Un juez ordenó a las máximas autoridades de asuntos penitenciarios de la Provincia de Santa Fe y nacional que le prohíban la tenencia y uso de celulares al líder narco Alan Funes que cumple condenas en el penal de Ezeiza.
Un juez de Rosario ordenó a la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de la Nación y a la Secretaría de Asuntos Penales de Santa Fe que dispongan las medidas necesarias para prohibirle el acceso y utilización de teléfonos celulares al encarcelado líder narco Alan Funes y a los otros 15 miembros de la temible banda de barrio Tablada que fueron puestos en prisión preventiva efectiva por conformar una asociación ilícita y llevar adelante múltiples hechos delictivos.
Detenido desde enero de 2018 y actualmente alojado en un pabellón de presos de alto perfil del complejo penitenciario de Ezeiza, Alan Funes nunca dejó de impartir órdenes a los integrantes de la banda a pesar de estar privado de la libertad, según se desprende de la investigación realizada por la fiscal Valeria Haurigot.
El líder narco requería pruebas a los miembros de la organización para comprobar que efectivamente habían hecho los mandados. Desde el celular de su hermana adolescente recibía audios, mensajes de texto y videos cuando se concretaban los atentados a balazos, las amenazas y cualquier otro tipo de delito de la multifacética banda narcocriminal.
En la audiencia imputativa contra Alan Funes y otros 15 integrantes de la banda, el juez Nicolás Foppiani no sólo dictó la prisión preventiva hasta el juicio para todos -por más que nueve de ellos ya estaban en detenidos por causa anteriores-, sino que también solicitó a las máximas autoridades de asuntos penitenciarios a nivel nacional y provincial, María Laura Garrigós y Walter Gálvez, respectivamente, “que personalmente o por medio del personal que designen, dispongan las medidas a fin de impedir que las personas imputadas, alojadas en unidades penitenciarias a su cargo, obtengan, posean o utilicen teléfonos celulares, debiendo informar dentro de 15 días las medidas de seguridad adoptadas”.
En una maratónica audiencia, en la que imputaron nueve hechos cometidos por la banda de Alan Funes, la fiscal Haurigot ensayó un pormenorizado repaso de los roles de cada uno de los integrantes de la organización históricamente enfrentada a Los Monos.
A Alan Funes se lo imputó como el jefe de la organización, que impartía instrucciones desde el complejo penitenciario de Ezeiza, ordenando atentados con armas de fuego contra diferentes personas, eligiendo a las personas que van a cumplir cada uno de los roles, disponiendo el uso de armas de fuego de gran poder ofensivo (pistolas calibre 9mm, calibre 40, calibre 45, ametralladoras FMK3) y vehículos (autos y motos), autorizando el pago a los miembros de la organización por los “trabajos” realizados y por los “gastos” ocasionados, decidiendo dónde se guardan o se esconden las armas y los vehículos, organizando y administrando la atención de los puntos de venta de drogas y controlando su recaudación.
Jorgelina “Chipi” Selerpe, pareja de Alan. Se le atribuyó el rol de a controlar la recaudación producto de la venta de drogas. Se encargaba de entregar estupefacientes para su venta, guardar armas de fuego y municiones en su casa y entregarlas cuando sean necesarias para la comisión de delitos, como también esconderlas, trasladar a miembros de la banda que resultasen heridos. Ya se encontraba detenida.
Lorena Betiana Ortiz, tía de Jorgelina. Era la encargada de fraccionar droga para su venta. Recaudar el dinero y entregarlo a su sobrina. También guardaba armas de fuego y municiones en su casa, resguardando y auxiliando a miembros de la banda luego de la comisión de delitos.
Omar Biasutti, detenido en la cárcel de Piñero, lugar desde el cual coordinaba proveer de municiones a la banda.
María Cristina Piedrabuena estaba como encargada de guardar armas de fuego y municiones en su domicilio, entregarlas y esconderlas cuando eran necesarias. Además guardaba droga y la entregaba cuando se lo requerían desde los altos mandos de la banda
Miriam Rosana Rojas era encargada de guardar drogas y armas en su casa y de entregarlos cuando la organización lo solicitaba. También regenteaba la venta de estupefacientes. Cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
A Valentino Barjacoba le atribuyeron cometer hechos de ataques armados contra domicilios por orden de Alan Funes. También trasladaba, guardaba y escondía armas en su domicilio. En algunas oportunidades aportó armas propias. Brindaba auxilio a los miembros que caían heridos y vendía droga.
Lucas Ortiz, hijo de Lorena y primo de Jorgelina. Lo acusaron por cometer hechos de abuso de armas contra personas, domicilios y amenazas calificadas por orden de Alan. Además era custodia en puntos de ventas de drogas.
A Fabián “Fabito” Domínguez lo imputaron por gatillero y sicario por orden de Alan Funes. Estaba como encargado de guardar armas y custodiar búnkers. Ya estaba detenido por el crimen de Mariel Lezcano.
Iván “Lolo” Gutiérrez, otro de los tiratiros por encargo de Alan a cambio de dinero. Obtenía vehículos para la organización de diversos hechos delictivos. También estaba detenido por el crimen de Mariel Lezcano.
A Juan Damián G. se lo imputó por atentados a tiros contra domicilios, conduciendo los vehículos para llegar al lugar y darse a la fuga. Además guardaba y escondía en su casa armas de fuego pertenecientes a la banda. Otro que estaba detenido.
Luka Salazar se encargaba de cometer ataques contra domicilios, guardaba y escondía armas de fuego y vehículos utilizados. También llegó detenido a la audiencia imputativa.
Matías Almada, hijo de Lorena., hermano de Lucas y primo de Jorgelina. Otro que participaba de los ataques contra domicilios, conduciendo los vehículos para llegar y darse a la fuga del lugar. Ya estaba en prisión.
Agustín Arselli y Joel Olguín también eran encargado de los ataques a tiros contra domicilios indicados por el líder de la banda. Ambos ya estaban detenidos.
En tanto que a Alicia Leonarda Cordero, abuela de Alan Funes, se le imputó ser la encargada de guardar en su domicilio el dinero proveniente de las actividades ilícitas de la banda.
