Categoría: Policiales

Hugo Schnell, propietario de una verdulería en el barrio Guadalupe, fue apuñalado por ladrones que intentaban robar en su local. Se encuentra en estado grave. 

Un lamentable suceso tuvo lugar en el barrio Guadalupe en la ciudad de Santa Fe, cuando Hugo Schnell, un reconocido verdulero de 80 años, resultó gravemente herido al intentar defender a una de sus clientas durante un intento de robo en su establecimiento. El incidente tuvo lugar el pasado miércoles por la noche, aproximadamente a las 20 horas, en la avenida General Paz al 7.400.

Según fuentes policiales, un grupo de delincuentes irrumpió en la verdulería de Schnell con intenciones de robo. En un acto de valentía, el hombre intentó socorrer a una de sus clientas que estaba siendo asaltada, desencadenando así una violenta agresión por parte de los ladrones. Schnell fue apuñalado repetidamente, sufriendo heridas graves en el hemotórax izquierdo, el rostro y el pericardio.

Los gritos de la mujer asaltada alertaron a los vecinos y lograron ahuyentar a los criminales, quienes huyeron del lugar antes de la llegada de la policía. Schnell fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde recibió atención médica inmediata. A pesar de los esfuerzos del equipo médico por estabilizarlo, el estado de salud del verdulero sigue siendo delicado y requiere asistencia respiratoria mecánica en la sala de terapia intensiva.

Se han revisado las cámaras de seguridad de la zona en busca de pistas que conduzcan a la identificación y captura de los responsables. El fiscal de Homicidios Gonzalo Iglesias tomó el caso y ordenó la realización de peritajes en el lugar del hecho, la recolección de testimonios de testigos y el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas para avanzar en la investigación.

Los aberrantes hechos fueron juzgados por un Jurado Popular que lo encontró culpable. La sobreviviente también padeció amenazas del hombre de 39 años, quien había sido procesado por un robo seguido de muerte.

El jurado popular declaró en veredicto por unanimidad culpable de abuso sexual a un varón en tres grupos de hechos que fueron analizados durante el juicio realizado bajo la conducción técnica de la camarista Lorena Padován.

En el primer grupo de hechos fue encontrado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia de la víctima menor de 18 años. En el segundo el delito fue abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia de la víctima menor de 18 años. Y en el tercer grupo fue por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia con víctima menor de 18 años.

Durante 9 años, un hombre de 39 años abusó sexualmente en distintas oportunidades a su hijastra de 5 años hasta los 14. Al juicio llegó acusado de aberrantes hechos que logró concretar en ausencia de la madre de la menor y amenazando a su víctima.

La sobreviviente de los terribles hechos padeció también las distintas amenazas del abusador para que no dijera nada de lo que estaba ocurriendo dentro del domicilio, en el que convivían, y hasta fuera del hogar.

Fueron tres días de audiencias en las que intervinieron la fiscal Graciela Griffith Barreto, el querellante Germán Dellamea, la defensa a cargo de Miguel Barceló y Macarena Barceló y la asesora de niñas, niños y adolescentes Nº 4, Silvia Mastori. En total declararon ocho testigos.

Debido a las características de la causa no se difunden identidades de víctima y victimario. Sin embargo, el hombre condenado había sido procesado anteriormente como co-autor de robo seguido de muerte, como partícipe secundario.

Abel Guzmán continúa prófugo desde el 20 de marzo, cuando le disparó en la cabeza a Germán Medina luego de finalizar la jornada laboral.

En las últimas horas, Interpol emitió una alerta roja para encontrar y capturar a Abel Guzmán, el colorista que asesinó a su compañero en una peluquería del barrio porteño de Recoleta.

La medida se informó este miércoles, veinte días después del asesinato. Guzmán continúa prófugo desde entonces y todavía no hay datos sobre su paradero.

El 20 de marzo, el colorista asesinó de un disparo en la cabeza a Germán Medina mientras estaban reunidos junto con el resto del staff en el salón tras una jornada laboral.

Luego de ello escapó por la ventana y no se supo más nada sobre él. Se realizaron allanamientos y hubo diferentes hipótesis sobre dónde podría estar, pero hasta el momento sigue prófugo con pedido de captura internacional.

Una de las versiones que más fuerza había cobrado días después del asesinato era que podía estar en Santiago del Estero, ya que está construyendo una casa en esa provincia.

“Viajaba cada tanto para ver el avance de la obra”, confiaron a TN fuentes de la investigación. Sin embargo, aclararon que las autoridades todavía no tienen la orden de ir hasta allá para hacer un allanamiento.

A casi tres semanas del crimen de Germán Medina este sábado volverá a abrir al público la peluquería en la que ocurrió el brutal homicidio que quedó registrado por una cámara de seguridad.

La Justicia ordenó la detención del director del penal de Bouwer, seis guardias y un médico forense por presunta tortura seguida de muerte. La víctima, de 50 años, no tenía antecedentes penales y lo habían arrestado por una infracción menor.

Ocho funcionarios públicos de la cárcel de Bouwer fueron detenidos en las últimas horas en medio de un escándalo de violencia institucional. Se trata de un exdirector del penal, seis guardias y un médico forense, todos ellos acusados de torturar y matar a un preso en septiembre del año pasado.

La víctima, César Darío Moreno, había sido detenido por una infracción menor y no tenía antecedentes penales. En un principio estuvo alojado en el Establecimiento Penitenciario 9 de Córdoba, pero después lo trasladaron a Bouwer por falta de espacio.

Según la acusación, Moreno sufrió una salvaje paliza por parte de un grupo de guardias, pero no fueron esos golpes los que causaron su muerte. Después, el detenido fue atado de pies y manos en una cama y lo mantuvieron así, inmovilizado, aislado y sin recibir atención médica, durante 48 horas, hasta que se descompensó y murió el 18 de septiembre pasado.

Una fuente cercana a la causa detalló a La Voz del Interior que cuentan con filmaciones, pruebas testimoniales, técnico científica, análisis interdisciplinarios por parte de la Dirección General de Policía Judicial y del Instituto de Medicina Forense que “permiten sostener, en esta altura del proceso, la existencia del hecho y la participación de los ahora imputados”.

Así, después de seis meses de investigación, el fiscal José Mana ordenó las detenciones en el marco de una serie de 10 allanamientos en distintos puntos de la ciudad y los imputó a los ocho funcionarios por el delito de tortura seguida de muerte, que prevé la pena de prisión perpetua.

Además, indicaron, hay un noveno efectivo penitenciario involucrado en el hecho que no pudo ser ubicado hasta el momento, pero que se espera que comparezca a la sede de la Fiscalía en las próximas horas.

Este no es el primer escándalo que salpica al Servicio Penitenciario de Córdoba. En diciembre pasado Juan María Bouvier, quien durante 15 años había sido el hombre fuerte de toda la estructura carcelaria local, fue detenido acusado de liderar una presunta asociación para generar todo tipo de ilícitos en el interior de las cárceles de la provincia.

El juez federal subrogante, Aldo Mario Alurralde, dictó el procesamiento sin prisión preventiva contra el rector de la UNCAUS, German Oestmann por considerarlo «prima facie» autor penalmente responsables de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, todos en concurso real, cometidos en la órbita de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS).

La misma decisión, y con las mismas acusaciones, resolvió contra Marcelo Marinich, Natalia Judis, Manuel Ricardone, Cristian Vizgarra, Luis Pugacz, Lucas Stegagnini, Jorge Alcantara, Juan Sang, Ricardo Salín, María Fernanda Del Giorgio, Carla Palacio, José Yarros, Juan Domínguez, Jonatan Gal, Dora Loto, Pedro Mijalec y Andrea Bondar.

La investigación del juez Alurralde apunta a una presunta trama de corrupción en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). Según la acusación, la universidad habría creado y utilizado diferentes fundaciones para firmar convenios y traspasarles la administración de áreas enteras sin la debida autorización del Consejo Superior, lo que dificultaba el control estatal sobre los fondos.

Las fundaciones involucradas desarrollaban sus actividades en las mismas instalaciones de la universidad, planteó el juez, compartiendo recursos y personal. Acusó también que a pesar de que estas fundaciones debían apoyar la labor de la universidad, «comenzaron a cobrar por servicios que ya estaban incluidos en el presupuesto nacional asignado a la UNCAUS, actuando de facto como institutos privados pero utilizando recursos proporcionados gratuitamente por el Estado».

En la resolución, el magistrado indicó que se detectó que algunas fundaciones, como la Fundación Recursos Naturales, no generaban ingresos suficientes y traspasaban dinero entre ellas para cubrir sus gastos, perdiéndose la trazabilidad de los fondos públicos. «Varios de los imputados facturaban servicios a estas fundaciones, a pesar de ser miembros de otras fundaciones, lo que está prohibido por la naturaleza jurídica de estas instituciones», apunta la investigación.

Las operaciones entre las partes involucradas se habrían respaldado con una contabilidad deficiente, lo que generaba incertidumbre sobre el origen y la aplicación de los fondos. Además, los responsables de llevar la contabilidad y auditar los estados contables eran contadores de las restantes entidades vinculadas, facilitando las maniobras de desvío de fondos.

Con esta investigación se cree que las fundaciones eran utilizadas como personas jurídicas ideales para triangular dinero, ya que no habrían estado sujetas a los controles y regulaciones aplicables a la universidad, lo que permitía que las irregularidades pasaran desapercibidas.

Fuente: Diario Chaco

El cuerpo tenía aproximadamente un año desde su deceso y hasta ahora estuvo escondido.

Un escabroso hecho se dio a conocer en las últimas horas en Chile, descubrieron a una monja trasladando el cuerpo de una mujer de 60 años en una valija por la calle. Se descubrió que la persona había fallecido hace un año.

La mujer en cuestión se llama Lorenza Ramírez y se la puede ver en una imágenes por video que a las 6:32 del lunes 8 de abril, vestida con una túnica caminando por calle los Jardines en dirección a Eduardo Castillo Velasco, en Santiago de Chile, según informó 24horas.cl.

En el video se ve como una monja arrastra una valija, sellada con plástico y, al interior, transportaba el cuerpo de su amiga Érica. Pese a sus 80 años, arrastró el cuerpo sin mayor dificultad, hasta llegar una cuadra más abajo, hasta Los Talaveras, para dejarla allí.

Casi 40 minutos más tarde se ve, frente a la cámara de seguridad, un recolector de basura; este registro aclara que nada tuvo que ver y que ni siquiera tuvo contacto con la maleta.

El lunes se encontró el cuerpo de Erica Fernández Mora, de 60 años, dentro de la valija arrastrada por Lorenza, sin signos de participación de terceras personas. 

Y, horas más tarde, confesó que tenía un «pacto» con la fallecida, consistente en que «si una de las dos moría no se avisaría a las autoridades».

Cabe señalar que, el Arzobispado de Santiago, aclaró que la mujer que aparece en el registro dejando un cadáver en la comuna de Ñuñoa, «no es religiosa» y no existen registros de que la persona fallecida sea monja.