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El canciller Felipe Solá, y la representante de Unicef en el país, Luisa Brumana, se reunieron hoy para presentar formalmente el programa de cooperación para el período 2021-2025.

El Programa País fue elaborado sobre la base de las prioridades nacionales en materia de niñez y adolescencia para los próximos cinco años. Su formulación fue el resultado de un proceso ampliamente participativo que incluyó a la Cancillería, los Ministerios de Economía; Desarrollo Social; Salud; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Justicia; Ciencia, Tecnología e Innovación; Educación; Interior; Trabajo; Desarrollo Territorial y Hábitat; Obras Públicas; y organismos como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; ANSES; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; ENACOM; INDEC; la Agencia Nacional de Discapacidad; la Secretaría de Equidad; y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, así como actores de la sociedad civil, el sector privado y la academia.

Solá señaló que el Programa «pone énfasis en cuestiones de suma relevancia para el Gobierno Nacional, como el logro de mayor equidad social, la reducción de la brecha de género, la transversalidad de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental», y destacó la importancia de que estos ejes «también sean criterios rectores de la cooperación que se realice en el ámbito de la niñez y la adolescencia en el país».

Acompañado por el jefe de Gabinete de la Cancillería Guillermo Justo Chaves, el canciller resaltó la decisión del gobierno de incrementar la inversión pública en infancia en un contexto atravesado por la pandemia del COVID-19, a través de medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia, la Tarjeta Alimentar, el programa Seguimos Educando y la incorporación de más de 700 mil niños y adolescentes al beneficio de la Asignación Universal por Hijo.

Solá reconoció la labor llevada a cabo por Unicef junto al Estado Nacional y la sociedad civil, y concluyó afirmando que «las sociedades más ricas no son las que tienen mejor dotación de recursos naturales, sino las que se han desarrollado gracias al progreso científico y tecnológico, sobre la base de la equidad. Para que ese desarrollo sea posible debemos garantizar que todos nuestros chicos y chicas tengan pleno de goce de su derecho a la educación, la atención sanitaria, la vivienda y a una nutrición adecuada. Si no, cualquier otro esfuerzo se vuelve efímero».

Resultado de un proceso consultivo

Por su parte, Brumana, explicó que «cada cinco años, el equipo de Unicef convoca a la sociedad argentina a pensar juntos cuáles son los desafíos principales que tenemos que superar para que los niños y las niñas del país vivan una infancia y una adolescencia plenas, accedan a todos sus derechos y desarrollen todas sus potencialidades».

Agregó que este Programa País «es el resultado de un proceso consultivo, en el que participaron entidades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y líderes de opinión a lo largo de 2020». 

«El programa de cooperación de Unicef es parte del Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de Argentina 2021-2025. El mismo está alineado con los esfuerzos del país en el cumplimiento de la Agenda 2030 y contribuirá con el mandato nacional de garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos de niñas, niños y adolescentes asegurando su máxima exigibilidad y el cumplimiento del principio del interés superior del niño, afirmó Roberto Valent, Coordinador Residente del Sistema de ONU Argentina, quien también participó de la reunión.

De acuerdo con los procedimientos de las Naciones Unidas, el programa país de Argentina se publicará en el sitio web de la Junta Ejecutiva de Unicef para revisión y comentarios de los Estados Miembros en marzo y abril. Posteriormente, se producirán las traducciones oficiales y se someterá para aprobación en la sesión de la Junta Ejecutiva, entre el 1 y el 4 de junio próximo.

Participaron también del acto de presentación el Director de Cooperación Internacional de la Cancillería, Juan Ignacio Roccatagliata y la representante adjunta de UNICEF Argentina, Olga Isaza.

El ministro de Educación señaló que existieron «actos de marcada irregularidad» en los procesos de licitación que la gestión de Cambiemos lanzó para la construcción de jardines de infantes en distintas provincias argentinas.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción para que investigue y evalúe el inicio de un proceso penal por irregularidades cometidas por el gobierno de Mauricio Macri en la transferencia de recursos del Estado por fondos que rondan los 62 millones de dólares en el marco del programa denominado «3000 jardines».

«La denuncia está vinculada a manifiestas irregularidades dentro del plan 3000 jardines que impulsó en mayo del 2016 la gestión de Macri para que sea la Oficina Anticorrupción que, analizando la documentación presentada, evalúe avanzar en las denuncias penales pertinentes», afirmó Trotta en la conferencia de prensa en Casa Rosada que ofreció para comunicar los alcances de su presentación.

El funcionario señaló que existieron «actos de marcada irregularidad» en los procesos de licitación que la gestión de Cambiemos lanzó para la construcción de jardines de infantes en distintas provincias argentinas y advirtió que hubo «una connivencia por parte de funcionarios del Ministerio de Educación nacional». «De los 3000 jardines de infantes previstos, sólo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107», puntualizó Trotta en base a datos recabados desde su cartera a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos.

Según el relevamiento, se detectaron anomalías en cuatro licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido «evidenciándose una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas».

El funcionario remarcó, además, que «el 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a la UTE Bahía Blanca Viviendas SRL-Escarabajal Ingeniería SRL a pensar de haber recibido un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba que no tenía la capacidad operativa para absorber las obras». «Habiendo recibido transferencias por un importe total de 61.920.462 dólares, sobre un total de 92.357.315 que abarcaban los cuatro contratos, ninguna de las 93 obras fue finalizada», remarcó.

Observó también que por entonces «el metro cuadrado fue calculado en 1498 dólares» cuando «en la actualidad, tomando casos testigos, el costo de metro cuadrado de obra nueva en recientes licitaciones públicas es de 870 dólares en la provincia de Buenos Aires, de 675 en Salta y de 708 en San Juan, lo que también genera dudas y sospechas». Por otra parte, entre las irregularidades denunciadas mencionó al abandono de las obras, el deterioro de lo construido por incidencias climáticas, faltantes por vandalismo, cercos perimetrales sin terminar y ausencia de vigilancia.

Para el funcionario, otro dato sobre el cual se puso el foco «se vincula a la modalidad de financiación anticipada por parte del Estado nacional» dado que «el anticipo financiero se estipulaba a través de los pliegos como el equivalente al 30% pero luego se sumó la posibilidad, a través de una circular aclaratoria, de solicitar en concepto de acopio de materiales en pie de obra, anticipos sin tope a solicitud de la UTE».

«Todos estos elementos los hemos presentado ante la Oficina Anticorrupción y suman más de 10 mil fojas a partir de todo el trabajo llevado adelante por el área jurídica de nuestro ministerio», informó y dijo que esperan que sirva para «clarificar esta enorme sospecha sobre lo que fue el proceso de licitación del programa 3000 jardines».

En rigor, el plan fue una de las promesas electorales que hizo Macri en su campaña presidencial en 2015 y lo dio a conocer durante el debate de candidatos. En ese marco, aseguró: “Me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan, la mayoría están en la provincia de Buenos Aires para que tengan sala de 3, 4 y 5. Estamos hablando de 683.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades”.

La manifestación comenzó esta mañana con la convocatoria de distintos sectores provinciales en rechazo de la decisión del gobernador Gildo Insfrán, y al poco tiempo derivó en choques entre quienes protestaban y la policía.

El anuncio del gobierno de Formosa de que la ciudad capital regresará a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatario (ASPO) por la aparición de 17 nuevos casos de Covid-19 generó protestas en los alrededores de la casa de Gobierno provincial, que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y policías, que respondieron con gases y balas de goma. La manifestación comenzó esta mañana con la convocatoria de distintos sectores provinciales en rechazo de la decisión del gobernador Gildo Insfrán a volver a la fase 1, y al poco tiempo derivó en choques entre quienes protestaban y la policía.

Alrededor de las 11, el enfrentamiento se dio en los alrededores de la Casa de Gobierno, ubicada entre las calles Belgrano y José María Uriburu, ante el intento de los manifestantes de ingresar por la fuerza al edificio, acción a la que la policía respondió con balas de goma y gases, según reportaron medios periodísticos locales.

Los manifestantes, que piden que no se regrese a una fase de aislamiento social al grito de «queremos trabajar», terminaron enfrentándose a golpes de puño, gritos, empujones y corridas con la policía provincial. Pasadas las 16, los enfrentamientos continuaban en la capital formoseña con fuerte accionar de la policía provincial contra los manifestantes.

Ante este escenario, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge Abel González, salió a aclarar que la policía provincial «no tiene carta blanca» y que debe utilizar «protocolos» para actuar, en referencia a la respuesta de la esa fuerza ante la manifestación de este mediodía frente a la Casa de Gobierno provincial.

Al explicar las instrucciones a la policía, precisó que el punto 1 del protocolo «era mantener la valla para evitar el contacto» entre manifestantes y policías pero que «les arrojaron huevos y cuando rompieron la valla», los efectivos respondieron. «Además, los agredieron con cascotes y ladrillos», completó el funcionario y agregó que por ese motivo «se dio intervención a la justicia y al Procurador, para hacer cesar esa acción».

González explicó que la medida sólo se aplica en la ciudad capital porque en los últimos tres días se detectaron 43 casos, lo que «significa que hay circulación viral». Según precisó, el aislamiento dispuesto por el gobierno provincial para la ciudad de Formosa es «por 14 días», tras informar que el brote de la Covid-19 afecta a «34 barrios en la ciudad».

Respecto de los manifestantes y la marcha, dijo que «en las redes invitaban a quemar la Casa de Gobierno». «Es un grupo agitador en un año electoral», afirmó y añadió que las declaraciones de dirigentes formoseños nacionales le «confirman que se trata de una movida política electoral».

Finalmente, reconoció que la medida tomada para frenar los contagios de coronavirus en la ciudad de Formosa «es una situación molesta». «Es una situación molesta y lo entendemos, pero las medidas sanitarias son claras y concretas», dijo al ratificar la aplicación del aislamiento.

El presidente Alberto Fernández firmó la derogación de las medidas migratorias dispuestas por anterior gobierno, que ya habían sido objetadas por Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Gobierno nacional derogó un decreto de la gestión del expresidente Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que los cambios efectuados bajo el Gobierno anterior «resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos».

Así lo establece el Decreto 138/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional, que deroga el decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley N° 25.871 que establece el régimen de la política migratoria argentina.

Del mismo modo, la norma restituye «la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017» y dispone la creación de una «Comisión Asesora de Política Migratoria» que deberá «proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871».

La ley establece que el régimen de política migratoria argentina, dispone reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar en el país.

El decreto derogado viola el principio del debido proceso y el derecho a contar con asistencia y defensa legal

El decreto derogado «modificó aspectos sustanciales» de esa ley, según explican las autoridades en los considerandos de la norma, y agregan que como resultado de esas modificaciones se observan violaciones a los derechos humanos.

Entre ellas se citan «la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias».

En tanto, las autoridades nacionales añaden en el decreto de derogación que los cambios a la ley migratoria, agravaron «exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria».

Rechazo de organismos internacionales

Sobre este punto señalan que «distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto» y que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de las ONU «han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto».

En el mismo sentido, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que «ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio».

En el momento de la aplicación del decreto en 2017, Amnistía Internacional (AI) había advertido que esa norma introducía «impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina».

«El decreto está dirigido mayormente a evitar el ingreso de migrantes y facilitar los mecanismos de expulsión de aquellos que cuenten con antecedentes penales ampliando la posibilidad de hacerlo sin tener en cuenta la realidad de los migrantes, sus lazos con el país, el arraigo en la Argentina, los contextos familiares y la posibilidad de desmembrar una familia», señaló AI en aquella oportunidad, e indicó que la normativa «amplia el concepto de antecedentes penales vulnerando los derechos de los migrantes».

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció esta noche su primer viaje oficial a la Argentina, el 26 de marzo próximo, para reunirse con su colega Alberto Fernández, en el marco de las celebraciones por los 30 años de la fundación del Mercosur, y apoyó las negociaciones argentinas con el FMI. «El 26 de marzo estaré en Buenos Aires, en nuestra querida Argentina, celebrando los 30 años del Mercosur», dijo Bolsonaro en su transmisión de Facebook de todos los jueves.

El mandatario brasileño visitará por primera vez a su tercer socio comercial y al primero dentro del Mercosur, que también integran Paraguay y Uruguay. Bolsonaro también respaldó la negociación de Argentina para reestructurar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«La Covid causó dificultad económica en todo el mundo. Hinchamos para que Argentina tenga éxito en las negociaciones con el FMI, la situación es bastante complicada. Brasil es uno de los grandes interesados en eso. Y será la primera vez que voy a conversar con el presidente», dijo Bolsonaro, acompañado por el ministro de Infraestructura, Tarsiso de Freitas.

La confirmación de la visita por parte del presidente brasileño ocurre dos días después de que el canciller Ernesto Araújo alentara la flexibilización del Mercosur para que cada país pueda realizar acuerdos comerciales en forma unilateral, por fuera del bloque. Bolsonaro y Fernández dialogaron en forma virtual el 30 de noviembre, día de la amistad binacional, en el marco de una estrategia de acercamiento iniciada en Brasilia por el embajador argentino, el ex vicepresidente Daniel Scioli.

El presidente dijo que “nadie debería asombrarse” de que la provincia “tenga una cancha de esta naturaleza”.

De visita en la provincia de Santiago del Estero, el presidente Alberto Fernández defendió este jueves la construcción del Estadio Único Madre de Ciudades, con capacidad para 29 mil espectadores sentados y una inversión superior a los 1.500 millones de pesos.

“¿Dónde está escrito que en Santiago del Estero no puede haber un estadio de esa naturaleza? ¿Quién ha dicho eso?”, dijo el presidente, en un acto junto al gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, y autoridades locales, donde firmó una serie de convenios.

En esa línea, el mandatario expresó: “No deberíamos discutir esto y nadie debería asombrarse de que Santiago tenga un estadio de esta naturaleza. Estamos generando igualdad”.

La medida regirá desde la medianoche de este jueves hasta el 18 de marzo.

La ciudad de Formosa regresa a la fase del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), tras haberse detectado un incremento de contagios de coronavirus. La decisión de las autoridades sanitarias fue comunicada a través del parte informativo diario del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 de la provincia.

La vuelta al ASPO en la capital formoseña comenzará desde las cero horas de este jueves y hasta el 18 de marzo próximo, debido a que se detectaron 17 casos «de manera dispersa en numerosos barrios de la Ciudad». «Lo que estamos viendo hoy es una foto de lo que pasó 14 días atrás, no es lo de ayer, es lo que viene ocurriendo en transmisión y contagios de días atrás», afirmaron este jueves durante el parte informativo diario de las autoridades sanitarias.

Las autoridades decidieron suspender todas las actividades de flexibilización que estaban vigentes; así como los certificados de circulación, que deberán volver a ser tramitados para quienes realizan actividades esenciales. Entre las medidas, se determinó que el transporte interjurisdiccional quedó suspendido. Mientras que el transporte urbano quedará a criterio de la Municipalidad de la ciudad de Formosa que resolverá qué medidas tomar.

«No es una decisión ideológica, no es una decisión electoral, no es una decisión cómoda. Es una decisión necesaria y sanitaria», manifestó el ministro de Gobierno formoseño, Jorge Abel González. Y detalló que «el ASPO requiere que permanezcamos la mayor cantidad de tiempo en nuestros hogares, que salgamos lo estrictamente necesario, realicemos compras de cercanía, solo personal esencial estén circulando, los controles policiales de circulación por patente van a desplegarse por la ciudad, las actividades recreativas, deportivas y gastronómicas las hemos suspendido».

La decisión de volver al aislamiento se toma luego de la polémica por los centros de aislamiento en toda la provincia, que derivaron en la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, debido a las denuncias de la oposición por violaciones a los derechos de los ciudadanos. «Acaban de anunciar el regreso de Formosa a fase 1 por un leve incremento de casos. Disculpen la expresión, pero se cagan en el laburante», tuiteó la legisladora Gabriela Neme, quien fue detenida tras una protesta frente a los centros de detención.

El nivel de actividad de la industria creció en enero 4,4%, respecto de igual mes de 2020, mientras que la construcción marcó un incremento de 23,3% interanual, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El nivel de actividad de la industria registró en enero un crecimiento de 4,4% respecto de igual mes de 2020; mientras que en relación con diciembre pasado, enero marcó una mejora de 1,7% en el índice de la serie desestacionalizada.

En términos interanuales, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) registró así su tercera suba consecutiva y en la serie tendencia-ciclo aumentó 1,2% mensual y acumula nueve meses consecutivos en alza. Por su parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) marcó en enero un incremento de 23,3% respecto de igual mes de 2020; en tanto, el índice de la serie desestacionalizada mostro una variación positiva de 4,4% respecto de diciembre pasado. En este caso, se trata de la tercera suba consecutiva interanual, tras 26 meses de caída; y significó una suba 28% mayor al nivel pre-covid de febrero de 2020.

La Cámara Federal de Casación Penal definirá este jueves si la causa por la venta de dólar futuro continúa hacia la realización del juicio oral o si, por el contrario, declara el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros procesados. Habla Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata de una causa cuya solidez jurídica despertó cuestionamientos desde el primer momento y que en agosto último, al presentarse la pericia contable del cuerpo de peritos de la Corte, sumó una prueba contundente sobre la inexistencia de delito: el informe pericial estableció que en la operatoria en el mercado de futuros del año 2015 por parte del BCRA nunca hubo perjuicio para el Estado.

Tras la incorporación de esa pericia, de 82 páginas, un cuestionario detallado de 81 puntos que fue contestado con precisiones técnicas por los peritos oficiales de la Corte Carlos Campodónico, Alejandro Del Acebo y Stella Maris Castaño, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 1, Adrián Grünberg, señaló que la vicepresidenta, Kicillof, Vanoli y el resto de los acusados debían ser sobreseídos por inexistencia de delito y aseguró que su conclusión era «inamovible», por lo que se excusó de seguir interviniendo en la causa.

En los fundamentos de su voto, que no fue compartido por los otros dos miembros del tribunal, Grünberg subrayó que tras los resultados de la pericia, a los que consideró definitivos y concluyentes, «ya no deviene necesario llevar a cabo el debate (por el juicio oral) y, habida cuenta de todo lo expuesto, voto por el dictado del sobreseimiento respecto de la totalidad de los encartados por inexistencia de delito».

El fallo, emitido el 30 de octubre último, ordenó sin embargo realizar el juicio oral a partir del voto de la mayoría (2 a 1) conformada por los otros dos jueces del TOF 1, Juan Michilini y Ricardo Basilico, y desde entonces la causa fue objeto de apelaciones hasta que llegó a la sala I de Casación, que mañana deberá definir si dicta el sobreseimiento a todos los acusados, a quienes el fallecido juez Claudio Bonadio procesó por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Vanoli, uno de los procesados en la causa que se inició en 2015 a partir de una denuncia presentada en aquel año por el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba) y por el entonces senador Federico Pinedo (PRO), subrayó hoy en declaraciones a Radio 750 que la pericia contable del cuerpo de peritos de la Corte señaló «de manera concluyente que no hubo perjuicio (para el Estado) y que las medidas que se adoptaron (con la operación del dólar a futuro en el mercado a término de Rosario, ROFEX, y el Mercado Abierto Electrónico, MAE) fueron políticas de regulación económica, que incluso arrojaron resultados positivos para el Banco Central».

«Quedó demostrado, también, que era una operatoria totalmente transparente, a precios de mercado, en mercados donde uno no veía con quién operaba», agregó Vanoli, quien además recalcó que «una a una todas las acusaciones –que se dilapidaban las reservas, que era una operatoria poco transparente- quedaron demostradas claramente que no eran así».

«La historia demostró que, en realidad, la política económica macrista buscó una devaluación que los benefició a ellos mismos, perjudicó al pueblo argentino», afirmó el extitular del BCRA del año 2015, quien fue procesado junto al entonces ministro de Economía (Kicillof), el directorio de la autoridad monetaria de aquel momento, tres miembros de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y luego, por decisión de Bonadío (porque su nombre no figuraba en la denuncia inicial), Cristina Fernández de Kirchner, quien ejercía la primera magistratura.

La pericia en cuestión, que fue considerada el elemento probatorio concluyente por el juez Grünberg, contó además con la participación de peritos de parte propuestos por las defensas.

En las preguntas 17 y 20, los especialistas de la Corte Suprema informan que las operaciones de dólar futuro por parte del BCRA se hicieron a precio de mercado, mientras que en los puntos 44, 47, 55, 67 y 81 establecen que la autoridad monetaria (es decir, el Estado) no sufrió perjuicios en su patrimonio sino que, por el contrario, tuvo ganancias en el período analizado.

Por ejemplo, en la respuesta a la pregunta 55, los peritos aseguran que en el ejercicio 2015 el BCRA tuvo una ganancia de 147.116.880.000 pesos.

El resultado de ese informe realimentó la polémica en torno a la solidez jurídica de la denuncia y de la causa que inicialmente quedó a cargo de Bonadio: hoy, en sintonía con esos cuestionamientos, el jurista y exintegrante de la Cámara Federal que juzgó a las Juntas, León Arslanian, especialista en Derecho Penal, remarcó, en relación con la causa de dólar futuro, que «no se puede judicializar cualquier cosa».

«No se puede llegar al extremo de pensar que cada uno de los actos de gobierno que hace un presidente puede constituir un delito», aseveró.

«Yo pienso eso y creo que tengo razón, porque (lo que se analiza en la causa dólar futuro) forma parte de una política de gobierno», argumentó Arslanian en diálogo con Télam.

Por su parte, el periodista de La Nación Carlos Pagni, el lunes por la noche, señaló en el editorial de su programa en la señal televisiva LN+: «Ha habido una errónea judicialización de temas que no son susceptibles de ser judicializados», reconoció y también dijo: «Lo mismo pasa con la política monetaria, la política cambiaria y el dólar futuro, por el cual la procesaron también a Cristina Kirchner; siempre pensamos que era un disparate».

En el informe pericial firmado por Campodónico, Del Acebo y Castaño también se concluyó que las operatorias de dólar a futuro son medidas de gobierno aplicadas en muchos países y que, con su utilización, se logró evitar una corrida bancaria que alentaba una devaluación brusca, pulseada que además estaba enmarcada en el contexto electoral de la segunda mitad de 2015.

A pesar del informe, y tras el fallo 2 a 1 del TOF 1, Casación tendrá mañana en sus manos la definición de un caso que, paradójicamente, refleja que entre los compradores de dólares a futuro no figuraron funcionarios de la administración de Cristina Fernández sino, por el contrario, personas que luego estuvieron muy ligadas a la gestión de Cambiemos, desde funcionarios del gobierno de Mauricio Macri hasta empresarios que nunca ocultaron relaciones y simpatías.

Entre quienes operaron en la compra de dólar futuro en aquellos días, como registró una investigación realizada por el fallecido dirigente socialista de Rosario Héctor ‘Tigre’ Cavallero y difundida en diciembre de 2016, se encontraban Pablo Curat (quien luego fue director del BCRA); Luis Caputo (a través de un fondo de inversión creado por él, Axis); el grupo Pegasus, de Mario Quintana; José Torello (apoderado nacional del PRO por entonces); Martín Lousteau; Gustavo Lopetegui y también, entre muchos otros operadores, el grupo Socma-Chery, de la familia Macri.

Todos ellos, al igual que muchos otros compradores de dólar futuro entre el 1º de septiembre y el 18 de noviembre de 2015, se beneficiaron con la devaluación inicial de la gestión de Cambiemos, dispuesta por el exministro de Economía Alfonso Prat Gay.

Cavallero, quien falleció a principios de octubre, llegó a publicar un libro con el resultado de aquella investigación: lo tituló «Dólar futuro, quiénes ganaron y quiénes perdimos».

La decisión del Ente responde a que varias empresas aplicaron aumentos por encima de los autorizados en enero, entre ellas Telecom, la única que reincidió con una suba del 15% en febrero desoyendo las órdenes de la justicia de devolver lo cobrado de más a los usuarios.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó un nuevo régimen de sanciones para los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones que incluye multas, suspensiones, clausuras, caducidad de licencias e inhabilitación de la licenciataria y sus directivos.

La decisión del Ente responde a los últimos episodios sucedidos a comienzos de este año, cuando varias empresas, entre ellas Telecom, aplicaron aumentos por encima de los autorizados para sus servicios de internet y TV por cable.

De las que aplicaron los aumentos, Telecom fue la única que reincidió en febrero con una suba del 15% en sus abonos, en lugar del 5% autorizado, y desoyó las órdenes del Enacom y de la justicia de atenerse al ajuste permitido y devolver lo cobrado de más a los usuarios.

«Ha quedado solo Telecom en rebeldía, es un desafío explícito al Gobierno», dijo el vicepresidente del Enacom, Gustavo López.

A través de la resolución 221/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ente además estableció que las empresas deberán primero pagar la multa para después poder acceder al recurso de alzada, como medida para evitar acciones dilatorias por parte de los sancionados.

El recurso de alzada es un trámite de carácter administrativo que permite a las empresas solicitar la revisión de la sanción ante un organismo superior al que la dictó.

«En atención al carácter optativo del recurso de alzada, en los casos de interposición de estos recursos contra las sanciones de multa impuestas, será requisito de admisibilidad de los mismos, la acreditación fehaciente del previo depósito de la multa», remarcó el Ente.

En ese sentido, puntualizó que «será declarado inadmisible» todo recurso presentado que no haya pagado la multa antes «quedando firme la sanción impuesta y agotada la vía administrativa».

El organismo sostuvo que la utilización por parte de los prestadores del recurso alzada «tiene un efecto meramente dilatorio y no como herramienta de defensa de sus intereses en el legítimo ejercicio de sus derechos».

«El derecho a recurrir una sanción bajo ningún aspecto puede significar un beneficio para quien ha incurrido en una conducta reprochable desde el punto de vista de la ley y en virtud de la tutela en su cumplimiento que se lleva a cabo desde los organismos de control», consideró el Enacom.

Así concluyó que «el pago previo de la multa impuesta como requisito para acceder al recurso de alzada, resulta necesario a los fines de desalentar prácticas dilatorias, acortar los tiempos de sustanciación de los recursos y agilizar el trámite de los reclamos efectuados por los usuarios y usuarias; además de lograr eficiencia en los mecanismos de control y fiscalización».

También subrayó que la interposición de un recurso en sede judicial «no tendrá efecto suspensivo» de la sanción «salvo para el caso de caducidad de la licencia».

A partir del nuevo régimen, el Enacom podrá aplicar multas que irán desde 50 veces el equivalente a la Prestación Básica Universal para el Servicio Básico de Telefonía, actualmente en $ 380; hasta 200.000 veces el PBU SBT.

Esto significa que las multas podrán ser entre $19.000 y $76 millones.

El Ente podrá aplicar multas por cada día en que persista el incumplimiento de la obligación, y deberán ser abonadas dentro de los 20 días hábiles de haber sido notificado el acto administrativo por el cual se impuso, bajo apercibimiento de ejecución.

Si la empresa sancionada acepta realizar un pago voluntario, la multa podrá ser reducida en un 50% del monto total.

El Enacom podrá disponer de manera accesoria por un plazo máximo de seis meses, la suspensión de la comercialización de servicios; también la clausura de los establecimientos en los que se lleve a cabo la misma; y proceder a la caducidad de la licencia o del registro de servicios.

Del mismo modo podrá decidir la caducidad, la inhabilitación de la licenciataria y de los integrantes de sus órganos directivos por cinco años.

Además, tendrá la facultad de disponer el inmediato reintegro de las sumas facturadas, deducidas o percibidas, en favor de los clientes afectados por incumplimientos de la normativa vigente, debiendo aplicar los mismos intereses que los licenciatarios cobran a sus clientes o usuarios y usuarias en caso de mora en el pago de las facturas.

Respecto de los reclamos de las empresas, el Enacom explicó que «la instancia de alzada procede a opción del interesado, pudiendo el prestador, en caso de considerar vulnerado algún derecho, iniciar la acción judicial pertinente sin necesidad de permanecer en la instancia administrativa, circunstancia que rara vez se verifica en la práctica».

El Enacom podrá decidir la caducidad, la inhabilitación de la licenciataria y de los integrantes de sus órganos directivos por cinco años.

«La práctica administrativa ha demostrado que la persistencia en sede administrativa en función de las sanciones impuestas es al solo efecto dilatorio, tornando ilusorio el efecto ejemplificador de la sanción y deviniendo eventualmente ineficaz», indicó el organismo.

Y remarcó que «la experiencia indica que prácticamente la totalidad de las multas impuestas son recurridas por los licenciatarios de servicios de TIC y que, efectuado el control de tutela pertinente, tales actos no han sido revocados».

«En la práctica administrativa se verifica, asimismo, que una vez firme el acto administrativo que impone una multa, los prestadores de servicios de TIC, en un gran número de casos, no sólo se someten voluntariamente al pago sino, y sobre todo, sin cuestionar la legitimidad del acto en instancia judicial posterior», aseguró el Ente.