Una mujer identificada como E.E.S. fue imputada por la Unidad Fiscal de Rosario por presunta trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. La acusada, quien desde su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos, controlaba un domicilio en el barrio Martin, donde una mujer fue obligada a trabajar como cuidadora de su madre y realizar servicio doméstica durante 22 años sin percibir remuneración.
La investigación indica que la explotación se extendió a lo largo de más de dos décadas, cesando recién en octubre pasado tras un allanamiento que incluyó a la Policía Federal y la Secretaría de Derechos Humanos.
Según detallaron las fiscales a cargo del caso, la víctima, actualmente de 37 años, había sido captada en la provincia de Corrientes y trasladada a Rosario en 2003, cuando tenía 14 años.
Desde su llegada, la mujer fue obligada a realizar múltiples tareas domésticas y de cuidado en la vivienda del barrio Martin. Sus jornadas laborales eran completas, sin la posibilidad de retirarse de la casa.
Según establecieron los investigadores, la víctima no percibió ningún tipo de remuneración por sus servicios, no tuvo acceso a descansos, vacaciones, ni aguinaldos, y careció de aportes previsionales y cobertura de salud durante todo el periodo.
La imputada, E.E.S., participó de la audiencia judicial por videollamada desde su país de residencia, asistida por el abogado defensor Gustavo Feldman. La víctima estuvo representada por las defensoras públicas Rosana Gambacorta y María Belén Penisi, quienes la acompañaron con soporte psicológico e interdisciplinario.
El control de la acusada sobre el domicilio de Rosario era con un sistema de cámaras de seguridad y le había entregado un celular a la víctima. Este mecanismo garantizaba que la mujer se mantuviera confinada en la vivienda.
Imputación
La imputación se condice con la modalidad de acogimiento, doblemente agravado por abuso de una situación de vulnerabilidad y al tener en cuenta que se consumó la explotación en perjuicio de la víctima, en tanto, se consideró la acusación desde 2022 hasta 2025, cuando subrogó el lugar de su madre en el control de lo que ocurría dentro del domicilio.
Si bien las fiscales no atribuyeron la totalidad de los 22 años de explotación a la señalada, sostuvieron que “hay conductas penalmente relevantes, porque desde que tomó la dirección de los asuntos de la casa tuvo la posibilidad de hacer cesar el estado de servidumbre”. Pero no lo hizo.
