El Poder Ejecutivo promulgó una ley que otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante la 45ª Asamblea General en 2015.
La promulgación se realizó mediante el decreto 795/2022, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Justicia, Martín Soria.
La ley Nº27.700, que otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, fue sancionada el 9 de noviembre pasado.
Esta Convención busca «promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad».
La Convención había sido aprobada en la Argentina a través de la Ley 27.360, sancionada en mayo de 2017, pero la actual promulgación amplía el estatus del marco normativo en el que se apoyan los programas y proyectos de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
Además, coloca «en paridad» a los derechos de las personas mayores con otros grupos en situación de vulnerabilidad que están amparados en otros documentos internacionales de igual rango, como la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.
A partir de este documento adoptado por la OEA, los Estados parte se comprometen a prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, los tratamientos médicos inadecuados y los malos tratos o penas crueles.
Además, los Estados firmantes se comprometen, entre otras cuestiones, a fomentar una «actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre la base de una cultura de paz, impulsar acciones de divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez».
