Entre las distintas promesas económicas que Javier Milei ratificó luego de ser electo presidente, uno de los que mayor preocupación provocó en el sectores de la economía nacional fue el freno de la obra pública, que ya habría generado despidos entre los obreros de la construcción. En ese marco, el ministro del sector hasta el 10 de diciembre, Gabriel Katopodis, expresó sus críticas hacia la postura del futuro mandatario.
«Milei empezó mal», consideró el funcionario en su cuenta de la red social X sobre la medida de frenar la obra pública, y precisó que «comenzaron a llegar los telegramas de despido y serán cientos de miles de trabajadoras y trabajadores los que perderán sus empleos, y sus familias enfrentarán dolor y sufrimiento. No solo eso, provocará que cientos de PyMEs y empresas de la construcción vuelvan a estar en convocatoria de acreedores, tal como sucedió en 2018/19 con el Plan Económico de Mauricio Macri». @mauriciomacri.
Posteriormente, contrastó con su gestión frente al Ministerio de Obras Públicas, con el que «desarrollamos 7.265 obras en todo el país (en acuerdo con gobernadores e intendentes de todos los colores políticos), finalizamos 4.434 y al 19 de noviembre estaban en ejecución 2.308. Ese trabajo nos permitió alcanzar el 100% de los municipios y gobiernos locales, y llegar al récord histórico de 480.000 empleos en el sector de la construcción. El 50% de esos puestos de trabajo dependen de la obra pública».
Para concluir, analizó que «llevar la obra pública a cero» representará para Javier Milei «su primer error». «Sus consecuencias golpearán y retrasarán el desarrollo de Argentina. Ni hablar de las brechas de infraestructura que provocará y las injusticias sociales que profundizará. Estoy seguro que nuestra sociedad no votó menos universidades, escuelas, rutas, viviendas, hospitales, centros de desarrollo infantil, agua potable, cloacas, gasoductos, puertos o vías férreas».
Comunicado de la UOCRA: «profunda preocupación» por «el futuro de la obra pública»
La conducción nacional de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), el sindicato lidera Gerardo Martínez, expresó a través de un documento su «profunda preocupación» respecto de «la incertidumbre provocada por las manifestaciones mediáticas» del Presidente electo, Javier Milei, «sobre el futuro de la obra pública». Determinaron el estado de alerta de la organización gremial.
El comunicado firmado por Martínez, quién además es secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, se pronunció en defensa de los 220.000 puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución, rechazando además las afirmaciones del dirigente La Libertad Avanza (LLA), ya que «arriesgan la continuidad laboral de esos trabajadores».
La Uocra advirtió también al sector empresario de la industria que el actual Gobierno (aún en ejercicio hasta el 10 de diciembre), tiene «garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso». Además agregaron que «no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social».
Obra pública: cómo es el modelo “a la chilena” que propone Javier Milei
El presidente electo Javier Milei ratificó que su modelo a seguir para levantar obras de infraestructura es el de Chile, país que aplica el sistema de obra público-privada, el mismo que intentó Mauricio Macri en 2018. Cuáles son las luces y sombras de una modalidad que reemplazaría a la obra pública, que hoy emplea a más de 250.000 trabajadores de forma directa.
El esquema de Participación Público Privada (PPP) al que hace referencia se implementó en la década de los 90 y significa que el Estado le otorga la facultad al empresariado de llevar adelante una obra de infraestructura a cambio del usufructo de un bien mediante concesiones. El ejemplo más claro es un corredor vial, donde el privado cobraría peaje a cambio de realizarlo, pero también en Chile se han realizado bajo esta modalidad aeropuertos y cárceles.
“El sistema PPP varía de proyecto a proyecto. Lo único que no es, es obra pública, aquella donde el Estado define la obra, la manda a licitación, un privado gana la licitación y el Estado va pagándole a medida que se va haciendo. Así, la obra es estatal y se hace cargo de su administración. Cuando los Estados no tienen plata ni forma de financiamiento, llega la PPP”, explica el economista y especialista en este modelo Genaro Grasso a Ámbito.
Es importante aclarar que el Estado chileno mantiene una porción de sus obras de infraestructura bajo la mano del Estado: según el propio Ministerio de Obras Públicas, el gobierno invierte el 4,1% del PBI. “Invertiremos más de u$s2.000 millones en licitaciones y relicitaciones como, por ejemplo, obras públicas concretas como el teleférico que unirá Iquique con Alto Hospicio”, reza en su página web. El número incluso está por debajo de la inversión real directa consolidada en Argentina, que fue de 2,8% del PBI en 2022. Milei hasta ahora sostuvo que solamente el sector privado llevará a cabo las obras: “Si no es rentable para el mercado, entonces no es deseable socialmente», sostiene el presidente electo. Cabe el interrogante respecto del futuro de las obras donde prima el concepto de necesidad por sobre el de rentabilidad.
Fuente: Ámbito.
