Segunda ola: cierre de fronteras, vuelos suspendidos y medidas sanitarias para viajeros

El Gobierno nacional estableció las condiciones para el egreso e ingreso a país en el marco de la nueva ola de coronavirus y ratificó la suspensión de los vuelos provenientes del Reino Unido, Chile, Brasil y México.

El Gobierno nacional oficializó la prórroga del cierre de las fronteras del país hasta el 30 de abril, en el marco de las medidas adoptadas para contener la segunda ola de coronavirus. También ratificó la suspensión de los vuelos provenientes del Reino Unido, Chile, Brasil y México, y amplió los requisitos para el ingreso al país.

Así lo estableció mediante la Decisión Administrativa 342/2021, publicada este sábado en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y su par de Salud, Carla Vizzotti.

Además de prorrogar el cierre de las fronteras, la norma indica que la Administración Nacional de Aviación Civil «mantendrá la suspensión de las autorizaciones que se hubieran dispuesto relativas a las operaciones de transporte aéreo de pasajeros en vuelos directos que tengan como origen o destino el Reino Unido, y como origen Brasil, Chile, México».

Se establece que el ministerio de Transporte podrá «ampliar o reducir la nómina de países, o establecer excepciones al presente artículo, con el fin de atender circunstancias de necesidad».

Requisitos para el ingreso

En la misma norma, se dispone una ampliación de los requisitos para el ingreso al territorio argentino de los operadores de transporte, transportistas y tripulantes.

Para los transportistas extranjeros que ingresen por vía terrestre, se indica que deberán adjuntar a la declaración jurada, el resultado negativo de la prueba para SARS-CoV-2 realizada dentro de las 72 horas que antecedan al ingreso al país.

En tanto, para los transportistas y tripulantes nacionales se establece que deben realizar un testeo de antígenos dentro de las 72 horas desde su ingreso al país.

«Quienes resulten positivo en la prueba mencionada deberán realizar a continuación el test de PCR para su secuenciación genómica, según indicación del Laboratorio Nacional de Referencia», se señala.

Las tripulaciones de buques internacionales compuestas por personas extranjeras, deberán cumplir con los protocolos que defina la autoridad sanitaria nacional, para asegurar su trazabilidad y «tienen prohibido su relevo en territorio argentino, debiendo permanecer embarcadas», dice al decisión administrativa.

«La salida y el reingreso implicará la aceptación de las condiciones sanitarias y migratorias del país de destino y de la Argentina al regreso, asumiendo las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de la misma»

Por su parte, las tripulaciones de buques internacionales compuestas por personas nacionales o residentes en el país deben someterse a testeos con antígenos dentro de las 72 horas de su regreso al país.

En el mismo sentido, las tripulaciones aéreas internacionales compuestas por personas extranjeras deben cumplir con los protocolos que defina la autoridad sanitaria nacional, para asegurar su trazabilidad y movilizarse dentro del país bajo la modalidad burbuja, con estricta supervisión de los operadores de transporte respectivos.

Las tripulaciones aéreas internacionales compuestas por personas nacionales o residentes en el país deben someterse a testeos con antígenos al menos cada 15 días o plazo menor que podrá estipular la línea aérea.

Mantener el flujo con precauciones

En su artículo 4, la norma indica que la Administración Nacional de Aviación Civil adoptará «los recaudos pertinentes a efectos de mantener un flujo diario de vuelos de ingreso» así como las demás medidas sanitarias exigidas para prevenir y mitigar la propagación de la COVID-19.

Asimismo, el Gobierno nacional reitera en la norma publicada este sábado la recomendación de que quienes ingresen en el país -sobre todo los mayores de 60 años o personas pertenecientes a los grupos de riesgo- difieran sus viajes al exterior, cuando no respondan al desarrollo de actividades esenciales.

«La salida y el reingreso desde y hacia el país implicará la aceptación de las condiciones sanitarias y migratorias del país de destino y de la Argentina al regreso, asumiendo las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de la misma», aclara el texto.

Ratifica además que los viajes grupales de egresados, de jubilados, de estudio, para competencias deportivas no oficiales, de grupos turísticos y de actividades recreativas y sociales se encuentran suspendidos.

En los considerandos de la medida, se indica que «muchos países se encuentran en situación crítica en su sistema de salud, destacándose Brasil con ocupación crítica de unidades de terapia intensiva en la mayoría de sus estados» y se refiere a las «nuevas variantes del SARS-CoV-2, con más transmisibilidad y, potencialmente, más gravedad».

El Estado será querellante en la causa contra Macri por la deuda con el FMI

El Procurador del Tesoro Nacional Carlos Zannini recibió este viernes la instrucción del Gobierno nacional. El Presidente había definido el endeudamiento como «la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».

El Gobierno instruyó al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante en representación del Estado en la causa que investiga si existió «administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública» por parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La decisión fue tomadas a través del Decreto 239/2021 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán.

En el artículo 1° del decreto se «instruye al Procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N° 3561/2019 ‘Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública'».

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal.

La norma sostiene la necesidad de que el Procurador «coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado».

La decisión presidencial

El endeudamiento asumido durante el gobierno de Cambiemos con el FMI, fue definido por el presidente Alberto Fernández en marzo pasado -al abrir las sesiones ordinarias en el Congreso- como «la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».

En ese marco, el Presidente anunció que impulsará una querella criminal para abrir la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos.

En tanto, en el artículo 2° del decreto también se instruye al Procurador «a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal».

Del mismo modo, determina que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) debe analizar «la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios».

Las autoridades también solicitan la «colaboración» del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en sus materias de competencia.

En relación a esta situación, la Comisión Bicameral Parlamentaria de Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Externa acordó este viernes invitar al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a funcionarios de la Sindicatura General de la Nación, el Banco Central y la Oficina Anticorrupción para que brinden informes sobre nivel de endeudamiento y negociaciones en curso.

El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, al ser ratificado como presidente del cuerpo, accedió al pedido de senadores y diputados de ambas bancadas en una reunión que se realizó por videoconferencia.

En ese marco, el diputado nacional del oficialismo José Luis Gioja planteó también la necesidad de convocar a autoridades de la SIGEN, de la Procuración General del Tesoro, de la Oficina Anticorrupción y del Banco Central para que ofrezcan precisiones sobre la causa del endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri.

Desde Juntos por el Cambio, el senador radical Ernesto Martínez, pidió la presencia del ministro Guzmán para dar precisiones sobre la renegociación de la deuda emprendida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de Paris.

Al aceptar la propuesta, Mayans dijo que «la renegociación con ambos organismos es la más difícil que la Argentina tiene por delante» y consideró que «puede servir para cambiar los valores del sistema financiero de nuestro país, sobre todo de estas tasas que son realmente monstruosas e impiden el desarrollo de nuestra economía».

El senador por Formosa explicó que el Gobierno nacional procura «bajar los intereses y mejorar los tiempos para que la Argentina asuma un compromiso que pueda cumplir».

El Parlamento «deberá también resolver si va a acompañar o no la negociación por la deuda», agregó.

El 1 de marzo pasado, en el marco de la Asamblea Legislativa, el Presidente anunció el inicio de la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Zannini.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente anunció que había «instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».

Continúa el pico de casos: 24.130 contagios en las últimas 24 horas

El pasado martes 6 se estableció un nuevo récord de casos desde el inicio de la pandemia con 20.870 nuevos infectados, pero los números siguieron subiendo: el miércoles 7 hubo 22.039 y el jueves 23.683.

Otras 228 personas murieron y 24.130 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras el presidente Alberto Fernández anunció la llegada de más vacunas rusas y chinas a mediados de abril para «acelerar el ritmo de la vacunación» y apeló a la conciencia social para respetar las medidas de restricción que apuntan a mitigar la segunda ola.

Según las cifras oficiales informadas este viernes, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 57.350, en tanto que los infectados llegaron a 2.497.881, de los cuales 2.203.926 son pacientes recuperados y 236.605 casos confirmados activos.

El Ministerio de Salud indicó que son 3.718 los internados en unidades de terapia intensiva (UTI), con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 59,1% en el país y del 67% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

El número de casos confirmados de la jornada se detalla del siguiente modo: Buenos Aires 12.452, Ciudad de Buenos Aires 2.601, Catamarca 128, Chaco 224, Chubut 193, Corrientes 433, Córdoba 1.867, Entre Ríos 452, Formosa 100, Jujuy 54, La Pampa 214, La Rioja 60, Mendoza 1.056, Misiones 170, Neuquén 175, Río Negro 208, Salta 247, San Juan 226, San Luis 443, Santa Cruz 176, Santa Fe 1.427, Santiago del Estero 223, Tierra del Fuego 151 y Tucumán 850.

El Gobierno analiza una «mejora en los montos» del programa Repro II

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, anticipó que, en el marco de la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país, el Gobierno Nacional anunciará medidas para asistir a empresas mediante el Programa de Recuperación Productiva.

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, afirmó este viernes que el Gobierno analiza «mejorar los montos» de la asistencia a las empresas a través del Programa de Recuperación Productiva (Repro II) en el marco de la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país.

En declaraciones radiales, la funcionaria adelantó que «seguramente» tras la reunión del gabinete económico prevista para hoy, estarán anunciando «una ampliación del Repro II que incluirá a los sectores que aún no se recuperaron».

Todesca añadió que el Repro II «no se trata del hermanito menor del IFE» sino que «es mejor».

Además, recordó que los días 20 de cada mes se puede ingresar a la página de la AFIP para solicitarlo y llamó a las empresas a estar atenta a esa inscripción este mes.

«A través del Repro II atendemos a todos los sectores. Es muy sencillo, quienes están en problemas pueden ingresar en la página de la AFIP e inscribirse. Estamos pensando en mejorar los montos durante esta segunda ola de la pandemia», señaló Todesca Bocco en las entrevistas que concedió a Radio 10 y La Red,.

Encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el gabinete económico se reunirá en la Casa de Gobierno a partir de las 12:30 para realizar un seguimiento de la situación de los distintos sectores productivos y analizar el impacto de las últimas medidas tomadas para luchar contra la pandemia de coronavirus.

Del encuentro participarán la vicejefa de Gabinete y los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni.

También asistirán el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

Resolución oficial: obligan a grandes empresas a producir al máximo y asegurar la distribución

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación resolvió intimar a las grandes empresas de los sectores de comercio e industria a fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada, mientras persista la emergencia sanitaria.

Lo hizo a través de la resolución 330/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que la intimación abarca desde la provisión de insumos hasta los bienes finales, el transporte, la distribución y comercialización.

Además, destacó que el objetivo de la norma es prevenir, en el contexto de recrudecimiento de la pandemia por la Covid-19, una reducción injustificada en la oferta de productos para el mercado interno.

La medida rige para aquellas compañías del sector industrial que facturen más de $ 3.955,2 millones por año y las del sector comercial que registren una facturación anual superior a $ 3.698,27 millones.

Su incumplimiento hará que las empresas infractoras puedan recibir sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento.

Comercio Interior explicó que tomó esta medida “luego de advertir la existencia de situaciones de escasez de insumos y bienes finales que son particularmente perjudiciales en la coyuntura de emergencia sanitaria”.

“Con esta intimación a incrementar la producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y asegurar el transporte, la distribución y comercialización, se busca resguardar el interés económico general y evitar situaciones de desabastecimiento que puedan perjudicar a las y los consumidores”, indicó el área que conduce Paula Español, a través de un comunicado.

La AFIP amplió la denuncia contra Vicentin por maniobras fraudulentas con facturas apócrifas

La presentación realizada ante la Justicia Federal de Reconquista consiste en la ampliación de la primera denuncia realizada en agosto del año pasado contra la firma cerealera por utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas para solicitar reintegros de IVA por más de $111 millones, informaron a Télam fuentes judiciales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) amplió este jueves la denuncia penal contra la empresa Vicentin por el uso indebido de beneficios fiscales.

La presentación realizada ante la Justicia Federal de Reconquista consiste en la ampliación de la primera denuncia realizada en agosto del año pasado contra la firma cerealera por utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas para solicitar reintegros de IVA por más de $111 millones, informaron a Télam fuentes judiciales.

De esta forma, entre ambas presentaciones, la AFIP denunció a Vicentin por maniobras fraudulentas por $140 millones.

La ampliación de la denuncia está motivada en tareas de control llevadas a cabo por el organismo donde se detectaron nuevas operaciones de exportación en los períodos 2016 y 2017 por las que la firma solicitó reintegros de IVA que se encontraban respaldadas con documentación apócrifa.

A partir de las tareas de fiscalización se comprobó que los emisores de los documentos apócrifos que dieron base a las solicitudes de reintegros carecían de capacidad económica y/u operativa para realizar las operaciones, no poseían plantas de acopio, ni podían justificar el origen de los granos.

Durante el proceso de fiscalización desarrollado por la AFIP la firma no aportó elementos que permitieran acreditar la legitimidad del derecho a obtener los reintegros percibidos.

El Estado será querellante en la causa contra Macri por la deuda con el FMI

El Procurador del Tesoro Nacional Carlos Zannini recibió este viernes la instrucción del Gobierno nacional. El Presidente había definido el endeudamiento como «la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».

El Gobierno nacional instruyó al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante, en representación del Estado, en la causa que investiga si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” de parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios, en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así se estableció por medio del Decreto 239/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán, según informó la agencia Telam.

En el artículo 1° del decreto se “instruye al Procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N° 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal.

El artículo 1 agrega la necesidad de que el Procurador “coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado”.

El endeudamiento asumido durante el gobierno de Cambiemos con el FMI, fue definido por el presidente Alberto Fernández en marzo pasado -al abrir las sesiones ordinarias en el Congreso- como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

En ese marco, el Presidente anunció que iniciará una querella criminal para impulsar la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos.

En tanto, en el artículo 2° del decreto publicado este viernes, también se instruye al Procurador “a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.

Del mismo modo, se instruye a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) “para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios”.

Las autoridades también solicitan la “colaboración” del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en sus materias de competencia.

“La mayor administración fraudulenta”

En el marco de la Asamblea Legislativa de marzo pasado, el Presidente anunció el inicio de la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Zannini.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo pasado, el Presidente reveló que había “instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

En los días previos, comenzó a circular por despachos oficiales la denuncia del director del Banco Nación, Claudio Lozano, contra Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, entre otros, por la toma de deuda presentada en 2019, según pudo reconstruir Télam.

Esa denuncia formó parte de la documentación que la conducción del Banco Central, elevó a la Sigen.

Después de 14 días de vacunados, trabajadores y trabajadoras pueden ser llamados a la presencialidad

El Gobierno nacional estableció este viernes que los empleadores podrán convocar a retornar a la actividad laboral presencial a los trabajadores, incluidos los dispensados, que hubieren recibido la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el coronavirus. 
 
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución Conjunta 4/2021, de los ministerios de Salud; y Empleo y Seguridad Social, con la firma de los titulares de esas carteras; Carla Vizzotti y Claudio Moroni, respectivamente. 
 
Los trabajadores y trabajadoras podrán ser convocados «independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación», agrega el texto. 

No obstante, actualmente rige para la administración pública y la recomendación para el sector privado de promover en las actividades que así lo permitan el teletrabajo, con el fin de reducir la circulación de personas frente al avance de la segunda ola de coronavirus. 
 
En su articulado, la norma publicada este viernes en el Boletín Oficial aclara que quienes «tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiere originar a los empleadores o empleadoras». 
 
La Resolución Conjunta incluye al segmento considerado a),b) y c), entre los que se encuentran trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, trabajadoras embarazadas, trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo. 
 
En los considerandos, las autoridades tienen en cuenta que, «con los resultados disponibles al momento, las vacunas utilizadas en la Argentina demostraron una adecuada eficacia para la prevención de las formas graves y de la muerte por la enfermedad, lo cual disminuye el riesgo y posibilita el retorno de los trabajadores y las trabajadoras a sus lugares de trabajo». 

Quemaron 5 toneladas de marihuana y 9 kilos de cocaína de los operativos «Brujas Verdes» y «Fondo Blanco»

La Policía de la Ciudad realizó ayer en el Cementerio de la Chacarita la primera quema de droga del año con la incineración de cinco toneladas de marihuana y 9 kilogramos de cocaína, incautados en dos importantes operativos de los últimos meses que tenían como destino distintos barrios porteños.

El acto estuvo encabezado por el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; acompañado del subsecretario de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Sassano, el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, y el subdirector general de Control Aduanero de la AFIP, Diego Figueroa.

También asistieron el director general de Seguridad Comunal e Investigación Criminal, Maximiliano Piñeyro, la superintendente de Investigaciones, comisario general Ana Molina, y el comisario inspector José Salles Paz, titular del Departamento Lucha contra el Crimen Organizado.

«Son secuestros de diferentes operativos que vienen realizando las áreas de investigaciones de la Policía de la Ciudad con un grado de efectividad muy importante. Un trabajo que contó con las herramientas provistas por el Juzgado Federal Número 4, a cargo del doctor Ariel Lijo, a quien quiero agradecer, y en conjunto con personal de Aduana, lo que nos permitió hacer el seguimiento de los camiones que ingresaban a la Ciudad de Buenos Aires para distribuir y comercializar la droga», sostuvo D’Alessandro.

Para el funcionario, «este es el éxito de lo que fue la desfederalización de la droga, y así poder limpiar los barrio de la Ciudad de Buenos Aires, para que los estupefacientes no lleguen a nuestros hijos, ni a nuestros jóvenes, y así construir una Ciudad más segura».

Por su parte parte, Berard resaltó que para llegar a las incautaciones de esta cantidad de droga se trató de «un trabajo paciente de los investigadores de la lucha contra el narcotráfico, de manera profesional. Encontrar la red de distribución y la red de contrabando».

Salles Paz, en tanto, explicó que el departamento policial que tiene a su cargo lo conforman «dos divisiones especializadas en organizaciones criminales complejas en la que vamos a seguir trabajando con este tipo de causas, utilizando tecnología de avanzada para poder cortar con las redes delictivas y así evitar que invadan la Ciudad».

Los procedimientos en los que se secuestró la droga fueron llegados adelante por personal de Brigada de la Comisaría Comunal 4 de la Policía de la Ciudad, con el aporte de efectivos de Precursores Químicos, y que permitieron sacar de circulación a una gran cantidad de estupefacientes que iban direccionados a los barrios porteños.

Uno de los procedimientos fue el denominado «Brujas Verdes», en el que se incautaron cinco toneladas de marihuana en la localidad correntina de Santo Tomé, que eran transportadas en una camión hacia la Ciudad.

La investigación llevó varios meses y se advirtió que una banda de narcotraficantes iba a transportar droga desde Puerto Iguazú para comercializarla en territorio porteño.

Personal de la Policía de la Ciudad envió una comisión a las provincias de Entre Ríos y Corrientes, y se implantó una vigilancia en todo el tramo de la Ruta 14 para identificar al cargamento que viajaba en una camión Mercedes Benz y que había parado en una estación de servicio de Santo Tomé.

Con la cooperación de la Policía de Corrientes y de la Policía Federal, se detuvo al conductor, y se llevó el camión hacia la Aduana de Santo Tomé, donde por medio del escáner se detectó que en la carga no había pintura, sino panes de marihuana sellados, que fueron verificados mediante una orden judicial y en presencia de testigos.

El camión con la droga fue trasladado a la Comisaría Comunal 4 de la Policía de la Ciudad, donde se hicieron los peritajes correspondientes y se confirmó un pesaje de estupefacientes de 5.080 kilogramos, repartidos en 6.200 panes, de distintos envoltorios según los clientes, a un valor de mercado aproximado en más de 100 millones de pesos.

En tanto, también se quemaron 9 kilogramos de cocaína que fueron incautados en un operativo realizado en el barrio de Villa Ortúzar, donde se halló la droga escondida en un doble fondo en un automóvil Volkswagen Bora.

Este operativo, denominado «Fondo Blanco», llevó una investigación previa que determinó que el vehículo vendría a la Ciudad proveniente de Salta para distribuir la droga en el Barrio Zavaleta.

Los policías detuvieron al rodado en Villa Ortúzar y a su conductor, que confirmó que en 2010 había formado parte de una banda que robaba camionetas.

Al revisar el auto, los oficiales hallaron la droga, distribuida en diez ladrillos en un doble fondo de la parte trasera del vehículo. La cocaína encontrada tiene un valor de mercado aproximado en 12 millones de pesos.

Esta fue la primera incineración de droga del año de la Policía de la Ciudad, que en 2020 destruyó más de 6.000 kilogramos de estupefacientes.

Volvieron a internar a la madre de la nena M en el hospital Fernández

Tras varias horas de búsqueda, la mujer fue encontrada en el Barrio Cildañez, donde ella vivía con su hija M. y regresó a la internación en el Hospital Fernández.

La madre de M., la menor de siete años que estuvo desaparecida durante tres días en marzo pasado y fue encontrada en la ciudad bonaerense de Luján junto al hombre que se la llevó en bicicleta, fue internada nuevamente hoy en el Hospital Fernández tras haber abandonado un centro de rehabilitación.

Así lo confirmaron a NA fuentes del Ministerio de Desarrollo y Hábitat porteño, que agregaron que desde este jueves Stella Díaz permanece en la institución médica para continuar con el tratamiento de desintoxicación de su adicción a las drogas.

«Ayer (por el miércoles) dejó el Hospital Fernández y fue acompañada por el equipo del ministerio a la Comunidad Terapéutica El Reparo de San Miguel, donde luego de la entrevista de admisión, aceptó quedarse y de manera voluntaria iniciar el tratamiento, pero a las pocas horas se fue», comentó una de las fuentes consultadas.

En ese momento, personal de la Comunidad El Reparo puso en conocimiento de lo ocurrido a la Dirección General de Adicciones del Ministerio de Desarrollo (DGPSA), desde donde se contactaron con la familia y referentes de Estela, pero nadie sabía dónde estaba.

Tras varias horas de búsqueda, la mujer fue encontrada en el Barrio Cildañez, donde ella vivía con su hija M. y regresó a la internación en el Hospital Fernández.