudeo. Los allanamientos se realizaron en los barrios Tiro Federal y Obrero. Fernando González continúa prófugo.

Ordenados por el fiscal Cristian Arana, la Policía realizó esta tarde de miércoles cuatro allanamientos en Sáenz Peña por la causa que investiga el homicidio de este fin de semana en un bar céntrico. Hay dos detenidos.

Los operativos se concretaron en los barrios Tiro Federal y Obrero. Las viviendas guardarían relación con el entorno de la persona prófuga y principal acusado, identificado como Fernando González alias «Chupa Chichi».

Se logró la detención de dos supuestos allegados a «Chupa chichi» pero fueron notificados bajo el causal de narcomenudeo.

Uno de ellos, identificado por la siglas «W.D.A», contaba con prisión domiciliaria y, sospecha la Policía, «en el mes de septiembre 2021 habría sido parte de la primer disputa entre las dos bandas, recibiendo un impacto de bala en su pierna, sin realizar denuncia correspondiente» .

Diario Chaco  pudo confirmar que los allanamientos concluyeron con resultados positivos en secuestro de droga, dinero en efectivo, equipos informáticos y celulares.

“Efectivos de la Dirección Antinarcóticos incautaron drogas, celulares y una importante suma de dinero. El dispositivo fue a raíz de una causa por “Supuesto Homicidio, en la ciudad de Sáenz Peña”, informó la Policía del Chaco.

Los agentes, en conjunto con unidades dependientes de la Direcciones Generales de Consumos Problemáticos, de Investigaciones y Dirección Zona Interior Sáenz Peña, allanaron 4 domicilios situados en Barrio Obrero, Tiro Federal y Lote Pampa Napenay, “donde secuestraron celulares, estupefacientes y dinero”. Además, informaron que “dos hombres fueron aprehendidos”.

Los efectivos de la División Operaciones Drogas Interior hacían un control en la terminal cuando descubrieron la droga en una bolsa de nylon que tendría un valor estimado de 1.319.500 pesos en el mercado ilegal.

Según el informe policial, el sospechoso llegó a la terminal de Villa Ángela hoy, alrededor de las 16:45. Había salido de Resistencia en un colectivo de La Estrella y se topó con un control de los antinarcóticos, quienes encontraron los 377 gramos de cocaína dentro un bolso en el ómnibus y cuando quisieron identificarlo, el joven de 26 años intentó escapar. Lo alcanzaron y aprehendieron.

Los agentes de la División Operaciones Drogas armaron un control antinarcótico en la terminal de ómnibus de Villa Ángela ubicada sobre avenida John Kennedy y boulevard San Martín. Cuando llegó un colectivo de La Estrella a las 16:45 desde la ciudad de Resistencia, subieron a controlar y encontraron la bolsa con cocaína.

Después, fuera del vehículo, notaron a un joven un tanto nervioso que caminaba de lado a lado. Cuando se acercaron a identificarlo, este intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado a los pocos metros. Allí descubrieron que el joven tenía un pasaje del colectivo en el que encontraron la droga.

Al final terminó notificado de su aprehensión por la “Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes”, según lo dispuso la Fiscalía Antidrogas N°1 de Resistencia a cargo de la doctora Andrea Natalia Lovey Pessano.

Desde la justicia se limitaron a informar que se está investigando la denuncia y que se están tomando todas las medidas pertinentes ante estos hechos. Mientras tanto, el establecimiento educativo permanece cerrado y representantes de sindicatos docentes repudiaron los hechos de violencia.

Una mujer fue denunciada ante la Justicia por abusar sexualmente de un niño de 3 años en un jardín de infantes de la ciudad de Mar del Plata y, luego de una serie de incidentes en la puerta de la institución, un grupo de desconocidos incendió la casa de la acusada, informaron fuentes judiciales y policiales.

Se trata del Jardín de Infantes Nº 919, situado al suroeste de esta ciudad.

En la tarde del viernes pasado, los padres de un menor de tres años denunciaron ante la Fiscalía de turno, a cargo de la doctora Romina Díaz, que su hijo había sido abusado por una auxiliar del establecimiento educativo, por lo que se inició una investigación, indicaron fuentes judiciales.

El caso tomó estado público en las últimas horas, cuando un grupo de personas comenzó a realizar un reclamo con escrache en la puerta del jardín exigiendo que sea suspendida la persona acusada de abuso, quien cumpliría funciones en la cocina.

La noche del martes, personal de bomberos sofocó un incendio provocado por desconocidos contra una vivienda situada en el cruce de las calles García Lorca y Savia, donde vive la acusada de abusar sexualmente del menor dentro del jardín de Infantes Nº 919.

Desde la justicia se limitaron a informar que se está investigando la denuncia y que se están tomando todas las medidas pertinentes ante estos hechos.

Por otro lado, la mañana de este miércoles, Gustavo Ibáñez, de Suteba; Claudia Rey, de ATE; y Adriana Donzelli, de Sadop, brindaron una conferencia de prensa, y repudiaron los hechos de violencia acontecidos frente a la institución como en la casa de la acusada y pidieron a la justicia que se investigue rápidamente la denuncia.

En el establecimiento educativo funciona el jardín infantes Nº 919; la primaria 35 y la secundaria 47.

Ibáñez expresó que «es importantísimo la participación del Estado desde los distintos sectores que lo componen que sea activa para restañar las heridas sociales que se produjeron. Estamos trabajando y acompañando a las autoridades, docentes y auxiliares que forman parte de ese complejo, como también a las familias que necesitan de la escuela».

«Estas situaciones no se resuelven de un día para otro. Las distintas autoridades deben garantizar el derecho que tiene todo trabajador. El principio de inocencia es una premisa legal que a veces se olvida».

En tanto, Rey dijo: «Necesitamos la articulación de las autoridades que tienen que hacerse cargo de esta situación como así también la mayor presencialidad por parte del Estado, incluyendo a la Secretaría municipal de Seguridad».

«El establecimiento -agregó- está cerrado y aún no se sabe cuándo abrirá sus puertas. Se necesita mayor celeridad en la investigación para dar solución y contención a esta comunidad porque el hecho es gravísimo y no se puede repetir».
Rey sostuvo que «la situación que la auxiliar está viviendo es dramática porque además vive a tres cuadras del establecimiento».

«Sabemos que están viniendo autoridades de La Plata para tener reuniones con el Consejo Escolar, la Jefatura y con los inspectores para aplicar la resolución que plantea la reparación y el resguardo de conflicto de toda la comunidad educativa por lo que decimos que la ART tiene que hacerse responsable del tratamiento psicológico y médicos de los docentes afectados», señaló la dirigente.

Por último, Donzelli manifestó «queremos solidarizarnos con ATE, con los gremios que representan a los trabajadores del establecimiento y repudiar toda situación de violencia. Rechazamos cualquier tipo de justicia por mano propia e instamos a que el sistema judicial actúe rápida y eficazmente».

Ocurrió en marzo del 2020, durante el aislamiento obligatorio por la pandemia que prohibía a la gente circular por las calles.

La agente de la policía del Chubut, Sofía Herrera, fue condenada a 1 año y 9 meses de prisión en suspenso y a 3 años y 3 meses de inhabilitación especial para ejercer la función, al ser encontrada culpable de la figura de «vejaciones» contra dos vecinas de Puerto Madryn que fueron obligadas a desnudarse y hacer sentadillas en el baño.

«Los hechos que llegaron a juicio datan de marzo del 2020, durante el aislamiento obligatorio por la pandemia que prohibía a la gente circular por las calles», recordó en diálogo con Télam la fiscal Mabel Covi, que llevó adelante la acusación.

Los casos fueron dos: el de una empleada del rubro gastronómico y el de una trabajadora del sistema de salud que fueron llevadas a la comisaría por «no respetar el aislamiento», aunque ambas estaban realizando un servicio permitido pero no contaban con la debida autorización al momento de la detención.

«Fueron llevadas a la comisaría tercera de Puerto Madryn donde la agente Herrera las llevó al baño, las obligó a desnudarse, a mirar la pared y a realizar una sesión de sentadillas», detalló Covi.

Luego del maltrato, las mujeres fueron llevadas a un calabozo, donde se conocieron y compartieron la experiencia que habían vivido, lo que derivó luego en la denuncia pertinente por el «trato prepotente y humillante» que recibieron.

«Lo llamativo es que una de las víctimas iba con su marido, que también fue llevado a la comisaría, pero al hombre simplemente lo notificaron de lo actuado, los retuvieron por unas horas mientras se hacían las actuaciones y no lo obligaron a hacer nada de lo que la agente de policía hizo con las mujeres», detalló la fiscal.

El fallo que dictó ayer el juez Marcelo Orlando es «muy importante», consideró la integrante del ministerio público fiscal porque «da por tierra el argumento de la policía que dijo que ella pensó que lo que hizo estaba permitido como correctivo para que la gente cumpla con el aislamiento».

Se trata de una agente joven, que había ingresado en el 2018 a la fuerza policial.

El dolor de panza era muy fuerte y su mamá Tatiana, decidió llevarla para que la atendieran. Horas después, la nena murió por un shock séptico y su familia denuncia mala praxis.

Valentina tenía 11 años y el 21 de marzo pasado ingresó a la guardia pediátrica de Neuquén.

El dolor de panza era muy fuerte y su mamá Tatiana, decidió llevarla para que la atendieran. Horas después, la nena murió por un shock séptico y su familia denuncia mala praxis.

Luego de cuatro días de idas y vueltas con radiografías, un hisopado de anginas y calmantes, Valentina volvió al médico. “La llevé de nuevo porque cada vez que la llevaba a un lugar nuevo era como volver a empezar y nadie hacía nada”, explicó Tatiana.

La pequeña «entró en shock» por lo que fue trasladada a un centro de salud privado, le hicieron estudios y según le informaron «estaba todo bien». Pero luego de una tomografía le informaron a la familia que tenía un shock séptico y debían operarla. Estuvo en terapia intensiva pero nunca logró estabilizarse y murió.

“A mi hija sana le arrebataron su vida”, afirmó Tatiana en diálogo con AM Cumbre. “No puede existir negligencia médica y menos en las clínicas privadas”, lamentó la madre de la pequeña.

Tras la denuncia por mala praxis, la autopsia confirmó que Valentina murió por una peritonitis. “Sabemos que con un simple diagnóstico, un examen de orina o sangre a tiempo se puede resolver sin llegar a esto”, lamentó su madre.

Anoche, “agentes policiales demoraron a un hombre que habría robado una mochila con pertenencias a una joven de 27 años el pasado sábado en Marcelo T. de Alvear y La Cangayé”, informó la policía. 

Cerca de las 21, tras realizar tareas investigativas, establecieron que “en el Barrio Santa Clara un sujeto se encontraría con intenciones de comercializar elementos de dudosa procedencia”.

Ante la situación, “los agentes se dirigieron al lugar donde hallaron a un hombre de 30 años, en una moto de similares características a la que habría utilizado para perpetrar el hecho y la suma de $3500 en su poder”. 

Finalmente, “el personal trasladó al detenido a las instalaciones del Departamento de Investigaciones Complejas y realizaron el secuestro del rodado en el que se movilizaba”, comunicaron.

La Policía del Chaco informó que “ayer por la tarde los agentes rurales llevaron a cabo una orden judicial en el Paraje La Peligrosa, donde pudieron incautar una ternera y una vaquilla”.

Alrededor de las 19, “los efectivos se hicieron presentes en la finca ubicada en dicho poblado, donde no encontraron persona a alguna; luego procedieron al secuestro de dos especies vacunas, como así también de tres machetes, dos cuchillos, un lazo de seis metros, y 10 cartuchos calibre 22, todos estos elementos serían utilizados para perpetrar distintos hechos de abigeato”, comunicaron. 

Así también informaron que los animales secuestrados, posteriormente serán entregados a su propietario.