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En una decisión que sumó un puntal más a la sanción de los delitos rurales, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chaco ratificó la prisión preventiva contra un hombre acusado de cometer abigeato agravado en General San Martín. De esta manera denegó el recurso de cese de prisión planteado por la defensa y avaló las resoluciones que en igual sentido tomaron la Fiscalía de Investigaciones y el Juzgado de Garantías de la quinta circunscripción judicial.

Al argumentar su decisión, plasmada en la sentencia 136/21, las juezas Iride Isabel María Grillo y Emilia María Valle, indicaron que la prisión preventiva debe mantenerse puesto que persiste “el pronóstico de peligrosidad procesal” contemplado en el artículo 289 de la ley 965-N.

En tal sentido señalaron que no varió el estado de cosas del momento en que fue dictada la medida; además que está demostrada la materialidad y autoría por parte del imputado en el grado que exige la etapa penal de investigación.

Más adelante, Grillo y Valle recordaron que el proceso penal tiene como fin “arribar a la verdad real y aplicar la ley penal sustantiva”; motivo por el cual “dentro de ese marco, son justas las restricciones impuestas a la persona del imputado durante su sustanciación porque sin dudas, se hallan comprometidos no solo el interés individual sino también el social”.

Tanto es así que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “el derecho de gozar la libertad hasta el momento en que se dicte la sentencia de condena no constituye una salvaguarda contra el arresto, detención o prisión preventiva, por cuanto son medidas cautelares que cuentan con respaldo constitucional”.

“La idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del inculpado, de manera que ninguno sea sacrificado en aras del otro por lo cual, ni los Tratados Internacionales contienen disposición alguna que prohíba el encarcelamiento preventivo, limitándose a sentar reglas que sancionan el ejercicio arbitrario de esta potestad estatal”, agregaron desde la Sala Penal.

La peligrosidad procesal, explicaron, debe entenderse como el riesgo que la libertad del imputado puede entrañar para los objetivos del proceso seguido en su contra. Es decir que, mediante distintos obstáculos, afecte el propósito de descubrimiento de la verdad real o pretenda impedir la actuación de la ley penal sustantiva, sea en el normal desarrollo del juicio o el cumplimiento de la pena eventualmente impuesta, al sustraerse de la autoridad.

Tales circunstancias constituyen las razones fundamentales por las que puede denegarse una excarcelación u ordenarse la prisión preventiva del imputado por un delito en relación al cual, por expreso mandato constitucional, debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario

Un caso de violencia de género quedó registrado por las cámaras de seguridad en calle Córdoba al 700.

El hecho ocurrió ayer, martes 21 de septiembre y la víctima radicó la denuncia en la comisaría Segunda, confirmó el fiscal de temática de género Jorge Cáceres Olivera.

El video muestra a una mujer salir corriendo de un edificio y detrás un hombre quien una vez que la alcanzó, le pega una patada a los pies para que la mujer finalmente caiga sobre el asfalto.

La víctima se levanta y nuevamente el agresor repite el ataque.

El fiscal anticipó que «la mujer fue a pedir una consulta al médico ginecólogo al cual conoce desde hace tiempo y luego de una discusión por un vínculo interrumpido, el profesional quiere subir a su auto y ella le rayó el capot con una llave».

También, antes del incidente, ambos habían intercambiado mensajes donde la mujer le recrimina temas personales, cuya comunicación es material probatorio que está en manos de Cáceres Olivera, quien imputó lesiones leves al ginecólogo y hoy acudirá a sede judicial con su abogado.

En rueda de prensa luego de alegatos de la parte acusadora, funcionarios judiciales aseguraron que «todas las pruebas presentadas son contundentes, son pruebas que no admiten matices».

El juicio al líder de la banda «Los Monos» y a seis de sus miembros acusados de balaceras contra distintos domicilios de funcionarios y sedes judiciales de Rosario en 2018, se reanudará este miércoles con el alegato de las defensas, luego de que los fiscales pidieran 24 años de prisión para Ariel «Guille» Cantero y otros dos imputados y penas de entre 9 y 13 para los restantes cuatro.

Fuentes judiciales adelantaron este martes a Télam que, de acuerdo al cronograma previsto, el veredicto se conocerá el miércoles 29 próximo.

Este lunes, fue el turno de los alegatos de la parte acusadora, encabezada por los fiscales Matías Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo, quienes tras reiterar el pedido de 24 años de prisión para tres de los acusados, entre ellos «Guille» Cantero, y penas de entre 13 y 9 años para los restantes, aseguraron que las pruebas presentadas son «contundentes».

«Todas las pruebas presentadas son contundentes, son pruebas que no admiten matices», aseguraron los funcionarios judiciales en una rueda de prensa que brindaron tras los alegatos ante el tribunal integrado por los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto.

Los acusadores explicaron que a lo largo de las jornadas del debate, que comenzó el 20 de agosto pasado en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se presentaron las pericias realizadas sobre los aparatos celulares secuestrados a integrantes de la banda, que «han dado absoluta probanza de los hechos por los que se los trajo al juicio».

Al momento de realizar el pedido de pena, los fiscales solicitaron para Cantero 24 años de prisión por siete de los diez ataques a balazos que se juzgan, calificados como «amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público en concurso ideal con daño calificado».

En el caso de «Guille» Cantero, esa pena debería unificarse con una condena de 6 años y 8 meses de prisión por amenazas al juez Edgardo Fertitt, más una segunda declaración de reincidencia, con lo que se elevaría a más de 30 años de encierro, explicaron.

La misma pena de 24 años fue solicitada para Matías César y su novia, Lucía Uberti.

En tanto para los otros miembros de la banda, Daniel Delgado y Leandro Olivera, los acusadores solicitaron 13 años de prisión, mientras que pidieron12 para Leonel Fernández y 9 y medio para Damián Chávez.

De acuerdo al cronograma previsto, los alegatos de clausura, continuarán mañana y el jueves con el turno de las defensas, tras lo cual el tribunal dará a conocer el día y el horario de la lectura de la sentencia, que según adelantaron los fiscales esta prevista para el miércoles 29 de la semana próxima.

Agentes demoraron al conductor, pero luego quedó en libertad.

El lunes por la noche, personal de la Comisaria Decima logró demorar a un hombre que conducía una camioneta con documentación falsa. Ocurrió en inmediaciones al ingreso del barrio Toba de Resistencia, cuando los agentes se encontraban realizando operativos de prevención de hechos ilícito y contravencionales.

Es así que al realizar control sobre documentación del vehículo marca Fiat Toro color gris, su conductor exhibió documentaciones que conforme a la información que poseía se encontraba alterada.

Por ese motivo, y luego de ser consultado con las autoridades judiciales de la Fiscalía 10, se dispuso el secuestro del automóvil y la documentaciones pertinentes.  En tanto que a su conductor se le notificó sobre la causa y quedó en libertad.

La Policía del Chaco informó que demoraron a un hombre en el macrocentro de Resistencia que transportaba en un auto siete kilos de marihuana (12 panes de droga). Según indicaron desde la fuerza, «gracias al trabajo preventivo de los agentes de la División Delitos Contra la Propiedad supieron de un joven que transportaba droga por la ciudad. Cerca de las 17 por la calle Donovan lo demoraron».

«Los agentes de la División Delitos Contra la Propiedad llevaban a cabo tareas investigativas y prevención de ilícitos. Mediante la información obtenida en sus patrullajes supieron que un sujeto transportaba droga en un automóvil Renault Sandero. Comenzaron recorridas por el macrocentro buscando el auto en cuestión hasta que lograron visualizarlo. Por la calle Donovan al 1050 aproximadamente, lo demoraron para su identificación. El conductor de 40 años, exhibió a los agentes las documentaciones pertinentes para circular, luego, solicitaron que exhiba el interior del rodado para descartar elementos prohibidos por la ley», informaron.

«De esta forma, descubrieron que en el baúl había una caja con 12 envoltorios rectangulares de polietileno, que contenía una sustancia vegetal. Solicitaron la presencia de los agentes antinarcóticos. Minutos después arribaron al lugar y tras la prueba de lo hallado, constataron que se trataba de cannabis, con el peso total de 7,081 kilogramos. Por ello labraron acta de secuestro de la sustancia y el demorado de 40 años fue conducido y notificado de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737 a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno», concluyeron.

Estas fueron las palabras de la acusada Daiana Álvarez , tras la audiencia de cesura realizada en la sede de avenida San Martín y Juan B. Justo de Resistencia, en la causa que atiende el homicidio de Evelin Franco.

Un fuerte operativo de seguridad custodió a Álvarez, quien habló frente a las cámaras y reiteró su proclamación de inocencia y aseguró que “si no mostré arrepentimiento es porque no lo hice”, haciendo alusión al homicidio agravado por el vínculo que se la condenó y que el próximo 4 octubre se sabrá la pena que tendrá que cumplir que va de los 8 a los 25 años.

La fiscal Vanesa Fonteina pidió 17 años, el abogado querellante Pablo Vianello pidió 25 y la defensa, Marcelo Cuesta pidió 8 años.

Un joven identificado por la Policía como Facundo Nahuel Vargas, falleció en la madrugada de este lunes luego de protagonizar un siniestro en avenida Bittel, entre calles Wilde y Guevara, de la localidad de Villa Ángela. 

Según informaron desde la seguridad, la víctima fue encontrada “recostado sobre el asfalto” y cerca suyo una moto Bajaj “Rouser”. Pericias sobre la escena y la versión de testigos habrían señalado que el motociclista “colosionó contra el cordón, lo que produjo pierda el control y caiga al asfalto”. 

En el lugar se habría presentado personal médico del hospital de la localidad, quienes diagnosticaron al joven con “traumatismo de cráneo grave, con scalp en cuero cabelludo”, por lo cual se determinó su derivación al hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, sin embargo, el deceso se produjo en el camino. 

Se trata de un hombre de 31 años que fue atrapado con los bienes robados dentro del vehículo en el que se movilizaba. También encontraron en el auto herramientas varias, una bolsa con carne, un tubo de oxígeno y uno de nitrógeno, dinero en efectivo y una bicicleta desarmada.

La policía logró detener en Colonia Elisa a un hombre de 31 años acusado de protagonizar un raid delictivo que comenzó en Capitán Solari y continuó en Colonias Unidas.

El joven circulaba en un automóvil Volkswagen Gol. Luego del aviso brindado desde Colonias Unidas, que daba cuenta del arrebato de un celular a una joven de 24 años, los agentes de Colonia Elisa implementaron un operativo cerrojo en rutas y caminos vecinales.

Cerca de las 2 de la madrugada, en Ruta Provincial N° 9 “Juana Azurduy”, demoraron un vehículo que era guiado por un hombre de 31 años. En el interior del rodado incautaron tres teléfonos celulares, herramientas varias, una bolsa con carne, un tubo de oxígeno y uno de nitrógeno, dinero en efectivo y una bicicleta Top Mega R-29, desarmada.

Tras averiguaciones, establecieron que uno de los celulares fue robado en Colonias Unidas y la bicicleta en Capitán Solari.

Ahora, la policía trata de establecer la procedencia de los demás elementos hallados en el interior del automóvil, que permanece incautado en la unidad.

En el banquillo de los acusados estarán los presuntos líderes de la banda de captores, Rodolfo Lohrmann y José Maidana, quienes se mantuvieron prófugos hasta que en 2017 fueron detenidos en Portugal, acusados de robar bancos y blindados.

A 18 años del secuestro del estudiante correntino Cristian Schaerer, cuyos restos nunca pudieron ser hallados, se aguarda un nuevo juicio por el caso, el cual tendrá en el banquillo de los acusados a los presuntos líderes de la banda de captores, Rodolfo Lohrmann y José Maidana, quienes se mantuvieron prófugos hasta que en 2017 fueron detenidos en Portugal por otros delitos.

Lohrmann, conocido como «Ruso»; y Maidana, alias «Potrillo»; son los imputados número 13 y 14 que tiene la causa penal que se inició el 21 de septiembre de 2003, con la captura de la víctima a manos de una organización criminal que cobró 277.300 dólares de rescate.

Ese Día de la Primavera, Cristian Schaerer fue secuestrado cuando llegaba a su casa del barrio exAeroclub de la ciudad de Corrientes y nunca más se supo su paradero.

Por su parte, Lohrmann y Maidana se encuentran alojados en una cárcel de máxima seguridad de Portugal donde purgan una condena a 8 años de prisión por robos cometidos principalmente a bancos y a camiones blindados, una especialidad para la que reclutaron manos expertas del hampa europeo.

Sus paraderos fueron un misterio durante 14 años para los investigadores del caso Schaerer hasta que fueron detenidos en Portugal, tras lo cual, ambos quedaron procesados por la justicia federal correntina, al tiempo que a Lohrmann ya le fue concedida la extradición ser juzgado en la Argentina.

De acuerdo con las normas que rigen el procedimiento en estos casos de interés internacional, Portugal tiene la obligación de hacer cumplir al delincuente al menos una parte de su condena en Lisboa con lo que podría aterrizar en nuestro país recién en algunos años.

Lohrmann y Maidana cayeron en manos de los investigadores europeos luego de exhaustivos seguimientos en detalle por parte de la policía lusa, que según el fiscal correntino Flavio Ferrini, «actuó con un enorme profesionalismo».

En febrero de 2018, Ferrini junto al por entonces juez federal de Corrientes con intervención en la causa de Schaerer, Carlos Soto Dávila, viajaron a la cárcel de Aveiro donde siguen detenidos Lohrman y Maidana para interrogarlos.

Ambos imputados declararon sobre el hecho pero sin dar detalles que logren dirigir la pesquisa al lugar que se convirtió en un objetivo de máxima para Ferrini y las demás autoridades federales de Corrientes: hallar los restos del joven.

En ese sentido, en 2019, un pormenorizado trabajo de investigación recaló en Brasil, donde ubicaron a un canoero de la zona de la ciudad de Uruguayana, clasificado en la causa como testigo de identidad reservada y que aportó una declaración considerada verosímil por Ferrini y ajustada al plexo de evidencias recolectadas a lo largo del caso.

El canoero declaró tras una negociación intensa y ubicó al sitio del destino final de Cristian en un arroyo formado por las curvas que el río Uruguay dibuja sobre la costa brasileña a la altura de la frontera entre Paso de los Libres y Uruguayana.

Hasta ese arroyo llamado Imboa fue Ferrini junto a un equipo multidiscplinario en el marco de una enorme articulación bilateral, en la que se llevó a cabo una evaluación de impacto ambiental previa al drenaje de un sector del curso de agua para dar con restos del joven secuestrado.

Los resultados fueron el hallazgo del cabo de una pala y trozos de una bolsa de polipropileno, así como algunos huesos que se determinó luego que eran de origen animal.

La hipótesis con la que concluyó este trabajo fue que por el lastre de la corriente en el arroyo Imboa, donde el agua produce un influjo de entrada y salida, los restos del joven fueron arrastrado al río Uruguay.

En tanto, por el caso ya se llevaron a cabo dos juicios orales en los que se condenaron a 12 personas.

Entre fines de 2006 y principios de 2007, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a 25 años de prisión al abogado Pedro Ángel Barbieri y a Néstor Horacio Barczuk, y a una secretaria del profesional, Judith Alvarenga, a 8 años.

El 28 de agosto de 2009, el mismo tribunal condenó a Raúl «Caniche» Salgán y Cristian Carro Córdoba a 25 años de prisión, a Gonzalo Adrián Acosta a 16 y Claudio Cornelli Belén a 12; mientras que otros cinco integrantes de la banda fueron absueltos.

Sin embargo, en 2013, la Cámara Federal de Casación Penal impuso 17 años de prisión para los hijos de Caniche Salgán, Sergio Gustavo y Oscar Antonio Salgán; y a María Esther Sudo; en tanto que para un hijo de ella, Jorge Gabriel Sudo, dictaron una sentencia a 11 años y para el policía Miguel Angel Ramírez, de 18.

Todos los condenados cumplen prisión en diversas cárceles federales del país, a excepción de «Caniche» Salgán, quien murió en septiembre de 2017 en la Unidad Penitenciaria Federal 7 de Resistencia, Chaco.

Por su parte, Barczuk tiene una extradición dictada y confirmada por la Corte Suprema de Justicia para ser juzgado en Paraguay, que también requiere a Carro Córdoba a quien se lo vincula con el secuestro de Cecilia Cubas Gusinky, la hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas.

Una mujer denunció que mientras se encontraba junto a su familia en el patio de su propiedad, vio pasar a gran velocidad por la calle un vehículo Volkswagen, cinco puertas, blanco, que pertenecería a una persona de nacionalidad colombiana. El conductor frenó, y esgrimió desde la ventana del automóvil un arma de fuego y efectuó varios disparos en dirección a su casa. No visualizó vainas servidas, ni daños en su propiedad.

Con los datos aportados por la damnificada, personal de la División Investigaciones de Sáenz Peña comenzaron con las averiguaciones en torno al ataque y establecieron que el propietario del rodado es efectivamente una persona de nacionalidad colombiana.

Recorrieron los lugares que frecuentaba el hombre hasta que lo hallaron e identificaron como A.F.P.R. de 24 años, comerciante, con domicilio en el barrio Lamadrid de la ciudad Termal.

El fiscal del caso dispuso que el sindicado como supuesto autor de los disparos sea notificado de su situación legal. Asimismo, y el rodado en cuestión, un Goltrend, que se encontraba estacionado en la vía pública, calle 27 e/ 8 y 10 barrio Obrero, fue puesto bajo la órbita del fiscal, además se dispuso se proceda a su registro, por lo que en presencia del propietario y testigo se dio cumplimiento a la orden del fiscal.