El oficio lo libró al Senado la jueza Sandra Arroyo Salgado en el marco de la causa por el posible delito de enriquecimiento ilícito por el que es investigado el senador peronista devenido en libertario.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió este jueves el desafuero del senador peronista devenido en libertario Edgardo Kueider en un oficio enviado a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Lo hizo en el marco en el marco de la causa contra el legislador entrerriano por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal de San Isidro y sustentó el pedido en la necesidad de “proceder a su detención por los canales diplomáticos correspondientes”.
Arroyo Salgado no puede solicitar directamente la extradición de Kueider ya que el senador cuenta con los fueros que le otorga su cargo por lo que primero debe ser desaforado por el pleno del cuerpo. Para quitarle los fueros se necesitan los dos tercios de los votos.
De hecho el Senado tratará hoy en una sesión especial su eventual expulsión, tal como reclama el kirchnerismo o bien si lo suspende en sus funciones tal como promueven el oficialismo y la oposición dialoguista.
La magistrada también solicitó la detención y extradición de Iara Guinsel Costa, la secretaria que acompañaba a Kueider cuando intentaron entrar a Paraguay desde Brasil con más de 200 mil dólares sin declarar. En este caso Arroyo Salgado pedirá su extradición por la vías diplomáticas correspondientes usuales ya que no cuenta con fueros.
Tanto Kueider como Guinsel Costa Ambos se encuentran bajo prisión domiciliaria detenidos en un departamento de Asunción, mientras la Justicia paraguaya avanza en la investigación en la que están imputados por presunto contrabando. A pedido de los fiscales de Ciudad del Este, el juez Humberto Otazú determinó que deberán permanecer en principio como mínimo hasta el 5 de abril, el plazo dado al Ministerio Público Fiscal paraguayo para concluir la investigación. El pedido de desafuero y la voluntad de la justicia argentina de avanzar con la extradición de ambos podrían sin embargo modificar estos plazos fijados por el juez del país vecino.
