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Cerca del 60% de la población total ocupada -estimada en 16.836.669 personas- percibió un ingreso promedio de $ 33.300 al término del cuarto trimestre del año pasado, en un contexto de deterioro de la distribución del ingreso en medio de la pandemia de coronavirus, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El informe «Distribución del Ingreso» precisó que el 10% más pobre de la población explicaba el 1,5 % de los ingresos al cierre del cuatro trimestre de 2020, mientras que el 10% más rico representaba el 31% del total.

En lo que respecta al nivel de equidad, el informe del Indec precisó que el Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,435 al cierre del cuarto trimestre de 2020; mientras que en el mismo trimestre de 2019, fue de 0,439, lo que muestra una leve disminución de la desigualdad.

El Coeficiente de Gini es una relación matemática que tiene al «0» como el nivel de mayor igualdad y al «1» como el de mayor desequilibrio.

En lo que respecta a los ingresos en sí, la dependencia oficial precisó que el 58,6% de la población total -estimada en 16.836.669 personas- percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $33.306.

«Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivale a $12.150; el del estrato medio (deciles del 5 al 8), a $31.766; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $78.723», detalló el Indec.

Respecto a la población ocupada, al cierre del cuarto trimestre se registró un ingreso promedio de $33.217 y un ingreso mediano de $28.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas.

Al interpretar los números del Indec, de los datos surge que alrededor del 60% de la población ocupada ganaba hasta $ 33.000 al término del cuarto trimestre del año pasado.

El Indec, al dar cuenta del ingreso familiar por hogares, señaló que el 60% de estas unidades lograban sumar salarios de hasta $ 57.000 en el cuarto trimestre de 2020.

Al cierre del año pasado, la Canasta Básica Total, que fija el umbral por debajo del cual se cae en la línea de la pobreza, registró un incremento de 39,1%, por lo a que una pareja con dos hijos necesitó percibir ingresos por un monto total estimado en $ 54.207 para cubrir esas necesidades.

Así, el índice de pobreza llegó al 42% al término del segundo semestre del 2020, 6,5 puntos porcentuales por encima del 35,5% de igual período de 2019, informó el Indec.

Además, el Índice de Indigencia, que comprende a las personas cuyos ingresos no alcanzan para comprar el mínimo de comida para la subsistencia, se ubicó en el 10,5%, contra el 8% del semestre julio-diciembre de 2019.

Esta desmejora en la distribución del ingreso se produjo en un período de 12 meses en el que la actividad económica retrocedió 9,9 %, el índice de desocupación subió al 11 %, frente al 8,9% de finales del 2019, y los Precios Minoristas aumentaron el 36,1 %.

Ante ese nivel de inflación, el Índice de Salarios aumentó 33 %, en promedio durante el año pasado, con un alza del 34,4% en los ingreso del sector privado registrado, del 26,8 % del sector público, y una suba del 39 % de los trabajadores “en negro”, a pesar de ser este el sector más afectado por el aumento de la desocupación.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, expresó hoy que el organismo se mantiene «comprometido de manera muy constructiva con el país», al tiempo que reconoció que la entidad realizará una revisión en la política de tasas de interés en beneficio de países emergentes, entre los que se encuentra la Argentina.

Precisamente esto último fue el planteo que realizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, hoy ante sus pares de G20, donde destacó la necesidad de impulsar una serie medidas para beneficiar a los países de ingresos medios que son lo que presentan mayores desafíos durante la pandemia, como la reducción de los costos de interés de los préstamos y la generación de un fondo de reservas del FMI.

Durante su discurso en la segunda reunión virtual de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos centrales del G20, Guzmán consideró «crucial» la creación de un fondo de reservas con dinero del FMI (el DEG) para países emergentes, en línea con la propuesta conjunta que presentaron la Argentina y México ante el foro. Georgieva, por su parte, dijo que «estamos comprometidos de manera muy constructiva con Argentina. Los dos equipos, nuestro equipo y el equipo argentino están trabajando».

La titular del FMI se manifestó de esta forma al responder a una consulta periodística, en el marco de una conferencia de prensa que dio inicio formal a la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial. «Y así -continuó-, durante la visita del ministro (Martín) Guzmán, tuvimos la reunión constructiva en ese momento; los dos equipos acordaron algunos principios generales para el programa y el trabajo continúa, Avanzaremos con él».

Sin plazos

Luego ahondó: «Cuando el acuerdo esté en vigor, lo llevaremos a nuestra junta directiva», aunque no dio plazos. En tanto, al ser consultada sobre la política de modificación de tasas que pide el ministro Guzmán, se mostró en sintonía con el planteo de la iniciativa.

«Cuando miramos el punto que el ministro Guzmán está haciendo sobre las tasas de interés, tenemos que reconocer dos cosas: en primer lugar, que está trayendo este punto en el momento en que el Fondo pasará por una revisión periódica de nuestros cargos y ése es el momento en que se pueden discutir este tipo de cuestiones», dijo.

En segundo lugar, prosiguió, «hay una razón por la que el Fondo ha introducido en el pasado recargos por acceso excepcional, y es crear un incentivo para que los países ingresen y salgan de los programas de la manera más eficaz y rápida posible». Y continuó: «Dado que el Fondo es una institución que concede préstamos a los países la mayoría de las veces cuando se enfrentan a dificultades, eso plantea un alto riesgo y, por lo tanto, requiere que el Fondo también construya para la membresía una fuerza a través de equilibrios preventivos», explicó, respecto de la actual política de tasas de interés que se diseñó con anterioridad a la pandemia.

«Todo esto, -agregó-, es en el sentido de la gestión financiera prudente de los recursos del Fondo que se toma la decisión sobre los cargos (a los préstamos)». «Y como dije, habrá una revisión; y como siempre, escuchamos a los miembros y luego buscamos un camino hacia lo que tiene más sentido y dónde está el consenso entre los miembros», concluyó.

Guzmán, por su parte, puntualizó que «es crucial identificar mecanismos que permitan una reasignación voluntaria de nuevos DEG no utilizados (por países avanzados) a todos los países en desarrollo, incluidos los países de ingresos medios», al apoyar la decisión del G20 y del FMI de avanzar con la designación de DEG para los países miembros del FMI, que aportarán unos 650.000 millones de dólares adicionales en reservas.

En esa línea, Argentina y México plantearon hoy de manera conjunta ante el G20 la creación de un fondo de reservas con la moneda del FMI (DEG), para que pueda ser utilizada por los países de ingresos medios, que son los que más sufren los costos financieros de las altas tasas de los préstamos.

En una declaración firmada por ambos países presentada hoy por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su par mexicano Arturo Herrera, solicitaron «analizar, sin descartar mecanismos bilaterales o de otro tipo para hacer uso de la próxima asignación de DEGs, la posibilidad de crear un fondo específico en el seno de las Instituciones Financieras Internacionales, que favorezca una reestructuración más ordenada de la deuda de los países de ingreso medio en dificultades o la mejora de sus condiciones de financiación».

El G20 dio mandato al FMI para elevar la emisión de moneda del FMI (DEG), que servirá para complementar las reservas de todos los países miembro, durante la última reunión de ministros de finanzas que se celebró en febrero. De esta forma, Georgieva avanzó en la propuesta para dotar al FMI de US$ 650.000 millones extras, que los países recibirán según la asignación de la cuota que tenga cada uno en el organismo. Para la Argentina, cuya participación es de 0,67%, el monto a recibir será de alrededor de US$ 4.354 millones.

La venta de materiales para la construcción creció en marzo 103,7% respecto a igual mes de 2020, en el que se puso en marcha las medidas de aislamiento por el coronavirus, según el índice elaborado por el Grupo Construya. Frente a febrero pasado, las ventas retrocedieron 5,12%, mientras que el acumulado del primer trimestre mostró una mejora de 44,6% interanual.

“Con los datos de marzo se afianza el amesetamiento de las ventas luego de la recuperación del sector de los materiales de la construcción post cuarentena, hecho que acompañó de alguna manera el aumento de construcción empujado por la baja reflejada en dólares de los costos”, destacaron desde Grupo Construya.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y caños de conducción de agua, pisos y revestimientos cerámicos.

El Grupo Construya es una asociación civil creada en 2002 que tiene como objetivo fomentar la construcción y la cultura de la calidad en dicha industria en el país, y agrupa a las empresas nacionales más importantes en la producción y comercialización de materiales.

Este registro del Senasa es el primer paso para otros trámites y poder acceder a beneficios de eximición en el pago de aranceles. 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) solicitó a las y los agricultores familiares que posean tambos, inscribirse en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa).  La inscripción es gratuita y puede realizarse de manera presencial en las 20 oficinas que posee el Senasa en todo el territorio chaqueño o por autogestión a través de la página de la AFIP (con la clave fiscal, CUIT y declaración de un correo electrónico).

El Renspa asocia a las y los productores con su producción y el predio en donde desarrolla la actividad y es el primer paso para otros trámites que posibilitan la comercialización de sus productos. Además, si están inscriptos también en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (ReNAF) podrán acceder a importantes beneficios como la eximición de aranceles del Senasa relacionados a inocuidad, sanidad tanto animal como vegetal, y de solicitud de análisis en laboratorio oficial para quienes participen de un proyecto con acompañamiento técnico.

El encuentro

La importancia de la inscripción en el Renspa fue abordada en una reunión realizada el pasado 6 de abril en la que participaron representantes del Senasa, el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo de la Provincia del Chaco, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), el Laboratorio de Sanidad Animal de la Provincia y el ente sanitario del Departamento Bermejo.

En el encuentro, las instituciones comenzaron a elaborar una propuesta de trabajo para acompañar a los agricultores familiares chaqueños que posean tambos y facilitar la implementación del Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina (Resolución Senasa 77/21). Es así que las instituciones mencionadas, en primera medida, advirtieron la necesidad de impulsar la inscripción en el Renspa y realizar un relevamiento de los agricultores familiares dedicados a la producción de leche.

Estuvieron presentes en la reunión, el subsecretario de Ganadería de la Provincia, Sebastián Bravo; el director del Centro Regional Chaco Formosa del Senasa, Facundo Galvani (a través de videoconferencia); el coordinador de Sanidad Animal del Senasa, Facundo Macías; la supervisora de Zona Este de Sanidad Animal, Ana Fragoso. Por el Laboratorio de Sanidad Animal de la Provincia, Alicia Acosta, Rodrigo Arzú y Nadia Robledo; en representación del Ente del Departamento Bermejo, Roberto Arjol y personal del Departamento de Programas Especiales y Área Técnica del IAFEP.

El presidente Alberto Fernández evoluciona en «forma favorable» y «sin síntomas respiratorios» de su afección a la Covid-19, informó esta tarde la Unidad Médica Presidencial. Fernández «fue evaluado en el día de la fecha evolucionando en forma favorable, afebril, sin síntomas respiratorios y con signos vitales dentro de parámetros normales», se consignó.

El parte médico lleva la firma del doctor Federico Saavedra, director de la Unidad Médica Presidencial. Tras indicar que «su cuadro clínico sigue siendo leve», Saavedra detalló que se le realizaron al Presidente «análisis de sangre e imagen pulmonar» y que ambos estudios resultaron «absolutamente normales».

Fernández «seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio y bajo estricto control médico a cargo de la Unidad Médica Presidencial», refirió el parte, y añadió que «se informará diariamente su evolución como así también las conductas médicas a tomar».

Los jueces del TOF 5 expusieron que la vicepresidenta Cristina Fernández y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner «se encuentran amparados/as por el reconocido principio constitucional de inocencia» y que la extensión de una intervención tan prolongada, entra en colisión con el goce del derecho de propiedad.

El Tribunal Oral Federal 5 dispuso levantar las intervenciones de los establecimientos “Los Sauces” y “Hotesur”, propiedad de la familia Kirchner, la cual volverá a tener la administración de esas firmas, informaron fuentes judiciales.

La medida, que alcanza también al “Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kircnher”, fue dispuesta por los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado, mientras su colega Adriana Palliotti votó en disidencia.

El fallo

En el fallo se ordenó además la designación de veedores informantes en las sociedades para que controlen su manejo. Esos veedores “deberán vigilar la conservación del patrimonio, resguardar que los bienes que lo componen no sufran deterioro, comprobar entradas y gastos de dinero”, entre otras cuestiones.

Los jueces que votaron por mayoría hicieron hincapié en la extensa duración de las intervenciones y detallaron que, tras su disposición original, fueron prorrogadas.

Al respecto afirmaron también que hay una “evidente colisión entre las intervenciones judiciales oportunamente dispuestas y el derecho de propiedad de las partes imputadas”.

El TOF 5 tiene a su cargo el juicio abierto por denuncias de sospechas de lavado de dinero mediante esas propiedades.

Los jueces dijeron que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner “se encuentran amparados/as por el reconocido principio constitucional de inocencia”.

“Es dable advertir que la gravosa medida cautelar aquí en estudio -si bien permitida por el anteúltimo párrafo del artículo 23 del Código Penal en orden a asegurar un futuro y eventual decomiso- debido a su prolongada extensión temporal, entra plenamente en colisión con el goce del derecho de propiedad”, añadieron Grunberg y Obligado en la resolución que dejaron trascender las fuentes tribunalicias.

“La intervención judicial con facultades de información, administración y recaudación que pesa respecto de Hotesur S.A, se ha extendido por más de tres años”, precisaron.

Y añadieron que “resulta insoslayable destacar que en el caso de la intervenciones de Los Sauces SA y de la Sucesión de Néstor Kirchner, estas se mantienen desde hace más de cuatro años y tres meses”.

La medida, reseñaron, se hizo extensiva al “Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner hace tres años y diez meses, siendo que la más actual de ellas, data de hace más de un año y diez meses, y consiste en la intervención del “Hotel Los Sauces–Casa Patagónica” decretada por este Tribunal –aunque con distinta integración- con fecha 26 de junio de 2019.

Los magistrados destacaron en el fallo que “teniendo en cuenta el tiempo en que los interventores dispuestos por la justicia han desplegado su tarea, que las razones que habilitaron oportunamente su procedencia y pertinencia a adoptar la medida más restrictiva –como son las vigentes- han mermado y que se encuentran en vigencia las medidas cautelares mencionadas (…); corresponderá dejar sin efecto la intervención judicial con facultades de información, administración y recaudación”.

Grunberg y Obligado establecieron además que hay una “evidente colisión que a esta altura se verifica entre las intervenciones judiciales oportunamente dispuestas y el derecho de propiedad de las partes imputadas”.

“Ante el panorama expuesto, entendemos que para resolver la cuestión deviene insoslayable atender a los principios de razonabilidad y de proporcionalidad que constituyen baremos imprescindibles del quehacer jurisdiccional”, ampliaron.

Los jueces resolvieron a la vez “disponer veedores informantes respecto de las personas jurídicas” mencionadas.

En ese sentido libraron oficio a la AFIP para que designe los “veedores informantes, quienes deberán vigilar la conservación del patrimonio, resguardar que los bienes que lo componen no sufran deterioro, comprobar entradas y gastos de dinero, informar si se verifica por parte de los socios la extracción de dinero como crédito con la sociedad y/o adelantos o retiros de la caja chica, y hacer saber a esta judicatura toda irregularidad que adviertan en la administración”.

Los abogados defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy habían efectuado una presentación para que “se fije un plazo máximo de 60 días para la finalización de las intervenciones judiciales dispuestas”.

Los letrados resaltaron que Los Sauces y el Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner estaban “intervenidos desde hace aproximadamente cuatro años”, mientras que Hotesur “lo está desde hace más de tres años; como así también, en que las intervenciones dispuestas carecen de toda fundamentación y de manera alguna pueden ser mantenidas sine die”.

El Gobierno nacional trabaja por estas horas en los detalles del Decreto de Necesidad y Urgencia que establecerá nuevas normas a seguir ante la segunda ola de coronavirus.

Según confirmaron fuentes oficiales, se prevé que el DNU sea firmado esta tarde, publicado en el Boletín Oficial y que entre en vigencia desde las 0 horas del jueves.

De esa manera, la nueva norma derogará el anterior Decreto que tenía fecha de finalización el próximo viernes 9 de abril.

El trabajo ahora está centrado en la Secretaría Legal y Técnica a cargo de Vilma Ibarra y aún resta definir de qué manera serán comunicadas a la población las distintas medidas que se adoptarán para mitigar la difusión de la Covid-19, señalaron las fuentes.

El Gobierno nacional oficializó hoy la notificación de la renuncia de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la percepción de haberes correspondientes a su cargo a partir del 1 de este mes, según la Resolución 145/2021 publicada en el Boletín Oficial. 
 
Bajo la firma del secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, el artículo 1° precisa que se toma «conocimiento de la renuncia a la percepción de haberes correspondientes al cargo de vicepresidenta de la Nación a partir del 1 de abril del 2021, realizada por la Dra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner». 
 
En tanto, el artículo 2° comunica a la «Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección General de Administración a efectos de que arbitren los medios necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de lo indicado». 
 
En los considerandos, la medida recuerda que «conforme la comunicación del día 5 de marzo de 2021, la Señora Vicepresidenta puso en conocimiento de la Secretaría General de la Presidencia, su decisión de renunciar a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fue electa, a partir del 01 de abril del corriente año». 
 
Por lo tanto, «en razón de lo expuesto corresponde tomar conocimiento y proceder a la suspensión del pago de los haberes», concluye el texto oficial. 

Se definió en un encuentro de Gabinete económico con los bloques legislativos del Frente de Todos. Se acordaron parámetros que además de consolidar el carácter progresivo del impuesto, fortalecen la sostenibilidad fiscal.

El gabinete económico, encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió hoy con representantes de los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos para repasar la agenda legislativa y hacer un seguimiento de las iniciativas destinadas a corregir distorsiones impositivas y aumentar la progresividad del sistema tributario.

En ese sentido, se resolvió enviar al Congreso un proyecto de Ganancias de Sociedades con enmiendas que buscan robustecer su carácter progresivo. El proyecto implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, en su mayoría micro y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, fortalece la sostenibilidad fiscal. A partir del nuevo esquema propuesto, solamente el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada que la actual.

La iniciativa revierte la reforma tributaria del 2017, instrumentada por el Gobierno de Juntos por el cambio, que tuvo un carácter regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión.

Las empresas pagarán un 25% para un primer tramo de beneficios de hasta $5 millones de pesos anuales, un 30% para un tramo intermedio de $5 millones a $20 millones de pesos anuales, y para los beneficios superiores a ese umbral se aumentará al 35%. Se mantendría la alícuota del 7% para dividendos distribuidos en todos los casos.

De la reunión, que se llevó a cabo en la Casa Rosada, participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el senador del FdT Carlos Caserio, y su par, Anabel Fernández Sagasti, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Heller.

Estuvieron presentes también la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el secretario de Energía, Darío Martínez; su par de Política Tributaria, Roberto Arias, y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía Melina Mallamace.

Los ministros de Educación de todo el país ratificaron hoy que continuará la «presencialidad cuidada» en las escuelas pese al aumento de casos de coronavirus, ya que aseguran que el índice de contagios es del 0,12% sobre el total de alumnos matriculados y que la gran mayoría no se detectó en los colegios sino en otros ámbitos.

Los ministros de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires ratificaron su compromiso de priorizar «la apertura de las escuelas y el sostenimiento de clases presenciales en todo el país, bajo condiciones de seguridad sanitaria y el cuidado de la salud de la comunidad educativa», informó el Ministerio de Educación de la Nación.

En este sentido manifestaron la necesidad de un «trabajo compartido», para sostener los protocolos, entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales, docentes, directivos, estudiantes y familia ya que «el retorno a las aulas es un hecho hoy en todo el país».

Durante una reunión por videoconferencia que presidió el ministro de Educación Nicolás Trotta, los ministros coincidieron en asegurar que la evidencia disponible, tanto a nivel nacional como internacional, «nos permite afirmar que en las escuelas no se potencian los contagios del personal docente o de estudiantes».

«Por el contrario, en muchos casos los controles aplicados hasta el presente han permitido la detección de los mismos», indicaron.

En este sentido aseguraron que «hasta tanto la situación epidemiológica lo permita, mantendremos una presencialidad cuidada, en base a todos los acuerdos federales vigentes, y mediante la aplicación y control riguroso de los protocolos».

E indicaron que, de presentarse la necesidad de efectuar cierres parciales o totales, «se tomarán las decisiones teniendo en cuenta la menor unidad geográfica».

En esos casos se van a prever los escenarios para que la escuela que eventualmente tenga que cerrarse pueda volver a abrir «en cuanto se presente una ventana de oportunidad, que resguarde el bienestar de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto».

Durante la videoconferencia se presentaron los primeros resultados de la plataforma «Cuidar escuelas», un sistema de alerta temprana para detectar casos de Covid-19 en los establecimientos educativos que se implementó en forma conjunta con la Secretaría de Innovación Pública.

Se presentaron los números de casos positivos de acuerdo a una muestra representativa del universo del sistema educativo de todo el país

La muestra analizada, que corresponde a 5.926 establecimientos activos, a los que asisten un total de 1.429.190 estudiantes matriculados y 214.850 docentes y no docentes, evidencia que la incidencia en el sistema educativo es baja: sobre el total de estudiantes matriculados representa un 0.12 % y un 0,79 % del cuerpo de directivos, docentes y auxiliares.

En relación a los datos relevados sobre la población de estudiantes y de docentes y no docentes que asisten de manera presencial, los porcentajes varían al 0,16 y al 1,03 % respectivamente.

«Los protocolos estrictos han demostrado ser eficaces»

En este sentido, Trotta, expresó que «para nosotros es fundamental poder sostener la definición política y social de priorizar la presencialidad cuidada y del análisis de la evidencia, sostener los protocolos vigentes y no avanzar en ninguna instancia que implique relajar los cuidados en el marco del sistema educativo».

Y agregó: «A partir de las conversaciones y encuentros que hemos tenido con los referentes del campo epidemiológico, el problema que se está observando en cuanto a la multiplicación del Covid-19, es que el crecimiento en esta segunda ola se vincula a instancia de encuentros sociales, porque se relajan los cuidados».

Para Trotta «no ocurre así en los establecimientos educativos. El cumplimiento de los protocolos permite sostener esas instancias de vinculación social».

El ministro detalló que los datos analizados «ratifican la voluntad de mantener la presencialidad cuidada en las escuelas de todo el país donde los protocolos estrictos han demostrado ser eficaces y aportar a la detección de casos sospechosos para el aislamiento preventivo necesario».

El ministerio destacó, además, que la escuela «es un espacio donde se fiscaliza la aplicación de protocolos de manera cruzada: directivos, docentes, auxiliares, estudiantes y familias realizan un control cotidiano de aquello que sucede al interior de las instituciones educativas fortaleciendo la seguridad de quienes la habitan cotidianamente».